Días antes de que se iniciaran las acciones para enfrentar el coronavirus, en el Instituto de Derechos Humanos hubo algunas noticias que pasaron inadvertidas.
El viernes 13 de mayo el jefe de la Unidad de Estudios del INDH, Osvaldo Torres, y Jorge Ortiz, jefe de la unidad de administración y finanzas, fueron dos de las desvinculaciones que se efectuaron en la institución.
Luego de este hecho, la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del INDH emitió un comunicado en el que señala, respecto de ambas jefaturas que: “en virtud del artículo 161 del Código del Trabajo, fueron denunciados por esta Asociación, con fecha 6 de mayo de 2019, ante el Consejo Directivo del INDH por diversas conductas constitutivas de prácticas antisindicales, falta de probidad, acoso y maltrato”.
“En consecuencia —agrega el escrito—las jefaturas denunciadas fueron sometidas a diversos procesos disciplinarios a las normas administrativas pertinentes, con posibilidades de defensa y descargo”.
Finalmente, solicitan que los cargos sean provistos a la brevedad en el marco de concursos de Alta Dirección Pública con profesionales de alta calidad técnica y “libres de historial de acoso y de maltrato”.
Pero, por otro lado, la reacción fue distinta.
La Asociación Nacional de Defensores y Defensoras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Andedh) afirmó que se buscaba amedrentar “a los funcionarios que se han opuesto a la política de intervención ejecutada por la dirección y los partidos políticos para reducir la autonomía del INDH y relativizar las violaciones a los derechos humanos; negando el carácter sistemático de los delitos y crímenes cometidos por agentes del Estado, con la finalidad de evitar que se asuman las responsabilidades políticas y penales correspondientes”.
Además, afirman que la intervención se inició en noviembre y “continuó con la censura del informe anual 2019 por parte de personas externas a la institución y de confianza del director”.
Quienes defienden al interior del instituto la decisión de desvincular a Torres y Ortiz afirman que las desvinculaciones habrían sido por pérdida de confianza en ambos funcionarios.
Y aseguran que cuestionar la labor del INDH en su informe Anual 2019— como lo habría hecho Osvaldo Torres, señalan— no se condice con el trabajo colaborativo entre distintas áreas del instituto para validar las cifras, ni con las 1.456 querellas criminales contra agentes del Estado.
Desmienten, además, que las desvinculaciones sean de corte político, pues ambos jefes de unidad habían enfrentado complejos procesos con denuncias por prácticas antisindicales y de acoso laboral. En el mismo sentido, afirman que durante la administración de Sergio Micco (DC) al mando del INDH se habría desvinculado incluso a funcionarios que militaban en la DC.
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