Categoría: RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

                                                                                 GUSTITOS

Max Colodro, filósofo y analista político

La Tercera, Opinión, 10/03/2024

El Presidente Boric inauguró su gobierno mostrando convicciones antimonárquicas: culpó al rey de España por el retraso en la ceremonia del cambio de mando; después tuvo que disculparse.

Al tiempo, sintió la necesidad de exhibir su sello antimperialista: lamentó que no hubiera un representante de EE. UU. en la iniciativa de las américas para la protección de los océanos, sin percatarse que dicho representante estaba sentado a un metro de él. Era John Kerry, quien con ironía comentó que, al parecer, habían estado buenas las cervezas que Boric tomó el día anterior con el Primer Ministro de Canadá.

Al poco tiempo, el país fue testigo de las fotos que la pareja del embajador de Chile en España subió a las redes sociales, mostrándolo mientras disfrutaba de una langosta; luego publicó otras, sentada en el asiento trasero del auto oficial, exhibiendo los pies descalzos sobre las piernas del funcionario. Inexplicablemente, el diplomático siguió en el cargo.

En cambio, Chile estuvo sin embajador en Brasil por nueve meses, debido a que la persona designada -Sebastián Depolo- nunca recibió el “agreement” del gobierno de Bolsonaro. Entre las razones de ello estaban declaraciones del propio Depolo, quien poco antes de ser propuesto declaró: “Lo que vemos en el Brasil de Bolsonaro es el inicio del fascismo. Odio a la diferencia, persecución política a disidentes y castigo a ideas contrarias a las del régimen”. No era muy difícil imaginar las consecuencias.

Chile lleva ahora más de medio año sin embajador en Inglaterra. En agosto pasado, la Cancillería tuvo que pedirle la renuncia a Susana Herrera, quién había aprovechado sus vínculos para presentar un proyecto ambiental a la Gobernación del Biobío por cinco millones de dólares.

Entre sus socios decía tener nada menos que a una fundación creada por el propio rey Carlos III.

Hace unas semanas, la aduana boliviana informó que Chile accedió a ampliar el horario de apertura de los controles fronterizos de 10 a 24 horas diarias, durante todo el año; sin explicación de las autoridades chilenas, y en un momento en que uno de los principales problemas limítrofes es la escasa fiscalización del país altiplánico sobre las personas que deja pasar hacia Chile y a las que luego se niega a recibir.

Es decir, habrá mayores facilidades para el tránsito desde un país que en julio pasado firmó un acuerdo de defensa con Irán, uno de cuyos objetivos es mejorar el traspaso de información sobre el manejo de fronteras.

Por último, la semana concluye con la decisión de impedir la presencia de empresas israelíes en la Fidae. Una decisión que impacta en las relaciones comerciales con uno de los más importantes proveedores de equipos de defensa, cuyas implicancias no fueron informadas ni evaluadas en conjunto con las FF. AA. y que solo vino a agregar incertidumbre en vínculos que inciden en la seguridad nacional.

Como si hubiera dudas, el Presidente Boric confirmó que las decisiones en materia de política internacional las toma solo él.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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                                                                               REPRIMIR, DIALOGAR, REPRIMIR

Heraldo Muñoz, Excanciller de Chile entre 2014 y 2018

El Mercurio, Columnistas, 09/03/2024

“La experiencia indica que el régimen no tiene voluntad de realizar elecciones libres y limpias, y que su objetivo es sencillamente mantenerse en el poder”.

A fines de febrero, 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) fueron expulsados de Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro, acusados de “espionaje y conspiración interna”.

La expulsión se decretó un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación declarase que el gobierno venezolano le impidió acceder a centros de detención y le cambió constantemente su agenda en una visita al país.

En el contexto de la elección presidencial —recién fijada para el 28 de julio del presente año—, el endurecimiento del régimen no sorprende.

Hace algunas semanas, la justicia incondicional del gobierno confirmó la inhabilitación, sin notificación ni derecho a la defensa, de la candidata opositora María Corina Machado —escogida en una primaria opositora cuestionada por el oficialismo— para competir en las elecciones presidenciales.

