Categoría: Columna de Opinión

En “Los Cuadernos de Análisis Político Nº 1”, editados por Ciudadano Austral y Foro Republicano, afirmamos, unas pocas semanas atrás, y entre otras cosas, que:

a. Una de las metas a corto plazo del Partido Comunista era “el desprestigio completo de Carabineros y las Fuerzas Armadas”. A los pocos días, nuestra afirmación se veía ratificada, una vez más, con las declaraciones de la diputada Carmen Hertz sobre el comunicado del Ejército relativo al insultante programa emitido por La Red.

¿Qué dijo la diputada? “Es absolutamente improcedente y creo que es intolerable para el sistema democrático que el Ejército emita un comunicado contra un medio de comunicación, que además las otras dos ramas de las Fuerzas Armadas se sumen, y que posteriormente el ministro de Defensa avale esto, ya que esto significa un gravísimo atentado a la libertad de expresión”. Y agregó: “Las Fuerzas Armadas han tenido, y siguen teniendo, importantes espacios de autonomía corporativa que son absolutamente improcedentes e intolerables”, y lo concretó en “está la Ley de Inteligencia, que le da autonomía absoluta a los sistemas de inteligencia militares, de manera que pueden incursionar en nada más ni nada menos que la inteligencia interna; todo eso no es compatible con la democracia”.

b. Otra de las metas a corto plazo del partido Comunista, decíamos en “Cuadernos de Análisis político Nº 1”, es el desprestigio completo “de la presidencia Piñera para, eventualmente conseguir su renuncia”.

Esta semana nuestra afirmación se ha visto confirmada con las reacciones del Partido Comunista y de sus personeros frente a la decisión del Gobierno de presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por el tercer retiro.

¿Qué han dicho? ExAnte nos informa que “el PC realizó un intenso despliegue en redes; difundieron los cacerolazos acusando que Piñera quiere ‘matar de hambre a Chile’ y que ‘no califica’ para el cargo; sus diputados apoyaron la acusación para removerlo, y las JJ.CC. tuiteaban: ‘Piñera no se salva. Que caiga. Vamos por ti’”. Y agregaba el informativo que “la diputada Camila Vallejo salió a respaldar la acusación… y a las horas lo hizo su par Karol Cariola, llamando a que se ‘acabe pronto su gobierno’. En otro tuit escribió: ‘Chile ya no da más con este gobierno’”. Además, “el presidente del partido Guillermo Teillier respaldó la acusación: ‘Cuando el Presidente da la espalda al pueblo de forma tan autoritaria y abusiva, en medio de una grave crisis, corresponde la acusación’”.

c. Agregamos en “Cuadernos de Análisis Político Nº 1”, que uno de los instrumentos tácticos que utilizaría el Partido Comunista en el futuro inmediato sería “el incentivo tácito o expreso (según momentos y lugares) a la violencia, especialmente destinada a mostrar la incapacidad del Gobierno para el control del orden público, generando así mayor confianza en segmentos juveniles dispuestos a la ruptura”.

ExAnte ha dado a conocer que las JJCC han tuiteado “videos con barricadas en los que se afirma: ‘Ya se siente la protesta. Piñera no se salva de esta: que caiga el criminal’”. Y recordemos el hashtag que está usando el Partido: “#Estallido2021”.

d. Finalmente, afirmamos en “Cuadernos de Análisis Político Nº 1”, que el Partido Comunista utilizaría “las fuerzas sociales que controla, para acosar a los constituyentes, en el nombre del pueblo” y que procuraría cambiar a como diera lugar el quórum de los 2/3.

Efectivamente, ya tenemos esas voces comunistas manifestándose públicamente. El ex ministro y candidato a constituyente por el PC, Marcos Barraza dijo en CNN: “Me resisto a la legitimidad de los dos tercios”, y en La Tercera declaró que “los 2/3 han sido un factor de veto indebido, un factor de veto ilegítimo por parte de la derecha y los neoliberales de manera sostenida desde el año ’90 en adelante; esto ha impedido legislaciones de alta valoración y exigencia popular; fue una concesión gratuita hacia la derecha por quienes firmaron el acuerdo el 15 de noviembre y lo que corresponde entonces es tratar de modificar ese quórum”.

Con nueva fuerza, la ofensiva comunista se despliega en perfecta consonancia con lo que hemos advertido.

