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EE.UU. ACELERA PLAN DE REACTOR NUCLEAR PARA LA LUNA. Ex-Ante

 

                                                                           EEUU. ACELERA PLAN DE REACTOR NUCLEAR PARA LA LUNA

Ex-Ante – 08/08/2025

 

El primero gana. Estados Unidos quiere instalar un reactor nuclear en la Luna a fines de 2029 y, de esta manera, anticiparse a China y Rusia, que han anunciado el mismo plan para 2030.

A través de un documento, el secretario de Transporte y actual administrador interino de la NASA, Sean Duffy, ordenó el desarrollo de un reactor nuclear capaz de generar al menos 100 kilovatios de electricidad.

  • “Estamos en una carrera hacia la Luna, en una carrera con China hacia la Luna”, dijo Duffy.
  • Dentro de los próximos seis meses la NASA deberá adjudicar contratos para el desarrollo del reactor nuclear.
  • El sistema debiera alimentar aproximadamente 80 casas durante la noche lunar, que dura dos semanas.
Quiere ser el primer país con un reactor de este tipo en la Luna. Sus planes son instalarlo en 2029 y así ganarle a China y Rusia, que planean lo mismo para 2030. Mientras, WhatsApp eliminó más de seis millones de cuentas usadas para estafas globales y un estudio de Microsoft identificó los trabajos más vulnerables a ser automatización por la inteligencia artificial.

Carrera lunar. El apuro de la NASA por ser el primero en tener un reactor en la superficie de la Luna tiene que ver con la competencia internacional: si otro lo instala antes, podría declarar una “zona de exclusión” alrededor del reactor que limitaría las operaciones estadounidenses.

  • La energía nuclear es una fuente sostenible y de alta potencia, describe ABC News.
  • Con esta acción, Estados Unidos busca impulsar una futura economía lunar y establecer una plataforma para misiones a Marte.
  • Los Acuerdos de Artemisa de 2020 establecen “zonas de seguridad” alrededor de instalaciones lunares.
  • Siete países han firmado estos principios de cooperación lunar, excluyendo a China y Rusia.

Noches interminables. “La generación de electricidad a partir de un reactor nuclear transformaría la capacidad de la humanidad para viajar y vivir en el sistema solar”, dice The New York Times.

Hoy la Estación Espacial Internacional tiene un sistema de paneles solares, pero no es suficiente para la permanencia de humanos en la luna: las noches son muy frías y oscuras.

  • Las temperaturas oscilan entre 121° grados Celsius durante el día y menos de 200º grados Celsius en la noche.
  • Los reactores deberán incluir grandes radiadores para gestionar las temperaturas extremas.

La realidad, según los expertos. El plazo es “muy agresivo y francamente poco realista”, declaró Kathryn Huff, ex integrante del Departamento de Energía, a The New York Times.

  • Aún no existen naves espaciales capaces de transportar un sistema que pesaría unas 15 toneladas, detalla CNBC.
  • Las aprobaciones regulatorias para lanzar material radiactivo a través de la atmósfera podrían tomar años, agregó Huff.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

 

Columna de Opinión, News, RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

La política exterior comienza en las zonas extremas. Roberto Ampuero. El Líbero

                                              La política exterior comienza en las

                                       zonas extremas

Hacer política exterior desde las zonas extremas tiene como premisa comprender que Arica y Parinacota y Magallanes y la Antártica Chilena constituyen llaves estratégicas. Una por su vínculo inmediato con Perú y Bolivia y hacia el interior del continente, la otra por ser antesala de la Antártica y constituir un nodo geopolítico de primer orden.

Años antes de ser canciller, cuando presentaba en Arica con Mauricio Rojas nuestro libro Diálogo de Conversos, llamó mi atención, en un encuentro con figuras relevantes de esa ciudad, la etiqueta que adherían a la política exterior chilena: “es como los vuelos Santiago-Lima: sin escala”, “los vemos pasar por arriba, nunca aterrizan aquí”. Describían así el ninguneo que sufrían (sufren) por parte del centralismo: la política hacia Perú y Bolivia se generaba (genera) en un Santiago que ignora la visión de las regiones fronterizas con esos países. Aquel reproche se dirigía también contra la distribución de los ingresos mineros nortinos, fijado por el voraz centralismo. Días más tarde, cuando presentábamos con Rojas nuestro libro en Punta Arenas, nos encontramos con reclamos parecidos: la política exterior se elabora en una metrópoli cercada por montañas, ajena a la proyección austral que esa región brinda a Chile. Es cierto: el centralismo extremo en un país de 4.300 kilómetros de longitud es injusto, oneroso y además nefasto para su visión de mundo, y le impide a Chile tomar conciencia de su singular ubicación geopolítica, sus oportunidades y los peligros que lo acechan.