Maduro ya le había advertido mucho antes: “No te vistas, que no vas”. Entretanto, tres asesores de campaña de Machado fueron detenidos simultáneamente, acusados de proporcionar “apoyo logístico a un grupo terrorista”.

En un paso represivo más, el gobierno arrestó a la activista y académica experta en asuntos militares Rocío San Miguel, bajo acusaciones de “terrorismo”, “traición a la patria” y “conspiración”, al vincularla con un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro, uno de cinco complots que, según la fiscalía chavista, han sido desbaratados desde 2023.

Esta espiral autoritaria enterró el Acuerdo de Barbados entre el gobierno y la oposición para promover los derechos políticos y garantías electorales, y conceder licencias para la exportación de petróleo y otros materiales al mercado estadounidense.

Después del veto a Machado, Washington anunció que podría reimponer sanciones. Pero el régimen de Maduro amenazó con que, si eso sucede, se acaban los vuelos de repatriación de venezolanos ingresados irregularmente a territorio estadounidense, materia altamente delicada en un año electoral en EE.UU.

La experiencia indica que el régimen no tiene voluntad de realizar elecciones libres y limpias, y que su objetivo es sencillamente mantenerse en el poder. Maduro ya anticipó un resultado: “Ganaremos las elecciones —afirmó— por las buenas o las malas. Está dicho, no digo más”.

Para tal propósito, activó un plan denominado “Furia Bolivariana” para desbaratar eventos de la oposición y hostigar a ONG independientes.

La estrategia madurista es clara: reprimir a opositores y, ante la presión internacional, aceptar sentarse a dialogar, no sin antes obtener algunas concesiones.

En algún momento del proceso negociador, el gobierno esgrime excusas para romperlo, o bien desconoce lo acordado, y vuelve a reprimir.

Reprimir, dialogar, ganar tiempo, y volver a reprimir es la estrategia del régimen. En el intertanto, genera contemporización de algunos países, y la comunidad internacional democrática muestra señales de frustración y agotamiento con el caso de Venezuela.

Así lo pude atestiguar en las negociaciones de Santo Domingo en 2017 y 2018, entre Maduro y la oposición, auspiciadas por el entonces presidente dominicano Danilo Medina.

Luego de extensas reuniones, donde participé como canciller de Chile para facilitar el diálogo, propuesto por la oposición, se registraron avances esperanzadores para la realización de elecciones libres, pero el gobierno pateó la mesa, impuso una eventual fecha de las elecciones, no aceptó las condiciones para unos comicios mínimamente democráticos (como la liberación de presos políticos y la restauración de las facultades legislativas de la Asamblea Nacional), y se acabó el diálogo.

Un año antes, una similar mesa de diálogo con el acompañamiento del Vaticano se había estancado y diluido, sin acuerdos.

A medida que se acerque la fecha de los comicios presidenciales, seguramente el régimen conseguirá que se inscriba algún candidato simbólico con cierto aire opositor, pero sin posibilidades de ganar, para “competir” con Nicolás Maduro, sin garantías electorales democráticas, asegurando así otra elección presidencial fraudulenta.

Pese a que María Corina Machado anunció su voluntad de continuar hasta el final, es probable que se le impida inscribirse, ante lo cual la oposición tendrá que decidir si participar con un candidato alternativo (algún no inhabilitado) —lo cual puede fracturar a la disidencia—, o bien no comparecer en los comicios. De acontecer lo último, como ocurrió el 2018, quedará la pista libre para Maduro.

El Consenso de Brasilia, cumbre presidencial sudamericana de 12 países, incluyendo Venezuela, convocada por el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2023, abordó el caso venezolano, y, en la declaración del encuentro, se manifestó un compromiso “con la democracia y los derechos humanos… y la no injerencia en asuntos internos”, párrafo que originó interpretaciones encontradas entre los mandatarios.

Lula manifestó en la rueda de prensa final que “no es posible que no haya un mínimo de democracia en Venezuela”.