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

LA SOMBRA DE LAS NARCORREDES EN LA FRVS: LA ENCRUCIJADA INTERNA ANTE LA TENTACIÓN DE ESCONDER EL PROBLEMA BAJO LA ALFOMBRA

El presidente del partido, Jaime Mulet, se comprometió públicamente a que no habría dobleces y que no se dejaría pasar por alto el problema de las candidaturas independientes que lleva su colectividad vinculadas a la red de Miguel Ángel Aguilera: “Este es un partido nuevo y tiene su historial limpio (…). Si hay algún error, se corrige, pero no vamos a aceptar ese tipo de situaciones”. Han transcurrido las semanas y al parecer el tema quedó hasta ahí, fue cerrado a nivel público y hoy cuesta que algún dirigente de la Federación Regionalista Verde Social quiera hacer declaraciones al respecto. Por lo mismo, en sectores de la colectividad se ha instalado la sensación de que el diputado y timonel se quedó solamente en los dichos de ese día y que el resto de la directiva no mantuvo el ímpetu para tomar cartas reales en el asunto

Nicole Martínez, El Mostrador, 09/04/2021

Cuando el 2017 estalló el escándalo de las narcorredes en la gestión del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, toda la clase política espantada salió públicamente a rasgar vestiduras y, desde entonces, hacen lo mismo cada vez que surge una nueva arista del fantasma de la narcopolítica.

El problema es que, más allá de las declaraciones públicas, no todos los partidos toman realmente cartas en el asunto, se demoran y muchos miran para del techo, mientras el peligroso fenómeno sigue avanzando en el país.

El último episodio de esta índole remeció en marzo a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), colectividad que hoy se encuentra tensionada entre los que optan por dejar bajo la alfombra el problema y los que están presionando para tratar de zanjarlo de raíz.

Un reportaje de La Tercera, el 21 de marzo, estableció que algunos independientes que van de candidatos municipales en la zona Sur de la Región Metropolitana en cupos de la FRVS, están ligados a la red de Aguilera.

La publicación apuntó al jefe comunal y candidato a la reelección por Lo Espejo, Miguel Ángel Bruna; al candidato a alcalde de La Granja, Claudio Arriagada; y los postulantes a concejales, Francisco Andrés Olguín por San Ramón (ahijado de Aguilera), José Miguel Torres por El Bosque (condenado por infracción a la Ley de Armas), y Héctor Cataldo, también por El Bosque.

Recién tres días después, el presidente de la FRVS, Jaime Mulet, se comprometió públicamente a que no habría dobleces y que no se dejaría pasar por alto el problema: “Este es un partido nuevo y tiene su historial limpio (…). Si hay algún error, se corrige, pero no vamos a aceptar ese tipo de situaciones”.

Expresiones que en su momento fueron aplaudidas a nivel interno en la FRVS, pero que hoy generan ruido, porque el tema quedó hasta ahí, fue cerrado públicamente y hoy cuesta que algún dirigente de la tienda quiera hacer declaraciones al respecto.

Además, en las semanas siguientes, en sectores del partido se ha instalado la sensación de que el diputado Mulet se quedó solamente en las palabras de esos días, que el resto de la directiva no mantuvo el ímpetu con otros gestos para tomar cartas reales en el asunto.

Cuando se supo de las candidaturas ligadas a Aguilera, el tema cayó pésimo en la interna de la FRVS, sobre todo porque en la colectividad varios afirmaron que el asunto había sido advertido antes a la directiva de la, incluso desde otras fuerzas políticas, por lo que ese era un problema que “se pudo evitar o adelantarse al menos”.

En la tienda cuestionan que “se pudo hacer más” y que todavía “falta una señal clara a la ciudadanía” en cuanto a que la FRVS no apoya a esos candidatos. “Esto es grave, no se le ha tomado el peso. Debimos ser mucho más duros”, afirmó un militante que optó por hablar en reserva y que reconoce que hay preocupación sobre los efectos entre sus filas y en las elecciones.

Desde la directiva nacional de la Federación Regionalista Verde Social explicaron que están analizando distintos caminos a seguir con abogados, pero que se ha descartado la posibilidad de anular las candidaturas, por imposibilidades legales. Si bien se resisten a tratar el tema de manera pública, algunos de sus integrantes ven con buenos ojos realizar una declaración en la que se quite explícitamente el respaldo a los candidatos cuestionados, como lo han hecho otras fuerzas políticas en este tiempo para otras situaciones, como el Frente Amplio y la UDI.

