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Nueva arista por licencias: Contraloría detecta a 3.500 funcionarios con reposo dados por médicos investigados por fraude. Ignacia Canales – La Tercera

 

                                                                                    NUEVA ARISTA POR LICENCIAS: CONTRALORÍA DETECTA

                                                                                A 3.500 FUNCIONARIOS CON REPOSOS DADOS POR

                                                                            MÉDICOS INVESTIGADOS POR FRAUDE

Ignacia Canales – La Tercera, 30/06/2025

Este lunes se agregó un nuevo capítulo a la teleserie de las licencias médicas: la Contraloría General de la República(CGR) identificó que un total de 3.532 funcionarios públicos presentaron permisos médicos emitidos por alguno de los 44 facultativos que son investigados penalmente por el Ministerio Público debido a la entrega y/o venta fraudulenta de tales certificaciones.

El informe detalla que el 79 % de estas licencias correspondía a diagnósticos por salud mental, lo que en total significó 192.781 días de reposo autorizados repartidos entre todos los funcionarios.

Fueron 44 médicos, todos ellos de nacionalidad extranjera y actualmente investigados por fraude, quienes emitieron 192.781 días de permiso. Este hallazgo se suma al caso de los viajes al extranjero que hicieron trabajadores públicos durante sus permisos, y vuelve a encender el debate político sobre la necesidad de reforzar sanciones y mecanismos de control.

Además, todos los médicos investigados son de nacionalidad extranjera. Entre ellos, 10 se desempeñaron como funcionarios públicos entre 2019 y 2024, y cinco de ellos lo hicieron sin contar con el Examen Único Nacional de Competencias Médicas (Eunacom), requisito obligatorio para ejercer en el sistema público.

Las licencias fueron emitidas a trabajadores de distintos estamentos públicos distribuidos por todo el país, incluyendo municipalidades, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad, SLEP, Gendarmería y otras entidades, tanto públicas como privadas.

A esto se suma que, según la CGR, 5.284 funcionarios que ya habían hecho uso de licencias médicas entre 2020 y 2022 volvieron a presentar nuevos permisos entre 2023 y 2025. De estas últimas, 1.208 fueron otorgadas por seis de los médicos actualmente bajo investigación.

Este nuevo hallazgo se suma al primero que reveló el organismo encabezado por Dorothy Pérez a mediados de mayo, cuando se informó que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica.

Esa situación desató una serie de críticas y consecuencias, como la salida de la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, o la implementación de nuevas estrategias para reforzar el control y la fiscalización de estos permisos.

Sanciones y multas. Consultados por el nuevo hallazgo, desde el Ministerio de Salud explican que en agosto de 2024 tomaron conocimiento de que funcionarios del sistema público de salud habían recibido licencias médicas emitidas por médicos que, en paralelo, estaban siendo investigados por un fraude masivo relacionado con la emisión de estos documentos entre 2020 y 2022.

Frente a eso la cartera dice que ordenó un análisis interno en todas las instituciones del sector. La revisión permitió identificar a 1.697 funcionarios que, en esos años, recibieron un total de 3.001 licencias otorgadas por los médicos hoy cuestionados.

El impacto económico de estas licencias se estima en más de $ 1.100 millones en Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL). Con estos antecedentes sobre la mesa, el ministerio decidió iniciar procesos disciplinarios para determinar si hubo o no responsabilidades administrativas.

“Hemos actuado con celeridad y transparencia para identificar y abordar las posibles responsabilidades administrativas de sus funcionarios. El proceso disciplinario se encuentra en distintas etapas y continúa en desarrollo, cumpliendo con el debido proceso y la normativa administrativa vigente”, concluyen desde la cartera.

Mientras, desde el Parlamento aseguran que este caso es una señal más de la necesidad de seguir avanzando en medidas para evitar el mal uso de las licencias médicas, combatir su emisión fraudulenta y fortalecer las sanciones para quienes incurran en estas prácticas.

“Todo este escándalo por las licencias médicas fraudulentas sin ninguna duda va a generar modificaciones tanto reglamentarias como legales y en la Comisión de Salud la estamos revisando. Ya hemos tomado conocimiento de lo que han sido los informes de Contraloría, pero siguen apareciendo sorpresas. Vamos a conversarlo con el gobierno porque hay materias que son privativas del gobierno y nosotros no podemos inmiscuirnos en aquello, pero tenemos que hacerlo en conjunto”, afirma el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores (DC)

Por su parte, la presidenta de la misma instancia, pero en la Cámara de Diputados, Helia Molina (PPD), afirma que “con este nuevo informe queda en evidencia que son unos pocos mafiosos los que han dañado el sistema, resulta irrisorio que 44 médicos emitan más de 10 mil licencias en tres años. A estas personas, todas extranjeras, ya están siendo investigadas por la Fiscalía Nacional y debe caerles todo el peso de la ley”.