Habrá que abrigar esperanzas del papel que pueda jugar Brasil, y los países del Consenso de Brasilia, en esta difícil encrucijada que enfrenta Venezuela.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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                                                                        EL RECURSO DEL TERROR

David Gallagher

El Mercurio, Columnistas, 29/02/2024

“¿Si hubieran secuestrado a un ciudadano sueco, nos nacería sospechar del gobierno sueco?”.

¿Qué tienen en común los siguientes hechos? La muerte de Alexei Navalny en una colonia penal en el gélido Ártico. La brutal destrucción de Adviivkia. Las elecciones rusas del 15 de marzo en que Putin para todos efectos prácticos correrá solo. La perentoria expulsión en Venezuela de la oficina de DD. HH. de la ONU. La prohibición de que María Corina Machado participe en elecciones en que Maduro para todos efectos prácticos correrá solo. El secuestro de Ronald Ojeda.

Tienen en común que son hechos nefastos que emanan de dos dictaduras, férreamente aliadas, que desprecian los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley.

Dictaduras que recurren al terror para gobernar, y que se dedican a provocar disrupción en otros países.

Dictaduras que, finalmente, comparten el honor de ser admiradas por el PC chileno, a pesar de que este pretende defender todo lo que ellas desprecian.

Imposible olvidarnos que el PC se ausentó del Congreso cuando habló allí Zelenski; y ahora, ante el secuestro de Ojeda, teme que se “debilite” la relación entre Chile y Venezuela con “especulaciones terribles”.

Es cierto que no está clara la autoría del secuestro. Pero por algo se investiga la posibilidad de que se originara en Caracas. ¿Si hubieran secuestrado a un ciudadano sueco, nos nacería sospechar del gobierno sueco?

En cuanto a Navalny, los rusos anunciaron que murió de “síndrome de muerte súbita”. Es un síndrome que afecta con frecuencia a los opositores rusos.

También les da síndrome de muerte lenta.

La velocidad depende del objetivo del Kremlin. La muerte súbita es eficiente. La lenta provoca más terror, porque exhibe una dictadura tan descarada, que no teme convertir sus homicidios en tenebrosos espectáculos.

Claro que la lenta tiene riesgos: la víctima a veces se recupera, como pasó con Navalny en 2020, cuando lo envenenaron con novichok, o con los Skripal, envenenados con novichok en 2018.

Pero el riesgo compensa. Porque es improbable que los recuperados vuelvan a ser opositores: no todo el mundo es como Navalny. Porque su agonía es tan terrorífica que da casi lo mismo si sobreviven. El efecto aleccionador es igual de brutal. Más aun por la destreza de los autores, que logran siempre evitar que se compruebe su autoría.

Los defensores de las dictaduras se preguntan a qué les sirven los asesinatos o secuestros. ¿Por qué Putin quisiera eliminar a Navalny pocos días antes de una elección? ¿Por qué eliminar a un Orlando Letelier en 1976? ¿Por qué quisiera Maduro secuestrar a Ojeda?

La tercera pregunta la hace, por cierto, Lautaro Carmona. Se la hace a “la derecha”, y la honra al hacérsela. Porque estas son preguntas dirigidas a gente que tiene una cultura democrática que los dictadores desprecian. Ellos solo buscan ser temidos.

Tienen razón. En Rusia o Venezuela, los votantes ya no votan por el dictador porque lo quieren, sino porque lo temen, por lo cual el terror es un multiplicador de votos.

Como escribió Václav Havel, en las dictaduras la ciudadanía no se divide entre los que están a favor y los que están en contra. La división está en la cabeza de cada uno. Cuando desaparece el terror, el que estaba a favor deja de estarlo, porque su adhesión no era más que una suerte de síndrome de Estocolmo. Mantener vivo el terror es lograr que ese síndrome no afloje.

¿En fin de cuentas cuál es el atractivo para el PC de un Putin o un Maduro? La dictadura de Putin, con su retórica teocrática y nacionalista, su costumbre imperialista de invadir a sus vecinos, su odio a los gays, no me suena izquierdista. Es más bien una dictadura nazi. En cuanto a Venezuela, se habla, ya, de que es una dictadura narco-criminal.

