Categoría: Seguridad y defensa

                                                         Imposición del Orden y la Seguridad
                                                         Por una vez digamos la verdad.1 (2)

La “seguridad ciudadana” es el producto de las acciones y previsiones del Estado para proteger a los ciudadanos y asegurar su calidad de vida.
La percepción de inseguridad en 2023 Chile alcanzó el 90,6%, la más alta en 10 años y muestra un incremento del 23% respecto a 2022 fue 70,6%
Por su parte, el índice de percepción ciudadana sobre la situación de la seguridad pública señala que el miedo de la población chilena a ser atacado alcanzó su máximo registro histórico llegando al 30,5%.
Durante 2012 el 24%; de los hogares chilenos fue víctima de algún delito como robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa, robo de vehículos y hurtos; 2013 el 21%; durante el año 2019 fue 23,6%; en 2021 fue de 21%.
Es decir, en términos reales, la criminalidad ha variado relativamente poco.
Sin embargo, hay consenso general que hoy día Chile sufre una aguda crisis de seguridad.
La Declaración de Derechos del Hombre (1789) señala que “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial al otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otro límite que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos; estos límites sólo pueden estar determinados por la ley”. El concepto de “orden público” establece garantía y límite a la libertad.
Este concepto evolucionó hacia el de “seguridad ciudadana” mucho más amplio, que incorpora los valores del Estado Social y Democrático; llevando al concepto más allá de forzar a los ciudadanos a la “obediencia a la norma” sino a garantizar la “calidad de vida” de los mismos. Este cambio es crítico ya permite percibir con claridad que frente a las demandas de seguridad, la democracia aparece asociada a sentimientos de peligro, miedo y urgencia.
Se trata, entonces, de dejar de lado el paradigma del orden, para ubicarnos en el de la seguridad urbana, entendiendo seguridad de las personas y no seguridad del Estado. Si la inseguridad y el miedo han aumento considerablemente y la criminalidad ha variado relativamente poco es porque debe haber otros factores concomitantes que no estamos valorando.

En efecto, la primera amenaza existencial a los chilenos vino del alzamiento pre- revolucionario de octubre 2019 que puso en duda la continuidad democrática de Chile y su condición de Nación. Luego surgió la inmigración ilegal, que cambió por completo a barrios y pueblos e introdujo un elemento de tensión social integral; después y conexo con lo señalado apareció la práctica de delitos atroces, desconocidos para los chilenos y detalladamente difundidos por la televisión: el descuartizamiento de las víctimas, los secuestros extorsivos, el sicariato profesional, las “encerronas” y “portonazos”, el pandillerismo como forma de vida, la guerra entre bandas delictuales, el abandono de las víctimas en lugar públicos y concurridos, la depreciación intensa del respeto a la ley, la higiene y las conductas ciudadanas civilizadas.
Si sumamos la seguidilla de eventos electorales constitucionales; la crisis económica; la expresión y práctica de un partido político de extrema izquierda y de varios grupos anarquistas validando el empleo de la violencia con fines políticos anti democráticos, podemos apreciar que mirado en forma realista y amplia, el temor y la incertidumbre de la ciudadanía decente de Chile respecto a su seguridad actual y futura, en su casa y fuera de ella, en su transporte público o privado en los barrios comerciales y residenciales y prácticamente en todo su hábitat es completamente naturales y fundados. A lo señalado se suma la evidente incompetencia y deshonestidad de muchos órganos de gobierno, legislativos y judiciales.
Volviendo al tema que nos interesa, si los que buscamos es la “seguridad ciudadana” y no “la seguridad del estado”, es en el funcionamiento de éste el lugar en donde debemos buscar la causa y no solo hacerlo en las Policías, las que, por cierto, están sujetas a crítica como todos los demás órganos del estado de Chile.
Parece evidente que la refundación de Carabineros de Chile será un aporte menor y de baja prioridad para el bienestar y seguridad de los ciudadanos.
En este marco, la necesidad social de seguridad de personas y bienes justifica, per se, la existencia de la policía. De esta manera, los ciudadanos son los primeros interesados en colaborar con la actuación policial, de tal suerte que se evite el recurso a la fuerza. Para concluir, podríamos decir que el modelo de policía comunitaria tiene su última justificación en el mantenimiento de la seguridad de las personas.
Chile y Carabineros de Chile en particular han dado pasos firmes hacia la conformación una policía “comunitaria”, “educadora” y “correctiva” que le ha hecho ganar la estima de la ciudadanía y le ha permitido avanzar un largo trecho para adaptarse al Chile del siglo XXI con tanto éxito como lo ha hecho hasta hoy.
En una próxima oportunidad, veremos el concepto de Plan Cuadrante y la necesidad de otra organización policial integrada a Carabineros pero operada directamente por el Ministerios del Interior (o de Seguridad Pública), para manejar temas complicados, con fuerte carga política, que conflictúan con la existencia de una policía “comunitaria” realmente eficaz; me refiero al control de disturbios, multitudes agresivas y descontroladas, de grupos políticos violentos y de terroristas, delitos de ocurrencia ocasional pero de alta peligrosidad e intensamente potenciadoras de la inseguridad ciudadana.

