Columna de Opinión

OSSA VERSUS SOTO: EL DURO ROUND ENTRE LOS COMISIONADOS QUE MARCA EL “FIN DE LA LUNA DE MIEL” DE LA COMISIÓN EXPERTA

 

OSSA VERSUS SOTO: EL DURO ROUND ENTRE LOS COMISIONADOS QUE MARCA EL “FIN DE LA LUNA DE MIEL” DE LA COMISIÓN EXPERTA

Juan Manuel Ojeda

La Tercera PM, 18/04/2023

La sala 1 del edificio de la Cámara en Santiago ha sido el centro de operaciones de la subcomisión de sistema político. Esas paredes han sido testigos del debate de los seis comisionados -Gabriel Osorio (PS), Francisco Soto (Ind. -PPD), Antonia Rivas (CS), Sebastián Soto (Ind. -Evópoli), Natalia González (Ind. -UDI) y Juan José Ossa (RN)- que están tratando de diseñar la sala de máquinas del anteproyecto de nueva Constitución que tiene que redactar la Comisión Experta.

Si hay algo que ha caracterizado a esta subcomisión es su hermetismo, pero no solo eso. Los seis expertos y algunos de los comisionados de otras instancias han destacado el buen tono con el cual han llevado la discusión lo cual les ha permitido lograr -al menos en la primera fase de presentación de normas- grandes consensos en torno al futuro sistema político.

Sin embargo, hubo un giro importante el jueves de la semana pasada. Ese día los expertos tuvieron una sesión para escuchar a otros especialistas que fueron a exponer sobre sistema parlamentario y otros asuntos. La sesión no fue bien valorada por los comisionados quienes al terminar salieron al jardín de la Cámara, algunos de ellos fumaron un cigarro y luego entraron a la sala 1 para tener su primer cara a cara.

Luego de la aprobación en general de las primeras normas -todas visadas por la unanimidad del pleno- los expertos de sistema político no se habían vuelto a ver. Ese jueves tuvieron su primer encuentro y según fuentes de la Comisión Experta los seis comisionados protagonizaron un tenso intercambio.

Al momento de reconstruir la conversación que tuvieron los expertos algunas versiones son contradictorias. Pese a eso, lo cierto es que los seis comisionados hablaron de manera transparente respecto de los asuntos propios de la subcomisión, pero también del panorama general que estaba viviendo la comisión.

Quienes supieron de ese cara a cara comentan que una parte de la conversación estuvo marcada por un fuerte intercambio protagonizado por Francisco Soto y Ossa. Algunos descartan que el tono haya sido duro, pero lo que pasó fue que el comisionado oficialista tomó la palabra para referirse al debate por las listas cerradas.

El experto habría comentado que le causó sorpresa que la bancada de oposición hubiese cambiado su opinión -al volcarse para apoyar las listas electorales abiertas- cuando en un inicio del debate habían dado señales incipientes de pensar un sistema electoral que se basara en listas cerradas, algo que es descartado por la oposición.

El jueves de la semana pasada los expertos que integran la subcomisión de sistema político tuvieron un duro cara a cara que estuvo marcado por un enfrentamiento por el sistema electoral, pero también por la amenaza del oficialismo de querer suprimir normas que ya fueron visadas en general -y de manera unánime- por el pleno.

Testigos de ese momento cuentan que Soto habría deslizado que faltó valentía para persistir en una idea que les hacía sentido en vez de ceder ante presiones externas. Esa intervención tuvo una respuesta inmediata por parte de Ossa quien dejó en claro que su sector nunca había dado su apoyo a las listas cerradas. Así, rechazó que deslizara que hubo interferencia de externos.

Ese fue uno de los momentos más álgidos del encuentro. Luego de eso, ambas bancadas concluyeron que las diferencias en cuanto al sistema electoral eran tan grandes que no había espacio para trabajar enmiendas en conjunto y que, por lo tanto, al menos en la fase de redacción de indicaciones, no iban a gastar energías en acercar posiciones y que eso lo dejarían para después.

Es decir, sin la posibilidad de llegar a un espacio en común lo mejor era esperar al debate posterior para ver las posibilidades reales de negociar un acuerdo.

