Categoría: Columna de Opinión

Un Juez Habló (BLOG DE HERMOGENES PEREZ DE ARCE)

LAS OPINIONES EMITIDAS EN ESTA COLUMNA DE OPINIÓN, ES DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE UNOFAR

Y dejo estampado todo lo anterior para “perpetuo honor” del ministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, que ha tenido el coraje de levantar la voz en defensa de las normas constitucionales y legales trasgredidas en procesos “que tanta división producen hasta el día de hoy entre los chilenos, evitando la necesaria reconciliación”.

MARTES, 7 DE FEBRERO DE 2017

Un Juez Habló

          El ministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, se ha opuesto a la redistribución de causas de derechos humanos resuelta por la mayoría izquierdista del tribunal, que por casi dos decenios viene atropellando la Constitución y las leyes en esos procesos, y ha expresado en su voto de minoría:

          “Llama la atención de este disidente que la mayoría de los procesos a los cuales se ha nombrado un ministro en visita han sido resueltos en virtud de principios y doctrinas foráneas, apartándose e infringiendo las normas constitucionales que rigen la materia”.

          La conducta descrita por el ministro disidente es constitutiva de un delito que se llama “prevaricación” y ello ha sido denunciado con insistencia majadera en este blog durante casi siete años. Sólo se ha hecho posible con la complicidad de todos los gobiernos y los partidos políticos y en particular con la coautoría del régimen de Sebastián Piñera, que triplicó de propia iniciativa las querellas interpuestas contra militares con infracción de “las normas constitucionales y legales que rigen la materia”, para emplear los términos del ministro Valdés.

          Tal conducta ha sido denunciada y documentada principalmente en el libro de mayor importancia publicado en 2014 y titulado “Procesos Sobre Violaciones a los Derechos Humanos, Ilegalidades, Inconstitucionalidades y Arbitrariedades”, de Adolfo Paúl Latorre, que seguramente en el futuro va a pasar a ser de lectura obligatoria en las escuelas de leyes cuando en el país se restablezca el Estado de Derecho, es decir, cuando la mayoría de jueces prevaricadores de izquierda ya se haya acogido a jubilación, aunque no lo haga en las ventajosas condiciones del juez Alejandro Solís, famoso por sus condenas basadas en “ficciones jurídicas” y que, al acogerse a retiro con una jugosa jubilación, fue adicionalmente premiado con una asesoría con altos honorarios por el Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, en los días siguientes a haber reconocido en el programa “El Informante” de TVN y bajo mi personal interrogatorio, que no cumplía con el requisito básico impuesto por el código a todos los jueces, de probar la existencia del delito por el cual condenaba.

          Pero no sólo eso, la mayoría izquierdista de la Corte Suprema tuvo la, perdonando la redundancia, suprema desfachatez de reconocer urbi et orbi, en su oficio 8182-2010 que en la legislación chilena no existían disposiciones que le permitieran condenar a los militares procesados, no obstante lo cual lo había hecho. Esto, que habría ameritado aprobar una o más acusaciones constitucionales para destituir y sancionar a los altos magistrados confesamente prevaricadores, nunca dio lugar a ninguna acusación interpuesta por el número de diputados que establece la Constitución, por “notable abandono de sus deberes” de los ministros de los tribunales superiores de justicia. Ello acredita que, en la realidad del país, “las instituciones no funcionan”. En el fondo, todos los sectores políticos han encubierto la prevaricación judicial.

          El ministro Valdés, en su voto disidente, ha señalado que el objetivo de designar estos ministros en visita en materia de derechos humanos era terminar “dentro de un plazo razonable tales procesos, lo que a juicio del suscrito tanta división produce hasta el día de hoy entre los chilenos, evitando la necesaria reconciliación y secundariamente, costando al erario nacional ingentes recursos, no obstante que el conocimiento y resolución de tales procesos pudiera estar a cargo de los jueces naturales”.

          Es que la mayoría izquierdista de la Corte Suprema justamente no ha querido dejar en manos de los “jueces naturales” estos procesos, porque ellos, de partida, pueden incurrir en la “políticamente inconveniente” conducta de aplicar las leyes, exculpando a los militares. O, aun respetando la jurisprudencia ilegal de sus superiores, condenando a los militares a penas remitidas, como sucedió en el proceso 288-12 contra cinco uniformados del cuartel Ancla Dos de Talcahuano, que en primera instancia y en la Corte de Apelaciones recibieron penas remitidas de 541 días por su supuesta participación en la muerte, en 1973, de un extremista con entrenamiento en Cuba, proceso que al llegar a la Corte Suprema por casación interpuesta por el gobierno de Sebastián Piñera, dio lugar a que la famosa segunda sala les subiera la pena a cinco años y un día efectivos, mediante la “ficción jurídica” de que mantenían “secuestrado” al extremista hasta hoy. Eso motivó mi artículo “impublicable en la revista del Colegio de Abogados” (por rechazo de su consejo editorial, de mayoría “de centroderecha”) en que yo criticaba la antijuridicidad de ese fallo, en vista de lo cual lo reproduje en este blog el 27 de marzo de 2015, para “perpetua vergüenza”.

          Y dejo estampado todo lo anterior para “perpetuo honor” del ministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, que ha tenido el coraje de levantar la voz en defensa de las normas constitucionales y legales trasgredidas en procesos “que tanta división producen hasta el día de hoy entre los chilenos, evitando la necesaria reconciliación”.

