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LULA, GAZA Y EL HOLOCAUSTO El Mercurio, Editorial, 21/02/2024

 

                                                                          LULA, GAZA Y EL HOLOCAUSTO

El Mercurio, Editorial, 21/02/2024

Las palabras de Lula descontextualizan y distorsionan el horror del Holocausto cometido por los nazis.

Las recientes y controvertidas palabras del Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la cumbre anual de la Unión Africana, realizada en Etiopía, han generado una grave crisis diplomática entre Brasil e Israel.

En la cita afirmó que el conflicto en Gaza “no es una guerra, es un genocidio”, y luego agregó que “lo que está ocurriendo con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos”.

La respuesta por parte del gobierno israelí no se hizo esperar y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu calificó los comentarios de Lula como una “trivialización del Holocausto”, agregando que “la comparación entre Israel y el Holocausto de los nazis y Hitler supone cruzar una línea roja”.

El canciller Israel Katz convocó al embajador brasileño en Tel Aviv, Frederico Meyer, al Museo del Holocausto de Jerusalén para que explicara las palabras del mandatario brasileño y luego declaró a Lula persona non grata “hasta que se disculpe y se retracte de sus palabras”. Por su parte, el gobierno brasileño llamó a consultas a Meyer y convocó al embajador israelí en Brasil, Daniel Zonshine.

A más de cuatro meses del sangriento ataque de la organización terrorista Hamas en contra de Israel, que dejó 1.400 fallecidos y 250 secuestrados, la operación militar israelí en Gaza hoy suma casi 30.000 palestinos muertos.

El gobierno del Premier Netanyahu ha sido fuertemente criticado por Naciones Unidas y varios de sus aliados —incluyendo Estados Unidos— por el alcance de su respuesta militar en Gaza y el altísimo costo en vidas civiles, muchas de ellas niños.

Hamas —que nunca aceptó los Acuerdos de Oslo de 1993— sabía que un ataque tan brutal como el que cometió tendría represalias. Y al replegarse a Gaza con los secuestrados israelíes, indirectamente también tomó como rehenes a los propios palestinos.

En el marco de este complejo y desolador conflicto, las palabras del Presidente Lula —que incluso generaron críticas abiertas de miembros de partidos aliados de su gobierno— descontextualizan y distorsionan el horror del Holocausto cometido por los nazis en contra de la población judía de Alemania y en todos los países de Europa que invadieron.

El macabro plan organizado por Hitler y la cúpula gobernante fue una operación avalada por el Estado nacionalsocialista de la época, que usó todos los recursos disponibles para lograr el exterminio de seis millones de judíos, junto con otros grupos, como gitanos, minorías sexuales y opositores al nazismo. Probablemente, uno de los momentos más oscuros del siglo XX.

Es sabido que el Presidente Lula busca revivir el liderazgo internacional del cual Brasil gozó durante sus dos primeros gobiernos, aunque, hasta ahora, con poco éxito.

De hecho, a sus opiniones sobre la situación en Gaza se suman sus dichos sobre la guerra en Ucrania, muy cercanos a la posición de Rusia (de quien es socio en el grupo de los BRICS).

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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RUSIA–UCRANIA: ¿ES UNA GUERRA TRIBUTARIA? JORGE SANZ JOFRÉ, JAVIERA MARTÍNEZ TORO, JAVIER IBÁÑEZ GUZMÁN

 

                                                            RUSIA–UCRANIA: ¿ES UNA GUERRA TRIBUTARIA?

JORGE SANZ JOFRÉ

JAVIERA MARTÍNEZ TORO

JAVIER IBÁÑEZ GUZMÁN

                                                             Revista “Política y Estrategia” N.º 1422023, pp. 13-31 (ANEPE)

El objeto del saber en Estrategia –el decir de su hacer– tiene voluntad de duración, afán de permanencia. Adquiere su categoría de designio en tanto en cuanto se separa de la  condición de mera resolución

RESUMEN

La guerra Rusia–Ucrania comenzó como parte del desarrollo de una  guerra híbrida llevada adelante por Rusia a través de la ocupación de  Crimea y el Donbás en 2014, y que, al no poder conquistar los objetivos  políticos planteados, como la instalación en Ucrania de un gobernante  proruso, rompe el derecho internacional e invade militarmente la soberanía ucraniana.

La reacción de Occidente (EE. UU.–U.E.), no estuvo en la apreciación  rusa y durante un año se ha visto enfrentada a una guerra de resistencia que no puede romper. En el tiempo, la invasión rusa ha sido enfrentada y detenida, Rusia ha sido sancionada por el mundo occidental y paralelamente se aprecia que su principal aliado, China, se ve indirectamente afectado al no poder avanzar con su proyecto de la Ruta de la Seda hacia Europa.