Esa fue la razón por la cual el lunes en la noche cada bancada ingresó sus enmiendas de sistema político por su lado. La derecha ingresó casi 180 indicaciones, mientras que la izquierda hizo lo propio con una cifra similar.

Fuentes de la Comisión Experta añaden que luego la conversación derivó en temas más generales que abarcan no solo los asuntos de sistema político. El corazón de esta segunda parte del cara a cara estuvo centrado en la “desazón” que manifestó el oficialismo en público respecto de algunas normas -aprobadas en general y de manera unánime- por el pleno.

Aquí los representantes de la oposición comentan -en privado- que consideran que la reacción del oficialismo fue “curiosa”. No logran entender que hayan reclamado públicamente (en redes sociales y en sesiones de la subcomisión de derechos sociales) por normas que nadie los obligó a firmar ni patrocinar. Aquí el tema llega directamente al inciso sobre la libertad de elección entre un régimen de salud privado y uno estatal.

“Tenemos una comisión empatada, nadie tiene mayoría, nadie puso una pistola sobre la mesa para apoyar las normas y solo ellos han reclamado y advertido que no apoyarán los artículos que votaron de manera unánime”, dice un experto de la oposición en privado.

Esa misma sensación fue expuesta, según cuentan fuentes de la comisión, por el experto Sebastián Soto. El abogado habría dicho que no correspondía que el oficialismo reclamara por las normas que fueron parte del acuerdo inicial dando a entender que fueron los únicos que hicieron concesiones, cuando la derecha también tuvo que aceptar temas que no le gustaban y son sensibles para el sector, como por ejemplo la iniciativa popular para derogar normas o el fin del control preventivo sustantivo.

Las mismas fuentes añaden que el comisionado habría agregado que el problema del oficialismo es que no ha sabido valorar los puntos que sí consiguieron.

El trasfondo de eso, dicen en la instancia, es la amenaza -ya notificada- por parte del oficialismo de querer suprimir normas aprobadas en general, como por ejemplo el inciso que pretende dar libertad de elección entre un administrador privado o estatal para el 7% de las cotizaciones obligatorias.

En un momento, cuentan fuentes de la comisión, el experto Osorio pidió la palabra. Quienes saben de lo que dijo aseguran que el abogado socialista habría trasmitido que las casi 200 normas ya aprobadas en general no representan de buena manera las ideas de su sector y que la derecha cometería un error si se cierra al diálogo.

Por lo mismo, agregan las mismas fuentes, deslizó una interpelación a su bancada opositora al decirles que no debían cometer el mismo error que “los convenciones de izquierda” quienes por acallar a la derecha en la Convención presentaron un texto que fue duramente derrotado en las urnas.

Pese a que son varios expertos quienes le bajan el perfil a lo ocurrido ese jueves, lo cierto es que el cara a cara que ocurrió en la sala 1 de la Cámara representa el momento político por el cual atraviesa la Comisión Experta.

Pese a que los comisionados son muy cuidadosos de las formas y nadie está dispuesto a tirar el mantel con escándalo, están al tanto de que les quedan menos de dos meses que serán de mucha complejidad y que ya se “acabó la luna de miel” del órgano.

Por delante tienen la tarea de negociar más de 900 enmiendas y saber ceder lo suficiente para armar un anteproyecto que no le guste demasiado a ningún sector, pero tampoco les desagrade demasiado.

La tarea, dicen ellos mismos, es muy sensible y tienen poco espacio para los errores.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

Columna de Opinión

SOBRE LA POLÍTICA MIGRATORIA

 

SOBRE LA POLÍTICA MIGRATORIA

Pedro Felipe Ramírez Ceballos

El Mostrador, 18/04/2023

El Presidente Gabriel Boric declaró hace pocos días que la inmigración no es un delito, pero que el Estado chileno tiene el derecho de saber quiénes son los que viven en nuestro territorio.

No puedo estar más de acuerdo con esa afirmación y pienso que ella señala los principios básicos que deberían guiar nuestra política migratoria.

Una política enteramente distinta a la seguida por el Gobierno anterior e implementada por el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. Una política que se inició con una suerte de invitación a los venezolanos que querían salir de su país, producto del drama humanitario que vivían y que rápidamente se desmintió al exigirles condiciones de entrada legal a Chile prácticamente imposibles de cumplir para la mayoría de ellos.