El avión

El enviado especial. El abogado Felipe Silva recibió hace seis años un informe sobre los vínculos de las FARC con el PC y grupos mapuches, que le entregó el Ministerio de Defensa del gobierno colombiano. Hoy acusa que “la Fiscalía no ha hecho la pega” y pide explicaciones a la presidenta Michelle Bachelet. Hace público el documento y dice que prefiere difundir la información para que sea la ciudadanía la que evalúe el tema. Por Paula Comandari Julio 30, 2015, QUE PASA Durante seis años mantuvo su compromiso de guardar reserva sobre el informe que recibió en Colombia. Pero el actual contexto de violencia en el sur de Chile motivó al abogado Felipe Silva (49) –del estudio Silva y Lira– a hacer público el documento de más de 400 páginas que le entregó el edecán del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos –hoy presidente de ese país– y que acusa un vínculo de las FARC y grupos mapuches, y de los lazos que el grupo guerrillero mantuvo con el Partido Comunista (PC). “Me llama la atención que pasado todo este tiempo y teniendo en las manos un informe tan detallado como éste no haya sido posible calificar los delitos que ocurren hasta hoy como tales. La cantidad de ataques, el orden con que actúan, la logística, la capacidad para hacer daño y replegarse evidentemente corresponden a personas que recibieron instrucción armada. Y aquí no se hizo nada”, recrimina el profesional que hoy busca poner a disposición de las víctimas el contenido completo de ese secreto informe –un conjunto de correos electrónicos encontrados en el computador de Raúl Reyes, el segundo hombre más importante de las FARC, y el encargado de la propaganda internacional del grupo terrorista, abatido en marzo de 2008– cuyo contenido íntegro siempre se mantuvo bajo total confidencialidad  (ver extractos de varios correos electrónicos en recuadro inferior). El primer link sobre el tema lo obtuvo la presidenta Michelle Bachelet, en su primera administración cuando, en mayo de 2008, el ex mandatario Álvaro Uribe le envió por medio de Gustavo Villalobos –también director de la ANI en ese gobierno– un completo dossier que el gobierno nunca entregó al Ministerio Público, por considerar que la información no acreditaba delitos. El revuelo se armó cuando tres meses más tarde, en agosto de 2008, el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera y el senador Alberto Espina entregaron al fiscal nacional Sabas Chahuán esa misma documentación, sin explicitar cómo habían accedido a ella. Si bien nunca se hizo público el contenido completo de la carpeta, el conflicto político fue evidente: varios de los ministros de entonces acusaron a Piñera y Espina de “ser parte de una operación política y personas que pusieron temas de política exterior y seguridad nacional como temas de política interna”. Muchos, incluso, pusieron en duda la veracidad del informe y lo tildaron de “montaje”. Los contactos de ambos políticos y el gobierno colombiano continuaron después del impasse. De hecho, seis meses después, el Ministerio de Defensa ofreció a la “dupla” nuevos antecedentes, incluido un mensaje en que señala que fue Guillermo Teillier, presidente del PC, quien autorizó el viaje de varios de sus camaradas al campamento de Raúl Reyes; una carta de Juan Andrés Lagos a las FARC, una misiva de Raúl Reyes a Lautaro Carmona, y otra de Reyes al entonces secretario general de las Juventudes Comunistas, Sergio Sepúlveda, quien se señala también visitó al abatido líder del grupo armado. Fue en una caminata por el cerro Manquehue, cuando Piñera y Espina le pidieron a Felipe Silva que fuera al Ministerio de Defensa colombiano a retirar un nuevo informe. “Entonces yo viajaba con regularidad a ese país para asesorar a un cliente. La misión de emisario me pareció completamente posible”, afirma el profesional. CONTACTO EN BOGOTÁ “Yo iba a una reunión con el ministro de Defensa, pero no por eso tuve un trato especial. En la cita con el edecán de Santos supe que lo que me iban a entregar era información de máxima gravedad. El hombre relató mi vida, cuántos hijos tenía, sus nombres, los colegios a los que iban y me advirtió que esta información tenía que ser entregada en Fiscalía para ser investigada y procesar a las personas responsables de esta colaboración terrorista, y no ser utilizada para fines electorales”. –Salí atemorizado, entendiendo la advertencia –dice Silva. Por eso, apenas pudo cumplió con el cometido: entregó a Alberto Espina el informe en papel –“titulado: Soporte Información Chile”–, que cuenta con 469 páginas y su formato digital que obtuvo en el Ministerio de Defensa, no sin antes guardar una copia en su computador. Los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público. Ya para entonces Chahuán había puesto a investigar a Emiliano Arias, fiscal que tiempo antes había iniciado una investigación de oficio para dilucidar los vínculos de las FARC con los chilenos; y al fiscal por La Araucanía, Francisco Ljubetic. –No tengo certezas si la Fiscalía ejerció bien su labor. Lo pongo en duda. Creo que hay un desaprovechamiento de esta información para calificar estos delitos como corresponde: asociación ilícita o que se haya aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado para tipificarlos de alguna forma. El tema es que no lograron judicialmente solucionar el problema. Los cabecillas después de seis años siguen intocables, los daños se están multiplicando, las zonas de conflicto se han ampliado y la capacidad que tiene el Estado de reaccionar es nula”. Pero el abogado va más allá. Cuestiona que el PC siga legislando, aún cuando los mensajes electrónicos dan cuenta, según él, de la vinculación de varios de sus personeros con las FARC. Además, pide explicaciones a la presidenta Bachelet. “La ANI consideró que las materias del informe no eran constitutivas de delito. Yo me pregunto ¿es la agencia de Inteligencia la institución indicada para decir si existen o no delitos? La respuesta es no. Eso es atribución de los tribunales de justicia. Entonces, obviamente, uno sospecha, ¿hubo interés para que esto no se investigara?”