“Limpiar” la Región Metropolitana. Es un hecho de la causa que la sombra de las narcorredes cayó sobre la FRVS de la Región Metropolitana, que se constituyó recién a inicios del 2020, tres años después de la conformación de la colectividad. La duda está instalada, más aún cuando internamente en el partido afirmaron que Olguín –el ahijado de cuestionado alcalde de San Ramón– obtuvo el cupo en la plantilla a cambio de asegurar 200 militantes que permitieron la conformación del partido en la RM.

El tema incomoda y preocupa al interior de la FRVS, pero no hay una sola visión acerca de cómo enfrentarlo, ni siquiera dentro de la mesa. A eso se suma que el sistema federado de la colectividad le da autonomía a cada región, lo que dificulta llegar a decisiones rápidamente.

Dicen que hay varias propuestas para abordar el problema, pero no han sido aún presentadas oficialmente hasta ahora en las reuniones semanales.

El diputado de la FRVS Esteban Velásquez, valoró las gestiones iniciales que hizo la directiva, sin embargo, se abrió a que se puedan reforzar estas acciones con medidas más tajantes. “El partido fue sólido en las primeras medidas que tomó, apenas tuvo conocimiento de la situación, separando al dirigente en cuestión. El partido no dejó pasar un día para concretar medidas (…) y estoy seguro de que, si hay que hacer otros gestos y mostrar otras cuestiones que pongan más solidez a este procedimiento, se hará”, dijo.

De hecho, hay una propuesta drástica que circula como opción: la FRVS de la Región de O’Higgins pedirá refichar completamente a la RM, es decir, expulsar a todos sus militantes y abrir un nuevo proceso, más exhaustivo, de inscripción.

Durante estos días esperan entregar una carta a la directiva y el tema podría abordarse en una reunión en los próximos días. Dirigentes de otras regiones no se cierran a esa opción. En la directiva insistieron en que esta alternativa tiene dificultades técnicas y legales, por lo que se inclinan por pasar al Tribunal Supremo a todos los militantes cuya afiliación genere dudas.

Los descargos de Droguet. Cuando estalló el escándalo en la FRVS se señaló que quien visó las polémicas candidaturas fue el presidente del partido en la RM, Juan Droguett, quien trabaja a honorarios para el municipio de San Ramón y que fue pasado al Tribunal Supremo de la tienda. “Va a ser expulsado sí o sí”, sentenciaron en la Federación Regionalista Verde Social, una confianza que –según algunos militantes– es la que “ha paralizado” a la mesa directiva para intentar otras medidas de mayor peso, para “evitar que se manche el partido”.

Droguett tiene hasta este sábado para presentar sus descargos ante el TS sobre las tres las acusaciones que se le hacen: 1) visar a candidatos ligados con el alcalde de San Ramón; 2) manifestar en redes sociales su postura contraria al pacto con el Partido Comunista; y 3) realizar una acusación contra Mulet por un supuesto traspaso de dineros a una candidata.

Si bien confirma su postura contraria al pacto con el PC, Droguett señala que fue otro militante el que acusó la entrega de aportes. Y sobre los candidatos vinculados a narcorredes, fue tajante y categórico en que él no visó incorporar a esos abanderados independientes a la plantilla del partido, sino que –recalcó– fue el propio timonel de la FRVS quien dio el visto bueno, algo que en la directiva descartaron. “Los cinco fueron visados por Mulet. A dos de ellos (Miguel Ángel Bruna y Claudio Arriagada) los contactó directamente y los otros llegaron al partido y fueron visados primero por él”, sostuvo.

Droguett alega que el procedimiento en su contra es irregular, porque debió primero pasar al TS regional, al tiempo que agregó que prepara una querella por injurias y calumnias.

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

Luego de los nueve días en los que fue designado jefe de la Defensa Nacional en la Región Metropolitana durante las primeras horas del estallido social, la carrera militar del general Javier Iturriaga Del Campo ha estado intensamente movida.

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Wrongful conception

Hernán Corral Talciani, Abogado, El Mercurio, Columnistas, 03/03/2021

Se da el absurdo jurídico de que la alegría de que llegue un nuevo ser humano al mundo debe ser calificada como un mal indemnizable.