Por eso, en 2018, como canciller, recorrí las regiones de Arica y Parinacota y Magallanes y Antártica Chilena. No es usual que los cancilleres visiten estas regiones ni que enfaticen la idea de que la política exterior debe considerar de modo particular las zonas extremas. De hecho, visité zonas pobladas nunca visitadas por canciller alguno. No fue, por cierto, un viaje casual. Respondía a una convicción y a una planificación sustentada en la Dirección de Planificación Estratégica de nuestra cancillería, y coordinada, a través del Ministerio de Defensa, con nuestras Fuerzas Armadas, siempre presentes en esas regiones. El mensaje era claro: la política exterior de Chile también se articula desde sus zonas extremas, especialmente considerando la visión, los intereses y la sensibilidad de regiones donde se concentran las mayores complejidades e ineludibles desafíos internacionales para el país.

Por ejemplo, Arica y Parinacota es la única región que participa en tres Comités de Integración: con Perú, Bolivia y el noroeste argentino. Constituye una zona clave para el cumplimiento de compromisos internacionales, la promoción del comercio y de nuestro desarrollo e integración, y por la histórica relación que cultiva con Tacna. Sin embargo, su carácter estratégico no se refleja en nuestro terreno de acción: Perú asigna a Tacna mayor atención política que Chile a Arica y Parinacota. Mientras Tacna crece en población y actividad económica, Arica se estanca y envejece. Al otro lado de la frontera el cuadro es a la inversa. El recorrido que hicimos por el altiplano chileno sirvió para advertir y tomar nota sobre el despoblamiento de nuestro altiplano debido a la carencia de oportunidades, la falta de suministro eléctrico y la escasez de agua, recurso compartido con Perú y Bolivia, lo que se ve crecientemente presionado por la sobreexplotación del lado peruano, según observamos.

Fruto de este viaje y los estudios encabezados por la parte política de nuestra Cancillería, durante el gobierno del Presidente Piñera instalamos el tema de las aguas compartidas en la agenda bilateral (Declaración de Paracas, octubre de 2019). Sin embargo, durante el gobierno de Gabriel Boric no sólo no se ha avanzado en este asunto, sino que éste literalmente se disipó de la tabla. Tras siete años de parálisis, ¿no habrá llegado la hora de solucionar esta diferencia mediante otros mecanismos adecuados para la solución de controversias? Tal vez un gobierno de derecha en Bolivia y otro en Chile puedan contribuir, a partir de 2026, a destrabar este asunto en beneficio mutuo y con miras a revitalizar los nexos bilaterales en el marco de los tratados y marcos legales que nos rigen. Esa región constituye asimismo un corredor para la economía boliviana y puerta de salida natural al mundo de minerales críticos de ese país y también de Argentina. Esa zona enfrenta, además, lo que es de conocimiento público, enormes desafíos en materia de seguridad, migración irregular, contrabando, crimen organizado, robo de vehículos y actividades del narco. Por eso, urge que Cancillería articule un concepto político-estratégico que reconozca que allí están en juego sensibles intereses nacionales, los que para ser enfrentados requieren un afinado ensamblaje entre los ámbitos interno y externo del país.

En el sur, por otra parte, tanto Magallanes como los mares australes y la península Antártica forman un tríptico geográfico y natural único y de relevancia mundial. Es la región nacional que plantea un desafío inmenso para nuestra política exterior y nuestra soberanía: pasos interoceánicos, vastos recursos pesqueros, cercanía con la Antártica y una proyección geopolítica de impacto global, todo eso en una etapa en que las superpotencias escrutan con gran atención y agudo cálculo los mares y los accesos a ellos y surgen nuevas alianzas, articulaciones que están pensado a treinta o cincuenta años plazo como mínimo. Basta con echar un vistazo a los intereses que se expresan hoy en torno al Mar Ártico. Quien se queda atrapado en la foto del presente, no entiende los debates que determina el mundo que se nos viene encima.

