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HISTORIA MILITAR Y HÉROES OLVIDADOS

LA DECISION FATAL

Mario Barrientos Ossa, Vicepresidente Instituto O’Higginiano de Rancagua.

Corría septiembre de 1814, y los líderes patriotas discrepaban acerca de cómo enfrentar a Mariano Osorio, que al frente de su ejército realista avanzaba implacablemente hacia el norte, decidido a restaurar el régimen colonial.

Don José Miguel Carrera había vuelto a ser reconocido como general en jefe del Ejército patriota y Presidente de la Junta de Gobierno, mediante uno de sus conocidos golpes de fuerza.

O’Higgins, con su característica modestia y sentido patriótico, se había resignado a ponerse a las órdenes de Carrera, incondicionalmente, con el grado de brigadier y como comandante de una de las divisiones del Ejército revolucionario.

Una gran batalla se preparaba, en que los dos ejércitos contendientes iban a poner a prueba el valor de sus soldados y el talento de sus generales.

La Patria Vieja sentía la espada de Damocles sobre su cabeza.

Carrera prefería el desfiladero de Paine como el punto en que debía darse la batalla, convencido de que proporcionaba ventajas ostensibles, dada su orografía, para frenar al ejército realista, mayor en contingente y armamento. Creía poder repetir la hazaña de Leónidas.

O’Higgins sostenía que debía defenderse la línea del Cachapoal, cuya debilidad era que este río tenía tres pasos principales vadeables, y que la línea que debía defender era de una extensión de seis millas, contando con poco más de mil infantes para cubrirla, y sin tener otra retirada que Rancagua, punto sin salida.

Los caudillos habían alcanzado algún grado de acuerdo, consistente en que, si no era posible defender la línea del Cachapoal, las fuerzas deberían retirarse y a través de la cuesta de Chada, reunirse en Angostura de Paine, para dar allí la gran batalla.

El 30 de septiembre sorprendió a O’Higgins a orillas del Cachapoal, posesionado de su plan, y mandó retirar las avanzadas de la orilla izquierda, porque se anunciaba la aproximación de Luis Carrera, a cargo de una división, que debería defender el vado de Cortés, con lo cual creía que la línea sería inexpugnable.

A las 21 horas de ese día, recibió un aviso, diciéndole que Osorio intentaría pasar el río esa misma noche, y que había dicho a su Estado Mayor que al día siguiente, comerían en Rancagua.

O’Higgins envió un urgente mensaje a José Miguel Carrera, pidiéndole que mandara la división de su hermano Luis al vado de Cortés, que en ese momento estaba desguarnecido.

A las doce de la noche, un soldado de las avanzadas vino a decirle que el enemigo amagaba pasar el río, y al amanecer supo que Osorio estaba atravesando el vado, con las primeras luces del alba de ese fatídico primero de octubre.

O’Higgins transmitió de inmediato este aviso al general en jefe, rogándole que se acercara a la ribera del río, para presentar batalla al enemigo, y luego, se puso en movimiento, para reunirse con Juan José Carrera, a cargo de la otra división, en su posición de Los Robles, donde se suponía que estaba con sus tropas; pero, cuando llegó, se encontró con que la división se había retirado.

Se adelantó, entonces, al vado de Cortés y avistó al enemigo formado en batalla, pues había pasado el río sin la menor resistencia.

Frustrado su plan de defender el río, O’Higgins vacila sobre si replegarse para reunirse con las divisiones de José Miguel y Luis Carrera, tomando el camino de Chada, hacia Angostura de Paine, o reunirse con la división de Juan José Carrera, a quien supone encerrado en Rancagua.

Si abandonaba dicha división, la condenaba a la muerte o a la rendición, con pérdidas enormes.

Son momentos cruciales, que definirán el destino de la Patria Vieja: si O’Higgins se hubiera retirado al norte, su división se habría salvado y sumado a las fuerzas de los Carrera, y otra historia se pudo haber escrito en Chile.

Los dados corren, invisibles, arrastrando con ellos el azar, sin que nada se haya decidido aún, sin que esté determinado el desastre de Rancagua, con la página respectiva en blanco, y el corazón y la mente del Libertador oscilando entre una y otra opción.

Más, de pronto, los dados se detienen en su loca carrera y marcan el destino: un ayudante de Juan José Carrera llega al galope y le avisa que su general está encerrado en Rancagua y le pide que vaya en su auxilio.

El destino se define: O’Higgins toma la decisión equivocada y a las 8 de la mañana, su división entra en columna cerrada en la plaza de Rancagua. Se apea de su caballo, y Juan José Carrera corre a abrazarlo y le dice: “Aunque yo soy Brigadier más antiguo, Ud. es el que manda”.

O’Higgins aceptó el ofrecimiento en medio de los aplausos de ambas divisiones, que gritaban: “¡Viva la patria!”.

Nadie miró hacia el cielo, en cuyo añil octubrino se veía al Ave Fénix, con sus negras alas desplegadas, cual lo muestra nuestro escudo de armas.

Lo demás, es historia.

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HISTORIA MILITAR Y HÉROES OLVIDADOS

O´HIGGINS Y LOS ESTANDARTES PERDIDOS DE RANCAGUA

Antonio Yakcich Furche, Presidente del Instituto O´Higginiano de Rancagua

La batalla del uno y dos de octubre de1814 llegaba a su fin en Rancagua. Bernardo O´Higgins se convertía en héroe, al romper el cerco pese a las difíciles circunstancias, llevando en sus manos la llama de la libertad, acompañado de un grupo de valientes que, pasados los años, vengarían junto a su jefe la derrota, con el triunfo en la cuesta de Chacabuco.

Mientras ello ocurría, por la trinchera sur entraban a la plaza los Talaveras y el resto de las tropas realistas, dando muerte a los últimos defensores, que heridos, como el abanderado Ibieta, oponían una postrera y ya inútil resistencia.

San Bruno, recorriendo las ensangrentadas esquinas de las calles en cruz que acceden a la Plaza, no podía comprender como un ejército profesional como el realista, había tenido tantas dificultades en vencer a un grupo de patriotas, que sin mayor preparación militar, se negaron a rendirse pese a la fuerza de los hechos.

A pocas calles de dicho lugar, en la actual Casa de la Cultura de Rancagua, en donde instaló su Cuartel General, Mariano Osorio no podía ocultar su malestar, sus tropas, seleccionadas en Lima bajo supervisión directa del Virrey, habían sufrido innumerables bajas, haciendo que el sabor de la victoria tuviera un amargo gusto.

San Bruno y los demás jefes militares llegaron solícitamente a tratar de calmar el malhumorado talante de su jefe, ofreciéndole como paliativo a su disgusto, cinco estandartes patriotas capturados cuando ingresaron a la plaza heroica.

Dos eran del Batallón de Infantería Granaderos de Chile, uno del Batallón de Auxiliares Nº 3, una Bandera de Guerra y una Bandera Negra.

Decidió al recibirlos enviarlos a Lima al Virrey Abascal, para ser colocados en la Iglesia de Santo Domingo, en el altar de la Virgen del Rosario, en señal de agradecimiento por el triunfo en Rancagua, el que consideraba definitivo.

Además, el presente que enviaba serviría a su juicio, para calmar en parte, el impacto que recibiría la limeña autoridad por las elevadas bajas sufridas por el Ejército del Rey, al enfrentar un grupo de insurgentes sin valer militar.

Abascal cumplió con lo propuesto por Osorio, siendo desde entonces los estandartes, además de una ofrenda a la Virgen, el testimonio del triunfo monárquico en este confinado rincón del mundo, el que por siglos habían tratado de dominar.

Pasaron los años, la rueda del destino continuó su incesante rodar, la suerte y los resultados cambiaron de bando, desde Chacabuco en adelante serían los patriotas, liderados por el unánimemente designado Director Supremo O’Higgins, los que gradualmente someterían, derrota tras derrota, a las orgullosas fuerzas españolas.

Pero la visión de estadista de nuestro Padre de la Patria, iría mucho más allá que la expulsión del territorio nacional de las fuerzas realistas, al asumir por decisión propia, la preparación envío al Perú de una expedición libertadora, que consolidara la independencia nacional y latinoamericana.

Bajo su visión y dirección política estratégica, entró a Lima en 1821 el Ejército Libertador, encontrando sus integrantes los estandartes en la iglesia en que habían sido dejados.

Entonces, fueron enviados por San Martín a Santiago, para ser entregados a O´Higgins, por estimar que nadie mejor que él podría apreciarlos en su real dimensión.

Nuestro Padre de la Patria al recibirlos, decidió enviarlos en custodia a Rancagua, por considerar que debían permanecer en el lugar en el cual flamearon durante la batalla.

Reforzó lo anterior con un decreto que manifestaba; “Declaro que la villa titulada Santa Cruz de Triana, Capital del Partido de Rancagua, en premio de los expresados sacrificios y méritos contraídos, puede y debe, de hoy en adelante, titularse la Muy Leal y Nacional Ciudad de Santa Cruz, Capital del Partido de Rancagua”, diseñándole además un escudo de armas con la leyenda; “Rancagua renace de sus cenizas porque su patriotismo la inmortalizó”.

Continuaría el tiempo su paso inexorable y en 1869 se concretaría una aspiración respaldada por el clamor ciudadano, la repatriación de los restos del ya inmortal chillanejo desde Lima, en donde habían sido sepultados a su muerte, reparando, a lo menos en parte, la injusticia cometida por décadas, por los habitantes de la Patria que él como nadie, había forjado desde sus inicios.

La comisión encargada de la repatriación de los restos, resolvió llevar desde Rancagua a Santiago los cinco estandartes, para ser colocados detrás del catafalco del héroe, durante su recorrido por las calles de la capital.

Con ello, su épica acción militar estaría de alguna forma presente, recordándole a todos los que se consideraran patriotas, que la llama de la libertad, tal como había sucedido en Rancagua, no podía, ni debía apagarse jamás.

Pero algo ocurrió, finalizadas las celebraciones, llevadas a cabo con el recogimiento propio de la ocasión, mezclada con la alegría de haber recibido nuevamente en tierra patria a su más selecto hijo, los gloriosos estandartes patriotas desaparecieron, no volviendo a ser encontrados, perdiéndose definitivamente su rastro, pese a un enorme esfuerzo de búsqueda llevado a cabo en diversas épocas por distinguidos historiadores.

No hubo lugar que no fuera revisado, incluyendo las bodegas de organizaciones públicas y de museos, amén de otras muchísimas pistas que se exploraron, no lográndose resultados positivos.

El Instituto O´Higginiano de Rancagua, tras de más de dos años de investigación, logró establecer la forma y características de los cinco estandartes, confeccionando con dichos antecedentes sus réplicas históricas.

Con ello, si bien no se obtuvieron los originales, se pudo contar con un registro físico que permitieran a las generaciones actuales y futuras, visualizar parte de nuestra historia patria, tal vez, uno de sus más importantes episodios.

Entonces, en una emotiva ceremonia pública, en la misma heroica plaza que cobijó la defensa O´Higginiana y luego de dos siglos de la inmortal batalla, el Instituto los restituyó a la ciudad de Rancagua y a sus habitantes.

Desde entonces, anualmente, cada vez que se cumple un nuevo aniversario de los hechos ocurridos el primero y dos de octubre de 1814, se renueva el compromiso de la muy leal y nacional ciudad, traspasándose los estandartes a una nueva generación de jóvenes, previo su egreso de la enseñanza media, entregándoles la responsabilidad de custodiarlos y proyectar su significado hacia el futuro.

En la Iglesia de la Merced, mudo testigo de los hechos heroicos ocurridos hace más de doscientos años, situada en la trinchera norte de la batalla, la misma que vio como O´Higgins desde su torre contemplaba la retirada de la Tercera División y asombro, que había sido junto a su tropa abandonado a su propia suerte y desde la cual bajó convertido en héroe para disponer la ruptura del cerco, pueden en la actualidad ser vistos y apreciados las réplicas de los estandartes perdidos de Rancagua.

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SEIS ESCALAS Y CAPACIDAD SOLO PARA 35 PERSONAS: LOS LÍMITES DEL AVIÓN PRESIDENCIAL OPACAN EL VIAJE DE BORIC A CHINA. Gabriela Mondaca

 

                                                                   SEIS ESCALAS Y CAPACIDAD SOLO PARA 35 PERSONAS: LOS                                                                           LÍMITES DEL AVIÓN PRESIDENCIAL OPACAN EL VIAJE DE BORIC A                                                                     CHINA

Gabriela Mondaca

La Tercera, 29/09/2023

El Boeing 767 que la FACH pone a disposición de los viajes presidenciales agotó sus horas de vuelo durante las emergencias climáticas que afectaron al país este año. El hecho obligará al Presidente a viajar a Asia en una aeronave de menor tamaño que le impide llevar comitiva a una gira que se considera estratégica. El asunto abre una vez más el debate sobre la necesidad o no de que el gobierno cuente con un medio de transporte propio.

“¿Me estai…?” El Presidente Gabriel Boric no pudo ocultar su molestia cuando el martes 5 de septiembre en las afueras de La Moneda -y frente a las cámaras- el edecán de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), Jaime Muena San Martín, le informó que su viaje a Beijing, China, el próximo 12 de octubre, se vería modificado tanto en capacidad como en tiempo de vuelo dado que Boeing 767 que la FACH pone a disposición del Presidente esta vez no estaría disponible, lo que obligará al Mandatario a trasladarse en el Boeing 737- 500 que tiene menor tamaño y autonomía de vuelo.

El cambio que molestó al mandatario tendrá efectos prácticos: el viaje a China tendrá seis escalas, demorará 32 horas y habrá un máximo de 35 personas a bordo, lo que imposibilita que se integren delegaciones empresariales o parlamentarias amplias. De hecho, el gobierno ya definió que una comitiva de gran tamaño acompañe al mandatario en este viaje que considera -entre otros- al expresidente Eduardo Frei. El punto es quo no podrán ir con él.

Dado los inconvenientes, en el Ejecutivo confirman que en esta ocasión todos los invitados deberán viajar en vuelos comerciales. Frei se va el 14 de octubre y en el gobierno apuestan a que varios de los “invitados” lleguen por su cuenta para asistir el Chile Week China 2023, toda vez que al avión presidencial solo pueden incluir a 15 invitados.

¿Por qué el Presidente no podrá usar esta vez el Boeing 767 que tiene capacidad para 176 pasajeros y 14 horas de autonomía de vuelo? La aeronave está en mantención porque agotó sus horas de vuelo durante las emergencias naturales que azotaron a Chile en enero de este año para el combate de incendios, y para transportar a personal hacia las zonas de catástrofe por las lluvias de abril a julio.

Pero esta no es la única ocasión en que el avión presidencial no ha estado disponible.

Esta situación reabrió el debate de si el Presidente de la República debería contar o no con una aeronave para sus viajes dentro y fuera del país. Una discusión que ha sido transversal en gobiernos desde la vuelta democracia y que suele cerrarse frente a la posibilidad de críticas por el gasto.

En el gobierno reconocen que el asunto es un inconveniente grave que atenta contra la imagen del país, pero se cruza también con decisión del gobierno de restringir el gasto.

El avión 737 de la FACH fue adquirido en 1997 por $US 32,8 millones de dólares que provino en parte de los fondos mixtos de la Fuerza Aérea de Chile (unos US$10,9 millones), mientras que el resto fue aportado por el Gobierno. Hoy, la nave tiene un costo de US$50 millones.

Jaime Ravinet, abogado, exministro de Defensa del exPresidente Ricardo Lagos (2004-2006) y exministro de Defensa del exPresidente Sebastián Piñera (2010-2011) comentó a La Tercera que durante tales periodos “la opción se descartó porque no se vio necesario, pese que alrededor del mundo es usual que los presidentes cuenten con su nave personal y también casa presidencial. Pero como siempre Chile es la excepción”.

Francisco Vidal, ministro del Interior y de Secretaría General de Gobierno en el gobierno del exPresidente Ricardo Lagos y ministro de Secretaría General y Defensa del primer gobierno de la exPresidenta Michelle Bachelet cree que es innecesaria la adquisición. “Siempre ha existido una sobriedad de los presidentes en Chile. Para qué hacer una adquisición que por definición es carísima si se tiene siempre aviones desde la Fuerza Aérea”.

Los otros inconvenientes en el tiempo. La historia de los aviones presidenciales ha sido turbulenta. Varias han sido las fallas presentadas a lo largo de los años, aunque la mayoría han afectado a la exPresidenta Bachelet.

En 2006, cuando llevaba 20 minutos de viaje, el avión Boeing 707 de la FACH vio interrumpido el vuelo de siete horas cuando la aeronave presentó una falla que obligó al piloto a cargo a informarle a la entonces Mandataria que debían regresar y retrasar su viaje.

A Piñera también le había tocado enfrentar fallas en los vuelos presidenciales durante su primer mandato. Fue el 1 de octubre de 2012, cuando se dirigía desde Iquique a Perú. El avión 737 sufrió una filtración de combustible, debiendo volver y cambiarse al 767 para continuar con su periplo.

El último inconveniente vivido por el exPresidente ocurrió en 2018 cuando se dirigía rumbo a Isla de Pascua. En dicha oportunidad iba a viajar desde Concepción hasta la isla, pero un problema en el 767 lo obligó a modificar sus planes, regresar a Santiago y desde ahí tomar otro avión rumbo a RapaNui.

Consultado sobre las fallas presentadas durante el gobierno del Presidente Boric, desde la FACH respondieron que tal solicitud debía hacerse por transparencia, debido a lo “delicada de la solicitud”.

Dictadura, regionalización y centralización: un modelo que se mantuvo intacto
Columna de Opinión

DICTADURA, REGIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN: UN MODELO QUE SE MANTUVO INTACTO

Egon Montecinos, Director Centro de Estudios Regionales, Universidad Austral de Chile

El Mostrador, 29/09/2023

Recién en 1999 la propuesta de elección directa de intendentes regionales apareció en la agenda política de las campañas presidenciales. La propuesta fue planteada por el entonces candidato presidencial Ricardo Lagos –quien resultaría electo Presidente–, más que nada por petición de un grupo minoritario de parlamentarios de centroizquierda, que se autodenominaban los federalistas. Durante su Gobierno optó por impulsar una serie de reformas constitucionales, pero con un foco en descentralización administrativa.

Para comprender mejor el desarrollo de la “política subnacional en Chile” y la incidencia de la dictadura en la descentralización, se hace necesario distinguir dos conceptos que van de la mano, pero que se interrelacionan.

Me refiero a la regionalización y descentralización. La primera se refiere a la forma que se da un país para ordenar/organizar territorialmente el Estado, mientras que la descentralización se refiere a la profundidad de la distribución del poder político, administrativo y fiscal que se asigna a las unidades territoriales mediante las cuales se organiza territorialmente un país.

Históricamente, Chile se ha organizado territorialmente a nivel local en comunas y a nivel intermedio en provincias, hasta antes de 1974, y en regiones después de esa fecha. En materia de descentralización, desde la Constitución de 1833 se ha distribuido mínimamente el poder político, administrativo y fiscal hacia comunas y/o provincias/regiones, predominando más bien un férreo centralismo en esta materia.

Históricamente el poder político se ha delegado a nivel local para que las instituciones que gobiernan las comunas (municipios) puedan elegir a sus autoridades principales, alcalde y concejales, lo cual ha sido una tradición, salvo en periodos como la dictadura. Por su parte, a nivel intermedio, el poder político no se ha delegado a la soberanía popular y solo se ha desconcentrado. A través de ello, se ha mantenido una férrea tutela del centro político sobre los niveles intermedios (provincias antes de 1974 y regiones después de 1974), mediante las designaciones de sus principales autoridades, que para nuestro caso han sido los intendentes antes del 1974 en las 25 provincias y después de 1974 en las regiones (12 más la Metropolitana).

Tras el golpe de Estado, lo que sufrió un cambio fue la regionalización del país, mientras que la descentralización siguió su curso en materia administrativa, consolidando un modelo centralista, pero ahora en un contexto de autoritarismo.

Para el año 1974 la dictadura creó la Comisión Nacional de Reforma Administrativa (Conara), la cual planteó una regionalización diferente a la que predominaba en las 25 provincias existentes a la época. Ello, para cumplir los objetivos de geopolítica, importantes para la dictadura, por la compleja relación que se mantenía con Argentina.

La modificación de Conara dio lugar a las 13 regiones, en las cuales la dictadura designó a los respectivos intendentes.

El modelo de regionalización que adoptó la dictadura fue el que propuso en su momento la Odeplan (Oficina de Planificación Nacional) en las décadas del 50 y 60, como modelo desarrollista asociado a territorios que compartían vocaciones productivas, agrupados “en regiones”.

Evidentemente, el propósito del modelo de regiones de la Odeplan no tenía propósitos geopolíticos, sino que desarrollistas.

Con el retorno a la democracia en 1990, la regionalización de 1974 se mantuvo intacta. No obstante, en materia de descentralización comenzaron a gestarse algunos hechos políticos. En 1992 se produjo la creación de los Gobiernos Regionales mediante la Ley 19.175, legislación que limitaba el ejercicio pleno de la descentralización política a escala regional. Esta limitante se expresaba en que los Gobiernos Regionales tendrían una autoridad designada por el Presidente de la República (los intendentes regionales) y un cuerpo colegiado (Consejo Regional) elegido por los concejales de cada comuna en la respectiva región. Es decir, una institución regional autónoma nueva sería dirigida por una autoridad regional designada.

Recién en 1999 la propuesta de elección directa de intendentes regionales apareció en la agenda política de las campañas presidenciales. La propuesta fue planteada por el entonces candidato presidencial Ricardo Lagos –quien resultaría electo Presidente–, más que nada por petición de un grupo minoritario de parlamentarios de centroizquierda, que se autodenominaban los federalistas.

Durante su Gobierno optó por impulsar una serie de reformas constitucionales, pero con un foco en descentralización administrativa.

Posteriormente, el año 2009, bajo la presidencia de Michelle Bachelet, ocurrió un hito relevante en materia de descentralización política: la modificación constitucional que habilitó la elección directa de consejeros regionales.

El año 2009, por medio de la Ley 20.390, se aprobó la elección directa y universal de los consejeros regionales, hecho que recién se concretó el año 2013 bajo la presidencia de Sebastián Piñera.

A partir del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), tanto en la campaña presidencial como al inicio de su mandato, se promovió la elección directa de intendente regional, con todas las atribuciones, salvo las que tenían que ver con Seguridad Interior del Estado.

Al finalizar su mandato, el resultado legal de esta propuesta fue un modelo híbrido, que consistió en elegir a una autoridad regional llamada gobernador regional, pero que cohabitaría con una autoridad regional designada llamada delegado presidencial regional.

En síntesis, la dictadura modificó la regionalización, pero el modelo de descentralización o centralismo lo mantuvo intacto. En democracia no se modificó la regionalización y se ha ido avanzando lentamente en materia de democratización de los gobiernos regionales y gradualmente en perfeccionar el férreo centralismo político y fiscal, por medio de propuestas de descentralización incompletas, sin una fuerza política regional que las sostenga.

Esto ha ido cambiando paulatinamente con la aparición de los gobernadores regionales y con las propuestas constitucionales que se han ido discutiendo.

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Columna de Opinión

¿MANTENER O NO LA ESTRATEGIA? QUÉ ESTÁN DISPUESTOS A CEDER LOS REPUBLICANOS Y EL DISEÑO PARA LA ETAPA FINAL DEL CONSEJO

Juan Manuel Ojeda y Paula Catena

La Tercera, 28/09/2023

El Partido Republicano se está preparando para contener la arremetida de los otros partidos políticos que exploran la opción de llegar a un acuerdo fuera del Consejo y así modificar el texto en la Comisión Experta. La colectividad que fundó José Antonio Kast no cambiará su plan de evitar un pacto transversal, excluir a las fuerzas de izquierda e intentar revivir el 62% con Amarillos y Demócratas. La duda está en qué normas soltar en la fase de los expertos y en la comisión mixta.

El lunes, cuando la bancada republicana y el comité estratégico supo de la reunión que tuvieron los presidentes de partido de la UDI, PS y RN para explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo político fuera del Consejo que permita apuntalar el proceso constitucional, los consejeros republicanos y sus asesores notaron que el escenario había cambiado y estaba partiendo una nueva etapa.

“Llegó la hora de hacer política y con nuevos interlocutores”, comentó en el pasillo un integrante de esa bancada.

La irrupción de los partidos obligó a que los republicanos analizaran las nuevas opciones que se abren, sobre todo sabiendo que en menos de una semana el texto será despachado del Consejo, la bancada perderá el control y el poder nuevamente volverá a las fuerzas tradicionales de Chile Vamos y el oficialismo, que son quienes dominan a 23 de los 24 comisionados. Republicanos solo tiene un representante: Carlos Frontaura.

Hasta el momento, la estrategia republicana ha sido conducir el proceso para que, en las formas, sea diametralmente distinto a la Convención, insistir en todas las instancias y mesas de diálogo posible y, llegado el momento en que no se pueda arribar a un acuerdo, avanzar ejerciendo su mayoría junto con al menos ocho votos de Chile Vamos para tener los 3/5 del pleno.

Ese camino, dice un consejero republicano, implicaba renunciar a la “tesis Kumbayá”, que es la forma en como algunos se refieren a la estrategia de optar por negociar un acuerdo amplio y transversal, con los partidos de la mano, al estilo de la Comisión Experta y tal como lo viene pidiendo desde el inicio los consejeros de la minoría oficialista.

El nuevo escenario que enfrenta el Consejo, cuenta fuentes del Partido Republicano, no ha provocado cambios en el diseño de la bancada de 22 consejeros. La definición es que la estrategia se mantiene, es decir, no tomarán el camino del acuerdo transversal, ya que están convencidos de que esa alternativa “no mueve las urnas”.

Más aún cuando ven que los temas conseguidos en el borrador -hasta el momento- trae asuntos que hacen conexión con la ciudadanía y son valorados por las personas. En este punto destacan que se trata de un texto por la seguridad, que se hace cargo de temas migratorios, que termina con las contribuciones, que protege la propiedad de los fondos de pensiones, con libertad de elección en salud y seguridad social, con nueva magnitud de distritos y una Cámara con menos escaños.

En esa línea persistirán en lo que el mismo José Antonio Kast ha reconocido públicamente en sus redes sociales, es decir, la exclusión de fuerzas políticas de izquierda como el Frente Amplio, el PC y el gobierno. “Si el PC y el FA están en contra, vamos por buen camino”, posteó hace poco el líder republicano en sus redes sociales. El discurso lo ha mantenido invariable las últimas semanas.

Si bien los republicanos sí están interesados en poder sumar al PS, hasta el momento reconocen que el bloque de izquierda “es inquebrantable”. Esto debido a que han intentado en varias ocasiones explorar una negociación solo con los socialistas y sin el resto de los partidos, pero la colectividad que lidera la senadora Paulina Vodanovic ha sido enfática en cerrar esa puerta.

Consejeros como Antonio Barchiesi han tratado de provocar al PC afirmando que están en contra. “Es evidente que el PC va por el rechazo y lo honesto sería transparentarlo”, afirmó en agosto. De vuelta los comunistas han respondido que ellos siguen arriba del proceso y la decisión recién se tomará al final con el texto cerrado.

¿Un acuerdo a cambio de qué? Dado que los republicanos creen que un acuerdo transversal -desde “el PC hasta republicanos” como pide el timonel PPD Jaime Quintana- no es viable, fuentes del partido afirman que no están disponibles para firmar un documento de consenso total “y reeditar un ‘Acuerdo por Chile’ 2.0″.

El análisis es que electoralmente no suma mostrar una imagen de “cocina” ante la ciudadanía, siendo que el órgano electo para decidir las normas es el Consejo.

Por lo mismo, el Partido Republicano mira con mucha atención lo que ocurrirá con la Comisión Experta. A más tardar el 7 de octubre, el Consejo tiene que despachar el texto a los comisionados para que los 24 expertos -en cinco días- formulen sus observaciones.

Ese informe tendrá enmiendas para modificar el texto, que deberán volver al pleno de consejeros para que se aprueben por 3/5 y se rechacen por 2/3. Todo lo que no caiga en alguna de esas dos opciones, se derivará a una comisión mixta para que proponga una solución a las normas en controversia.

Los republicanos ven dos opciones en la fase de los comisionados. La primera es que los expertos de izquierda y los de derecha consigan sus votos para lograr los 3/5 en la Comisión Experta -es decir al menos 14 votos- y cambien aspectos sustantivos del borrador del órgano redactor.

Esto, dicen los republicanos -que solo tienen al comisionado Frontaura- implicaría que de parte del oficialismo exista un compromiso de que si se logra ese acuerdo, ellos de forma posterior entreguen señales positivas al texto y en el proceso y cambien su narrativa.

La lógica de los republicanos es que si ellos van a ceder en algunos de los puntos, necesitan certeza de que transando, los oficialistas se sumarán al barco del “A favor”.

La otra opción, y el escenario más adverso para los republicanos, es que los partidos de Chile Vamos y el oficialismo que tienen presencia en la Comisión Experta logren un acuerdo entre ellos, consigan los 14 votos y rediseñen fuertemente el texto del Consejo.

Si eso ocurre, cuando las observaciones de los comisionados vuelvan al pleno del Consejo, los republicanos no tendrán los 2/3 para rechazarlas ya que no estarán los votos de los consejeros de Chile Vamos.

Este escenario, reconocen los republicanos, es el más complejo y es cuando su estrategia se pondría cuesta arriba.

Las normas para ceder. Al momento de pensar en los cambios que se pueden hacer al texto, los republicanos han optado por mantener en reserva los temas específicos que podrían ceder.

Hasta el momento solo han llegado incipientes señales de apertura. “Lo que está votando hoy día el pleno, tanto a favor como en contra, no se ha escrito en piedra (…) No corresponde dar por cerrada ninguna materia a esta altura del proceso”, afirmó el delegado de los republicanos Luis Silva. Su intervención se enmarca en el diseño del partido para que sus consejeros mantengan la narrativa favorable al diálogo, pero siempre manteniendo distancia con la posibilidad de firmar un acuerdo final.

Pese a eso, fuentes republicanas del Consejo entregan algunas luces. El fin del pago de contribuciones, en principio, no lo van a dejar caer. Esta idea es una de sus normas más protegidas, ya que es una “potente arma electoral”. Otra línea roja, que no quieren ceder, es la protección a la vida. En esto los republicanos no desistirán de su objetivo de “robustecer la protección de la vida”.

Para eso en la Comisión Experta van a ir directo a intentar revivir la cláusula del Pacto de San José -que se cayó en el pleno por la abstención de cuatro consejeros de Chile Vamos- y tratar de conseguir que los comisionados dejen el fraseo textual de dicho instrumento internacional: “persona es todo ser humano”.

Como saben que los cálculos no dan para eso, esa postura les permitirá que, llegado el momento de ceder, se mantendrá la cláusula visada por el pleno que protege la vida de “quien está por nacer”.

Aquí fuentes republicanas dicen que “por ningún motivo” aceptarán retornar a la frase clásica de la Constitución de 1980 que solo dejó que la ley protegerá la vida “del que” está por nacer.

Sobre la inclusión del “quien”, comentan que la columna de Carlos Peña en la que afirma que no se objeta la ley de aborto en tres causales, les juega a favor. Sin embargo, el asunto es materia de una disputa interpretativa. Otros académicos, como Álvaro Ferrer, piensan distinto.

En materia de derechos sociales el asunto se pone más complejo. Fuentes republicanas comentan que no van a ceder en libertad de elección, pero que podrían buscar opciones en algunas redacciones.

Por ejemplo, que el plan básico de salud sea ofertado por instituciones privadas sin fines de lucro, que la libertad de elección solo quede a nivel del plan básico de salud y en seguridad social no modificar lo aprobado en el pleno, pero buscar una compensación en las normas sobre impuestos haciendo la vinculación con pensiones y la solidaridad.

Respecto de la norma transitoria de paridad de salida -que se rechazó solo por tres votos-, los republicanos podrían aceptarla a pesar de que están en contra. Para esto les sirve como antecedente que, hace varios meses, Kast afirmó públicamente que no tiraría el mantel por la paridad, mientras que posteriormente Silva reforzó el punto diciendo que la paridad no era un asunto de principios.

Si bien entre los republicanos transmiten que estas materias quieren protegerlas, agregan que podrían concederlas si eso genera que las fuerzas de centro y algunas de izquierda se comprometan con el “A favor”.

Cuando se llegue a la cancha más chica de las observaciones, otra alternativa es que dado que el texto eliminó las leyes orgánicas constitucionales -al transformarlas en leyes institucionales de 4/7- se podría reabrir ese debate para eliminar asuntos del texto constitucional y dejarlas en una opción intermedia.

Revivir el 62 % con Amarillos y Demócratas. Si bien los republicanos no están interesados en convencer a las fuerzas de izquierda, sí tienen mucho interés en sumar al barco del “A favor” a las fuerzas políticas de centro, es decir, Amarillos y Demócratas. Respecto de Amarillos, las conversaciones entre el presidente de los republicanos, Arturo Squella, con los dirigentes del partido emergente han sido constantes. El nexo principal es a través del exdiputado Zarko Luksic.

De hecho, los republicanos comentan que el sistema político fue acordado con ellos y ambas colectividades lo miran de forma positiva, lo cual les entrega un argumento para sumarse por el “A favor” y así resolver los problemas de gobernabilidad que afectan a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La razón para esforzarse por sumarlos, implica repetir las fuerzas que estuvieron por el “Rechazo” en el plebiscito anterior, pero esta vez hacerlo por el “A favor” de manera de movilizar ese 62 %.

Un grupo de personas junto a una señal de alto en un día soleado Descripción generada automáticamente con confianza media
Columna de Opinión

LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ¿PRIVILEGIO DE LOS ESTADOS?

Fernando Thauby García

28/09/2023

Terminada la II Guerra Mundial, los vencedores: EE. UU., la URRS, China, Francia y el Reino Unido, establecieron tribunales para juzgar a los derrotados, principalmente Alemania, y los condenaron por violar los derechos humanos (DDHH) en su propio país y en los países que invadieron.

La institucionalización de este nuevo orden se proclamó en París, el 10 de diciembre de 1948 mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaborado por los países socios de las Naciones Unidas. La Declaración fue proclamada por la Asamblea General mediante un texto de 30 artículos que se establecieron como objetivo para todas las naciones del mundo.

Es curioso que países como la URRS y China hayan concurrido a este compromiso y que las grandes potencia occidentales que posteriormente violaron crudamente esta Carta (Francia en Argelia y EEUU en Viet Nam y la URRS en su propio país) y sus estados protegidos (Israel y Cuba), nunca fueron investigados y menos sancionados, en agudo contraste con Chile, convertido en el paradigma mundial de los violadores de derechos humanos.

Mas aun, los grandes utilizadores de esta organización y que han ejercido importantes cargos en su administración son, precisamente estados que bajo cualquier criterio, son violadores contumaces de los DD. HH. de sus ciudadanos.

En los últimos años, la iniciativa para generar investigaciones y proponer sanciones se han expandido desde los reclamos y solicitudes de grupos nacionales no-estatales perseguidos por sus gobiernos, hacia los estados que, habiendo sido acusados de violar DD. HH., han reclamado que los agredidos son ellos, por parte de los grupos no-estatales ya mencionados.

Esta situación ha llevado un debate entre los gobiernos y las organizaciones no-estatales respecto a la naturaleza de estos derechos: ¿Los DD. HH. se vinculan exclusivamente a la acción de los Estados? ¿O son algo amenazado por distintos actores sociales, ante todo por los grupos alzados en armas o terroristas?

Los Argumentos Jurídicos de este debate se basan en que la Declaración Universal de los DD. HH., que no tiene fuerza obligatoria ya que es una Declaración y no un Tratado. Sin embargo la Declaración Universal a dado pie a la firma de varios Convenios y Pactos que SI son tratados internacionales que obligan a los países que los suscribieron a cumplir con ellos y por lo tanto los sujetos obligados por estos convenios y pactos son los Estados, no las personas ni las organizaciones privadas.

Desde esta perspectiva, y dado que el “derecho Internacional de DD. HH.” es pertinente solo a los Estados (que hayan suscrito esos Pactos y Convenios), también es evidente que ellos deben cumplirlos.

A partir de lo señalado, existe consenso mayoritario en que los responsables exclusivos de cumplir con los DD. HH. y de vigilar su respeto son los Estados, únicos representantes del Bien Común y únicos garantes que pueden ser requeridos en caso de violación de esos derechos.

Desde esta perspectiva, el término “violación de DDHH” no se aplica a una determinada clase de actos como la tortura, la desaparición forzada o el asesinato, sino solo a la comisión de estos actos por parte de los Estados o de sus agentes.

El Estado, a raíz de su legitimidad mayor, tiene una responsabilidad también mayor por los DD. HH. El argumento final es que “si se aceptara una responsabilidad por presuntas violaciones de DDHH a actores ajenos al gobierno, tendríamos que aceptar también la legitimidad de una fuerza distinta del Estado para garantizarlos”. De otra manera caeríamos en la anarquía y la destrucción del Estado de Derecho y la llegada de la barbarie y la violencia indiscriminada.

En esta lógica, los crímenes que produzcan otras personas diferentes de los agentes del Estado, serían delitos y no violaciones a los DD. HH.

Desde la óptica de las víctimas los efectos de estos delitos podrían ser iguales o peores que si los cometiera el Estado, y la consecuencia lógica sería que los Estados son también los responsables al no impedir que personas privadas violen los DD. HH. de los ciudadanos bajo su protección.

En breve, los Estados son responsables, a todo evento, de la protección de los DD. HH. de sus ciudadanos y sus reclamos respecto a la inclusión de los crímenes de grupos subversivos en la agenda de DD. HH., sería solo una muestra de su intención de relativizar esta obligación Estatal.

Parece claro que en estas circunstancia una política de crímenes atroces, posibles de endosar a los Estados, es un arma muy potente en manos de un grupo subversivo. Hasta aquí las pretensiones y exigencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en línea con su Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los Organismos No Gubernamentales (ONG), que trabajan en estrecha proximidad y con agendas muy parecidas cuando no iguales.

Parece de toda evidencia que las actividades que realizan estos actores, en términos de priorización, intensidad, apoyo comunicacional y apoyo político están fuertemente determinadas por elementos políticos e ideológicos, así como de apoyo o rechazo a la identidad de los actores de cada situación de conflicto.

Nadie podría negar que en muchos sentidos estas diferencias entre los estados miembros de las NN. UU. son determinantes en la decisión, determinación de objetivos y término de cada misión en “defensa de los DD. HH.” de los bandos que reciben las simpatías o repulsa de sus respectivos promotores.

Dadas las condiciones de la Guerra Fría, que enmarcó el nacimiento y desarrollo de estas ideas, la gran mayoría de las ONG dedicadas al tema, son proclives no a los Estados, sino a sus adversarios.

Esta concepción, especialmente de las ONG, adolecen de parcialidad hacia los grupos de izquierda y anti estado y una actitud de sospecha y de descalificación de los Estados y sus agentes, que los lleva a preferir enfocar e intervenir en cada conflicto en cuanto a hechos más o menos ciertos, omitiendo y descalificando los contextos y los resultados finales.

En efecto, su proximidad a los organismos de NN. UU., facilita a las ONGs la coordinación política y jurídica favorable a sus aspiraciones. Así es como se ha desarrollado una frondosa jurisprudencia internacional y una intensa difusión y propaganda de sus puntos de vista.

El actual debilitamiento de los Estados y sus trágicas consecuencias, así como el colapso de la exURSS y su bloque y el desinterés de China en estas actividades, les está restando visibilidad y recursos.

Peor aún, en algunas oportunidades recientes los opresores son sus exmecenas y en otros casos, son gobiernos de izquierda que capturaron el Estado en forma más o menos democrática y se han convertido en lugares de opresión brutal y descarnada, imposibles de disimular.

Esto es visible en la lentitud de las recciones de las NN. UU. ante estados como Venezuela, Nicaragua, Cuba, China y muchos más. Muchas organizaciones de DD. HH. han perdido su objetividad, su prestigio y autoridad moral reteniendo aun cierto poder político, limitado pero real.

Volviendo a los aspectos jurídicos, es ilustrativa la opinión de una ONG: “Mientras la metodología de las ONG de DDHH tiene su fundamento en la transformación de lo político en principios jurídicos universalmente reconocidos (son pocos los gobiernos que expresamente rechazan los DDHH), para el seguimiento de lo que hacen “los agentes no estatales”, no sirve esta herramienta objetivadora. No hay otra salida que entrar al campo político con todos sus riegos. Evaluar el accionar de grupos “subversivos”, “insurgentes”, “alzados en armas” etc., resulta – no siempre, pero en la mayoría de los casos – más complicado y controversial que medir, con la regla de los DD. HH., el comportamiento de los gobiernos. Pero la tarea no se queda en evaluación. De ellas las ONG deben deducir los reclamos que se presentan a los responsables”.

En breve, los estados siempre están en inferioridad de condiciones y esto no es por azar sino porque así fue construido el entramado legal en vigencia. Sumado a la simpatía original de las ONGs por los actores no estatales, se agrega que no se atreven a identificarlos y denunciarlos para no verse involucrados en la lucha política.

La falta de voluntad de resolver este dilema ha ido reduciendo el prestigio y credibilidad de las ONGs. El problema grave es que esta reducción de su credibilidad ha ido acentuando el uso y abuso de concepciones jurídicas que se alejan más y más de las realidades políticas de los conflictos.

El presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, junto a la directiva del partido, presentan una querella en el Ministerio Público en contra de todos quienes resulten responsables de los hechos ocurridos, referidos a los convenios suscritos entre el Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. Foto: Francisco Paredes / Agencia Uno.
Columna de Opinión

“QUE NEFASTA DECLARACIÓN COMPAÑERO… FIGURA GRATUITAMENTE INVOLUCRANDO A LA DIRECTORA DE LA DIPRES”: LA CRISIS QUE REAVIVÓ EN RD EL TESTIMONIO DE DETTONI

David Tralma

La Tercera, 29/09/2023

El presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, junto a la directiva del partido. En el grupo de WhatsApp de la comisión política del partido ayer varios militantes hicieron sus descargos contra el secretario ejecutivo de la colectividad, quien -en su declaración ante la Fiscalía- apuntó al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, y a Javiera Martínez. El director de Metro, quien es militante de la tienda, se quejó: “¡Les dijimos en todo momento que la carpeta se iba a filtrar!”.

“Efectivamente, siempre pensamos que todo se filtraría. Y que todo se sabría, también. Nada podrá ocultarse en esta investigación”.

Faltaban algunos minutos para las 14:00 de este jueves, cuando el secretario ejecutivo de Revolución Democrática, Edson Dettoni, le envió un mensaje a militantes de su partido. En el grupo de WhatsApp -que comparten más de 40 personas del consejo político nacional y que se llama “CPN 2023-2024″- el dirigente hizo sus descargos.

Esto, luego de que se conociera su declaración ante la Fiscalía en medio del lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado. En RD estaban al tanto de que Dettoni había declarado ante el Ministerio Público, en particular que abordó el caso que originó la crisis, que protagonizaron militantes de la tienda, en traspasos entre la organización Democracia Viva (encabezada por Daniel Andrade, entonces pareja de Catalina Pérez) y la Seremi de Vivienda de Antofagasta (dirigida en ese momento por Carlos Contreras, exasesor de la misma parlamentaria).

Sin embargo, lo que los personeros de Revolución Democrática desconocían era el contenido del testimonio que entregó Dettoni ante la justicia. Su relato incomodó y molestó al partido, pues devolvió la crisis del lío de platas a La Moneda, al asegurar que el timonel de la tienda, Juan Ignacio Latorre, le habría informado del caso entre el 15 y el 16 de junio al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán.

Hasta ayer, el gobierno había intentado dejar claro que se enteraron el mismo 16 de junio, cuando se destapó el caso en el medio Timeline.

A su vez, también subió la presión contra la directora de la Dirección de Presupuesto (Dipres), Javiera Martínez, ya que Dettoni menciona que ella le informó sobre rumores vinculados al caso de Democracia Viva. “El día 21 de junio de 2023 me enteré de que Catalina (Pérez) sabía de los convenios por lo menos entre marzo y mayo de 2023, puesto que Ivalu Millar (…) le había alertado a Romina Neumann (jefa de gabinete de la diputada) sobre la existencia de estos convenios, lo que me contó Javiera Martínez Fariña…, también militante y actual jefa de la Dipres como un rumor y que lo confirmara”, sostuvo en su declaración.

Por lo mismo, la militancia hizo sus descargos en el grupo de WhatsApp y se lanzó contra Dettoni y la directiva de Latorre.

Algunos apuntaron a que la vinculación del lío de platas con Carlos Durán era “muy delicado”, mientras que el propio secretario ejecutivo del partido intentó contener las críticas en su contra.

En su defensa, Dettoni planteó que en el inicio de la crisis el partido llegó a “dos conclusiones”. La primera, aseguró, fue que “todo se puede saber y filtrar”, mientras que la segunda es que, bajo esa lógica, la estrategia de la dirección de Latorre pasó por tener que “aportar todo lo que tengamos a nuestra disposición”.

En la directiva de RD, dicha idea es compartida. La tesorera de la colectividad, Sofía Valenzuela, también abordó la situación. Ella consideró como “lamentable que la carpeta de la investigación se haya filtrado completa”. Al mismo tiempo, reforzó la idea de que el partido entregó “todos los antecedentes que manejábamos”.

Una de las voces más críticas de esta estrategia fue el consejero político -electo como primera mayoría- Nicolás Valenzuela Levi, considerado como un histórico del partido fundado por Giorgio Jackson.

El también director de Metro apuntó directamente a Dettoni. “Que nefasta declaración compañero. Esto no es lo peor. En otra parte figura gratuitamente involucrando a la directora de la Dipres en un proceso judicial. Lo encuentro impactante”, manifestó. Luego, prosiguió: “¡Les dijimos en todo momento que la carpeta se iba a filtrar!”.

“Pucha compañeros. De no creer las declaraciones de Edson. Yo ya no sé qué decir”, añadió.

La conversación continuó con una respuesta del propio Dettoni, quien cerró con que “efectivamente, siempre pensamos que todo se filtraría. Y que todo se sabría, también. Nada podrá ocultarse en esta investigación”.

En privado, la mayoría de los dirigentes consultados de RD comparten los dichos de Valenzuela. “Interpreta a muchas tendencias del partido”, plantea uno de ellos.

En público, en tanto, altos representantes del Frente Amplio han optado por guardar silencio. El único que habló fue el senador Latorre, quien solo se refirió a que su reunión con Durán “no sucedió y no se le informó al jefe de gabinete del Presidente antes de que el caso fuera conocido públicamente”.

Al ser consultada al respecto, este viernes Martínez se defendió: “No tengo claridad de lo que se dijo o no se dijo”.

La situación también asoma en un momento complicado para el partido, ya que este fin de semana son las elecciones de RD. La única lista inscrita es la que encabeza el exjefe de gabinete de Giorgio Jackson, Diego Vela, quien está acompañado por la exconvencional Tatiana Urrutia, entre otros.

La Tercera consultó a la futura directiva, sin embargo, prefirieron no abordar el asunto.

Durante la próxima semana, la nueva dirección tendrá el desafío de cambiar o no la estrategia política y judicial respecto del lío de platas, el hito que marcó el final de la directiva de Juan Ignacio Latorre y que significó un castigo del Ejecutivo con las salidas del gabinete de Giorgio Jackson (Desarrollo Social) y Marco Antonio Ávila (Educación).