Esto derivó en el inicio de un masivo ingreso ilegal, tanto por la frontera con Perú como por la frontera con Bolivia, el que no se ha detenido hasta ahora.

Porque sigo a diario la situación que vive ese país, sé que el drama humanitario venezolano continúa y que seguiremos teniendo que enfrentar la migración venezolana mientras no se resuelva la crisis política que lo afecta desde 2017, que es el origen de todo.

Conozco el peligro que corren para viajar desde su patria a Chile. Nunca en avión sino por tierra: largos tramos en bus, otros más cortos pero agotadores a pie, en viajes que duran no menos de 10 días, donde son estafados por los llamados coyotes y otros abusadores, atravesando zonas de mucho calor y otras de mucho frío, como se da en el altiplano boliviano a más de 4 mil metros de altura, muchas veces con niños, incluso guaguas, y personas ancianas.

Por eso también sé de la firme determinación que tienen de llegar a Chile, pase lo que pase, superando todas las vallas.

Porque no es por gusto que migran. Es por supervivencia. Entonces, como es la experiencia universal, donde toda política migratoria represiva ha fracasado, también nos seguirá ocurriendo a nosotros.

Nadie sabe a ciencia cierta cuántos migrantes venezolanos habitan en Chile. Estimo que, por lo menos, un porcentaje significativo de la cifra conservadora del total de migrantes que han salido de Venezuela que Naciones Unidas ha informado recientemente: 7.200.000. Y que muchísimos de quienes ingresaron en los últimos 4 años lo hicieron por pasos no habilitados y se mantienen ilegalmente en el país

Lo que sí puedo asegurar es que la inmensa mayoría de estos últimos trabaja honestamente, obviamente de manera informal, muchas veces explotados por empresarios inmisericordes. No pocas veces, detenidos o multados por la policía solo por no tener documentación chilena, cédula de identidad o licencia para conducir.

Es efectivo que muchas de las bandas de delincuentes, especialmente dedicadas al narcotráfico y otros delitos violentos, están compuestas por migrantes. A ellos habrá que tratarlos como lo que son: criminales. Al igual que a los criminales chilenos.

Hace pocos días se informó por la prensa que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura le solicitó al Presidente Boric una cierta flexibilización para legalizar, aunque fuera temporalmente, a migrantes que resultan ser indispensables para la producción agrícola. Entiendo que hace algún tiempo algo similar solicitaron las empresas constructoras, ante la escasez de mano de obra especializada en el rubro. Entonces, lo que debemos hacer es diferenciar radicalmente la política migratoria de la política de seguridad ciudadana. Sin embargo, lo que dice el Presidente es justo. Necesitamos saber quiénes son los que habitan en nuestro país. La mejor manera de saberlo realmente es legalizándolos, no solo empadronándolos, atendiendo a su comportamiento ciudadano antes de llegar a Chile y durante su estancia en nuestro país, incorporándolos, de paso, a la indispensable formalidad.

Pero estoy convencido de que los migrantes delincuentes ni siquiera alcanzan al 1% de todos ellos.

¿Vamos a seguir entonces ligando migración con delincuencia, como interesadamente nos quiere hace creer la derecha y su prensa, estimulando la xenofobia en el país, lo que puede llegar a producir dramáticas consecuencias?

Es un profundo error tratar la inmigración con la misma vara con que se trata a los delincuentes.

¿Qué vamos a hacer con el 99% de ellos? ¿Vamos a expulsarlos a todos? Imposible.

¿Vamos a mantenerlos ilegales para siempre, incrementando la informalidad en muchos ámbitos de nuestra vida social, lo que atenta crecientemente contra nuestras instituciones, base de nuestro ordenamiento como país?

Por otra parte, ¿se va a seguir ocultando el enorme beneficio que en diversos planos nos han traído los migrantes, antes y ahora, como es la experiencia histórica de todos los países que han acogido la migración en alguna etapa de su vida?

¿Cuántos médicos venezolanos hay en Chile? Sin duda una proporción relevante de los 42 mil médicos que el Colegio Médico venezolano asegura que han escapado de su patria. Es bueno recordar que, con ocasión de la pandemia, el Ministerio de Salud se vio obligado a autorizar a los miles de médicos venezolanos que aún no habían revalidado su título, para que pudieran ser contratados por el Estado y otras clínicas privadas, para ayudar a atender la emergencia. Quién sabe cuántos muertos evitó esa decisión.