. –La presidenta Bachelet tuvo cuatro meses para entregar el informe al Ministerio Público, y no lo hizo. Yo le pediría a ella que explique pormenorizadamente qué se hizo con este informe. Pasados los años vemos que el tema sigue pendiente y me parece grave que el gobierno chileno no haya adoptado una postura clara respecto al problema mapuche, que sigue con un nivel de desprotección jurídica y judicial. –¿Por qué decide hoy hacer público el informe? –Porque la violencia, que no es violencia común, sino que es violencia con un grado de perfeccionamiento y capacitación militar, no puede seguir quedando impune. No me cabe duda que la actuación que están desarrollando los grupos violentos en el sur, en todo el tema de la toma de tierras, está influenciada por una ideología, las FARC, por lo que se está llevando a cabo con un conocimiento del manejo de armamentos y logística guerrillera. Si esto no se ha podido probar es porque han fallado todos los sistemas. Las instituciones, la Fiscalía. Por más que todos queramos que no haya una vinculación, por la lectura del informe, a mí me parece que la hay. Después de analizar el informe y atendida la eficiencia demostrada por la Fiscalía para perseguir los distintos delitos, no estoy convencido de que se hizo la pega. –Desde la Fiscalía explican que efectuaron una investigación exhaustiva, pero que en el caso del PC nunca pudieron acreditar los delitos. –La recopilación de los correos electrónicos secuencial y cronológicamente que hicieron los señores de las FARC a personeros que hoy son parte de la Nueva Mayoría, Guillermo Teillier, Juan Andrés Lagos y Lautaro Carmona, por ejemplo, saben y debieran reconocer que formaron parte de la lucha armada directa en ese país. ¿No le parece suficiente que aparezca el señor Teillier, que ostenta la presidencia del partido, autorizando en los correos que su gente vaya a los campamentos de Raúl Reyes? Las FARC no son una casa de monja. Han tenido el interés de nutrir con capacitación armada al resto de América Latina. –En su momento, si bien nunca se supo si los informes aludían directamente a Teillier, éste señaló que esto era un montaje y el trabajo de los servicios de inteligencia colombianos. –Siempre las mismas explicaciones. A mí me parece grave que personas a cargo de legislar hayan estado involucradas en esto hace tan pocos años. Por eso me parece mejor que el tema ahora lo evalúe la ciudadanía y los tribunales de justicia. EMILIANO ARIAS: “ACREDITAMOS VÍNCULOS DEL PC CON LAS FARC” Durante dos años Emiliano Arias trabajó en colaboración con la Fiscalía Colombiana y de La Araucanía, y con Carabineros en este tema, logrando acreditar que Roque, el principal interlocutor entre el PC y Raúl Reyes, era el comunista Manuel Olate. Él lo niega hasta hoy. A Roque llegaron a detenerlo y lo llevaron a juicio para extraditarlo. Pero finalmente Colombia se desistió: la justicia consideró que los correos electrónicos no eran una prueba legal, al haber sido incautados en territorio ecuatoriano, sin las autoridades de ese país. Arias afirma que efectuaron una investigación “profunda y exhaustiva”. Y que si bien, pudieron probar la vinculación del PC con las FARC, las conductas no eran constitutivas de delito en Chile. Lo que sí comprobó es que una decena de mapuches viajaron a campamentos colombianos, y que luego estuvieron vinculados a actos criminales en Chile. Hubo presos, pero la mayor parte de ellos salió en libertad. –Usted recibió varios informes que vinculaban a las FARC con el PC, ¿por qué nunca indagaron a las personas que fueron mencionadas en esos correos electrónicos? –Nosotros realizamos una investigación de varios años. Logramos acreditar que existían vínculos de algunos miembros del PC con las FARC por medio de los correos electrónicos del computador de Raúl Reyes, toda información verdadera. Accedimos a fotos de varios PC en los campamentos, y toda la información se verificó incluso con los ingresos y salidas de los pasos fronterizos. Sin embargo, no encontramos antecedentes para acreditar que hubo intercambio de armas o platas, de modo de establecerse, por ejemplo, el delito de financiamiento del terrorismo u otros. –Silva dice que esto podría haberse tipificado como asociación ilícita. –Si bien aquí se comprobó que hubo vínculos de una organización terrorista como son las FARC, nunca se tradujeron en la comisión de delitos en Chile, por lo que no se puede establecer el delito de asociación ilícita. En Colombia sí es delito, por tanto, nosotros colaboramos en la investigación del comunista Manuel Olate, alias Roque, el principal vínculo de las FARC en nuestro país, y se le llevó a juicio, para extraditarlo. Finalmente, Colombia se desistió. –La ANI entonces señaló precisamente eso: que los hechos en el informe no eran constitutivos de delito, por eso el informe no fue enviado al Ministerio Público… –Lo que está claro es que en el informe había antecedentes suficientes para haber iniciado una investigación penal, independiente de si se encontraban delitos o no. La ANI no es la institución especialista para definir eso, sino que el Ministerio Público. –¿Había alguna forma de investigar a los miembros del PC que supuestamente, y según los correos electrónicos (ver abajo), colaboraron con el grupo armado? –Lo único que podría haber sucedido es que el gobierno aplicara la Ley de Seguridad Interior del Estado, por delitos contra el orden público. En Chile el terrorismo no ha llegado tan lejos como en otros países como Colombia, por ejemplo, por eso la reacción legislativa no ha sido tan dura como en otras partes respecto a definir como delito el promover ideologías terroristas. Si entonces se hubiese aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado podríamos haber comenzado una investigación penal cuyas diligencias habrían incluido llamar a declarar a todos los comunistas involucrados en los correos electrónicos. Pero eso nunca sucedió.