No hay duda de que la Antártica pasa por una fase decisiva y dinámica, que ofrece más oportunidades y peligros. Emergen más actores, hay más aportes de la ciencia, surgen nuevas demandas y más competencia. China, India y Rusia refuerzan su presencia allí. La Argentina bajo el presidente Milei avanza sin pausa y consolidando su relación estratégica con Estados Unidos mientras Boric terminará su mandato sin reunirse con Donald Trump, pero hostigándolo en cuanta ocasión puedePor desgracia, son maromas imprudentes por lo divorciadas que están de los intereses de nuestro país. Chile, con ventajas comparativas en ubicación geográfica y logística y con su soberanía sobre el Estrecho de Magallanes debe consolidar su condición de potencia austral y antártica. Ello implica invertir en conectividad -como la finalización de la Ruta Y-85, en eterna construcción por la “permisología” extrema-, la modernización de la retrasada infraestructura en Puerto Williams, y la reforma de la Ley Navarino para dinamizar el turismo y la industria, reduciendo así la dependencia del Estado y reconociendo que Tierra del Fuego acusa un inquietante y desesperanzador estancamiento económico.

Hacer política exterior desde las zonas extremas tiene como premisa comprender que Arica y Parinacota y Magallanes y la Antártica Chilena constituyen llaves estratégicas. Una por su vínculo inmediato con Perú y Bolivia y hacia el interior del continente, la otra por ser antesala de la Antártica y constituir un nodo geopolítico de primer orden, más aún en una época en que cambian aceleradamente los paradigmas globales.

Al no proyectar una visión estratégica para sus zonas extremas y no dar muestra vehemente de ello ni de voluntad de hacerlo, Chile juega con fuego. Otros actores ocuparán el espacio que descuidemos. Nuestra geografía nos privilegió y premió con oportunidades, pero esas circunstancias nos imponen responsabilidades y también el deber de actuar allí con sentido de urgencia y mirada de futuro. Como sabemos, la política exterior no se define sólo en embajadas, cancillerías y foros internacionales, sino también en las fronteras nacionales donde, silenciosamente, se juega el futuro de un país. Hacer política exterior desde las regiones extremas, como lo planteamos e hicimos a partir de marzo de 2018, no sólo fue imprescindible y acertado, sino que trazó también una tarea que debe profundizarse de la mano con una prospección estratégica de mediano y largo alcance que sea capaz de convocar a sectores sociales y políticos. Se trata de un ámbito en el cual deben confluir las miradas estratégicas de los ministerios de relaciones exteriores, del interior y de defensa. Sí, para ser verdaderamente sólida en estos tiempos inciertos, nuestra política exterior debe proyectarse desde nuestras zonas extremas, las que constituyen privilegio y desafío permanentes.  

https://ellibero.cl/tribuna/la-politica-exterior-comienza-en-las-zonas-extremas/ 

Un aporte del Presidente de la Unión, George Brown Mac Lean
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Columna de Opinión, News

Royalty Portuario: Un golpe mortal al mercado laboral. Hugo Barra Salcedo. Director de Liga Marítima de Chile

 

                                                                       Royalty Portuario: Un golpe mortal al mercado laboral

Columna de opinión

Por: Hugo Barra Salcedo. Director de Liga Marítima de Chile 

Ciento quince años atrás, Valparaíso vivía una emergencia laboral. En un lapso de tiempo inferior a un año, se inició la primera guerra mundial, se inauguró el Canal de Panamá y se hundió el Dique Flotante VALPARAÍSO. Hechos que se tradujeron en una brutal disminución de oportunidades laborales para los porteños.

Tripulantes, trabajadores de ribera, obreros del dique flotante remanente, el SANTIAGO, empleados de los almacenes y bodegas que abastecían las naves, etc., pululaban y vagaban para capturar algunas de las pocas oportunidades laborales que el puerto ahora ofrecía. Valparaíso estaba en crisis.