Hace pocos días se informó por la prensa que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura le solicitó al Presidente Boric una cierta flexibilización para legalizar, aunque fuera temporalmente, a migrantes que resultan ser indispensables para la producción agrícola. Entiendo que hace algún tiempo algo similar solicitaron las empresas constructoras, ante la escasez de mano de obra especializada en el rubro.

Entonces, lo que debemos hacer es diferenciar radicalmente la política migratoria de la política de seguridad ciudadana.

Sin embargo, lo que dice el Presidente es justo. Necesitamos saber quiénes son los que habitan en nuestro país. La mejor manera de saberlo realmente es legalizándolos, no solo empadronándolos, atendiendo a su comportamiento ciudadano antes de llegar a Chile y durante su estancia en nuestro país, incorporándolos, de paso, a la indispensable formalidad.

No es una política imposible de implementar, como lo demuestra Brasil, que desde hace años tiene una política migratoria de acogida, no represiva, donde no se generan indocumentados y el Estado desarrolla una serie de iniciativas destinadas a incorporar a los migrantes a la vida económica y social del país.

Política que se mantuvo incluso durante el gobierno de Bolsonaro.

Se podrá argumentar que Brasil puede hacerlo porque tiene más de 11 veces la superficie territorial y la población de Chile. Discutible. Pero sería bueno estudiarla y aprender de ella.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

Columna de Opinión

AGUILERA V/S TORRES: LA DISCUSIÓN A ALTOS DECIBELES QUE SINCERÓ LAS DIFERENCIAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS DE LAS ISAPRES

AGUILERA V/S TORRES: LA DISCUSIÓN A ALTOS DECIBELES QUE SINCERÓ LAS DIFERENCIAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS DE LAS ISAPRES

Ignacia Canales y Isabel Caro

La Tercera PM, 18/04/2023

Como todos los lunes por la mañana, el gabinete del Ministerio de Salud -incluidos las subsecretarías de Redes Asistenciales y Salud Pública- llevó a cabo el pasado 10 de abril su habitual reunión legislativa, aunque con un invitado especial: el superintendente de Salud, Víctor Torres.

Ese día se discutió la situación de las Isapres y en ese contexto la ministra de Salud, Ximena Aguilera, expuso los márgenes de la propuesta que su gabinete venía trabajando hace semanas para una ley corta que permita implementar el fallo de la Corte Suprema que dictaminó a fines del año pasado aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso.

Su implementación le corresponde a la Superintendencia de Salud, para lo cual debe revisar 42 mil planes que tienen 995 tablas vigentes.

Según conocedores de la instancia, ese día ambas autoridades sanitarias protagonizaron una discusión “en malos términos”, que refleja la distancia que los dos mantienen en cuanto a cómo enfrentar la crisis del sistema.

A esas alturas Torres ya resentía que el Minsal lo hubiese dejado fuera de la redacción de la propuesta y desestimara sus planteamientos, mientras que la ministra Aguilera tenía plena convicción de que la propuesta tendría el respaldo político de La Moneda.

En la reunión -que según presentes subió de tono en varios momentos- el superintendente se incomodó por una propuesta que consideró un traje a la medida para las Isapres, por lo que el exdiputado manifestó sus reparos.

Acto seguido, al ser consultado por la ministra si es que tenía algún cálculo que exponer sobre el mecanismo recién presentado, Torres alegó que no podría tenerlo si había sido notificado en ese mismo momento de la redacción del borrador del proyecto, con el que -remarcó- no estaba de acuerdo.

Los últimos meses la ministra de Salud y el superintendente han estado trabajando intensamente para resolver la implementación del fallo de la Corte Suprema que mandata a las Isapres restituir los cobros en exceso. Sin embargo, este trabajo no ha sido fácil, pues entre las autoridades existen diferencias y visiones muy opuestas de cómo resolver el problema, e incluso han llegado a tener roces por lo mismo.