Estimados compatriotas y amigos:

Es un honor y una gran responsabilidad para mi que se me haya concedido el privilegio de dirigirme a ustedes, en esta ocasión, para exponerles uno de los aspectos de la grave crisis moral por la que está atravesando nuestra República. Me refiero al quebrantamiento del Estado de Derecho que tiene lugar en los procesos denominados “de violación de derechos humanos”.

Será una difícil tarea la de resumir en diez minutos un libro de mi autoría que tiene cerca de 800 páginas, pero haremos el empeño.

Antes de iniciar mi exposición, debo formular dos advertencias sobre el uso de algunas expresiones:

Empleo la palabra “militares” en un sentido genérico, abarcando en ella a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones y a los civiles adscritos a los organismos de seguridad del Estado durante la época del gobierno militar. Cuando utilizo la expresión “los jueces”, me estoy refiriendo a aquellos de primera instancia o ministros de Corte que aplican torcidamente la Constitución y las leyes, no a aquellos que desempeñan sus funciones con rectitud y abnegación.

Dicho esto, entremos en materia.

Vae victis es una expresión latina que significa “¡Ay, de los vencidos!”: para ellos el deshonor, la infamia y la muerte.

En nuestra patria, por el contrario, el deshonor, la infamia y la muerte han recaído en los vencedores: en los militares que con su sacrificio, su esfuerzo y su sangre evitaron una guerra civil y salvaron a Chile y que, con la cooperación de numerosos civiles, lo reconstruyeron y lo pusieron a la cabeza de los países más exitosos de Hispanoamérica y lo convirtieron en un ejemplo y en un modelo para salir del subdesarrollo.

Para los vencidos, aquellos que destruyeron la democracia y que intentaron sustituirla por una tiranía totalitaria marxista, utilizando para ello la vía armada, la violencia revolucionaria fratricida y la guerrilla guevarista son los honores, los monumentos, las prebendas y las indemnizaciones.

¿Cómo ha podido producirse esta paradoja? Gracias a la tergiversación de la historia; a la hábil manipulación del discurso de los “derechos humanos”; a las diversas manifestaciones de odio y de venganza que se mantienen vigentes hasta el día de hoy; y a la desidia, pusilanimidad, cobardía, deslealtad y desagradecimiento de quienes, angustiados y desesperados, pedían a gritos a los militares que ejercieran el legítimo derecho de rebelión —y que se beneficiaron de los prodigiosos cambios que tuvo Chile— hoy reniegan del gobierno militar y se alían con los grandes causantes de la tragedia.

Quienes se vieron obligados a combatir a los miles de extremistas armados, guerrilleros y terroristas que llevaban a cabo una cruenta guerra subversiva y revolucionaria; que asesinaban a cientos de militares, carabineros y personas inocentes; que cometían gravísimos crímenes y que destruían bienes productivos y de utilidad pública —como está ocurriendo hoy día—, están siendo objeto de una persecución política que se realiza en sede judicial; una persecución inicua, vestida con un ropaje de legalidad.

Para los militares el Estado de Derecho3 no existe. Ellos son sometidos a procesos judiciales que en realidad son simulacros de juicio, puesto que en ellos los jueces —salvo honrosas excepciones— aplican torcidamente las leyes, con la finalidad de condenarlos sea como sea y así cumplir con el lema “ni perdón ni olvido”.

El objetivo de estos simulacros de juicio no es hacer justicia, sino cobrar venganza. Se trata de juicios políticos en los que se criminaliza solo al sector castrense; los terroristas del pasado siguen indemnes y, en muchos casos, ostentando altos cargos en el gobierno y en el Congreso; mientras que los políticos culpables del desastre, en quienes recae la responsabilidad principal de las lamentables violaciones a los derechos humanos4 y de los dolores que sufrieron sus seguidores, miran para otro lado y no asumen su responsabilidad.

Las aberraciones cometidas en estos procesos viciados son incalificables, pues las arbitrariedades superan todo límite. Los jueces abusan de sus facultades jurisdiccionales e imponen su voluntad por sobre el mandato explícito de la norma; no aplican las leyes que benefician a los militares y les aplican otras no procedentes. Los tribunales se asemejan más a un circo romano que a verdaderos tribunales. Y, como dijo Platón: la peor forma de injusticia es la justicia simulada.

Los jueces no solo utilizan argucias legales y otras trapacerías para cubrir con un manto de legalidad sus abyecciones, sino que cometen descarada e impunemente el delito de prevaricación, al fallar contra leyes expresas y vigentes. Ellos, con tal forma de actuar, son subversivos que están destruyendo el orden jurídico y desprestigiando a la judicatura y al sistema legal.

La tarea judicial se ha transformado en una parodia grotesca y sin sentido, que solo busca la venganza y la destrucción moral de las FF.AA.; además de beneficios políticos y económicos para las supuestas “víctimas”, que reciben millonarias indemnizaciones del Estado, las que  deben ser pagadas por todos los chilenos y que estimulan nuevas demandas.

Esta perversión judicial es avalada o cohonestada e, incluso, promovida por los poderes Ejecutivo y Legislativo, que constituyen los contrapesos que podrían poner freno a tan enorme iniquidad.

Lamentablemente, tamaña corrupción no conmueve a nadie. Sobre esto nadie habla. La sociedad guarda silencio, en general por ignorancia. Y la dirigencia política también guarda silencio, pero este silencio es doloso.

¡Ya han pasado más de cuarenta años desde la ocurrencia de la mayoría de los trágicos sucesos que se siguen investigando por los tribunales de justicia y por los que se continúan abriendo —absurda e ilegalmente— nuevas causas criminales! ¡Ya es hora de decir basta al abuso y a la odiosa persecución contra los militares! 5

 Urge un acuerdo político para poner fin a procesos con claras connotaciones políticas y económicas, extinguiendo toda acción vengativa en contra de los militares, para dejar atrás un trágico pasado, violento y cargado de odios y de discordia, promover la reconciliación entre los chilenos y la unión nacional, para así mirar unidos al futuro y desarrollarnos en paz como una nación de hermanos.