Yo, rusófilo de toda una vida, y con buenos recuerdos de tres años vividos en una Venezuela próspera y democrática, me entristezco al ver esos dos países en manos de tiranos despiadados, y no entiendo a quienes los defienden.

No entiendo al PC. Al menos, claro, que me lance a hacer “especulaciones terribles” en cuanto a lo que realmente busca ese partido.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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                                                                                    LA GUERRA DE UCRANIA Y LA POLÍTICA DE DEFENSA                                                                                                                                DE    CHILE

Miguel Navarro Meza, Abogado y cientista político. Académico de la ANEPE y vicepresidente del Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y Espacial.

El Mostrador, Opinión, 03/03/2024

La guerra de Ucrania ha perfilado muchas de las complejidades de las relaciones de seguridad imperantes en el Sistema Internacional contemporáneo, las que de un modo u otro afectan la seguridad externa de Chile

En fecha reciente, el Ministerio de Defensa Nacional ha comunicado el inicio de un proceso de revisión y actualización de la Política de Defensa 2020, actualmente vigente.

Esto es normal y habitual. Las políticas públicas y especialmente las de defensa y exterior, deben evolucionar conforme cambian las premisas que orientan sus contenidos y directrices, idealmente dentro de los límites inherentes a su condición de políticas de estado.

Además, respecto de la Política de Defensa tal proceso se inscribe en las prerrogativas de las autoridades civiles, en la medida que su definición y actualización constituye uno de los elementos que caracteriza una conducción política civil eficaz, propia de un sistema democrático y de subordinación castrense, tal como lo han planteado David Kuehn y Angel Croissant y muchos otros antes que ellos.

En Chile, la Política de Defensa se ha renovado en forma regular, aunque no periódica, a partir del Libro de la Defensa 2002 – el Libro de 1997 estuvo lejos de definir una política propiamente tal, aunque sí genero las necesarias confianzas entre civiles y militares- dentro de un consenso amplio en torno a ciertos elementos fundamentales de la postura estratégica del país, como son los objetivos de la Función de Defensa y especialmente la disuasión, constituyéndose en sus elementos de Estado, los que han mantenido su vigencia hasta hoy.

Con todo, el actual proceso de actualización se desarrolla en una atmósfera completamente distinta de las instancias anteriores: el escenario internacional global es el más violento, complejo e incierto en que se haya definido y ajustado la Política de Defensa del país, escenario cuyo epítome es la Guerra de Ucrania.

Sabido es que toda Política de Defensa se sustenta en factores políticos domésticos e internacionales. Esto, naturalmente, deriva del hecho que se define en el punto medio entre la política interna e internacional del Estado, tal como lo reconoce G. M. Dillon.

Ahora bien, entre los elementos internacionales el entorno de seguridad del país es uno de los más relevantes. En esto hay amplio consenso en la cátedra comparada, desde Douglas Murray y Paul Viotti a Robert Art y Kelly Greenhill.

En este perspectiva, la guerra de Ucrania ha evidenciado a un tiempo, el valor (aunque no la legitimidad) del uso de la fuerza en el sistema internacional, la precariedad de la institucionalidad internacional vigente, cuyo epítome es la paralización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y muy especialmente un cuestionamiento al Derecho Internacional en la regulación de las relaciones entre estados en sus variantes de seguridad.

Naturalmente, estos fenómenos no son nuevos pero el actual conflicto, una vez más, ha perfilado su vigencia y potenciados sus efectos. Además y como ha ocurrido frecuentemente, la existencia de un conflicto armado de magnitud genera condiciones propicias para aventurismos militares en otros escenarios geoestratégicos.

La atención de la comunidad internacional a los efectos de la guerra de Ucrania en la situación en el Estrecho de Formosa y en la Península de Corea se inscribe en esta lógica. Lo mismo es válido para con la crisis del Esequibo aún no completamente terminada y que, además, se manifiesta mucho más cerca del entorno estratégico de Chile.

Pero el conflicto de Ucrania se plantea en un escenario global más amplio de competencia y confrontación entre las grandes potencias en la lógica de los procesos descritos por Kissinger y varios otros. Una suerte de Segunda Guerra Fría, con menos elementos ideológicos pero iguales o mayores contenidos estratégicos y militares que la antigua Confrontación Este-Oeste.