Mientras la ciudadanía no se repone de la aparición del cadáver de Tomás y se estremece por la muerte a balazos de otros dos niños de 5 y 6 años, se anuncia que más de 100 mujeres, organizadas por la corporación Miles Chile, se proponen demandar al Estado porque van a tener un hijo que, según ellas, no habían previsto.

Alegan que quedaron embarazadas por haber tomado pastillas anticonceptivas defectuosas que les fueron proporcionadas por centros de salud públicos.

Se trataría de casos conocidos como wrongful conception o anticoncepción fallida, que consisten en procedimientos de esterilización (ligamiento de trompas, vasectomías, dispositivos intrauterinos) que, producto de una mala praxis médica, no funcionaron bien y permitieron un embarazo.

Por cierto, aunque es más complejo de acreditar, también se aplicarían a fallas en píldoras anticonceptivas o preservativos.

No profundizaremos aquí la cuestión de la moralidad de la anticoncepción por métodos artificiales, pero no podemos menos que dejar constancia que desde la encíclica Humanae vitae de Paulo VI, pasando por la Evangelium vitae de Juan Pablo II, hasta la Amoris laetitia del Papa Francisco, el Magisterio de la Iglesia Católica enseña que para que el acto conyugal sea un acto humano y digno ha de estar abierto a la transmisión de la vida y que para regular los nacimientos solo son admisibles los métodos naturales.

Incluso el Papa Francisco en numerosas ocasiones se ha referido como “colonización ideológica” a las políticas antinatalistas que las potencias y organismos internacionales imponen a los países más pobres.

Legalmente, sin embargo, hemos de constatar que el mismo Estado distribuye gratuitamente este tipo de anticonceptivos, lo que se remonta a políticas impuestas por Estados Unidos al gobierno de Eduardo Frei Montalva, con lo que se da la paradoja de que un país como Chile, en que la tasa de natalidad va en franco descenso, los órganos del Estado no solo permiten, sino que fomentan la anticoncepción como parte de la “salud reproductiva”.

En la responsabilidad civil por wrongful conception se da el absurdo jurídico de que la alegría de que llegue un nuevo ser humano al mundo debe ser calificada como un mal indemnizable ya sea por el médico, el laboratorio o por el Estado. El nacimiento de un niño es considerado un daño.

Se intenta soslayar esta consecuencia con la idea de que el daño no es el niño, sino la lesión al derecho a la autonomía reproductiva de la mujer, pero lo cierto es que esa lesión se da porque nace un hijo no deseado, con lo que finalmente es el niño el resultado dañino. Considerar la vida humana como daño, aunque sea excepcionalmente, es un debilitamiento de lo que debiera ser su inviolable dignidad.

Además, esta lógica utilitarista se expande y comienzan a concederse indemnizaciones en dinero por niños que nacen por errores de diagnóstico que impiden a la mujer abortar (wrongful birth: nacimiento erróneo) y si el niño nace con alguna enfermedad o discapacidad se admite que él mismo obtenga resarcimiento por haber sido traído a la existencia en esas condiciones (wrongful life: vida errónea).

Es célebre el caso Perruche, en el que la Corte de Casación francesa estimó que un niño que había nacido discapacitado porque su madre, debido a un diagnóstico erróneo, no pudo optar por abortarlo, debía ser indemnizado. Esto produjo un escándalo porque el fallo venía a decir que era mejor para los discapacitados no existir. La protesta fue tan fuerte que tuvo que dictarse una ley para disponer que nadie puede reclamar como perjuicio el solo hecho de nacer.

Si efectivamente mujeres quedaron embarazadas por un defecto de anticonceptivos proporcionados por el Estado, este debiera apoyarlas con los gastos del parto y otras prestaciones similares. Así se evitaría que el tema se judicialice y —aunque ha habido algunos casos en Cortes de Apelaciones por tratamientos de esterilidad fallidos— tengamos ahora una sentencia de Corte Suprema que introduzca en nuestra jurisprudencia la inhumana idea de que alumbrar un hijo es un daño indemnizable.

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

 Durante la pandemia de covid-19 el trabajo y las relaciones familiares y sociales han pasado a ser fundamentalmente a distancia. Utilizamos a menudo dispositivos como el ordenador o el móvil. Dado que se entiende que estos dispositivos electrónicos producen “fatiga ocular”, podemos sentir que este problema ha aumentado en los últimos meses.