Antes de terminar mi exposición deseo referirme especialmente al principio de igualdad ante la ley, uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho, que es vulnerado en grado sumo cuando se trata de procesar y de condenar a los militares: a ellos no les son aplicadas las leyes que los benefician, pero que sí les son aplicadas a los subversivos armados, guerrilleros y terroristas; a ellos se les aplica el nefasto sistema procesal penal inquisitivo antiguo, que no respeta los derechos humanos de los procesados, a diferencia de los demás habitantes del territorio de la República a quienes se les aplica el nuevo; y a los que están cumpliendo penas de presidio, no les son concedidos los mismos beneficios penitenciarios que a los demás chilenos.

Esto último, debido al decreto 924 del ministerio de Justicia del 22 de febrero de 2016, que establece requisitos adicionales para estos prisioneros, consistentes en el arrepentimiento por los hechos cometidos y en la exigencia de aportar antecedentes en las causas de derechos humanos. ¿De qué podrán arrepentirse quienes son inocentes o no tienen culpabilidad en el delito que se les imputa? ¿qué antecedentes podrán aportar si no los tienen? Los precitados requisitos, exigibles solo a una cierta categoría de personas, constituyen una discriminación arbitraria, lo que está expresamente prohibido por nuestra Constitución.

No puedo terminar mi exposición sin decir que, a mi juicio, todos los prisioneros que están recluidos en Punta Peuco y en otras cárceles del país, por supuestos delitos de violación de derechos humanos, deben ser dejados en libertad; porque fueron condenados por sentencias judiciales que contravienen la Constitución, tratados internacionales, y leyes expresas y vigentes; sentencias dictadas como resultado de procesos en los que no les fueron respetados sus derechos humanos a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la prescripción de la acción penal, a la cosa juzgada, a la igualdad ante la ley y los principios de supremacía constitucional, de legalidad y de irretroactividad de la ley penal y que, por lo tanto, adolecen de vicios de nulidad de derecho público.

Pero no solo por eso deben ser liberados, sino porque ellos o son inocentes o están exentos de responsabilidad criminal o están libres de culpa o ella está muy disminuida.

Sea como fuere, incluso los militares culpables de graves delitos cometidos con motivaciones políticas en un contexto histórico de una enorme convulsión social —los que en una situación normal no habrían ocurrido— tienen derecho a que le sean aplicadas las mismas leyes que le fueron aplicadas a los guerrilleros y terroristas, sin ficciones jurídicas tales como la alucinante tesis del “secuestro permanente”6 ni calificando como delitos “de lesa humanidad” hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley que tipifica tal clase de delitos. 7

La justicia debe ser ecuánime, cualquiera sea el asunto, para no negarse a sí misma. No se trata solo de justicia para los militares y carabineros, sino que para todos, para cualquiera: eso es Estado de Derecho.

Finalizaré mis palabras comentando las amables críticas que me han hecho llegar algunos amigos, en el sentido de que mis juicios son muy categóricos, y que mis opiniones son “políticamente incorrectas” y muy duras, y que debería suavizarlas. Al respecto, pienso que es sano decir las cosas por su nombre; decir la verdad aunque duela, tal como es, sin eufemismos y que, como dice Vicente Huidobro en su “Balance patriótico”: “Decir la verdad significa amar a su pueblo y creer que aún puede levantársele y yo adoro a Chile, amo a mi patria desesperadamente, como se ama a una madre que agoniza”. Muchas gracias.

 Exposición durante la reunión con el diputado José Antonio Kast Rist, que tuvo lugar el 18 de enero de 2017 en el Auditorio de la Municipalidad de Vitacura, Av. Bicentenario 3800, Santiago. 2 Capitán de navío de la Armada de Chile, ingeniero naval en armas, oficial de Estado Mayor, profesor de Academia, magister en ciencias navales y marítimas, diplomado en economía y administración, abogado, magister en ciencia política. Es autor de los libros Procesos sobre violación de derechos humanos. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades, El Roble, Santiago, tercera edición, marzo 2015, 761 páginas (y cuarta edición, versión resumida, septiembre 2015, 145 páginas) y Política y Fuerzas Armadas, El Roble, Santiago, segunda edición, abril 2015, 580 páginas

 3 Entendido como la estructuración de la vida social en torno a un ordenamiento jurídico, que obliga tanto a gobernantes como a gobernados. 4 La responsabilidad principal de las violaciones a los derechos humanos recae en los máximos dirigentes de la Unidad Popular que desataron una lucha fratricida y en quienes promovieron la violencia revolucionaria y llevaron a efecto una cruenta guerra subversiva.