Fernando Thauby García
Melosilla 20 de febrero de 2024

Un aporte de nuestro Past Presidente, Humberto Julio Reyes

Este paper forma parte de un conjunto de varios documentos que, bajo un mismo título seguido de un número correlativo conforma una propuesta estratégica de seguridad ciudadana.

                                                                                Imposición del Orden y la Seguridad
                                                                                    Por una vez, digamos verdades

La reciente reunión del Consejo de Seguridad Nacional, cuyo texto fue publicado por el gobierno, fue  fraude. En efecto, la ciudadanía creyó que se trataría de la seguridad que les importa a ellos y así lo dejó creer el gobierno. Pero no, el tema era darle más vueltas al manido tema de la “protección de la infraestructura” de servicios por parte de las FFAA.
Del texto quedó claro que el asunto de fondo era constatar que tanto las FFAA como el Gobierno no querían que, durante la existencia de un Estado de Excepción Constitucional específico, éstas se involucraran en la protección de la ciudadanía que vive en áreas urbanas.
Llevamos años dando vuelta al tema de las FFAA en la seguridad interna. El asunto es simple y claro: El responsable y encargado de proveer a los ciudadanos de un entorno seguro en el cual llevar a cabo su vida y actividades es el Gobierno. Todas las Constituciones habidas y por haber así lo establecen. Es el eje del contrato social mediante el cual los ciudadanos entregan parte de su libertad y su dinero al Estado, a cambio de la protección de su vida y sus bienes. En Chile, la Constitución entrega esta tarea al Presidente de la República y éste lo lleva a cabo mediante un conjunto de instituciones que la misma Constitución establece.
Para enfrentar situaciones extraordinarias, la Constitución considera la existencia de Estados de Excepción Constitucional que a su vez requieren su confirmación por parte del Congreso. Este Estado de Excepción otorga al Presidente la facultad de determinar la forma y oportunidad del empleo de las FFAA en tareas de orden y seguridad.
En breve, la responsabilidad de la conservación del orden y la seguridad es responsabilidad del Presidente en tiempos normales, refrendado por el Congreso en tiempos extraordinarios.
Si el poder político (ejecutivo y congreso) quieren eliminar un Estado de Excepción, o modificarlo, es asunto suyo, en el cual los militares no tienen opinión. Es una elección política.
Desde otra perspectiva, la Constitución excluye a las FFAA de las tareas de resguardo del orden y la seguridad pública, pero reconoce que puede haber situaciones “excepcionales” que serán definidas y juzgadas así por el Poder Político; es decir tiene claro que existen situaciones fuera de la normalidad y que se requiere el empleo de medios y recursos de fuerza excepcionales. En este caso, La misma Constitución establece que esas fuerzas son las FFAA, que tienen características de equipamiento, empleo y objetivos específicos derivados también de la misma Constitución. Son fuerzas de combate para la defensa armada y exterior de la República.
Esto nos permite apreciar que si se vive una situación de tal magnitud que el Gobierno declara un Estado de Excepción que lo autoriza a emplear a las FFAA y que éstas son, sin duda, fuerzas de combate, las consecuencias de su empleo son de su exclusiva responsabilidad, ya que el Congreso lo autorizó a emplear los recursos de fuerzas existentes tal y como son. Si quiere otro tipo de capacidades deberá fundar otras instituciones o modificar profundamente las existentes, renunciando a disponer de fuerzas de combate.
Si no era eso lo que quería, debería levantar el Estado de Excepción.
De la misma manera, deberá asumirá que el empleo de las fuerzas tendrá consigo un determinado nivel de eficacia y un probable nivel de bajas. De esta realidad es de donde surge el poder disuasivo del ejecutivo – a través de sus FFAA- hacia los causantes del caos, que los llevará a desistir de sus empeños violentos o a enfrentar conscientemente los efectos de su elección. Es absurdo enviar una fuerza de combate con prohibición de emplear sus medios de combate. Los oponentes, conocedores de esa situación actuarán aún más violentamente. A contrario sensu, su aparición en la escena, estando conscientes que se empeñarán en combate en cualquier momento es, efectivamente disuasivo y las probabilidades que haya un encuentro mayor, decrecen fuertemente.
La derrota de las FFAA es el primer paso de la derrota del Estado.
Por ahora, creo que está establecido, uno, que para un gobierno tomar decisiones a medias es mucho más peligroso de lo que parece y segundo que no debería declarar Estado de Emergencia en una situación que no es tal y que no válida el empleo de fuerzas militares.
Tratar de modificar sobre la marcha la naturaleza de una fuerza de combate es tentar al destino y correr riesgos imposibles de cuantificar.
¿En qué condiciones las FFAA pueden actuar con eficiencia en la protección del orden y seguridad pública? ¿Quién asume las responsabilidades políticas y operativas? ¿Quién manda que?
En una próxima oportunidad revisaremos estos y otros aspectos críticos de este problema.