Estados Unidos busca el desgaste de Rusia a través de las sanciones y la resistencia militar ucraniana con equipamiento occidental, la sobreproducción de la industria militar rusa afectada por la falta de materias primas y, probablemente iluminado por un objetivo mayor ubicado en el Indo–Pacífico referido a mantener la condición de primera potencia mundial; por tanto, ¿es la guerra Rusia-Ucrania una guerra tributaria  de un conflicto mayor en el Indo–Pacífico?

Palabras clave:

Guerra proxy; guerra Rusia–Ucrania; Indo-Pacífico; crisis; conflicto.

Ver trabajo completo de investigación en:

https://www.politicayestrategia.cl/index.php/rpye/article/view/1059/727

 

Corresponde a parte del trabajo de Investigación ANEPE: CI 202302, “El poder de las organizaciones detrás de  las  potencias  en  el  Indo-Pacífico”;  investigador  principal  J.  Sanz  J.  coinvestigadores  Javiera  Martínez Toro y Javier Ibáñez Guzmán

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EE.UU., REINO UNIDO Y OTROS PAÍSES SUSPENDEN AYUDA A AGENCIA DE LA ONU POR SUPUESTOS NEXOS CON HAMÁS. Historia de Cooperativa.cl

 

                                                                    EE.UU, REINO UNIDO Y OTROS PAÍSES SUSPENDEN AYUDA A                                                                       AGENCIA DE LA ONU POR SUPUESTOS NEXOS CON HAMÁS

Historia de Cooperativa.cl, 28/01/2024

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Australia y Finlandia suspendieron su financiación para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), por la supuesta colusión de varios miembros de la organización con el grupo islamista Hamás.

“Hago un llamado a que más naciones se unan. Los vínculos de UNRWA con Hamás, la provisión de refugio a terroristas y la perpetuación de su gobierno son innegables. Los dirigentes de UNRWA deben ser destituidos e investigados exhaustivamente”, indicó el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, a través de un comunicado.

Israel asegura que una docena de trabajadores de la UNRWA participó en el ataque que Hamás perpetró el 7 de octubre, que incluyó el lanzamiento de miles de cohetes y la infiltración simultánea de milicianos que masacraron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 250 en poblaciones israelíes cercanas a la Franja de Gaza.

“Llevamos años advirtiendo: la UNRWA perpetúa la cuestión de los refugiados, obstruye la paz y sirve como brazo civil de Hamás en Gaza”, dijo Katz, al subrayar que trabajará personalmente para promover una política que garantice que la UNRWA no sea parte del funcionamiento en la Franja una vez concluida la guerra.

“Trabajaremos para obtener apoyo bipartidista en Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones a nivel mundial para esta política destinada a detener las actividades de la UNRWA en Gaza”, explicó.

La UNRWA anunció ayer el despido inmediato de varios miembros de su personal, y el inicio de una investigación “para establecer la verdad” y “para proteger la capacidad de la agencia de prestar asistencia” en Gaza, donde el 85 % de la población (1,9 millones de palestinos) está desplazada y viviendo una cris.is humanitaria sin precedentes.

  1. UU “Extremadamente Preocupado”. Estados Unidos, el principal socio y proveedor de armas de Israel, se dijo “extremadamente preocupado” por las acusaciones contra la UNRWA y fue el primer país en suspender temporalmente la financiación a la agencia mientras se investiga y se determinan las medidas que Naciones Unidas tomará.

Sin embargo, el país norteamericano reconoció que la agencia ha desempeñado hasta ahora “un papel fundamental” para brindar asistencia a los palestinos, como alimentos y medicinas, y ha “salvado vidas”.

Reacción de la ANP. De su lado, la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna partes reducidas de Cisjordania ocupada, criticó a los países que suspendieron su financiación a la UNRWA antes de que se desarrolle siquiera la investigación.

Además, estima que, aún si se confirma que algunos trabajadores de la UNRWA cooperaron con Hamás, no se debe perjudicar a la organización ni a sus misiones humanitarias, pues la conducta de un grupo de empleados “no refleja la política, las directivas e instrucciones de sus funcionarios, ni la credibilidad del trabajo al servicio de los refugiados palestinos” de la organización.

Con más de 30.000 empleados, la UNRWA es la mayor organización de Gaza al margen del Gobierno de la Franja, controlado de facto por Hamás desde 2007.

La ofensiva israelí ha dejado en el enclave palestino más de 26.257 muertos y 64.797 heridos, mientras los supervivientes enfrentan una crisis humanitaria sin precedentes.

Bajo las lluvias y heladas del invierno, miles de familias con niños y ancianos viven en carpas plásticas a la intemperie, en medio del brote de epidemias y el colapso de los hospitales, además de la persistente escasez de agua potable, alimentos, medicinas y electricidad.