 5 La actual persecución política en sede judicial obedece a numerosas razones, motivos u objetivos, entre los cuales podrían señalarse los siguientes: —Al odio y a la venganza de los sectores de izquierda, que reconocen en los institutos armados a quienes les impidieron consumar su proyecto totalitario. —Contribuir al objetivo de destruir o de desnaturalizar a las FF.AA.; convirtiéndolas de fuerzas al servicio de la nación en fuerzas al servicio del gobierno. —Eliminar el previsible escollo que representan las FF.AA. para convertir a Chile en un Estado socialista. —Destruirle a los militares su capacidad moral para volver a intervenir y asumir el poder político, en caso de que nuevamente se produjesen en Chile situaciones como la ocurrida en 1973, olvidando que “si el sable se levanta, es porque las otras fuerzas sociales han caído en la impotencia”. —Al afán de los políticos de ocultar su incapacidad, fracaso e impotencia, que llevó a Chile al borde del abismo y que puso en peligro intereses vitales de la patria; riesgo del que fue rescatado, precisamente, por los actuales perseguidos. —Al afán de esos mismos políticos de ocultar los éxitos del Gobierno Militar, que logró reconstruir un país en ruinas y al borde de la guerra civil, y lo llevó al umbral del desarrollo. —Dar un claro y potente mensaje a los militares en servicio activo, y a las futuras generaciones, sobre lo que les podría ocurrir si volviesen a intervenir. —Al aprovechamiento político de quienes piensan que persiguiendo a los militares lograrán captar más votos. —A motivaciones de carácter económico, por la millonarias indemnizaciones que reciben las supuestas “víctimas” y sus familiares (el “negociado de los derechos humanos”).

 6 Hasta el día de hoy ante la vista y paciencia de toda la ciudadanía que, impertérrita, observa tamaño disparate, los jueces que sustancian causas denominadas “de derechos humanos” siguen condenando a militares y carabineros mediante la aplicación de la alucinante ficción del “secuestro permanente”; sin haberse acreditado ni la existencia del delito ni la participación culpable que en él le habría cabido a los acusados, elementos esenciales para poder condenar a una persona. Dicha ficción consiste en suponer que se ha cometido y que se sigue cometiendo un secuestro cuando consta en un proceso la detención o la privación de libertad de un sujeto y no consta posteriormente en el mismo proceso o su muerte o su puesta en libertad; y que al desconocerse su actual paradero se presupone su existencia vital en régimen de secuestro. No es razonable dar por secuestrada a una persona que estuvo detenida porque no ha sido ubicada o no ha sido localizado su cadáver, después de más de cuatro décadas desde la fecha en que se dejó de tener noticias de ella. Falta la verosimilitud de la persistencia de la situación ilícita dado el tiempo transcurrido y el contexto en que se produjo su desaparición. La circunstancia de que tantos años después continúe ignorándose de ella, son de por sí suficientes para concluir razonablemente que está fallecida o que está en libertad, pero no secuestrada. 7 La ley 20.357, que entró en vigor el 18 de julio de 2009. Diversas resoluciones judiciales de países extranjeros han señalado que la calificación de delito de lesa humanidad solo puede ser aplicada a hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigor de la legislación que tipifica tales delitos. Así, por ejemplo, la correspondiente al auto de procesamiento en el juicio seguido contra Osvaldo Romo Mena y dieciséis personas más por la desaparición de ciudadanos franceses, dictada por la Corte de Apelaciones de París —Nº de Instrucción 2275/01/88— estableció: “Bajo el imperio del antiguo Código Penal, sólo los crímenes contra la humanidad perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial podían ser procesados con fundamento en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg anexado al acuerdo de Londres del 8 de agosto de 1945 y de la resolución de las Naciones Unidas. Las nuevas calificaciones de crímenes contra la humanidad, estipuladas en los artículos (…) del nuevo Código Penal, entrado en vigor el 1 de marzo de 1994, no son aplicables a estos hechos de conformidad con el principio constitucional de no retroactividad de la Ley Penal”.

PAÚL Latorre, Adolfo. Procesos sobre violación de derechos humanos. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades. El Roble, Santiago, tercera edición, 2015, p.154.

ALARGUE DE CARRERA MILITAR. cartasaldirector@mercurio.cl y NADIE TIENE QUE DEFENDERSE POR HABER GANADO UNA GUERRA JUSTA. Declaración de Massera ante el Nuremberg argentino Octubre 1985

LAS OPINIONES EMITIDAS EN ESTA COLUMNA DE OPINIÓN, ES DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE UNOFAR

Novedosa proposición que estaría estudiando el Senador Sr. Alejandro Guillier. Él Declara muy livianamente que: “Yo soy partidario de alargar la carrera militar, por lo menos 10 años más, o sea que nadie salga antes de los 60 años (de edad). Es muy lamentable que un Senador de la República, con pretensiones de candidato presidencial, declare públicamente su desconocimiento del funcionamiento de las carreras castrenses y más aún proponga modificaciones insensatas.

En la edición del Miércoles 18 de este mes, de ese prestigioso diario, pude leer una novedosa proposición que estaría estudiando el Senador Sr. Alejandro Guillier.                                                                                                                       Él Declara muy livianamente que: “Yo soy partidario de alargar la carrera militar, por lo menos 10 años más, o sea que nadie salga antes de los 60 años (de edad). Es muy lamentable que un Senador de la República, con pretensiones de candidato presidencial, declare públicamente su desconocimiento del funcionamiento de las carreras castrenses y más aún proponga modificaciones insensatas.

Las FF.AA .necesitan una permanente renovación de su personal, motivado por la rapidez de los avances tecnológicos, la renovación del armamento, nuevas estrategias, etc., que difícilmente personas entre los 50 y 60 años puedan incorporar a sus conocimientos o experiencias, tal vez en política pueda darse, pero en la Defensa del país no es posible, tendríamos FF.AA desubicadas en el tiempo y dirigidas por abuelos.

El ascenso, tanto de Oficiales como de Sub Oficiales, se produce año a año en forma piramidal, las nuevas generaciones, van desplazando hacia arriba a las anteriores y cada desplazamiento deja afuera una cantidad, según sea la cantidad de cargos disponibles y aunque se tenga muy buen desempeño y comportamiento, siempre hay una cantidad que debe dejar la Institución y es llamada a retiro, cosa muy diferente a la experiencia que pueda tener el Sr. Senador Guillier.