Fernando Thauby García
Melosilla, 17 de febrero de 2024

Un aporte de nuestro Past Presidente, Humberto Julio Reyes

                                                          “Geopolítica en las aldeas: las regiones y sus dilemas”

                                                                  Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE)

La que hasta hace poco fuera nuestra, amalgamada, aldea global, ha comenzado a fracturarse. Una ruptura que ha debilitado significativamente al multilateralismo, pero sin que aún pueda considerarse la aparición de un nuevo orden mundial, sustentado en una multipolaridad ni mucho menos, a pesar del deseo de algunas potencias emergentes y medianas de reemplazar el orden nacido en la post II Guerra Mundial.

Nos encontramos así con un mundo que, a pesar de su elevada interconexión, no ha creado mecanismos o instituciones nuevas para fomentar la negociación, la cooperación o la resolución de los nuevos conflictos, de manera tal que solamente se observa una crítica fuerte y en parte fundada a la multilateralidad, pero que hasta ahora no ha pasado de ser un intento de alterar la distribución del poder global y su institucionalidad.

En estas circunstancias, la geopolítica tradicional ha dado paso a un complejo abanico de factores a considerar que poseen importancia para todos los países del orbe por los efectos que genera y que van configurando una dinámica en función de la cual se establecen áreas de tensión y problemas complejos cuya evolución constituye materia de trabajo de los análisis subsiguientes.

Descargar Mirador Mundial:

https://www.publicacionesanepe.cl/index.php/mirador/article/view/1070

                                                                  ACUSACIONES DESESTIMADAS, ABSUELTOS O A                                                                     LA ESPERA DE JUICIO: ¿QUÉ PASÓ CON LOS CASOS                                                                    MÁS EMBLEMÁTICOS DEL ESTALLIDO SOCIAL?

José Carvajal Vega y Danilo Barra

La Tercera PM, 02/02/2024

Diferentes son los escenarios judiciales de los casos más recordados de la crisis social de 2019, como el ataque a Gustavo Gatica, causa en la que aún no comienza el juicio oral. También está el supuesto centro de torturas de Baquedano o los vejámenes sexuales en contra de un estudiante que fueron desestimados por el Ministerio Público. Finalmente, en los apremios ilegítimos que sufrió la ahora senadora Fabiola Campillai ya hay una condena. Todo esto salta a la luz a raíz del “vuelco” en el caso Pío Nono, donde la Fiscalía ofreció un juicio abreviado abriéndose a la posibilidad de que no existiera un homicidio frustrado.

Cuatro años han pasado desde el inicio del estallido social del 2019 y diferentes son los escenarios judiciales de las causas que por aquel entonces se iniciaron por la violación a los derechos humanos de los manifestantes de la crisis social que comenzó el 18 de octubre de ese año.

Y es que, si bien con el pasar del tiempo algunos casos ampliamente viralizados durante el 2019 han sido aclarados o desestimados por la Fiscalía, otros han logrado la condena de funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, principalmente por apremios ilegítimos, como es el caso en el que se vio afectada la ahora senadora, Fabiola Campillai.

El registro sale a la luz ahora que hubo un vuelco en la causa del denominado Puente Pío Nono y el ofrecimiento de un juicio abreviado por parte de la Fiscalía, lo que significa un vuelco en lo que se planteó desde un inicio que era un homicidio frustrado cometido por el carabinero Sebastián Zamora. ¿En qué están algunas de las emblemáticas causas del 18-O?

Caso Pío Nono. El viernes 2 de octubre 2020, el adolescente de 16 años, A. A. cayó al río Mapocho desde el Puente Pío Nono impulsado por el excabo de Carabineros, Sebastián Zamora durante las manifestaciones de aquel día en la Plaza Baquedano.

El joven, producto de la caída sufrió fracturas en el cráneo y en sus dos muñecas, consideradas como lesiones graves.

Inicialmente, la fiscal a cargo del caso, Ximena Chong, pidió una pena 8 años de cárcel por el delito homicidio frustrado. Cargos que han sido rechazados por la defensa de Zamora, quien incluso desestimó aceptar un procedimiento abreviado y optó por un juicio oral, en el que pudiese demostrar su inocencia.

La defensa argumenta que la causa de la caída del joven al río sería por un “choque casual” y no habría dolo en su acción. Causa que será resulta, finalmente, en un juicio oral en el Cuarto Tribunal Oral de Santiago.