En esas circunstancias nace Liga Marítima de Chile. Una corporación que solo busca poner en valor las oportunidades laborales que el mar ofrece a los chilenos. A impulsar y motivar políticas que contribuyan a crear conciencia e identidad marítima y hacer presente que el mar y los intereses marítimos son fundamentalmente fuente de trabajo formal y digno, de bienestar y esperanzas personal y familiar, para miles de chilenos.

En el Chile actual, la inversión crece a un modestísimo 0,8% anual, el crecimiento proyectado del PIB 2025 alcanzaría un 2,4%, mientras que Argentina lo hará en un 5,5%, Perú en un 3,5% y Bolivia en un 3,7%. Lo anterior se traduce en reducidas opciones de trabajo y modestas cifras de empleo, de hecho, la gestión interanual se tradujo en un desastroso (sic) incremento de 141 nuevos empleos formales. El desempleo del Chile actual, duplica el promedio de los países OCDE, el desempleo femenino se empina sobre el 10%, más del 25% de los empleos son irregulares, y el 50% de los trabajadores formales recibe una remuneración mensual que no supera los $611.000. Todo lo cual configura un escenario de crisis laboral.

Los anunciados proyectos legislativos por parte de algunos de quienes tienen y/o eventualmente tendrán por deber administrar la polis, de aplicar de un royalty portuario y gravar a las importaciones y exportaciones con hasta US$2 por tonelada de carga, no solo implicaría una doble tributación para el sector naviero, el que ya paga hoy el denominado TUP – Tasa de Uso Portuario. Impuesto que no obstante tuvo su origen en la necesidad de mantener y mejorar la infraestructura portuaria (muelles, grúas, almacenes, etc.), y que en los últimos diez años alcanzan a US$ 800 millones, adolece de claridad en su destino.

La mejor forma en que un puerto puede aportar a su ciudad no es con más impuestos, sino logrando ser visto en el mundo como un lugar confiable, moderno y seguro. Cuesta entender que un terminal con capacidad para mover 2,4 millones de TEUs al año cuente solo con dos camiones scanner, y que además se operen de manera ‘aleatoria’. Esa precariedad en los controles no solo pone en duda la seguridad y la trazabilidad de la carga, también termina debilitando la confianza en nuestros puertos, encareciendo los procesos y restando competitividad a Chile frente a otros países.

Un eventual nuevo impuesto a la cadena logística portuaria, solo se traducirá en la pérdida de competitividad portuaria para Chile, incertidumbre y desincentivo para eventuales inversionistas, encarecerá aún más el comercio exterior y el costo será pagado finalmente, como siempre, por el ciudadano de a pie.

Las esperanzas están depositadas en quien -hasta hace algunos días- ejercía como presidente del Directorio de la Empresa Puerto de Valparaíso, y que hoy encabeza el comando económico del sector político que propone este nuevo impuesto. De seguro podrá advertir los negativos efectos que tendría la imposición del royalty en comento, para la economía nacional y el bienestar de los chilenos.

La crisis laboral de hace 115 años tuvo orígenes de carácter externo y golpeó a Valparaíso. La emergencia laboral por la cual atraviesa hoy Chile, se origina en equivocadas medidas de carácter interno, y sus negativos efectos están ya impactando en todo Chile. La imposición de un Royalty Portuario constituiría un golpe mortal al mercado laboral chileno.

 Valparaíso, 17 agosto del 2025

Un aporte de nuestro Director, Francisco Urmeneta

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Columna de Opinión, News

Personas mayores privadas de libertad. El Mercurio – Cartas y Opinión | A2

                                        Personas mayores privadas de libertad

El Mercurio – Cartas y Opinión | A2

https://digital.elmercurio.com/2025/08/18/A/9Q4INGVO/EI4INH8B

Un aporte del presidente de la Unión, George Brown Mac Lean

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Columna de Opinión, News, RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

Cumbre en Alaska. Dr. Jorge Sanz Jofré

                        Cumbre en Alaska

Dr. Jorge Sanz Jofré

 

“En Alaska, Trump y Putin se dieron la mano en un territorio que fue ruso… y eso no es un detalle menor. Entre honores militares, ausencias notorias y frases demoledoras para Ucrania, esta cumbre dejó más mensajes ocultos que acuerdos reales. ¿Paz en camino… o un nuevo tablero de poder?”