Todo esto tiene, o debería tener, efectos sobre la actualización de la Política de Defensa de Chile. Por lo pronto, prácticamente desde los albores de la República, su política exterior ha estado anclada en el respeto al Derecho Internacional, al valor de los tratados y a la solución pacífica de las controversias lo que incluso estuvo contemplado a nivel constitucional en un periodo del siglo XIX.

Esto es igualmente válido respecto la confianza en la institucionalidad internacional. Chile fue miembro fundador de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, contribuyendo con aportes jurídicos importantes y encomiable lealtad, pese al poco apoyo que encontró en las crisis internacionales de la segunda mitad del siglo XX.

Dicho de otro modo, las realidades de la seguridad internacional socavan las bases mismas que han sustentado la postura internacional y la política exterior del país y que, de un modo u otro, han orientado su Política de Defensa explícita desde 2002 y antes, y de antaño, a su política consuetudinaria desde el siglo XIX.

En consecuencia, resta analizar como las nuevas realidades estratégicas mundiales deberían ser recogidas por la Política de Defensa.

Desde luego, se deberá ponderar la vigencia del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Esto desmiente cualquiera aproximación idealista al tema, máxime en la región sudamericana donde no hay ninguna institucionalidad de seguridad multinacional real, lo que se imbrica con la debilidad de la institucionalidad de seguridad global puesta en evidencia en Ucrania.

Todo esto debe reforzar las miradas realistas hacia la Función de Defensa y afianzar los consensos que se han acuñado desde el 2002 en relación a la postura estratégica del país, especialmente respecto de la disuasión como su pilar fundamental.

Esto debe extenderse al financiamiento de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas en la medida que fueron esos consensos los que permitieron el reemplazo del Sistema de la Ley del Cobre.

Pero hay algo más. Desde luego, la Política de Defensa debería balancear la proverbial neutralidad del país con las alianzas estratégicas en que está inmerso, especialmente a propósito de sus programas de adquisiciones militares y otros desarrollos tecnológicos asociados a los nuevos dominios de la Defensa.

Esto requerirá sutileza y profundidad y una mirada conjunta con la Cancillería. Es cierto que la tradicional falta de alineación entre las política de defensa y exterior ha sido un eslabón débil del posicionamiento exterior de la República y que tampoco existe una instancia formal de coordinación, una arquitectura genuina de seguridad y defensa nacional, sin embargo hay avenidas de enlace entre los ministerios respectivos que deben ser reforzados en este proceso.

Debe considerase también que, eventualmente, la neutralidad debe defenderse. En esto Chile tiene experiencia desde la Primera Guerra Mundial.

En realidad, la cuestión de fondo en todo esto es la ausencia de una genuina estrategia nacional de seguridad (o de seguridad y defensa) que subsuma todos los instrumentos de poder y de posicionamiento internacional del país, incluyendo especialmente las políticas exterior y de defensa –y crecientemente las de seguridad interior.

Esto ha sido planteado en varias oportunidades, especialmente luego del fracaso de la ENSID de 2012 pero excede los términos de esta columna de opinión al igual que la creación de la arquitectura de seguridad y defensa aludida en el párrafo anterior.

En síntesis, la guerra de Ucrania ha perfilado muchas de las complejidades de las relaciones de seguridad imperantes en el Sistema Internacional contemporáneo, las que de un modo u otro afectan la seguridad externa de Chile.

No son los únicos temas por cierto. La geopolítica del Cono Sur de América, la cuestión antártica y las responsabilidades del país en los pasos marítimos australes se suman a las mencionadas, así como el dominio espacial y la ciberseguridad, entre varias más.

Pero las grandes tendencias de seguridad internacional afectan premisas fundamentales de la Política de Defensa de Chile y el proceso de su actualización en curso debe aquilatarlas. En esto no cabe la distancia geográfica del conflicto, perturba por igual al país.