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Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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LA INCAPACIDAD ESTATAL AMENAZA LA DEMOCRACIA EN LA REGIÓN. Jesús Delgado Valery/Latinoamérica21

 

                                                                     LA INCAPACIDAD ESTATAL AMENAZA LA DEMOCRACIA EN LA                                                                                                                          REGIÓN

Jesús Delgado Valery/Latinoamérica21, Director Ejecutivo de Transparencia Electoral

El Mostrador, 21/01/2024

De acuerdo al último relevamiento de Latinobarómetro, sólo el 48 % de las personas apoya la democracia en la región, lo que significa una disminución de 15 puntos porcentuales en los últimos 12 años.

Siguiendo la inercia de los últimos años, el mundo se sigue autocratizando según los principales índices que evalúan el estado de la democracia. 2022 fue el sexto año consecutivo de retroceso democrático de acuerdo al reporte del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).

En nuestra región, los retrocesos más pronunciados son los de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, mientras que no hay ascensos que celebrar.

Por su parte, según la alianza global de organizaciones de la sociedad civil dedicada a fortalecer la acción ciudadana (CIVICUS), cada vez hay más países que restringen y violan las libertades cívicas y casi un tercio de la población mundial vive en países con espacios cívicos cerrados, pasando de un 26 % en 2018, a un 30 % en 2023.

Finalmente, el último estudio de V-Dem señala que el planeta tiene hoy más autocracias cerradas que democracias liberales y que los avances logrados durante los últimos 35 años han sido anulados y como consecuencia el 72 % de la población mundial vive actualmente bajo regímenes autocráticos.

En Latinoamérica la situación no es distinta. Tenemos tres regímenes autocráticos consolidados (Cuba, Venezuela y Nicaragua) y varios en franca regresión democrática (El Salvador, Guatemala y Bolivia).

A esto se suma una desafección democrática generalizada de sus habitantes.

De acuerdo al último relevamiento de Latinobarómetro, sólo el 48 % de las personas apoya la democracia en la región, lo que significa una disminución de 15 puntos porcentuales en los últimos 12 años.

Por su parte, el porcentaje de encuestados a los que no les importaría tener un gobierno no democrático si éste resolviera los problemas, pasó de un 44 % en 2002 a un 54 % en 2022.

¿Falla la democracia o la capacidad estatal? Distintos académicos, entre ellos Adam Przeworski en “La crisis de la democracia” (2022), han advertido sobre la precisión de las encuestas que miden la aceptación de la democracia.

Esto debido a la gran dificultad metodológica para su realización. Si los académicos no llegan a un acuerdo sobre el tema, mucho menos se puede esperar que la ciudadanía en general alcance un consenso acerca de sus alcances y límites.

Es decir, cuando las personas hablan de democracia, no se refieren a lo mismo. Dependiendo del contexto, se referirán a prosperidad, seguridad, empleo, acceso a la educación y a la salud, elegir libremente a sus representantes o el imperio de la ley.

Esto nos lleva a un segundo problema para medir la percepción de la democracia: su vinculación con la capacidad estatal. Desde un punto de vista procedimental, un régimen democrático es aquel en que se celebran elecciones competitivas, con opciones plurales, libertad de expresión, asociación, manifestación, condiciones que garantizan el principio fundamental de las democracias: que los gobiernos pierdan las elecciones (Przeworski).

Desde esta perspectiva reduccionista, la democracia no tendría por qué garantizar bienestar, equidad, desarrollo económico, empleo o programas sociales, cuestiones que tienen que ver con la capacidad estatal y no con el régimen político.

Por eso, encontramos autocracias o teocracias con altos índices de desarrollo económico y democracias con indicadores económicos y sociales muy pobres.

Es por ello que se debe tomar en cuenta que cuando a los habitantes de América Latina se les consulta su percepción sobre la democracia, probablemente respondan valorando a sus gobiernos.

La amenaza autocrática. Precisamente la baja capacidad estatal de los países de América Latina ha producido una frustración ante las expectativas que se tenían de la democracia luego de la tercera ola democratizadora.

Si bien en su famoso discurso, en el marco de la recuperación democrática argentina, Raúl Alfonsín afirmó que “con la democracia se come, se cura y se educa”, los latinoamericanos saben que aunque vivan bajo regímenes democráticos no tienen garantizada la comida, la salud ni la educación.

De acuerdo a datos de la CEPAL, uno de cada tres latinoamericanos vive bajo la línea de la pobreza y uno de cada 10 en la indigencia.

El malestar no se limita a los países que no han podido salir de la pobreza. Incluso aquellos que han crecido ininterrumpidamente por décadas y han sacado a gran parte de la población de la pobreza como Chile, han atravesado recientemente crisis institucionales producto de las expectativas frustradas de sus habitantes. Este contexto, es caldo de cultivo para experimentos autocráticos donde tras discursos refundacionales y populistas, emergen líderes que pretenden encarnar al pueblo sufrido y lo defienden del establishment, la casta o el término que esté de moda.