Nota del editor: Les recordamos que los comentarios del profesor Sanz se encuentran disponibles en los links de interés al final de nuestra página principal

Columna de Opinión, News

Dignidad relativizada (A propósito del proyecto de ley sobre cumplimiento domiciliario de reos rematados provectos con enfermedades crónicas) Carla Fenández M.

                                                                                  DIGNIDAD RELATIVIZADA (A PROPÓSITO DEL PROYECTO

                                                                                    DE LEY SOBRE CUMPLIMIENTO DOMICILIARIO DE REOS

                                                                                           REMATADOS PROVECTOS CON ENFERMEDADES

                                                                                                                         CRÓNICAS)

Carla Fernández M., Abogada, Derecho Penal-Penitenciario – Diario Constitucional, 07/08/2025

¿Cuál es el propósito del castigo en una sociedad civilizada?
Esta pregunta planteada en el siglo XVIII por Cesare Beccaria en su magistral libro “Dei delitti e delle pene” (1764), y que establece los principios fundantes del derecho penal moderno, redefiniendo los límites y objetivos del castigo
penal, hoy reverdece con particular fuerza, dada la discusión que se lleva a cabo del proyecto de ley del Senado que abre la posibilidad a que reos rematados ancianos y enfermos puedan terminar de cumplir la pena en su
domicilio, atendiendo -entre otras cosas- a la inexistencia de necesidades de prevención especial respecto de ellos, porque básicamente, se trata de ciudadanos absolutamente inofensivos, donde la reincidencia resulta imposible.
Ahora bien, no existiría problema en tan noble y humanitaria moción sino fuera que dentro del universo de ancianos que hoy cumplen pena efectiva (cerca de 2.600 presos), y que se verían beneficiados con esta iniciativa legal, se
encuentran aquellos condenados por causas de DD. HH. (alrededor de 450 personas), lo que levantó una “alarma” en el Gobierno y en una porción minúscula de nuestra sociedad (pero muy influyente políticamente).
Estos piensan que este grupo de personas -a diferencia del resto de los individuos privados de libertad -no debieran acceder sin condiciones adicionales a las que contempla el proyecto- a ese beneficio, dada la gravedad de los
crímenes cometidos, calificados por nuestros jueces retroactivamente como de lesa humanidad (recuérdese que la Ley N° 20.357, que tipifica estos delitos, entró en vigencia recién en julio de 2009).
Tampoco está de más recordar a propósito de esta pregunta que se hace Beccaria y de los delitos y la participación que en los mismos tuvieron jóvenes militares de los años setenta (algunos menores de edad) y que hoy cumplen condena en el cuerpo de una persona provecta y enferma, que el año 2021, la Convención Constitucional acordó la creación de una “Comisión de DDHH, verdad histórica, y bases para la justicia, reparación y garantías de no
repetición”.
En tiempos de sobrepoblación carcelaria, hacinamiento y crisis penitenciaria, la pregunta de Cesare Beccaria sobre el propósito del castigo resuena con urgencia: ¿es posible una pena justa y humana en una sociedad civilizada, o seguiremos sosteniendo un sistema que perpetúa el sufrimiento y olvida la dignidad, incluso de los más vulnerables?
Con esta propuesta pretendían instalar una verdad histórica oficial y un relato en cuanto a la manera de entender las violaciones de DD. HH. y los delitos de “lesa humanidad”, circunscribiendo este fenómeno criminal al actuar exclusivo de agentes del Estado, y asegurando -por medio del ejemplo, esto es, el castigo retributivo draconiano y la negación de beneficios penitenciarios para violadores de DD. HH.- lo que ellos denominaron la “no repetición”.
De hecho, no cabe duda de que, de haberse aprobado el plebiscito constitucional, hubiera sido imposible plantear un proyecto de ley como el que se discute actualmente. Sin embargo, la participación que en la discusión
parlamentaria han tenido algunos órganos del Estado, “deja mucho que desear”, y rememora esa visión plebiscitada fallida, y demuestra, además, su plena vigencia en el actuar de nuestras autoridades gubernamentales frente al
“fenómeno geriátrico-carcelario”.