Mario Alsina Calderón                                                                                        Capitán de Corbeta ®

  Declaración de Massera ante el Nuremberg argentino Octubre 1985

NADIE TIENE QUE DEFENDERSE POR HABER GANADO UNA GUERRA JUSTA.

Cuando el Dr. León Arslanian, por imperio de la fórmula establecida en el artículo 376 del código castrense, invitó al Almirante Massera a hacer uso de la palabra, el marino ya estaba de pie. Pálido, evidentemente nervioso y con  elevado tono de voz, el ex Comandante en Jefe de la Armada comenzó con esta frase : “No he venido a defenderme” :

A continuación expresó : “Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo fue una guerra justa. Sin embargo, yo estoy aquí procesado porque ganamos esa guerra justa. Si la hubiéramos perdido no estaríamos acá- ni ustedes ni nosotros -, porque hace tiempo que los altos jueces de esta Cámara habrían sido sustituidos por turbulentos tribunales del pueblo y una Argentina feroz e irreconocible hubiera sustituido a la vieja Patria.”

“Pero aquí estamos. Porque ganamos la guerra de las armas y perdimos la guerra psicológica. Quizás por deformación profesional estábamos absortos en la lucha armada ; y estábamos convencidos de que defendíamos a la Nación y estábamos convencidos y sentíamos que nuestros compatriotas no sólo nos apoyaban. Más aún, nos incitaban a vencer porque iba a ser un triunfo de todos. Ese ensimismamiento nos impidió ver con claridad los excepcionales recursos propagandísticos del enemigo y mientras combatíamos un eficacísimo  sistema de persuasión comenzó a arrojar las sombras más siniestras sobre nuestra realidad hasta transformarla, al punto de convertir en agresores a los agredidos, en victimarios a las víctimas y en verdugos a los inocentes.

“Y esa guerra psicológica no ha cesado. Lleva más de diez años golpeando la sensibilidad de la gente, ayudada por un extraordinario apoyo de la prensa, Era – y es – imposible contestar esos ataques porque, en primer lugar, es muy difícil encontrar los medios dispuestos a jugarse por la verdad cuando la correntada social avanza en sentido contrario ; y en segundo lugar, porque nos han tergiversado la convención social que le da a cada palabra un significado aceptable para todos. Así parecería que la democracia era el terrorismo y los que combatíamos el terrorismo éramos los auténticos terroristas. Así hemos perdido el sentido de la palabra libertad que es un bien en sí mismo. Independiente de que alguien intente arrebatárnoslo, y las usinas destinadas a la perversión de las ideas la han suplantado por la palabra “liberación”, que no supone un bien intrínseco, sino un bien coyuntural  sujeto a que alguien nos esté reprimiendo. Se dá entonces por sentado que siempre estamos oprimidos a menos que,  claro, estén los libertadores manejando el poder.

“Cuando el enemigo se dio cuenta de que empezaba a perder la guerra de las armas montó un espectacular movimiento de amparo. Inobjetable, del sagrado tema de los derechos humanos. Yo tenía muy buenas razones informativas para saber que se trataba de una guerra psicológica totalmente desprovista de buenos sentimientos. Pero si algo hubiera faltado para convencerme,  aparece una satánica discriminación en los derechos humanos ninguna dijo nunca nada sobre las víctimas del terrorismo. ¿Qué pasa con los policías, los militares, los civiles que fueron víctimas – muchas veces indiscriminadas – de la violencia subversiva ?. ¿Tienen menos derechos o son menos humanos ?. “Esta sencilla observación que no hace falta demostrar porque ahí están los hechos, nunca fue objeto de la atención  o al menos de la curiosidad de nadie y a esta altura es una especie de valor aceptado por la sociedad que la violación de los derechos humanos estuvo únicamente a cargo de los represores y que las víctimas de esas violaciones son únicamente terrorista de la guerrilla subversiva.