Según personeros de la cartera, la respuesta no le gustó nada a la secretaria de Estado, quien incluso le dijo al superintendente que los cálculos que tenía hasta el momento estaban mal hechos y que estaba haciendo “mal la pega”, enrostrándole que incluso era él quien ganaba más dinero entre todos los ahí presentes.

Esto molestó a Torres, quien subió la voz mientras le decía a la jefa de la cartera que porqué decía algo así, cuando él no se refería a remuneraciones de nadie.

“Solo le digo que usted es la persona que más gana en esta mesa y no hace nada”, fue lo que habría apuntado a la ministra según cercanos a las autoridades.

Una relación compleja. Pero esa no era la primera vez que ambas autoridades se enfrentaban por la estrategia para abordar lo que se ha transformado en una disyuntiva mayor para el gobierno.

Las diferencias entre Aguilera y Torres no son un secreto para nadie en La Moneda. De hecho, fuentes oficialistas aseguran que en cada decisión que el Minsal ha tomado respecto de la implementación del fallo de las Isapres ha encontrado resistencia por parte del exdiputado.

Una de las primeras distancias de criterio entre ambos -dicen quienes han conocido de su relación- fue la necesidad de dar a conocer la cifra estimativa de lo que las Isapres debían devolver a los afiliados al aplicar la nueva tabla de factores.

Mientras Aguilera presionaba al superintendente por un monto en enero pasado, el militante DC advertía que no era bueno entregar cifras de manera anticipada.

Torres tampoco estuvo de acuerdo con que fuese el gobierno el que interpusiera un recurso aclaratorio ante la Corte Suprema -como se terminó haciendo- respecto de las dudas que tenía las aseguradoras en ese momento en torno a los plazos de retroactividad del fallo y cuestiones como la posibilidad de modificar los precios base de los planes para acotar los montos de desembolso.

Fue recién en marzo que el superintendente entregó el cálculo final sobre el monto de devolución que -aplicando los criterios del fallo- deberán pagar las aseguradoras: 1.400 millones de dólares, monto que en primera instancia solo fue presentando a los parlamentarios de las comisiones de salud. Además, la forma en que sus equipos calcularon esa cifra también fue objeto de desencuentro entre Aguilera y Torres.

Pero fue en la reunión de coordinación habitual que tienen los gabinetes de ambos de la semana pasada que la tensión quedó aún más en evidencia.

Quienes han conversado con el superintendente aseguran que -tal como lo interpretaron en el comité político y entre los partidos oficialistas, forzando a Aguilera a retroceder- la propuesta inicial de Salud apuntaba a un verdadero “perdonazo” a las Isapres. Sobre todo, porque sin explicitarlo formalmente, implicaba una eximición del pago del total calculado por el ente regulador de un 90% (de US$ 1.400 a US$ 140 millones) además de extender de manera “excesiva” los plazos del reembolso de esos montos a los usuarios.

Así también, desde el punto vista legal, el análisis es que esta propuesta no era viable, pues el fallo de la Corte Suprema no permite otra forma de cálculo.

Solicitada una versión al Ministerio de Salud, respondieron que entre las autoridades no hay diferencias.

AGUILERA V/S TORRES: LA DISCUSIÓN A ALTOS DECIBELES QUE SINCERÓ LAS DIFERENCIAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS DE LAS ISAPRES

Ignacia Canales y Isabel Caro

La Tercera PM, 18/04/2023

Como todos los lunes por la mañana, el gabinete del Ministerio de Salud -incluidos las subsecretarías de Redes Asistenciales y Salud Pública- llevó a cabo el pasado 10 de abril su habitual reunión legislativa, aunque con un invitado especial: el superintendente de Salud, Víctor Torres.

Ese día se discutió la situación de las Isapres y en ese contexto la ministra de Salud, Ximena Aguilera, expuso los márgenes de la propuesta que su gabinete venía trabajando hace semanas para una ley corta que permita implementar el fallo de la Corte Suprema que dictaminó a fines del año pasado aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso.

Su implementación le corresponde a la Superintendencia de Salud, para lo cual debe revisar 42 mil planes que tienen 995 tablas vigentes.

Según conocedores de la instancia, ese día ambas autoridades sanitarias protagonizaron una discusión “en malos términos”, que refleja la distancia que los dos mantienen en cuanto a cómo enfrentar la crisis del sistema.