Dicho esto, cabe señalar que el proyecto en cuestión si bien busca transparentar una realidad carcelaria brutal, haciéndose cargo de ella, y que afecta a los ancianos reos que, en su gran mayoría, cargan con serias enfermedades crónicas, algunas terminales, también tiene su fundamento en una idea básica muy importante recogida del Informe Comisión Rettig, de que “Ciertos valores de la humanidad deben ser respetados no solo por el Estado, sino por todos los actores políticos”.
Precisamente, entre estos valores se encuentra la idea, concepto o principio de dignidad, que en palabras del jurista y profesor Christopher Mc Crudden -una autoridad mundial en materia de DD. HH.- significa aceptar a lo menos tres
elementos mínimos: 1) Todo ser humano por el hecho de existir tiene un valor intrínseco; 2) Este valor debe ser reconocido por otros en sus interacciones; y 3) El Estado existe para servir al ser humano y no al revés.
Entonces, y ya que la vida y la integridad física y psíquica son derechos fundamentales básicos y la dignidad, una condición inherente de todo ser humano, y habida cuenta que el Estado de Chile -a través de Gendarmería- no
ha sido capaz de hacerse cargo de este tipo de internos, y, muy por el contrario, los ha maltratado sistemáticamente -especialmente durante este Gobierno- ya sea por medio de medidas restrictivas de derechos (salud,  visitas, encomiendas, etc.) como por la implementación de una política carcelaria de hacinamiento descontrolado, y sus devastadores efectos en la población penal provecta, esta verdadera tragedia carcelaria que viven actualmente un grupo muy vulnerable de la población penal no puede quedar invisibilizada.
Y los actores políticos (en este caso el Senado) tiene la obligación de ofrecer una salida para este problema humanitario, so pena de incurrir también en una responsabilidad político-penal-internacional.
Del mismo modo, la abogada que suscribe esta carta, no puede sustraerse de esta problemática, y entiende que además cumple una función pública esencial que es ser colaboradora de la justicia, en cuanto representar los derechos de estos reos provectos y enfermos frente a la justicia nacional e internacional.
Especialmente, la urgencia de una solución se hace más patente cuando observamos que Gendarmería de Chile ha llegado incluso a incumplir fallos judiciales de nuestro tribunal vértice (SCS, Rol N° 249.389-2023, de 25/09/2024) que, por ejemplo, ordenó a este órgano a tener un piso mínimo sanitario en el centro penal de Colina 1 (Pabellón Asistir), como contar con un médico de planta y una ambulancia para satisfacer los traslados médicos y
afrontar las emergencias, además de homologar este recinto carcelario que alberga a presos ancianos y enfermos (en este caso, condenados por causas de DD. HH.), con los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores del medio libre (ELEAM), exigiendo -en lo que fuera pertinente- la aplicación del Decreto que los aprueba y regula (DS N° 14-2010, hoy, el DS N° 20-2022). Por cierto, a la fecha de hoy, Gendarmería se encuentra en flagrante desacato.
Por consiguiente, podemos aseverar sin tapujos que el Estado -a través de Gendarmería de Chile- no ha sido capaz de decidir -en derecho y de manera racional- sobre materias tan graves como la libertad y la forma de vida de los
condenados, habiendo perdido definitivamente la brújula orientadora de la función penitenciaria, y basada en el principio de la reinserción social como fin de la pena, y que expresamente consagra la Convención Americana de DD. HH. en sus artículos 5.3 y 5.6, donde preceptúa que “La pena no puede trascender de la persona del delincuente” y “Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.
Esta falta ha derivado inevitablemente en un sistema penitenciario incapaz de garantizar los DD. HH. de los reos bajo su cuidado y cumplir con las recomendaciones provenientes del derecho internacional. A nivel dogmático, la
doctrina penal casi unánime suscribe la frase de Karl Binding, en cuanto a que “el fin jurídico de toda pena se alcanza plenamente con la ejecución penal.
Fuera de la ejecución, no hay fin de la pena” (cit. por Rivacoba (1993), “Función y aplicación de la pena”, p. 1).
Sin dudas, así como Beccaria en su época buscó una salida racional a los castigos brutales e inhumanos que recibían los presos por parte de la Autoridad, depurándolos de la venganza, crueldad y desproporcionalidad que eran connaturales a ellos, hoy tenemos la oportunidad que una ley devuelva la dignidad perdida a un universo de presos vulnerables y les entregue una salida humanitaria, acorde a los tiempos que se viven y en sintonía con el resto de las legislaciones del orbe en esta materia.