Así, la guerra de Ucrania tiene efectos concretos en la Política de Defensa de la República.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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                                                                    CÓMO LA VIDA EN UCRANIA HA QUEDADO DESTROZADA POR                                                                                                            DOS AÑOS DE GUERRA

Charlotte Bruneau/ Reuters

La Tercera, 22/02/2024

Más allá de las víctimas producto del conflicto, la guerra ha afectado a casi todos los aspectos de la vida ucraniana. Por ejemplo, Unicef dijo en agosto que sólo alrededor de un tercio de los niños en edad escolar en Ucrania asistía a clases de forma totalmente presencial. Más de 1.300 escuelas han sido destruidas en total en zonas del país controladas por el gobierno, añadió.

Las esposas se han quedado viudas, los padres añoran a sus hijos capturados, las salas de clases están vacías y los agricultores no pueden encontrar mano de obra para trabajar la tierra. Se han formado amistades improbables; los viejos se han desmoronado.

Incluso en la aldea de Lozuvatka, a unos 100 kilómetros de la línea del frente, hay señales por todas partes de una guerra que ya dura dos años y que ha cambiado irrevocablemente la faz de Ucrania.

Alona Onyshchuk y su hija Anhelina, de cinco años, visitaron el cementerio de Lozuvatka en un día de invierno barrido por la nieve. El marido y padre Serhii Aloshkin yace junto a otros 10 soldados en una nueva sección llamada Callejón de los Héroes.

“No esperábamos que fueran tantos”, murmuró Onyshchuk. Su compañero de 38 años, conductor y mecánico antes de la guerra, murió a finales de 2022 mientras luchaba cerca de la ciudad oriental de Bakhmut.

Parcelas de entierro similares han aparecido en todo el país, como testimonio amargo de una guerra demoledora contra Rusia que ahora está entrando en su tercer año, sin un final a la vista.

Los montículos de tierra recién excavada suelen estar marcados con simples cruces de madera, fotografías de los muertos, flores de colores brillantes y banderas ucranianas amarillas y azules.

Los combates en los frentes oriental y meridional de Ucrania están muy lejos de este asentamiento de casas modestas rodeadas de jardines vallados en el centro del país, pero su población de unas 6.800 personas se ha visto profundamente afectada.

La magnitud de las bajas militares ucranianas es un secreto de Estado celosamente guardado. Los funcionarios occidentales estiman que decenas de miles han muerto y decenas de miles más han resultado heridos.

Rusia, en ascenso en la cúspide del segundo aniversario de su invasión del 24 de febrero de 2022, también ha sufrido grandes pérdidas.

Más allá de las víctimas, la guerra afecta a casi todos los aspectos de la vida ucraniana. Onyshchuk dejó su trabajo en una tienda de comestibles cuando quedó embarazada de Anhelina, y encontrar un nuevo trabajo se ha vuelto más difícil por el hecho de que el jardín infantil local ha cerrado.

Las escuelas en Lozuvatka, situada a unos 350 kilómetros al sureste de Kiev, también están cerradas. Sus refugios antiaéreos no son lo suficientemente grandes para albergar a todos los estudiantes en caso de un ataque aéreo.

Aunque los ataques rusos directos con misiles y drones contra la aldea son raros, se encuentra cerca de la importante ciudad productora de acero de Kryvyi Rih, que ha sido atacada con frecuencia, lo que ha activado las sirenas en las zonas circundantes.

En una de las tres escuelas de Lozuvatka, la profesora Svitlana Anisimova se encuentra frente a su computadora en un aula vacía mientras imparte una lección en línea sobre el sistema solar a un grupo de niños de 10 y 11 años.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dijo en agosto que sólo alrededor de un tercio de los niños en edad escolar en Ucrania asistía a clases de forma totalmente presencial.

Más de 1.300 escuelas han sido destruidas en total en zonas del país controladas por el gobierno, añadió.

Dejar de pensar en la guerra. Anisimova dijo que la educación remota no puede reemplazar la asistencia a clases, y no solo para el aprendizaje académico.

“Por supuesto, veo que esto tiene un gran impacto en los niños, en sus habilidades sociales”, dijo la mujer de 35 años, sentada en un escritorio para niños. “No tienen la oportunidad de comunicarse entre sí”.