Lo curioso de este proceso de desdemocratización o autocratización es que el puntapié inicial se hace bajo las normas democráticas. Son candidatos que conforman una fuerza política, compiten electoralmente y ganan elecciones. En muchos casos son bastante populares y tienen una comunicación directa con los ciudadanos.

El problema surge una vez que se hacen con el poder, ya que interpretan que el apoyo electoral y su mayoría circunstancial se traduce en un cheque en blanco, un cupón válido para refundar el país e invisibilizar a las minorías.

Esta vocación hegemónica se reproduce, según los expertos Ginsburg y Huq, a través de tres prácticas que paulatinamente erosionan la democracia.

En primer lugar, la decadencia incremental de las elecciones competitivas, los derechos liberales de expresión/asociación y el imperio de la ley.

En segundo lugar, los cambios discretos en las reglas y procedimientos informales que configuran las elecciones, los derechos y la rendición de cuentas.

Y por último la pérdida de frenos y contrapesos.

Conforme este proceso avanza, la oposición se va volviendo incapaz de ganar, las instituciones establecidas pierden su capacidad contralora y las manifestaciones van perdiendo fuerza al ser reprimidas.

De esta manera, paradójicamente los gobiernos democráticamente electos pueden desmantelar la institucionalidad que les permitió llegar al poder, a veces sin violaciones constitucionales claras.

Mientras en América Latina las expectativas de crecimiento económico sean pobres y la capacidad estatal no pueda satisfacer las demandas ciudadanas básicas, la democracia como sistema político estará en riesgo y los experimentos autocráticos perdurarán.

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Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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ECUADOR, CRUZANDO LA LÍNEA. Juan Pablo Glasinovic Vernon

 

                                                                                  ECUADOR, CRUZANDO LA LÍNEA

Juan Pablo Glasinovic Vernon, Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), magíster en Ciencia Política mención Relaciones Internacionales, PUC; Master of Arts in Area Studies (South East Asia), University of London.

El Mostrador, 15/01/2024

Tiene que haber una campaña permanente y sin cuartel contra todos los peones de estos grupos enquistados en la institucionalidad y que tratan de capturarla, desde los gobiernos locales hasta las más altas esferas.

Ecuador, además de ser el nombre propio de un país, es el nombre del paralelo cero; es decir, de la línea que divide al planeta en dos, con sus hemisferios norte y sur. En este paralelo, además, el día y la noche tienen la misma duración durante todo el año.

O sea, desde esa perspectiva es el punto medio y equidistante. Tanto así que en muchas carreras universitarias hay una especial celebración en su mitad que suele tener el nombre de “Ecuador” o algún otro que evoque el término medio (“ombligo”, etc).

También el cruce marítimo de esta línea suele dar lugar a celebraciones, por el paso que significa de un hemisferio a otro.

Lamentablemente, el nombre de Ecuador en estos días no evoca ni equilibrio ni celebración. En dicho país se ha cruzado una línea roja, que es aquella en la cual el Estado de Derecho y la propia institucionalidad democrática se ven seriamente amenazados.

Mucho se ha escrito sobre lo sucedido en estos días y, por lo tanto, trataré de evitar los lugares comunes y concentrarme en las causas, sus consecuencias y potenciales lecciones.

En lo que se refiere al origen del problema, es evidente que tiene raíces más profundas y no es un fenómeno de los últimos meses o años.

Geopolíticamente, Ecuador está entre los dos mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú. Y como en Colombia hubo una lucha frontal contra el narcotráfico y la desarticulación de los carteles, además de un mayor nivel de vigilancia, era solo una cuestión de tiempo para que se instalaran en Ecuador y aprovecharan que por muchos años este país fue considerado de bajo riesgo en el mapa del crimen organizado.

Por sus dimensiones y por tener uno de los puertos importantes de la costa pacífica sudamericana, Guayaquil, empezaron a procesar y distribuir la droga por ahí.

La circunstancia de ser también una economía dolarizada (Ecuador no emite su propia moneda desde el año 2000), facilitó el ocultamiento, movimiento y lavado del dinero de estos ilícitos.

Como en muchos de nuestros países, antes que la mayoría se diera cuenta, incluyendo a la clase política, ya estaban instaladas y operando poderosas bandas criminales. Por las características reseñadas no solo se desarrollaron grupos locales, sino que también se insertaron carteles de otros países, notoriamente mexicanos y colombianos.

Mientras eso sucedía, el país estaba enfrascado en luchas políticas intestinas, con un creciente desacople entre las expectativas ciudadanas, la institucionalidad y su funcionamiento.