Así, p. ej. en Argentina, España y algunos estados de Estados Unidos, se dicta arresto domiciliario para personas mayores que no revisten peligro para la sociedad; en Alemania, Bélgica, Francia e Italia, se aplican suspensiones de penas, y en casos de ancianos enfermos, se ordena su internalización en centros especiales dedicados a su cuidado o derechamente en su domicilio; Dinamarca, Inglaterra y otros estados norteamericanos, aplican lisa y
llanamente libertades condicionales para reos provectos.
Otros países, han decidido ir más allá, y resolver el tema por medio de leyes de amnistía (p. ej. Perú, cuyo Congreso aprobó en julio de 2025 la ley que beneficia a militares procesados por causas de DD. HH. por hechos ocurridos entre 1980 y 2000).
Empero, y pese a que no hay ninguna razón para que el Estado no apoye una iniciativa de esta índole, durante la discusión del proyecto, el Presidente del INDH, Yerko Ljubetic y el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), han exigido requisitos “adicionales” para condenados por causas de DD. HH., en atención a la gravedad de los delitos cometidos (yuxtaponiendo este criterio de gravedad a la dignidad de ese ser humano en particular), lo que creemos, atenta contra el artículo 1° de la Carta Política, que garantiza la igualdad en dignidad y derechos (norma reflejo del artículo 1 de la Declaración Universal de los DD. HH.).
Pero, además, las exigencias de estos órganos estatales para “dar la venia al proyecto”, adolecen de errores que merece ser aclarados:
Primero, el proyecto no conlleva impunidad, ya que sustituye la pena de cárcel (efectiva) por reclusión domiciliaria total, por ende, el beneficiado no adquiere un status libertatis, sino que sigue “privado de libertad”, sólo que en su casa (inclusive, y si fuese necesario, bajo el monitoreo telemático de Gendarmería) y, además, el proyecto exige un tiempo mínimo de cumplimiento efectivo (que es equivalente a la pena de crimen).
En suma, los juicios de DD. HH. siguen adelante y la libertad continúa siendo la única garantía afectada, pero manteniendo incólume el resto. Desde la “otra vereda”, tampoco se vería afectado el sistema indemnizatorio civil por causas de DD. HH. y que ha hecho que el número de causas aumente de 704 en 2019 a 5.885 en 2024, con casi US$ 2.400 millones en indemnizaciones a víctimas y familiares por juicios de DD. HH. (El Mercurio, B.2., 15/01/25).
Segundo, los requisitos subjetivos agregados por el INDH y el CPT (arrepentimiento, opinión de los familiares de las víctimas, colaboración, etc.), son del todo improcedentes, ya que se trata de exigencias que son propias de la etapa de juzgamiento, donde ya se discutieron las minorantes (p. ej. art. 11 N° 9 CP) y la opinión de víctimas y familiares fue recogida en el proceso (querellas, acusaciones, sentencia) y la pretensión de las víctimas y/o familiares fue satisfecha civil y penalmente en la condena (indemnizaciones y pena).
Es decir, ¡hay cosa juzgada! Así, no corresponde exigir estos requisitos en la fase de cumplimiento, momento en el cual, los querellantes y víctimas ya no tienen nada más que hacer ni decir en contra del condenado porque el proceso penal ya habló (art. 466 CPP).
Por el contrario, de aceptarse estos requisitos complementarios -salvo una opinión diferente abundante en “candidez”- tornaría inaplicable un proyecto que -como se indicó- se basa en criterios “objetivos” relacionados con las condiciones carcelarias y la incapacidad del Estado de garantizar los derechos fundamentales de los internos provectos con serias enfermedades crónicas.
Tercero, las exigencias del INDH y el CPT, desfigura el objeto de la Ley N° 20.405 (que crea el INDH), que en su artículo 2° mandata “la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio
de Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”.
Cuarto, y relacionado al punto anterior, está el hecho que el núcleo normativo del proyecto sí honra el Derecho Internacional de los DD. HH. (como parece inadvertir el INDH y el CPT), principalmente, la Convención Interamericana sobre la Protección de los DD. HH. de las Personas Mayores, que en su art. 10°
pone en el centro la “dignidad” de la persona presa (sin distinguir el motivo de su cautiverio) y en el art. 13°, promueve la adopción de “medidas alternativas” a la privación de libertad (una libertad que en verdad ni siquiera considera el proyecto).