Según la directora de la escuela, Iryna Pototska, alrededor de 40 de los 136 estudiantes de la escuela tienen un padre que actualmente está movilizado y sirviendo en el ejército.

En el mismo edificio, Pototska ayuda a las mujeres locales a empacar cajas con comida y bebida, así como redes de camuflaje, para enviarlas al Ejército de Ucrania.

Estas redes de voluntarios han surgido en todo el país, una fuente vital de suministros para los soldados, dado lo sobrecargadas que están las fuerzas armadas.

Yuliia Samotuha, otra maestra de la escuela, coordina el esfuerzo voluntario de la aldea, recibiendo solicitudes de unidades militares, dividiendo el trabajo entre los hogares y entregando productos para empacar en cajas.

“Cuando estás ocupada, a veces dejas de pensar en la guerra”, afirma esta mujer de 34 años, que se encuentra de baja por maternidad.

Conduciendo por caminos helados hacia uno de sus compañeros voluntarios, le dijo que el pueblo había cambiado mucho desde el comienzo de la guerra. Dijo que se había separado de muchos amigos porque algunos estaban menos dispuestos a ayudar en el esfuerzo bélico que otros.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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                                                                          LULA, GAZA Y EL HOLOCAUSTO

El Mercurio, Editorial, 21/02/2024

Las palabras de Lula descontextualizan y distorsionan el horror del Holocausto cometido por los nazis.

Las recientes y controvertidas palabras del Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la cumbre anual de la Unión Africana, realizada en Etiopía, han generado una grave crisis diplomática entre Brasil e Israel.

En la cita afirmó que el conflicto en Gaza “no es una guerra, es un genocidio”, y luego agregó que “lo que está ocurriendo con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos”.

La respuesta por parte del gobierno israelí no se hizo esperar y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu calificó los comentarios de Lula como una “trivialización del Holocausto”, agregando que “la comparación entre Israel y el Holocausto de los nazis y Hitler supone cruzar una línea roja”.

El canciller Israel Katz convocó al embajador brasileño en Tel Aviv, Frederico Meyer, al Museo del Holocausto de Jerusalén para que explicara las palabras del mandatario brasileño y luego declaró a Lula persona non grata “hasta que se disculpe y se retracte de sus palabras”. Por su parte, el gobierno brasileño llamó a consultas a Meyer y convocó al embajador israelí en Brasil, Daniel Zonshine.

A más de cuatro meses del sangriento ataque de la organización terrorista Hamas en contra de Israel, que dejó 1.400 fallecidos y 250 secuestrados, la operación militar israelí en Gaza hoy suma casi 30.000 palestinos muertos.

El gobierno del Premier Netanyahu ha sido fuertemente criticado por Naciones Unidas y varios de sus aliados —incluyendo Estados Unidos— por el alcance de su respuesta militar en Gaza y el altísimo costo en vidas civiles, muchas de ellas niños.

Hamas —que nunca aceptó los Acuerdos de Oslo de 1993— sabía que un ataque tan brutal como el que cometió tendría represalias. Y al replegarse a Gaza con los secuestrados israelíes, indirectamente también tomó como rehenes a los propios palestinos.

En el marco de este complejo y desolador conflicto, las palabras del Presidente Lula —que incluso generaron críticas abiertas de miembros de partidos aliados de su gobierno— descontextualizan y distorsionan el horror del Holocausto cometido por los nazis en contra de la población judía de Alemania y en todos los países de Europa que invadieron.

El macabro plan organizado por Hitler y la cúpula gobernante fue una operación avalada por el Estado nacionalsocialista de la época, que usó todos los recursos disponibles para lograr el exterminio de seis millones de judíos, junto con otros grupos, como gitanos, minorías sexuales y opositores al nazismo. Probablemente, uno de los momentos más oscuros del siglo XX.

Es sabido que el Presidente Lula busca revivir el liderazgo internacional del cual Brasil gozó durante sus dos primeros gobiernos, aunque, hasta ahora, con poco éxito.

De hecho, a sus opiniones sobre la situación en Gaza se suman sus dichos sobre la guerra en Ucrania, muy cercanos a la posición de Rusia (de quien es socio en el grupo de los BRICS).

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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