Vale recordar que el pasado 24 de mayo entró en vigencia una nueva ley que refuerza el control y endurece las sanciones frente a la emisión fraudulenta de licencias médicas. La norma establece que solo médicos, odontólogos y matronas habilitados y registrados pueden otorgar estos documentos, bajo condiciones más estrictas, incluyendo requisitos para la telemedicina.

Además, fortalece la fiscalización, permitiendo a la Compin y a la Superintendencia de Seguridad Social exigir antecedentes de los permisos y aplicar suspensiones temporales de hasta 30 días a quienes no respondan.

También endurece las sanciones para quienes cometan este fraude de forma reiterada con multas que pueden superar los $ 38 millones (600 UTM) y la inhabilitación permanente para emitir licencias en casos de fraude reiterado.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección. son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente en pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

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Jara entregó $ 120 millones a entidades del PC para cursos de educación previsional: Contraloría detectó que pusieron a fallecidos entre los beneficiarios. Renato Gaggero. El Líbero

 

                                                                           JARA ENTREGÓ $120 MILLONES A ENTIDADES DEL PC PARA

                                                                         CURSOS DE EDUCACIÓN PREVISIONAL: CONTRALORÍA

                                                                           DETECTÓ QUE PUSIERON A FALLECIDOS ENTRE LOS

                                                                  BENEFICIARIOS

 

Renato Gaggero – El Líbero, 25/06/2025

“La cancelación del XI Concurso del Fondo para la Educación Previsional era previsible en consideración a que la actual subsecretaria (María José Zaldívar), que es quien debe adjudicarlo, formaba parte de un proyecto que estaba postulando, y por cierto a la hora de selección de los proyectos esto habría generado un claro conflicto de interés”.

La frase la dijo Jeannette Jara (PC) en una entrevista con La Tercera el 11 de abril de 2018, justo un mes después de haber dejado su cargo de subsecretaria de Previsión Social del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Lo que no sabía la actual candidata presidencial del PC, es que cuatro meses después de su entrevista, en agosto de 2018, la Contraloría General de la República publicaría una auditoría al X Concurso del Fondo para la Educación Previsional 2017, que le tocó asignar a ella como subsecretaria.

¿El resultado? Varias organizaciones que recibieron recursos públicos en ese concurso cometieron irregularidades. Pero las más graves fueron del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) y el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), ambos ligados estrechamente al Partido Comunista.

De hecho, el director del ICAL, Fernando Carmona, es hoy el jefe del equipo programático de la campaña de Jara.

Cuando era subsecretaria de Previsión Social en el gobierno de Michelle Bachelet, la hoy candidata presidencial del Partido Comunista estaba a cargo de adjudicar el millonario Fondo para la Educación Previsional (FEP). Entre las organizaciones ganadoras del año 2017 figuran el ICAL y el CENDA, ambas ligadas estrechamente al PC, las que se embolsaron $120 millones. Según una auditoría de Contraloría realizada en 2018, los dos organismos cometieron graves irregularidades como incorporar a personas fallecidas entre sus beneficiarios de los programas de educación. También presentaron planillas con ruts de personas que no correspondían y utilizaron recursos del Estado para promocionar la iniciativa No+AFP, algo que contravenía el fin del programa. El actual director del ICAL, Fernando Carmona, es el jefe del equipo programático de la campaña de Jara.

Los 120 millones que fueron a los organismos ligados al PC. El propósito del Fondo para la Educación Previsional (FEP) es “promover una cultura previsional apoyando financieramente proyectos, programas, actividades, medidas de promoción, educación y difusión del sistema de pensiones”.

El año 2017, con la resolución exenta N° 60 del 18 de abril firmada por Jeannette Jara, la Subsecretaría de Previsión Social otorgó montos de entre $15.700.000 y $60.000.000 a 50 entidades que postularon.

Entre los organismos que se llevaron $60 millones figura el ICAL, el centro de estudios del PC que fue dueño de la quebrada Universidad Arcis.