En efecto, más de sesenta mil personas presas en Chile para una capacidad de poco más de cuarenta mil, representa un dato duro y la expresión más extrema del atropello a la dignidad humana, que se hace más patente, cuando dentro de ese escalofriante hacinamiento, se encuentran más de dos mil quinientas personas que son adultos mayores, con serias enfermedades crónicas.
Si se pretende discriminar dentro de ese grupo de ancianos, exigiendo más requisitos basados en el tipo de condena, esto es, por causas de DD. HH., lo que se hace es despersonalizar al sujeto afectado, y ello resulta inaceptable en el mundo de hoy, ya que, en la práctica, significa consagrar la existencia de individuos de primera y segunda categoría en esta materia.
Ciertamente, hace poco más de un año, se dio a conocer la Declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, “Sobre la dignidad humana”, elaborada por el fallecido Papa Francisco (que fue particularmente sensible en esta materia carcelaria), y que se enmarcó dentro del 76° aniversario de la Declaración Universal de los DD. HH., cuyo contenido tiene como eje central no solo lo que reconoce este tratado en su primer artículo, esto es, la libertad e igualdad en dignidad y derechos, sino lo que dispone el artículo sexto del
mismo, que deja claro que todos los seres humanos somos personas, señalando que “Todo ser humano tiene derecho, en todas sus partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”, instando a un comportamiento fraternal de los unos con los otros, en la línea del llamado que nos hace Cristo a través del Evangelio de San Juan (10, 11-18).
Siendo así, tenemos un proyecto de ley que permite la jurisdiccionalización de la ejecución, sometiendo todos los más importantes incidentes del cumplimiento de las penas de prisión, a un proceso legalmente reglado, con todas las garantías fundamentales del proceso penal, incluyendo el acceso a recursos ante tribunal superior (Guzmán Dálbora (1998), “Diagnóstico y perspectivas del binomio judicialización-jurisdiccionalización, en el cumplimiento de las penas privativas de libertad”).
Pues bien, lo que se busca con el proyecto es dar algo de dignidad a los presos ancianos y enfermos, que efectivamente han infringido la ley y -solo una parte de ellos- con la calificación judicial adicional de ser un crimen de lesa humanidad, pero que, hasta ahora, han sido deshumanizados e invisibilizados por el Estado.
En vista de ello, es que la pregunta sobre la dignidad -que está en el centro de toda reflexión sobre el Estado- exige tomar en consideración aspectos de humanidad relacionados con la edad y las condiciones de salud físicas y psíquicas de las personas privadas de libertad, sobre todo, si ese mismo Estado en vez de cuidar a estas personas, las está maltratando, dentro de un sistema penitenciario que está destruyendo su identidad, y en donde ellos están
indefensos, algunos, ya desprovistos de interés por la propia supervivencia y alejados de toda esperanza.
En consecuencia, y porque la dignidad del individuo no debe ser confiscada por la imposición de una condena penal y su cumplimiento, ni tampoco la inermidad del preso anciano y enfermo pasada a llevar, creemos que no es el momento -a la hora de evaluar el castigo penal alternativo- de hacer diferencias en torno a la causa del encierro del reo, sino atender exclusivamente a elementos “objetivos” como su condición etaria y de salud y los años de cumplimiento efectivo que exige el proyecto ¡nada más!

 

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

 

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La Unión en el día de la asunción de la Virgen María al Cielo

 

                                                                En el día de la asunción de la Virgen María al cielo

 

Eleva nuestros corazones y nuestros deseos al cielo💙

“En esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María: ella nos abre a la esperanza, a un futuro lleno de alegría y nos enseña el camino para alcanzarlo: acoger en la fe a su Hijo; no perder nunca la amistad con él, sino dejarnos iluminar y guiar por su Palabra; seguirlo cada día, incluso en los momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan pesadas. María, el arca de la alianza que está en el santuario del cielo, nos indica con claridad luminosa que estamos en camino hacia nuestra verdadera Casa, la comunión de alegría y de paz con Dios”. Homilía de Benedicto XVI (2010)

https://www.aciprensa.com/recurso/2366/solemnidad-de-la-asuncion-de-la-virgen-maria