A esas alturas Torres ya resentía que el Minsal lo hubiese dejado fuera de la redacción de la propuesta y desestimara sus planteamientos, mientras que la ministra Aguilera tenía plena convicción de que la propuesta tendría el respaldo político de La Moneda.

En la reunión -que según presentes subió de tono en varios momentos- el superintendente se incomodó por una propuesta que consideró un traje a la medida para las Isapres, por lo que el exdiputado manifestó sus reparos.

Acto seguido, al ser consultado por la ministra si es que tenía algún cálculo que exponer sobre el mecanismo recién presentado, Torres alegó que no podría tenerlo si había sido notificado en ese mismo momento de la redacción del borrador del proyecto, con el que -remarcó- no estaba de acuerdo.

Los últimos meses la ministra de Salud y el superintendente han estado trabajando intensamente para resolver la implementación del fallo de la Corte Suprema que mandata a las Isapres restituir los cobros en exceso. Sin embargo, este trabajo no ha sido fácil, pues entre las autoridades existen diferencias y visiones muy opuestas de cómo resolver el problema, e incluso han llegado a tener roces por lo mismo.

Según personeros de la cartera, la respuesta no le gustó nada a la secretaria de Estado, quien incluso le dijo al superintendente que los cálculos que tenía hasta el momento estaban mal hechos y que estaba haciendo “mal la pega”, enrostrándole que incluso era él quien ganaba más dinero entre todos los ahí presentes.

Esto molestó a Torres, quien subió la voz mientras le decía a la jefa de la cartera que porqué decía algo así, cuando él no se refería a remuneraciones de nadie.

“Solo le digo que usted es la persona que más gana en esta mesa y no hace nada”, fue lo que habría apuntado a la ministra según cercanos a las autoridades.

Una relación compleja. Pero esa no era la primera vez que ambas autoridades se enfrentaban por la estrategia para abordar lo que se ha transformado en una disyuntiva mayor para el gobierno.

Las diferencias entre Aguilera y Torres no son un secreto para nadie en La Moneda. De hecho, fuentes oficialistas aseguran que en cada decisión que el Minsal ha tomado respecto de la implementación del fallo de las Isapres ha encontrado resistencia por parte del exdiputado.

Una de las primeras distancias de criterio entre ambos -dicen quienes han conocido de su relación- fue la necesidad de dar a conocer la cifra estimativa de lo que las Isapres debían devolver a los afiliados al aplicar la nueva tabla de factores.

Mientras Aguilera presionaba al superintendente por un monto en enero pasado, el militante DC advertía que no era bueno entregar cifras de manera anticipada.

Torres tampoco estuvo de acuerdo con que fuese el gobierno el que interpusiera un recurso aclaratorio ante la Corte Suprema -como se terminó haciendo- respecto de las dudas que tenía las aseguradoras en ese momento en torno a los plazos de retroactividad del fallo y cuestiones como la posibilidad de modificar los precios base de los planes para acotar los montos de desembolso.

Fue recién en marzo que el superintendente entregó el cálculo final sobre el monto de devolución que -aplicando los criterios del fallo- deberán pagar las aseguradoras: 1.400 millones de dólares, monto que en primera instancia solo fue presentando a los parlamentarios de las comisiones de salud. Además, la forma en que sus equipos calcularon esa cifra también fue objeto de desencuentro entre Aguilera y Torres.

Pero fue en la reunión de coordinación habitual que tienen los gabinetes de ambos de la semana pasada que la tensión quedó aún más en evidencia.

Quienes han conversado con el superintendente aseguran que -tal como lo interpretaron en el comité político y entre los partidos oficialistas, forzando a Aguilera a retroceder- la propuesta inicial de Salud apuntaba a un verdadero “perdonazo” a las Isapres. Sobre todo, porque sin explicitarlo formalmente, implicaba una eximición del pago del total calculado por el ente regulador de un 90% (de US$ 1.400 a US$ 140 millones) además de extender de manera “excesiva” los plazos del reembolso de esos montos a los usuarios.

Así también, desde el punto vista legal, el análisis es que esta propuesta no era viable, pues el fallo de la Corte Suprema no permite otra forma de cálculo.

Solicitada una versión al Ministerio de Salud, respondieron que entre las autoridades no hay diferencias.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.