Columna de Opinión

COHERENCIA DEL SISTEMA POLÍTICO (El Mercurio, Editorial, 23/03/2022)

COHERENCIA DEL SISTEMA POLÍTICO (El Mercurio, Editorial, 23/03/2022)

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión.

Sería un contrasentido que la ciudadanía eligiera como conductor del país a un Presidente sin las atribuciones para llevar a cabo esa tarea.

El poco apoyo que concitaron en el pleno de la Convención las propuestas de la comisión de Sistema Político llevó a muchos convencionales, de todos los sectores, a hablar de “fracaso” del informe.

La comisión no ha podido hasta ahora salir de un esquema de concesiones parciales que no aseguran la coherencia del régimen elegido. En efecto, para lograr un funcionamiento razonablemente adecuado de la democracia, se requiere que las distintas piezas que integran un sistema político respondan a su lógica interna, sin intentar agregar otras ajenas a ella que terminan debilitándola.

La idea de combinar sistemas alternativos, tomando elementos de unos y otros, es muy perjudicial para la dinámica política.

En este sentido, la decisión de avanzar hacia un “presidencialismo atenuado” no puede traducirse en un debilitamiento de la figura del Presidente. Este tiene, en general, una alta legitimidad, producto de la gran votación que recibe en un esquema de segunda vuelta como el nuestro.

Acotar sus poderes en beneficio de una Cámara Baja fragmentada, con representaciones diversas y cuyo diseño poco hace por asegurar la igualdad en el voto, conduce a una ingobernabilidad de consecuencias impredecibles.

Extrañas resultan también figuras como la del Ministro de Gobierno, una idea trasplantada desde el semipresidencialismo, sin que queden claras su legitimidad y razón de ser en el régimen presidencial.

Algo similar se puede decir respecto del mecanismo de veto presidencial: su superación no puede depender de una simple mayoría en la Cámara Baja, porque reduce una de las principales herramientas de negociación del jefe de Estado y Gobierno con el Congreso.

En efecto, el régimen presidencial carece de instrumentos directos de coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos con legitimidad democrática, y, por tanto, necesita de mecanismos que, de modo indirecto, puedan conseguir propósitos similares.

De ahí que, en la evidencia comparada, dicho veto requiera típicamente de altos quorum para ser derrotado.

Un presidencialismo atenuado tendría más posibilidades de funcionar bien con la existencia de una segunda cámara que pueda ejercer un contrapeso a la mirada eminentemente de corto plazo y muy política que suele tener la Cámara Baja, más aún si se legisla un sistema electoral como el que se anuncia en la propuesta de la comisión.

Este hace prácticamente imposible asegurar mayorías con las cuales negociar una agenda de reformas que el Presidente haya comprometido con la ciudadanía durante su campaña; asimismo, debilita aún más a los partidos, ancla insustituible de la política democrática.

Por la composición y duración en el cargo de sus integrantes, una institución como el Senado puede tener una mayor visión de Estado, que facilite la coordinación del Congreso con el Presidente y actúe como factor de equilibrio.

Esto no significa que ambas cámaras tengan necesariamente facultades idénticas, pero no puede tratarse de una instancia debilitada o simbólica, caso en el cual poco podría contribuir a la coordinación entre poderes.

En medio de este debate, una consideración que ha recibido poca atención es el impacto de la fórmula de Estado plurinacional y de derecho al autogobierno de los pueblos originarios —normas ya aprobadas— en un modelo con una Presidencia débil.

La cohesión del país, en un contexto de nula tradición en este ámbito y con carencia de instituciones bien diseñadas, puede sufrir un embate que no ha sido cuidadosamente deliberado.

Hay un voluntarismo en estas definiciones que raya en la irresponsabilidad. Más aún si se tiene en mente que se optó por el presidencialismo, entre otras razones, considerando el valor que tiene para los ciudadanos el elegir directamente a quien conduce los destinos de la nación.

Sería un contrasentido que este no contara con las atribuciones para llevar a cabo su tarea, producto de cambios carentes de historia en el país.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR. Antonio Varas C.