EL AUDIO Y SUS ARISTAS
El Mercurio, Editorial, 16/11/2023
La gravedad y alcance de los antecedentes que se han revelado exigen una reacción urgente y eficaz de todas las instituciones aludidas y en especial del Ministerio Público.
Si bien es todavía prematuro dimensionar en toda su gravedad y extensión las distintas aristas abiertas tras la filtración de un audio en que se escucha a un reconocido abogado litigante que, de forma desembozada, se confabula con un cliente y otra abogada para cometer una serie de delitos —que incluyen actos de corrupción a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)— como fórmula para enfrentar la defensa de dicho cliente, los hechos conocidos hasta ahora justifican con creces la conmoción producida.
Además de la responsabilidad de todos quienes puedan haber participado en delitos, en este caso hay una dimensión que no se puede soslayar: es la propia legitimidad y credibilidad de organismos del Estado claves para el funcionamiento institucional la que se ve cuestionada.
No aquilatar en toda su importancia esta situación ni enfrentarla con la rapidez y profundidad requeridas puede tener efectos sistémicos de consecuencias insospechadas, al terminar socavando la credibilidad de las bases mismas de nuestra convivencia democrática.
En efecto, la percepción de que el recto funcionamiento de las instituciones pueda ser torcido mediante prácticas inescrupulosas resulta incompatible con la existencia de un Estado de Derecho y con el principio elemental de igualdad ante la ley.
No menos graves son los alcances involucrados en el ámbito económico, al aparecer cuestionados no solo el cabal cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de distintas empresas y personas naturales, sino también las confianzas elementales que sustentan la operación de un mercado de valores.
La eventual existencia de agentes económicos que, recurriendo al soborno, intentan escapar a la fiscalización de sus conductas debe ser repudiada con especial fuerza.
A la luz de lo expuesto, se hace evidente la premura que cabe exigir a las instituciones mencionadas y, sobre todo, al Ministerio Público, que es el ente persecutor por excelencia, para que reaccionen con prontitud, den cuenta del alcance de sus indagaciones y hagan valer las responsabilidades correspondientes.
En este sentido, si bien es valioso que la propia Fiscalía Regional Metropolitana Oriente haya abierto de oficio una investigación penal, ciertas declaraciones del fiscal nacional, Ángel Valencia, en cuanto a que “esto va a requerir una investigación que es larga, no va a tener resultado inmediato” o en que resalta los problemas de financiamiento y presupuestarios que tienen, resultan preocupantes, porque se alejan del sentido de urgencia requerido.
Las atribuciones del Ministerio Público para liderar estas investigaciones son amplias, y es esa autoridad que le confiere la ley la que se espera se ejerza con fuerza para esclarecer los hechos. Cualquier señal de debilidad del ente persecutor, por involuntaria que sea, contribuye a aumentar la desconfianza en las instituciones.
Naturalmente el debate presupuestario es relevante, pero tiene otros canales de discusión definidos, y es ahí donde el Gobierno debe tener la mejor disposición para estudiar los requerimientos.
Otro aspecto insoslayable es el referido a las dimensiones éticas de la profesión de abogado, que recibe con este caso un duro golpe. Se expone aquí con crudeza el grado de distorsión que puede sufrir el ejercicio profesional cuando cualquier medio, por delictivo o deshonesto que fuere, parece ser legítimo para conseguir un propósito.
Muchas dudas se abren acerca de que lo conocido no sería un hecho aislado en el mundo jurídico, particularmente en el litigio penal, pero no exclusivamente en este.
El origen de la grabación, su filtración y otros elementos que puedan develarse en el transcurso de la investigación debieran permitir arribar a un juicio más certero y global respecto de qué hay detrás de estos hechos y qué se pretendía con dicho registro.
Un factor central en el juicio penal correspondiente será el debate sobre la validez de este medio de prueba, los alcances del secreto profesional del abogado y el valor que se le asigna al evidente interés público comprometido.
Con todo, y más allá de lo que se resuelva en derecho y del respeto a la presunción de inocencia, no deja de ser un contrasentido que se hable de secreto profesional, cuando el audio muestra que hace mucho rato se cruzó la línea de una asesoría legal y se entró derechamente en una conspiración para delinquir, la que nada tiene que ver con la labor de un abogado.
LA ESTRATEGIA DE “COOPERACIÓN EFICAZ” QUE BUSCA LA ABOGADA LEONARDA VILLALOBOS Y LOS PASOS DE LA FISCALÍA EN EL CASO HERMOSILLA
La Tercera PM, 16/11/2023
El Ministerio Público busca confirmar cada uno de los dichos registrados en la conversación grabada entre el abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer. Para eso, el ente persecutor inició un maratónico interrogatorio a la mujer investigada para que profundice en lo que se habló en la cita y así evitar que el audio sea el único medio de prueba con miras a comprobar el pago de coimas, en un caso que sacude al mundo judicial y económico.
