El disfuncional sistema nacional de inteligencia
Es hora de sincerar las cosas y buscar que tengamos buena y oportuna inteligencia. La situación de nuestra seguridad nacional, y en particular de la seguridad pública, ya no admite más el no saber qué está pasando o adónde vamos.
Le pregunté al buscador de Google cómo se llama un sistema desestructurado y la respuesta fue un sistema disfuncional. Eso es exactamente lo que tenemos en Chile, un sistema nacional de inteligencia disfuncional y que, por ende, no funciona correctamente o de acuerdo con su diseño.
Puede sonar fuerte decir que es un sistema disfuncional, pero es lo que es, es un sistema que no es más que la suma de sus componentes, pero en donde, además, los componentes no necesariamente actúan en forma coordinada y relacionada entre ellos, a pesar de estar obligados a hacerlo por ley; que no operan bajo una dirección común que les dice qué hacer y coordinar los esfuerzos, ello pese a que existe una que supuestamente debe hacerlo; y por último, que carece de una estructura y relaciones que funcionen, lo que hace difícil su organización y operación.
Nuestro sistema nacional de inteligencia disfuncional está compuesto por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), la Dirección de Inteligencia de la Defensa, las direcciones de inteligencia de cada una de las Fuerzas Armadas y de las policías, como también la de Gendarmería. La ANI tiene por ley la responsabilidad de coordinar el funcionamiento y operación de dicho sistema nacional a través de un comité de inteligencia.
De acuerdo con la Ley 19.974 del 2004, que creó el sistema nacional de inteligencia y la ANI: “El sistema de inteligencia del Estado es el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, y que, además, formulan apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales. Los organismos integrantes del Sistema, sin perjuicio de su dependencia y de sus deberes para con sus respectivos mandos superiores, deberán relacionarse entre sí mediante el intercambio de información y de cooperación mutuas que establecen esta ley y el ordenamiento jurídico”.
Hasta aquí todo fantástico con la ley, suena lógica y bien estructurada, con una salvedad: que lo que se dice debiera ocurrir, en la práctica no sucede, y, por otro lado, la dotación de la ANI está fijada en menos de 100 funcionarios, los que en origen venían de su antecesora, no siendo necesariamente especialistas en inteligencia.
¿Por qué es importante el tema de la cantidad y la especialización? Porque un sistema no solo debe estar bien definido y estructurado, sino también disponer de recursos suficientes y adecuados para poder realizar correctamente su trabajo y producir los resultados esperados. A modo de ejemplo, la equivalente de la ANI en Argentina es 15x y la de España 50x.
Cuesta entender la fascinación de algunos por arreglar los problemas de la inteligencia nacional por la vía de una nueva ley de inteligencia, como que podamos obligar por ley a ser más coordinados o que la existencia de nuevos comités y autoridades coordinadoras fueran a lograr que la cosa funcione mejor o resuelvan los problemas que hasta ahora el sistema no ha sido capaz de resolver o eliminar para que pueda operar correctamente.
Nuestro sistema disfuncional carece de cuatro cosas muy simples: una oficina que tenga autoridad real sobre el sistema; objetivos y propósitos comunes, que obliguen al sistema a funcionar como uno que sea no disfuncional; ausencia de relaciones de dependencia y de relación de los componentes con la autoridad central; y, finalmente, de los recursos necesarios para poder operar en forma efectiva, logrando resultados.
Lo anterior no requiere de una ley, basta con un decreto presidencial y ya está. Obvio que, si uno le pregunta al Poder Legislativo, este va a recomendar una nueva ley que corrija la anterior, pero en el caso del sistema de inteligencia nacional el tema no necesita de una nueva ley, excepto en lo que se refiere a modificar la dotación de planta, la que obviamente con 100 no es lo que necesitamos.
Los Estados Unidos de América pasaron por una situación de falta de efectividad de su sistema de inteligencia a comienzos de este milenio. A pesar de tener múltiples agencias de inteligencia, no fueron capaces de anticipar el evento conocido como el 9/11, por lo que crearon en el 2004 la dirección nacional de inteligencia (DNI), que busca que la suma de las 18 agencias dedicadas al tema funcionen como un sistema, en lo que es el equivalente norteamericano de nuestra ANI, que coincidentemente fue creada en el mismo año de la DNI.
Recientemente, han anunciado acciones para hacer que su DNI sea más efectiva y, por otro lado, más eficiente en lo que al uso de recursos se refiere. Después de un poco más de 20 años han concluido que la DNI no ha logrado los resultados esperados, pero para que sea efectiva no necesariamente van a pasar por sus dos cámaras legislativas. Lo trabajarán desde una perspectiva de ingeniería de procesos. Verán qué es lo que hay que hacer para que el sistema funcione bien.
El problema principal que tienen en los Estados Unidos, o el que tenemos nosotros, pasa por el hecho de que cada uno de los componentes del sistema de inteligencia quiere mantener su independencia. En el caso nuestro y de los norteamericanos, las que están relacionadas con las instituciones de la defensa o policiales, quieren mantener su relación con sus instituciones de origen, no estando dispuestos a ceder su libertad en beneficio del sistema como un todo. Eso hace que el trabajo de la DNI de USA, o de la ANI de Chile, sea muy complejo.
Otros países lo resuelven dando dotaciones muy grandes a sus organizaciones centrales de inteligencia y contrainteligencia, en lo que es una solución efectiva pero no eficiente, ya que, al no poder hacer que sean eficientes, duplican el trabajo que hacen las organizaciones de las Fuerzas Armadas, las policías y las de prisiones.
Chile claramente no está en condiciones de poder financiar soluciones que sean a la vez efectivas e ineficientes, por lo que debemos hacer perder independencia a los componentes, buscando tener una agencia nacional que, aparte de tener una dotación de más de 100 personas calificadas en la materia, para efectos de coordinación y efectividad solo tenga que relacionarse con una que vea inteligencia y contrainteligencia del mundo de la defensa, otra en lo que es policial y una relativa a las prisiones y lo que ocurre dentro de ellas. Es hora de hacer que el sistema sea más simple y funcional.
De seguro a muchos no les gustará lo anterior, pero qué más da: es hora de sincerar las cosas y buscar que tengamos buena y oportuna inteligencia. La situación de nuestra seguridad nacional, y en particular de la seguridad pública, ya no admite más el no saber qué está pasando o adónde vamos.