“El asombroso silencio que hay en torno a esa monstruosa falsificación es suficientemente indicativo del grado de parcialidad que ostentan desde los dirigentes políticos hasta aquellos que deberían ser – por su investidura – profesionales de la imparcialidad, pasando por los jefes de grupos de presión, siempre preparados para poner en la calle diez  mil o veinte mil irracionales ululantes capaces de convencer a los poderes públicos de que ellos son la historia y ellos ya han dado su veredicto. “No le reprocho al Fiscal el estilo con que ha desarrollado la acusación porque después de todo, el estilo es el hombre. Le reprocho sí, sus desagradables ironías sobre nuestros héroes, como en el caso del Teniente Mayol. Alguien me dijo que era intolerable que se juzgara al sarcasmo con nuestros muertos. Pero ¿Quiénes son nuestros muertos ? ¿De quién son los muertos ?. Terminado el fragor de la guerra, todos los muertos son de todos, y nadie tiene el derecho de hablar de ellos, de ninguno de ellos sin el respeto que a cualquier hombre moral y civilizado debe inspirarle la dignidad intrínseca de la muerte, aunque más no sea, porque cada muerto es un testimonio tangible de la eternidad. “Pero si no ha habido serenidad para hablar de nuestros muertos, ¿Quién sería tan candoroso de esperar un proceso objetivo para los que están vivos ? ¿Quién sería tan candoroso de pensar que se está buscando la verdad, cuando más acusadores son aquellos a quienes vencimos en la guerra de las armas ?. Aquí estamos protagonizando todos algo que es casi una travesura histórica : Los vencedores son acusados por los vencidos…Y yo me pregunto : ¿En qué bando estaban mis juzgadores ? ¿Quiénes son o qué fueron los que tienen hoy mi vida en sus manos ? ; ¿Eran terroristas ? ; ¿Estaban deseando que ganaran los represores ? ; ¿Eran indiferentes y les daba lo mismo la victoria de unos que la de otros ?. Lo único que yo sé, es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales en donde sí hubo excesos fueron desbordes excepcionales, y el terrorismo subversivo en donde el exceso era la norma. Esto que acabo de decir es el punto central y tanto que la acusación no ha hecho otra cosa que tratar de demostrar que los excesos eran norma de las fuerzas legales. Naturalmente no es cierto. Cualquiera puede imaginar que nadie transforma a los oficiales y suboficiales del Ejército ; la Fuerza Aérea y la Armada en una banda de sorprendentes asesinos que de la noche a la mañana pierden todo reflejo ético.
“Pero lo que no hace falta demostrar es que en una organización terrorista el exceso sí es norma, simplemente porque el exceso es su razón de ser. Claro que de eso no se habla, parece un simple detalle. Pero ellos los que ejercieron el exceso como norma, son mis acusadores, son mi simple detalle.
“En la obsesión del enemigo por debilitar a las Fuerzas Armadas no ha ahorrado hasta el uso de la infamia menor tratando de mostrar supuestos agravios y recriminaciones recíprocas entre los que ejercimos el comando de las Fuerzas Armadas en  aquel momento. Los distintos puntos de vista políticos que existieron, se mantuvieron siempre dentro del plano de las ideas y es simplemente ridículo pensar que eso tenía consecuencias en las relaciones institucionales como en las personales. A pesar de esas diferencias, nunca se perdió el respeto entre nosotros. No obstante, comprendo que a los vencidos les interesa difundir esa fábula, con la esperanza de que las Fuerzas Armadas de hoy se miren entre sí con suspicacia. Dividir para reinar. Pero lo que están delatando es, en definitiva, miedo, mucho miedo. Porque el enemigo sabe que las fuerzas armadas de hoy son capaces de derrotarlo como las fuerzas armadas de ayer. “ No he venido a defenderme. He venido como siempre a responsabilizarme de todo lo actuado por los hombres de la Armada mientras tuve el incomparable honor de ser su comandante en jefe. También me responsabilizo por los hombres de las fuerzas de seguridad y policiales que durante mi comando actuaron subordinados a la Armada en la guerra contra la subversión. Quiero decir, además,  que me responsabilizo por los errores que pudieran haber cometido.

“Pero si el Tribunal necesita para eximir de responsabilidad a mis subordinados, a todos mis subordinados, que yo deba aceptar además que todas sus actuaciones fueron cumpliendo órdenes precisas que yo debiera haber impartido personalmente y en forma omnipresente, lo acepto. Yo, y solo yo tengo derecho al banquillo de los acusados. Sentar a otros aquí sería como sentar a la Argentina en el banquillo de los acusados, porque en verdad les digo, que la Argentina libró y ganó su guerra contra la disolución nacional. Pido a Dios que el Tribunal no cometa la equivocación de poner al país en estado de proceso, porque esa equivocación aquí valdría a haber perdido también la guerra de las armas. Si necesitan acabar con nosotros ; háganlo, pero no le arrebaten a la Argentina su única victoria de este siglo.
“Mi serenidad de hoy proviene de tres hechos fundamentales : En primer lugar, me siento responsable pero no culpable, sencillamente porque no soy culpable. En segundo lugar ; porque no hay odios en mi corazón. Hace tiempo que he perdonado a mis enemigos de ayer ; y a mis flamantes enemigos que no han podido sustraerse a la compulsión que estamos viviendo. Y en tercer lugar, porque estoy en una posición privilegiada. Mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la historia y es allí donde se escuchará el veredicto final.
“Casi diría que afortunadamente carezco de futuro. Mi futuro es una celda. Lo fue desde que empezó este fantástico juicio y allí transcurrirá mi vida biológica ya que la otra, la vida creadora, la vida de la inteligencia,  la vida del alma, se la entregué voluntariamente  a esta veleidosa y amada nación.

“Solo de una cosa estoy seguro. De que cuando la crónica se vaya desvaneciendo, porque la historia se vaya haciendo más nítida, mis hijos y mis nietos pronunciarán con orgullo el apellido que les he dejado.”

Viña del Mar, 5 de diciembre de 2016.

 Cumplimos con el triste deber de informar que fue llamado a Dios nuestro apreciado Vicealmirante (R) JUAN MACKAY BARRIGA  Q.E.P.D.

Delitos imprescriptibles

LAS OPINIONES EMITIDAS EN ESTA COLUMNA DE OPINIÓN, ES DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE UNOFAR

 Viña del Mar, 4 de enero de 2017.

Señor Director:

Aceptar la imprescriptibilidad de ciertos delitos calificados como de lesa humanidad, sin que a la fecha de su comisión hayan estado tipificados en la legislación interna, significa desconocer el principio de supremacía constitucional, la seguridad jurídica, y los principios garantísticos del derecho penal clásico, tales como el de legalidad y de irretroactividad de la ley penal, y la propia vigencia de los derechos humanos. Resoluciones judiciales de países extranjeros han señalado que la calificación de delito de lesa humanidad solo puede ser aplicada a hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigor de la legislación que los tipifica en sus respectivos derechos internos.

Hay quienes afirman que hace 50 años ya existían en Chile los delitos de lesa humanidad, imprescriptibles. Claramente no es así, porque si lo fuese no habría sido necesario dictar la ley 20.357 del año 2009 que los tipificó, les asignó penas y los declaró imprescriptibles; ni tampoco inventar la alucinante ficción del secuestro permanente a fin de soslayar la aplicación de las normas sobre prescripción de la acción penal.

                      Atentamente le saluda.

    Adolfo Paúl Latorre

           Abogado

Entregarán Anteproyecto de Ley para dotar de una
moderna normativa de salud a Carabineros y PDI