El 17 de agosto se publicó en el Diario Oficial la Ley de Delitos Económicos, tras una larga discusión en el Congreso. La norma fue celebrada como un nuevo marco jurídico para castigar de manera más severa los denominados ilícitos de “cuello y corbata” y, hoy, tres meses después, su aplicación podría ser clave en el escándalo que remece al mundo judicial.
Es que la filtración del audio de una conversación entre el abogado Luis Hermosilla, el empresario Daniel Sauer y la abogada María Leonarda Villalobos generó una serie de consecuencias.
En la conversación de 1 hora y 48 minutos se habló de sobornos, coimas y “aprietes” a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para “intervenir información” respecto de las facturas que involucran a una serie de firmas, pero principalmente la de la corredora STF.
En medio de las diligencias del caso, como el allanamiento del OS-7 de Carabineros a la oficina de Luis Hermosilla durante esta jornada, la Fiscalía mira con especial atención la fecha de promulgación de la Ley de Delitos Económicos, en agosto de este año, y el día exacto en que se concretó la reunión del audio filtrado. ¿Por qué?, porque podría tener un alcance jurídico más que relevantes en la causa.
En esta legislación se contempla la “cooperación eficaz”, la cual señala en su artículo N° 64 que “se entiende por ella el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de estos delitos, o facilite el comiso de los bienes, instrumentos, efectos o productos del delito”.
Además, se consigna que “si el Ministerio Público pidiera el reconocimiento de la atenuante de cooperación eficaz en su formalización o en su escrito de acusación, y ella fuere procedente conforme al inciso primero, el juez estará obligado a reconocerla. El Ministerio Público podrá celebrar acuerdos vinculantes con el cooperador que reconozcan la atenuante en cuestión”.
Es por esta línea que Leonarda Villalobos estaría explorando, más cuando la reunión en cuestión con Hermosilla y Sauer ocurrió durante la tercera semana de junio; es decir, antes de entrada en vigencia la nueva norma.
Sin embargo, al tratarse de una legislación que beneficia a quien estaría aportando información, la ley sí podría ser retroactiva.
Eso sí las penas que se arriesgan son bajo el marco jurídico antiguo, ya que los hechos investigados son anteriores a la entrada en vigencia de la ley que eleva las penas por delitos vinculados a corrupción.
La abogada está colaborando en la causa. Eso es un hecho, cuentan fuentes del caso, dado que el miércoles 15 de noviembre declaró por 10 horas ante los fiscales y durante esta jornada siguió prestando testimonio hasta cerca de las 13:30 horas.
Su relato es de un valor absoluto para los investigadores, pues, tal como lo menciona en el audio filtrado, ella dice saber de pagos a funcionarios públicos y obtención de información clasificada proveniente del SII, algo que lo habría concretado -según dijo Sauer en el registro revelado por Ciper- a través del pago de coimas. “Nos estábamos conociendo y ya encontré que me cobró superbarato. Mi huevá eran 3.500 palos, con mi casa embargada y giro del Servicio hecho. Y le pagué cero al Servicio. Y a la Leo le pagué 140 palos. O sea, y por lo demás creo que ya prescribió (risas). Fue todo un éxito”, dijo el empresario.
La estrategia de la Fiscalía. Pero el Ministerio Público no quiere solo depender del audio filtrado. Hacer eso podría poner en riesgo la investigación, dado que la obtención de esta conversación ya ha sido impugnada públicamente por la defensa de Luis Hermosilla, lo que da luces de que ese podría ser el camino judicial para botar la causa.
“Debo afirmar categóricamente que no he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno. El contexto y contenido de mi asesoría profesional no puede ser revelado y mi deber es protegerlo”, sostuvo Hermosilla en su comunicado.
Por lo mismo, la estrategia contempla “limpiar” ese audio con la declaración de los imputados y así obtener desde allí los medios de prueba que se necesitan. Eso, sin ir más lejos, es lo que se está haciendo a través de Villalobos.
Los interrogatorios, diligencias y antecedentes que los investigadores buscan podrían destrabar una historia de consecuencias inciertas.
DIPUTADOS DE IZQUIERDA INICIAN EMBESTIDA POR CASO COIMAS Y PROPONEN COMISIÓN INVESTIGADORA
Rodrigo Córdova, Periodista
El Mostrador, 16/11/2023
El diputado Luis Cuello (PC), en conversación con El Mostrador, reveló las intenciones que están detrás de crear esta comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados. Además, el parlamentario sostuvo que, en estos casos, “hay un doble discurso muchas veces de parte de la oposición”.
El Congreso no quedó indiferente a la filtración del audio que reveló la conversación entre el abogado Luis Hermosilla, el dueño de STF y Factop, Daniel Sauer, y la abogada María Leonarda Villalobos. Desde el oficialismo anunciaron la conformación de una comisión investigadora que aborde el caso y esperan que la oposición la respalde.
El diputado comunista Luis Cuello, en entrevista con El Mostrador, se refirió a los audios revelados, a la conformación de dicha comisión, sus expectativas con ella y los alcances que espera.
Además, duda de los dichos de Hermosilla sobre su supuesto cargo en el PC durante la dictadura.
¿Cómo calificaría lo que se supo en los audios del abogado Hermosilla?
Me parece un hecho de extremada gravedad que tiene varias implicancias, varias dimensiones, pero en principio lo que aparece más obvio, más evidente, es que estamos en presencia de un concierto para cometer delitos contra la probidad, para corromper a los funcionarios públicos y, también, para acceder a información privilegiada.
Esto exige de las instituciones frenarlo, pararlo, para que en definitiva esto quede como un precedente, en el sentido de que se llegue a la verdad y se sancione de forma muy dura.
¿Cuáles son las dimensiones que ve sobre este caso?
Esto tiene varias dimensiones. Primero, por supuesto, es la conducta del abogado Hermosilla, que va a ser vista por los tribunales, y por eso creo que es importante que el Ministerio Público haya actuado con celeridad en este caso, abriendo la investigación de oficio.
Pero al mismo tiempo hay otra dimensión que también es muy importante, que dice relación con la conducta de los grandes grupos económicos que, en definitiva, son aquellos que constituyen una mafia de la desviación fiscal, y son ellos precisamente los que, en definitiva, dan el soporte para que se incurra en estas prácticas, que no sabemos lo entendidos que son.
Esto se sabe porque se filtró un audio, pero no conocemos qué hay detrás o cuántas veces se ha incurrido en estas prácticas de compensaciones por información privilegiada. Entonces, por lo tanto, acá creo que esto revela que se hace necesario hacer un juicio también a ciertos poderes económicos que, en definitiva, se proveen de impunidad a partir de la corrupción. O sea, es un círculo vicioso. Mientras más corrupción, hay más impunidad.
¿Qué se propone con esta comisión investigadora?
Nosotros, hoy día (ayer) presentamos la solicitud para crear esta comisión investigadora. La idea es que en esta comisión podamos tener información más precisa respecto de los mecanismos de fiscalización dentro de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y también de (Servicio de) Impuestos Internos y, por supuesto, conocer en detalle cuáles son los alcances de la investigación que involucra a STF Capital y Factop, que son las empresas que están involucradas en este caso.
O sea, las empresas que dan origen a esta investigación de su mercado financiero y que, en definitiva, permitieron descubrir este acto de corrupción.
¿Quiénes son los que respaldan inicialmente esta comisión y qué esperan de la oposición?
Esta comisión investigadora la hemos propuesto desde nuestro comité, que es amplio. Está compuesto por el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista y también diputados independientes. Hemos invitado a todos los diputados y diputadas de la Cámara.
Esperamos que tenga un respaldo ojalá unánime, puesto que, si el rechazo a esta grave denuncia ha sido transversal, esperamos también que exista el mismo entusiasmo para transversalmente ejercer las facultades que la Constitución nos otorga.
Acá hay un doble discurso muchas veces de parte de la oposición, puesto que se escandaliza cuando ocurren hechos como estos, pero, cuando llega la hora de votar por herramientas que otorguen al Estado facultades para combatir la corrupción y la evasión, llegado el momento de votar, la decisión siempre favorece a los más ricos y a los tramposos.
¿Cuáles van a ser los alcances de esta comisión? ¿Podrían, por ejemplo, citar al abogado Hermosilla?
Él es un particular, por lo tanto, nosotros lo podemos invitar a la comisión, pero sin duda que lo vamos a hacer. Vamos a invitar al abogado Hermosilla y yo espero que él concurra, puesto que también, desde luego, tiene derecho a dar su versión de los hechos. Él ha entregado un comunicado hoy día que a mí no me parece muy verosímil, pero en definitiva sí tiene derecho a dar su versión y sería importante que él asistiera.
Imagino que a funcionarios de la CMF y del Servicio de Impuestos Internos también los van a llamar. ¿Ellos están obligados a comparecer?
Sí, tienen una obligación de comparecer. Nosotros vamos a elaborar un listado de invitados una vez que tengamos ya constituida la comisión, pero sin duda es importante contar con funcionarios directivos de ambas instituciones, para que puedan exponer con precisión respecto a los mecanismos de control interno, puesto que eso también va a permitir clarificar cómo se produjo esta fuga, esta excepción.
Acá es importante no generalizar, es decir, la inmensa mayoría de funcionarios públicos son funcionarios probos, sin embargo, acá claramente alguien está solicitando información a cambio de recursos.
¿Qué opina de los dichos del director del SII, en los que advierte que es necesario fortalecer las instituciones y, como ejemplo, aludió a leyes que se están tramitando en el Congreso?
Es importante lo que plantea el director. Como legisladores, creo que estamos atrasados. Este año en marzo se rechazó una reforma tributaria que, justamente, apuntaba a la dirección no solamente de mejorar la recaudación sino que también mejorar las herramientas para combatir la elusión y la evasión fiscal.
Entonces, creo que eso es importante y también, por supuesto, siempre va a ser relevante el fortalecimiento de las capacidades materiales y presupuestarias del SII para poder lograr una mayor eficacia en su labor.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
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