Actualmente el organismo es dirigido por Fernando Carmona -hijo del timonel de la tienda Lautaro Carmona-, quien es uno de los principales miembros del comando de Jara.

El lazo es evidente. Las redes sociales del think tank están inundadas de contenido promocionando la candidatura de la militante comunista que en el pasado les asignó los millonarios recursos para realizar los cuestionados cursos de educación previsional.

Cuenta de Instagram de ICAL. En la página web de ICAL, en la sección “intelectuales y políticos” ligados al instituto, figuran los nombres de los senadores comunistas Daniel Núñez y Claudia Pascual, del exministro Marcos Barraza y de los fallecidos Guillermo Teillier y Gladys Marín.

El CENDA, por su parte, también ganó $60 millones en ese concurso dirigido por la actual candidata presidencial que se medirá en primarias el próximo domingo.

El organismo fue creado en 1995 y una de sus caras más visibles es su vicepresidente, Manuel Riesco, militante del Partido Comunista que está casado con la diputada Carmen Hertz.

El tema previsional no le es ajeno a Riesco, pues entre 1994 y 1996 fue junto a Luis Mesina (de No+AFP) director de la AFP Futuro, obteniendo magros resultados para sus cotizantes (ver nota aquí). Durante el actual gobierno de Gabriel Boric, en tanto, el think tank ha facturado boletas por realizar tests de VIH.

Las irregularidades detectadas por Contraloría: Rut de personas muertas. El Informe Final N° 304 del 30 de agosto de 2018 presentado por Contraloría fue lapidario. Además de encontrar un desorden administrativo y dineros que no se habían devuelto a la Tesorería General de la República por parte de la subsecretaría a cargo de Jeannette Jara, el órgano señaló que “en cuanto a los beneficiarios que aparecen en los listados de asistencia a las actividades implementadas por los ejecutores; entre ellos existen casos de personas identificadas como fallecidas; inconsistencias en la individualización; y personas que afirman no haber asistido”.

Sobre los “asistentes fantasmas”, en el informe dice que “se detectó que seis personas fallecidas con anterioridad al periodo de ejecución del proyecto fueron incluidas en los listados de asistencia correspondientes a las actividades sobre previsión social”. Cuatro de esos fallecidos estaban en las listas entregadas por el ICAL y uno en la lista del CENDA.

El informe también detalló que se detectaron 21 personas cuyos RUT “pertenecen a nombres distintos a los indicados en las planillas de asistencia de las actividades desarrolladas por los ejecutores y que fueron rendidas al FEP como parte de los beneficiarios directos de las mismas. Resulta pertinente consignar que 19 de estos RUT pertenecen a individuos ya fallecidos”. Según pudo ver El Líbero en los anexos, dos pertenecen a ICAL y tres al CENDA.

En la auditoría llevada a cabo por Contraloría se eligió una muestra de supuestos participantes de cursos FEP y se les llamó para ver si efectivamente habían asistido. El resultado fue que “12 personas indicaron no haber asistido a las actividades”. Seis estaban en las planillas del CENDA y los otros seis en las planillas de ICAL.

Campaña de No+AFP con fondos públicos. En la indagación también se dio cuenta que tres beneficiarios de cursos “que participaron en las actividades realizadas por los organismos ejecutores Fundación CENDA (2) y ONG Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (1), señalaron que durante su desarrollo, se trataron temas referidos al movimiento denominado No+AFP”.

“Los casos referidos en el párrafo precedente, corresponden a una charla informativa del día 24 de octubre, en calle Manuel Bulnes N° 1855, ciudad de Punta Arenas, una actividad de Cierre de Proyecto, de fecha 13 de noviembre, en calle Vergara N° 578, ciudad de Santiago, ambas impartidas por Fundación CENDA, y un Diálogo Participativo, efectuado el 15 de noviembre, en calle Los Carrera N° 757, ciudad de Copiapó, desarrollado por la ONG Instituto de Ciencias Alejandro Lipschütz”, señaló Contraloría.

Además, se agregó que uno de los beneficiarios informó al ente contralor que en una de las actividades no sólo se trataron temas de No+AFP, sino que “se presentaron como oradores personas que son reconocidas con dicho movimiento, a fin de tratar dichas materias, quienes por lo demás, no aparecen inscritos como parte integrante del equipo de trabajo presentado en la propuesta de adjudicación por parte de ese ejecutor”.

A juicio de Contraloría, tratar estas temáticas en esas instancias contravenía el fin del programa.

Un aporte del director de la revista  UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección. son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente en pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional