Día: 2 Abril 2022

La persecución vengativa contra los militares, por parte de los jueces que prevarican inpúnemente, está causando el odio, la destrucción del Estado de Derecho, la inseguridad y la pérdida de soberanía del Estado chileno.

La persecución vengativa contra los militares, por parte de los jueces que prevarican inpúnemente, está causando el odio, la destrucción del Estado de Derecho, la inseguridad y la pérdida de soberanía del Estado chileno. La certeza de esta grave denuncia y las razones jurídicas que la respaldan, están magistralmente expuestas en la entrevista adjunta al capitán de navío (r), abogado y magister en ciencia política Adolfo Paúl Latorre. Contribuyamos a informar al máximo de nuestros contactos para definir a los políticos que elegiremos para detener este atropello, antes que sea demasiado tarde.

Entrev. a abogado y autor Adolfo Paul

Su voz estaba inmersa en el silencio por un tema de formación señalan, o tal vez porque sentían que eran arenas desconocidas, sin embargo, esos días de mutismo -como lo han definido- han quedado atrás, y es que el agruparse como entidad gremial.

Hasta hace un corto tiempo parecía extraño escuchar al personal en retiro de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad referirse a algún tema de contingencia y menos aún reclamar por algo que les afectara como sector pasivo. Su voz estaba inmersa en el silencio por un tema de formación señalan, o tal vez porque sentían que eran arenas desconocidas, sin embargo, esos días de mutismo -como lo han definido- han quedado atrás, y es que el agruparse como entidad gremial, reuniendo a todos los círculos, federaciones, asociaciones, y corporaciones de retirados de las cinco instituciones castrenses y policiales de Chile, llegando a ser hoy más de 200 mil, los ha hecho marcar un antes y un después comenzando oficialmente a tener una sola gran voz frente a las autoridades y la opinión pública como Multigremial de Militares (R).

No fueron partidarios de los Cabildos que se efectuaron en el país con motivo del proceso constituyente que busca dotar de una nueva Carta Magna a Chile, porque tal como lo anunciaron ellos mismos dos meses atrás, el nivel de participación ciudadana sería bajísimo y poco representativo, por lo que mejor optaron como Multigremial Nacional del Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Montepiadas de Chile, que agrupa a más de 200 mil socios en todo el país, a realizar un Encuentro de Militares (R) desde donde elevarán un documento formal a las autoridades que recoja su sentir, así como el articulado que consideran imprescindible de estar presente en la nueva Constitución.

“El Teniente 2º Chesta a sus cortos años ofrendó su vida cumpliendo su deber de proteger a la población civil de elementos extremistas que, motivados por pretextos políticos, utilizaron el terrorismo como medio de expresión y a ciudadanos inocentes como objetivo de sus acciones”.

Al interior de las filas de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro (Asofar A.G.) se recordó de forma solemne el pasado 13 de agosto la muerte de quien fuera un joven mártir de la institución naval, Teniente 2º César Chesta Mouisset (26), quien cumpliendo labores de servicio fue víctima de un atentado terrorista en las cercanías de la comuna de Peñablanca, Región de Valparaíso, el año 1985.

Se trató de una acción heroica del joven oficial, quien en cumplimiento de las labores encomendadas, se dispuso a desactivar un artefacto explosivo colocado en la línea férrea, a objeto de evitar el descarrilamiento del tren y la muerte de hombres, mujeres y niños que transitarían por el lugar, sin embargo, el artefacto detonó resultando el Teniente Chesta con heridas de tal gravedad que le ocasionaron la muerte.

Comisión de Verdad y Reconciliación

Tal como lo estableció el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, el Teniente 2º César Chesta Mouisset, de 26 años de edad, fue “víctima de violación a los Derechos humanos, por cuanto murió en cumplimiento del deber al tratar de desactivar un artefacto explosivo colocado por particulares que actuaron bajo pretextos políticos”.

Para ASOFAR A.G. “el Teniente 2º Chesta a sus cortos años ofrendó su vida cumpliendo su deber de proteger a la población civil de elementos extremistas que, motivados por pretextos políticos, utilizaron el terrorismo como medio de expresión y a ciudadanos inocentes como objetivo de sus acciones”.

“César Chesta es un mártir de Chile. Quienes provocaron su muerte, aún no han sido identificados. César Chesta es un patriota; un marino que cumplió su juramento de dar la vida si fuese necesario. No lo olvidaremos y su ejemplo nos inspira a seguir luchando por lo que estimamos justo y defendiendo a quienes nos dieron la paz y hoy son injustamente procesados y condenados”, enfatizaron los Oficiales de la Armada en Retiro.

Valparaíso, 15 de agosto del 2016

Durante los últimos años se ha logrado instalar en la opinión pública la falacia de que los hechos delictivos cometidos por algunos miembros de las FF.AA. y de Orden durante su ingrata y penosa tarea de combatir la subversión armada —en la que arriesgaban sus propias vidas— constituyen “delitos de lesa humanidad”.

Es imposible garantizarle el debido proceso a los militares en circunstancias que a ellos, a diferencia de todas las demás personas, les es aplicado el antiguo sistema de procedimiento penal; un sistema inquisitivo que no respeta las normas del debido proceso —la presunción de inocencia entre ellas— contenidas en nuestra Carta Fundamental y en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes.

 Diversas personas han señalado que, por sus delicados alcances, en el caso del sometimiento a proceso y a prisión preventiva del ex Comandante en Jefe del Ejército es indispensable que a la justicia se le permita un actuar imparcial y que se garantice el debido proceso.

         Es imposible garantizarle el debido proceso a los militares en circunstancias que a ellos, a diferencia de todas las demás personas, les es aplicado el antiguo sistema de procedimiento penal; un sistema inquisitivo que no respeta las normas del debido proceso —la presunción de inocencia entre ellas— contenidas en nuestra Carta Fundamental y en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes.

         Lo anterior ocurre en virtud de la falacia de los “delitos de lesa humanidad, imprescriptibles” y del artículo 483 del Código Procesal Penal que, atentando gravísimamente contra el principio de igualdad ante la ley, permite la coexistencia de dos sistemas procesales penales sin una razón válida que lo justifique —al establecer que “Las disposiciones de este Código sólo se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia”— lo que constituye una discriminación arbitraria que nuestra Constitución prohíbe.

          La aplicación del antiguo sistema procesal le veda a los militares el derecho a una adecuada defensa, a un juicio justo y a ser juzgados por un tribunal imparcial. Ello conduce a enormes injusticias, como es el caso de un subteniente de Ejército que recientemente fue condenado a 18 años de presidio por el único hecho acreditado en el proceso de haber estado conduciendo una camioneta en el momento en que ocurrieron ciertos hechos que revestían caracteres de delito

Lamentablemente el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de dicho precepto legal interpuesto ante el Tribunal Constitucional, por el caso del referido subteniente, fue declarado inadmisible por tres votos contra dos, en una resolución “políticamente correcta” dictada por la Sala Tramitadora de ese Alto Tribunal (Rol T.C. 3083-16).

                                                                     ADOLFO PAÚL LATORRE

                                                                                 Abogado

Señor Director

No caben dudas que la detención preventiva del General Cheyre al ser sometido a proceso por ser “complice” en el fusilamiento de 15 personas en el Regimiento de La Serena el año 1973, pone nuevamente de manifiesto la terrible realidad de que en nuestro país coexistan dos sistemas procesales penales y que, aquel que fue cambiado para dar garantías de un debido proceso a nuestros conciudadanos, sea el que se sigue aplicando única y exclusivamente a aquellos militares que tuvieron que enfrentar situaciones excepcionales luego del quiebre institucional del año 1973.

Según la información disponible, este sistema está permitiendo a un juez someter a proceso a una persona “por estar ahí”, cerca del lugar de los hechos y hacerlo en condición de “Complice”, porque estando en un lugar próximo escuchó los disparos y, por orden de su Comandante, entregó la información preparada por el Fiscal Militar a los medios de comunicación, dando cuenta de este lamentable hecho.

Pareciera que esto es como el cáncer, una enfermedad terrible de la cual tomamos consciencia cuando se nos informa que la padecemos, antes de ello, es algo que le pasa a otros y la verdad es que no nos conmueve como debiera ser.

Jorge Arancibia Reyes

Si lo del General Cheyre sigue adelante, los políticos pueden frotarse las manos porque habrán abierto la puerta a todos los extremistas y carroñeros profesionales que existen en Chile para que terminen de destruir la lealtad y la confianza que debe existir entre los uniformados y el cuerpo de la nación.

¡HASTA CUÁNDO!¡HASTA DÓNDE!

Durante la campaña electoral de la Concertación a fines de 1989, centré mi discurso en la absoluta necesidad de denunciar y castigar las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet.  Aplaudí  y me congratulé de los castigos que alcanzaron a infringírseles a algunos de los culpables de esos crímenes y lamenté que las condiciones políticas de entonces, o las desapariciones naturales, impidieran el castigo de la mayoría de ellos.  Mi actitud entonces fue impulsada por un obvio y apasionado imperativo ético y por una serena preocupación por la consolidación de la nueva democracia, que habría sido imposible sin la catarsis de esa profunda herida a través de la exposición y el castigo.

Es la actitud de entonces, que se sumó a las denuncias y protestas que me fueron dificultosamente  posibles durante la propia dictadura, lo que cimenta la autoridad moral conque hoy puedo expresar mi más profundo rechazo y mi más categórica denuncia por el injusto, repugnante y peligroso sainete en que, casi un cuarto de siglo después, se ha convertido el procesamiento de militares que eran subalternos absolutos en los tiempos en que sus supuestos crímenes eran cometidos por superiores que abusaron de la rígida “obediencia debida”, que es la espina dorsal de todos los ejércitos del mundo.

Los fanáticos políticos que alientan y orquestan este destructivo sainete porque creen que obtienen de él dividendos de corto plazo, son los mismos que se lanzaron como lobos a sacarle provecho al caso Penta y ahora no encuentran cómo parar el verdadero agujero negro que crearon y que se ha devorado a toda la clase política y hasta a la propia Moneda.  Es bueno que sepan que será insignificante al lado del abismo que han creado entre la civilidad y los uniformados y que, si no nos ponemos de cabeza a solucionarlo, el día menos pensado se va a tragar algo más que a los partidos políticos.  Y lo que sería hasta divertido si no fuera patético es que, cuando estalla la cacofonía prejudicial que estos casos conllevan, creen que engañan a alguien con la seria cara con que enfrentan las cámaras de televisión para, hasta impostando la voz, soltar esas frases tan manidas e hipócritas como “hay que dejar que la justicia haga su trabajo”.  Y  la justicia que no le aplica a los militares el derecho que  les corresponde, es la misma que les negó justicia a las victimas cuando los crímenes se cometieron y sus culpables estaban a su alcance.

Pero, si el sainete era solo injusto y repugnante hasta anunciarse el procesamiento del General Cheyre, con él se ha convertido en letal.  Según lo que se ha informado, el general será procesado como cómplice y encubridor porque, siendo teniente, servía en un regimiento cuando allí se produjo la ejecución de quince personas.  El cargo, es de suponer, se justifica porque supo momento a momento lo que ocurría y no hizo nada para evitarlo o denunciarlo.  Dejando de lado el hecho de que, si lo hubiera hecho, probablemente habría sido el decimosexto ejecutado, ese cargo evidencia un argumento de complicidad y encubrimiento que se podría esgrimir para todo el regimiento, para no hablar de los propios conscriptos que tuvieron que pasar por el horror de empuñar los fusiles de la muerte.

Si lo del General Cheyre sigue adelante, los políticos pueden frotarse las manos porque habrán abierto la puerta a todos los extremistas y carroñeros profesionales que existen en Chile para que terminen de destruir la lealtad y la confianza que debe existir entre los uniformados y el cuerpo de la nación.

Es de esperar que todavía queden en Chile políticos y estadistas que reconozcan la hora de poner coto al abuso público de las tragedias ocurrida hace casi medio siglo.  Hoy hay que legislar para terminar con el “¡hasta cuándo!¡hasta dónde!” porque en ello va el destino de la democracia chilena.

Orlando Sáenz R.