El problema de la delincuencia organizada empezó a visibilizarse durante el Gobierno de Lenín Moreno (2017-21), especialmente con las masacres carcelarias producto de la rivalidad entre bandas. Ahí quedó en completa evidencia su existencia y la lucha sin cuartel por el territorio. Desde entonces han sido recurrentes los episodios de motines, fugas y batallas campales entre grupos en las cárceles ecuatorianas, con centenares de víctimas.

Otra evidencia de la situación fue el aumento de los homicidios. Si en 2015 la tasa era de 6 muertos por cada 100 mil habitantes, en 2023 escaló a 14. Con esto, el año pasado Ecuador pasó a ser el quinto país con la mayor tasa de homicidios del mundo.

Otro hito, que demuestra cómo los criminales fueron copando espacios, fue el asesinato el año pasado del candidato presidencial mejor posicionado y férreo opositor de estos grupos mafiosos, Fernando Villavicencio, cuyas propuestas en esa campaña iban por la seguridad, incluyendo la reforma de la policía y del sistema carcelario. Hasta ahora no está claro quién está detrás de su muerte.

Hace unos días se consumaron las fugas de dos de los más peligrosos jefes de bandas criminales, seguidas de motines con toma de rehenes y atentados en diversas ciudades. Ante esto, el joven y novel presidente Noboa declaró el Estado de Excepción Constitucional de guerra interna, asimilando a las bandas criminales con grupos terroristas.

Esto, junto con la restricción de diversos derechos y libertades, incluyendo el toque de queda, implicó la salida de las Fuerzas Armadas a la calle para asumir la seguridad y combatir a estos grupos.

Desde entonces se ha desatado una seguidilla de acciones y reacciones entre los grupos criminales y las fuerzas de orden y seguridad, con bombazos y tiroteos y las consecuentes víctimas.

Junto con involucrar a las FF. AA., el presidente Noboa ha lanzado una batería de propuestas, tanto para fortalecer la lucha contra el crimen como para cambiar el sistema político y hasta económico. Varias de estas deberán pasar por la Corte Constitucional y podrían tener que ser ratificadas por consulta popular o por el Parlamento en todo caso.

Destacan permitir la extradición de ecuatorianos (lo que ahora la Constitución prohíbe); reformar la ley de extinción de dominio para quedarse con los bienes de los criminales en forma más expedita y fácil; poder aplicar urgencia a cualquier proyecto de ley que surja del Ejecutivo (hasta ahora solo pueden ser calificados así aquellos en materia económica); y consagrar el indulto para militares y policías aun cuando no esté ejecutoriada la sentencia en casos de uso de la fuerza contra sospechosos de delitos.

Todas ellas deberán ser vistas por el Tribunal Constitucional, no existiendo plazos perentorios para ello. También este tribunal tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto presidencial de guerra interna.

Todos los partidos y las principales instituciones se han unido en torno al presidente para enfrentar el complejo momento. El Gobierno también ha recibido la solidaridad internacional.

¿Qué sigue? Lo primero es el control del territorio y del orden público. El Gobierno debe recuperar los espacios y demostrar que está ganando en ese campo. Sin eso, todo lo demás es ilusorio.

Por lo mismo, los grupos criminales están dando batalla frontal. También tienen claro que si resisten socavarán la legitimidad gubernamental y debilitarán la institucionalidad. Por eso, en esta etapa el Gobierno debe ir con todo contra los criminales, dentro de los límites del Estado de Derecho, y no cejar. Cualquier vacilación o retroceso será un triunfo para la delincuencia.

Esta fase debe ser acompañada por la recuperación del control de las cárceles y la construcción de nuevas instalaciones, en las cuales se asegure la separación y aislamiento de los reclusos según su grado de peligrosidad, con una efectiva desconexión con el exterior.

Eso porque, como se está viendo en casi toda la región, los carteles no solo reclutan a miembros en los presidios, también siguen operando desde allí con total desparpajo.

Lo anterior debe complementarse con focalizarse en los bienes de estas organizaciones, para incautarlos y dejarlos así sin recursos para operar, al mismo tiempo que estos acrecientan las arcas fiscales para potenciar el esfuerzo en materia de seguridad.

Solo confiscando sus bienes se podrán derrotar estas bandas, porque mientras cuenten con ellos seguirán enrolando sicarios, soldados y corrompiendo a políticos y funcionarios.

Finalmente, tiene que haber una campaña permanente y sin cuartel contra todos los peones de estos grupos enquistados en la institucionalidad y que tratan de capturarla, desde los gobiernos locales hasta las más altas esferas. Esto es lo más peligroso y también lo más difícil de desarticular.

Como es evidente, una cosa es tener un diagnóstico y un propósito, y otra es llevarlo a cabo. Lo segundo es lo más complicado, pero ayuda si existe lo primero. Afortunadamente existe un clamor en nuestros países por más seguridad y por luchar contra el crimen.

La institucionalidad está reaccionando, con retraso y parcialmente, pero lo está haciendo.

Lo que hace falta es una coordinación real y efectiva entre los países para enfrentar el problema. Y esto requiere que los Estados se alineen tras este objetivo, con todas sus instituciones.

No hay posibilidades reales de vencer al crimen organizado si no se combate coordinadamente, por cuanto es un fenómeno transnacional. Eso involucra compartir inteligencia, experiencia, capacitar, entrenar, aportar recursos a los más expuestos, etc.

En mi opinión, este es el eslabón más débil de la cadena y en el cual los países debieran poner más énfasis.

Lo que está sucediendo en Ecuador nos deja o replantea varias preguntas, como: ¿es o no conveniente involucrar a las FF. AA. en la lucha criminal? Una vez que se involucran, ¿cuándo deben retirarse? ¿Cómo se combate más efectivamente la infiltración de las instituciones por los criminales? ¿Cómo abordar el régimen carcelario sin cerrar la puerta a la posibilidad de la reinserción? ¿Cuál es el rol del Estado y de la sociedad civil para prevenir la delincuencia?

Finalmente, y volviendo a la contingencia, hay que prepararse para una eventual dispersión de estas bandas en los países de la región, escapando temporal o definitivamente de Ecuador, agregando más complejidad al cuadro de la seguridad hemisférica.

Son tiempos de prueba que solo se pueden sobrellevar con éxito unidos.

¡Vamos, Ecuador, vamos Latinoamérica!

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Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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EL DESVÍO DE 6.500 KM QUE DEBEN TOMAR LOS GRANDES CARGUEROS PARA EVITAR LOS ATAQUES EN EL MAR ROJO. Chris Baraniuk/BBC Future

 

                                                                 EL DESVÍO DE 6.500 KM QUE DEBEN TOMAR LOS GRANDES                                                                               CARGUEROS PARA EVITAR LOS ATAQUES EN EL MAR ROJO

Chris Baraniuk/BBC Future

BBC News Mundo, La Tercera, 26/01/2024

Se estima que el 12 % del comercio mundial pasa por el mar Rojo cada año, lo que equivale a más de US$ 1 billón, pero muchas empresas navieras han comenzado a evitar la zona y cientos de portacontenedores gigantes están utilizando ahora el canal de Suez en sus viajes de Asia a Europa.

Se puede ver exactamente dónde impactó el dron. Solo hay que buscar las espantosas marcas negras que manchan la pintura blanca del barco.

El pasado 17 de enero, el MV Genco Picardy, un granelero de propiedad estadounidense, se convirtió en la última víctima de los ataques de los hutíes contra embarcaciones comerciales que navegaban por el mar Rojo: una de las rutas marítimas más transitadas del mundo es ahora seguramente la más peligrosa.

Desde noviembre, el grupo rebelde yemení ha atacado a los buques que pasan por el estrecho de Bab al Mandab, un canal de 32 kilómetros de ancho que separa el noreste de África de Yemen, en la Península Arábiga.

Los insurgentes afirman estar apuntando a barcos con conexiones con Israel como represalia a la guerra en la Franja de Gaza. Hasta ahora han utilizado de todo, desde secuestradores fuertemente armados hasta misiles y drones.

Para los marinos atrapados en el caos, debe ser aterrador. Por ejemplificar: un petrolero puede transportar alrededor de un millón de barriles de crudo altamente inflamable.

La tripulación del MV Genco Picardy, que transportaba roca fosfórica, resultó ilesa y pudo extinguir el incendio provocado por el dron incendiario.

Complicando el panorama. No es una situación que alguien envidiaría, admite Michelle Wiese Bockmann mientras dice que contó nada menos que 300 barcos entrando en el tramo más peligroso de la ruta del mar Rojo en un día a principios de esta semana.

“Cada uno de esos 300 buques lleva entre 15 y 25 personas a bordo”, afirmó la analista principal de Lloyd’s List Intelligence, una firma especializada en el comercio marítimo mundial.

“Es como un autobús que transporta pasajeros y se dirige directamente a lo que, para ellos, es una zona de guerra. No pueden decidir si lo hacen o no”, agregó.

Se estima que el 12 % del comercio mundial pasa por el mar Rojo cada año, lo que equivale a más de US$ 1 billón. Pero muchas empresas navieras han comenzado a evitar la zona por completo.

Cientos de portacontenedores gigantes, algunos de ellos de más de 300 metros (984 pies) de largo, están eligiendo ahora un largo desvío alrededor del continente africano en lugar de dirigirse hacia el mar Rojo y atravesar el canal de Suez en sus viajes de Asia a Europa.

Pero desviar buques tan grandes no es una tarea fácil: la logística involucrada puede ser enorme y consumir mucho tiempo.

En otros lugares, la grave sequía que aflige al canal de Panamá y la guerra en Ucrania –que ha restringido los envíos de cereales a través del mar Negro– también están estrangulando las cadenas de suministro mundiales.

Es urgente adaptarse y desviarse, aunque esto conlleva graves consecuencias financieras y ambientales.

Una alternativa costosa. En noviembre del año pasado, los hutíes secuestraron un barco lleno de vehículos y publicaron un vídeo sobre su hazaña.

Sus armas explosivas también alcanzaron a buques portacontenedores y graneleros y por poco a un petrolero ruso. Este último fue, aparentemente, atacado por error.

Las operaciones militares de Estados Unidos y Reino Unido destinadas a proteger las naves y disuadir a los hutíes también han entrado en escena.

Además de la amenaza a la vida y la integridad física, navegar hacia tal vorágine significa primas más costosas, posibles problemas legales y retrasos impredecibles.

La carga transportada por estos buques puede valer entre millones y cientos de millones de dólares. Y, por ello, no sorprende que las navieras hayan decidido, en muchos casos, enviar a sus buques por otras rutas.

Sin embargo, alejarse del mar Rojo y tomar el largo desvío alrededor del cabo de Buena Esperanza (África) agrega alrededor de 3.500 millas náuticas (6.500 km) y de 10 a 12 días de navegación a cada viaje.

El cambio requiere combustible adicional (un valor adicional de US$1 millón según algunas estimaciones), posiblemente encontrar puertos de escala alternativos, ajustes en los cronogramas de entrega y costos crecientes.

Pero muchas empresas están tomando esa decisión en lugar de arriesgarse a ser atacadas con misiles y secuestradores.

Las empresas de contenedores se han visto obligadas a luchar por alquilar suficientes barcos para los viajes más largos que ahora deben realizar para evitar el mar Rojo, y se teme que la crisis pueda tener impactos económicos generalizados, elevando los precios de los bienes y retrasando las entregas de productos por semanas o quizás más.

Haciéndose eco de los comentarios de funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., Wiese Bockmann, de Lloyd’s List Intelligence, afirmó que los hutíes se han vuelto cada vez más indiscriminados.

Sin más opciones. Otra persona que ha estado observando el desarrollo de la crisis es Anna Nagurney, economista de la Universidad de Massachusetts, quien recordó que ya existían importantes puntos de estrangulamiento en el comercio mundial, incluida la reducción de los flujos a través del canal de Panamá, el cual conecta los océanos Pacífico y Atlántico. Esto debido a la sequía.

“Muchos barcos (de China) se estaban desviando y no utilizaban el canal de Panamá, sino que comenzaban a utilizar el canal de Suez. Así que ahora todo se está poniendo patas arriba”, dijo.

Dar un rodeo por el cabo de Buena Esperanza parece extremo, pero las navieras lo han hecho antes, por diferentes motivos. Y en este caso, dado el enorme volumen de carga involucrado, no hay realmente ninguna alternativa, afirmó Nagurney.

Un portavoz de Maersk, una de las compañías navieras más grandes del mundo, insistió en que existen límites en cuánto a la cantidad de carga que se puede trasladar desde el transporte marítimo al ferroviario y aéreo, debido a la enorme cantidad que pueden transportar los buques de carga.

Sin embargo, las duras condiciones climáticas que a veces enfrentan los barcos que navegan por el extremo sur de África significan que esta opción no está exenta de riesgos, añadió Nagurney.

No es el fin del mundo. Las empresas involucradas en el transporte marítimo y la logística tienen mucha experiencia en llevar la carga a donde necesita ir, de una forma u otra, y las cadenas de suministro globales son en realidad muy resistentes, agregó Wiese Bockmann.

Y, por ello, la experta aseveró que la actual crisis del mar Rojo no debe verse como un “Armagedón” para la industria naviera.

Un ejemplo de ello es cómo los ucranianos se han adaptado a la amenaza que representa para sus buques de cereales la marina rusa que opera en el mar Negro.

Nagurney y sus colegas han estudiado la extraordinaria respuesta a este problema, que ha tenido como resultado que Ucrania mueva millones de toneladas de cereales a lo largo de corredores alternativos, como el río Danubio o por tierra a puertos marítimos en Rumania, que actualmente son más seguros para los buques que los puertos ucranianos.

Eso no quiere decir que este cambio de ruta de enormes buques de carga no tenga serias consecuencias. Ya hay informes que apuntan a que el aumento en los costos probablemente se trasladará a los consumidores.

Sin embargo, Eddie Anderson, profesor de gestión de la cadena de suministro en el Imperial College de Londres, descartó que el impacto económico alcance los niveles extraordinarios que registró durante lo peor de la pandemia del covid-19.

Las altas tarifas no son una barrera para que los fabricantes opten por enviar sus productos y componentes por vía aérea en este momento, en lugar de arriesgarse a retrasos en sus líneas de suministro.

Una pregunta clave es cuánto tiempo durará la crisis del mar Rojo. Empresas navieras y expertos ya han sugerido que podría durar meses. Anderson está de acuerdo: “Seguramente estamos hablando de meses. No me imagino que sean años, pero ¿quién puede decirlo?”, dijo.

La huella medioambiental. También hay que pensar en el impacto en el medio ambiente. Los aumentos repentinos en el tráfico marítimo pueden provocar cambios dramáticos en el ruido submarino, lo que a su vez puede afectar a las poblaciones de peces y mamíferos marinos locales.

Además, los barcos que navegan miles de millas más consumirán mucho más combustible y emitirán más carbono a la atmósfera para entregar la misma carga.

En 2023, la Organización Marítima Internacional estableció objetivos de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 y reducir las emisiones en al menos un 20 % para 2030.

“Si esto continúa, el transporte marítimo no alcanzará su meta en la reducción de emisiones este año”, admitió Rico Luman, experto en transporte de la firma de servicios bancarios y financieros ING.

El especialista señaló que los petroleros están recorriendo muchas más millas que antes de la guerra en Ucrania, pues las sanciones contra Rusia han llevado a la remodelación de muchas rutas marítimas. Por lo tanto, los barcos de ciertos tipos ya están emitiendo más, por unidad de carga, que antes.

Lo que está claro, sin embargo, es que el ataque hutí al comercio mundial no arruinará las cadenas de suministro. No obstante, se trata de una grave amenaza, y más aún para los marinos cuyas vidas siguen en peligro.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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ECUADOR Y SU LUCHA. El Mercurio, Editorial

 

                                                                               ECUADOR Y SU LUCHA

El Mercurio, Editorial, 23/01/2024

El crimen organizado tuvo años para extender sus tentáculos.

A quince días de la jornada de violencia que paralizó a Ecuador a manos del crimen organizado, los ecos de aquel día aún resuenan en ese país y en el resto de América Latina. Después de todo, nunca antes se había vivido una situación similar, en la que grupos delictuales desafiaran de manera tan abierta la autoridad del Estado.

El gobierno del Presidente Daniel Noboa debió enfrentar una crisis de orden público a nivel nacional, la que involucró la detonación de bombas, el incendio de vehículos, motines en diferentes cárceles, la toma de cerca de 200 rehenes (incluyendo personal carcelario) y el impactante asalto a un canal de televisión por un grupo armado.

Ante estos hechos, Noboa declaró estado de excepción con toque de queda nocturno y afirmó que Ecuador estaba en una situación de “guerra interna”.

El sábado, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, comentó en la red social X que en estos días el promedio diario de muertes violentas había bajado de 28 a 6, producto de las medidas adoptadas por el gobierno de Noboa.

Una cifra que no deja de impresionar, pero que sigue siendo preocupante en un país que en 2023 estuvo entre los más violentos del mundo, con 45 homicidios por cada 100.000 personas.

Basta recordar que la misma semana pasada fue asesinado a tiros César Suárez, uno de los fiscales que investigaban el asalto al canal de televisión TC, así como grandes casos de corrupción.

Las medidas establecidas por el Presidente Noboa parecen estar dando resultado, aunque celebrarlas resulte muy prematuro. Los ecuatorianos, al igual que muchos ciudadanos de la región —incluyendo a Chile—, siguen saliendo cada día a las calles con el justificado miedo a ser víctimas de alguna acción delictual.

Por cierto, esta realidad no apareció de la noche a la mañana. Los grupos del crimen organizado tuvieron años —si no décadas— para ir creciendo y extendiendo sus tentáculos por Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y el resto de la región, aprovechando la autocomplacencia de gobiernos, la creciente corrupción y la falta de visión al no dimensionar que se estaba ante un fenómeno mucho más complejo que la delincuencia común.

Estas organizaciones son cuerpos jerarquizados que pueden llegar a contar con cientos y hasta miles de integrantes. Tienen acceso a armas de fuego que rivalizan con las de las policías y las Fuerzas Armadas, manejan tecnología de punta y tienen la capacidad de actuar cruzando las fronteras de América Latina.

¿Cómo se combate una amenaza de estas características? Desde luego, con voluntad. Y para ello se necesita unidad y apoyo de todas las fuerzas democráticas al enfrentar el fenómeno.

También, que las instituciones y fuerzas de orden tengan los recursos y las garantías necesarios para realizar su trabajo. Y tercero, sin perder de vista que esta es una batalla que, para lograr resultados duraderos, no puede ser perdida en ningún país, por lo que la cooperación transnacional es clave.

Cada vez que el crimen organizado campea por un vecindario o ciudad, el Estado desaparece de calles, plazas, colegios y hospitales, entre otros. Y eso no se puede permitir.

Por ello, las autoridades ecuatorianas necesitan el apoyo de todos los gobiernos que defienden la libertad y la democracia en la región.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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