El falso centro de tortura en Baquedano. La madruga del 23 de octubre de 2019, a sólo pocos días del inicio de la crisis social, comenzó a viralizarse un mensaje de WhatsApp. “Cabros, con mucha tristeza les comento que se supo de un centro de retención Estación Baquedano (tiene “comisaría interna”). Se encontró sangre y amarras. Anoche dos jueces del 7mo. Juzgado de Garantía (cuya jurisdicción es Santiago) dan cuenta de que se torturó gente”, decía el mensaje que tenía como origen un joven estudiante de 22 años, Nicolás Lüer Santis.

La denuncia daba cuenta que funcionarios de Carabineros habrían -supuestamente- llevado al joven hasta la comisaría al interior de la estación Baquedano, donde lo habrían torturado y observó amarras desde donde se supone que colgaban a los detenidos e incluso les disparaban.

La magnitud de lo denunciado derivó en que, efectivamente, dos magistrados llegaran hasta el recinto policial bajo tierra, descartando ya en esa instancia que el lugar se habría utilizado como centro de tortura. Sin embargo, igual se enviaron los antecedentes al Ministerio Público.

Un año después la Fiscalía Metropolitana Oriente descartó la existencia del supuesto centro de tortura, e incluso se revelaría que el denunciante pese a declarar jamás formalizó la denuncia. “Lo cierto es que no solamente no se logró acreditar estos hechos, sino que muy por el contrario se descartaron”, sostuvo el fiscal Álvaro Pérez el 15 de junio del 2020.

Un informe de la PDI -a la que se le encargó la investigación- expuso que, una serie de pericias en el lugar, testimoniales, fotográficas y hasta de cámaras de seguridad del recinto desmentían la denuncia. “No se encontraron indicios criminalísticos para acreditar la efectividad del delito denunciado”, dice parte del expediente dado a conocer por La Tercera ese año.

Tiempo después el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago finalmente sobreseyó la investigación.

Un estudiante víctima de vejaciones sexuales. También durante los primeros días de la crisis social de 2019, se comenzó a viralizar en redes sociales la denuncia de Josué Maureira, estudiante de medicina de la Universidad Católica, quien relató haber sido torturado por efectivos de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda tras ser detenido, señalando incluso que en el recinto policial había sido abusado y sometido a vejámenes sexuales.

Con el pasar de los días la propia Fiscalía reformalizó los hechos ocurridos, excluyó y descartó la supuesta agresión sexual, dejan sólo los delitos de torturas y apremios ilegítimos.

Finalmente, en julio del 2022 el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago absolvió a los siete efectivos policiales que habían sido formalizados por estos hechos, ya que la Fiscalía no logró acreditar su participación en los hechos denunciados.

Incluso, el tribunal consideró que la utilización de la fuerza por parte de los funcionarios en contra de Maureira se había ajustado a los protocolos.

Pese a que los actos de carácter sexual fueron descartados muy tempranamente en la investigación y que no se pudo comprobar hechos de tortura, el tribunal sí pudo constatar que el estudiante fue agredido con golpes de puños y pies al interior del recinto policial, aunque no se logró acreditar la culpabilidad de los tres funcionarios señalados como los autores de esas agresiones.

Acuña y Veloz. La noche del 23 de octubre del 2019, Mario Acuña (43) se encontraba manifestándose junto a un grupo de personas en una plazoleta de Buin. En ese contexto, llegaron funcionarios policiales lo que provocó que la gente huyera del lugar, pese a eso dos carabineros alcanzaron a Acuña a quien le ordenaron tirarse al piso para luego comenzar a golpearlo.

Los golpes fueron, según sostuvo la Fiscalía, principalmente en la cabeza, generando un traumatismo encéfalo con compromiso nervioso y de la médula espinal, provocando que la víctima quedara con un daño permanente, postrado y con inhabilidad total para trabajar e incluso incapacidad para su autocuidado.

En agosto del año pasado, el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo condenó a los exfuncionarios Henry Cuellar y Víctor Lastra a una pena de 12 años y 183 días para los dos imputados por la brutal golpiza al trabajador.

En la Región de Coquimbo, en septiembre del año pasado, se condenó a cuatro funcionarios del Ejército por el crimen de Romario Veloz, quien falleció el 20 de octubre de 2019 tras recibir el impacto de un proyectil en el cuello en una marcha en las inmediaciones del Mall Plaza La Serena.

La condena más alta, a 15 años de cárcel, la recibió el capitán del Ejército, José Faúndez, acusado como autor del delito de violencia innecesaria causando la muerte y dos delitos de violencia innecesaria causando lesiones graves.

Campillai y Gatica. En noviembre del 2019, Fabiola Campillai recibió en el rostro el impacto de una lacrimógena, percutada por el excapitán de carabineros Patricio Maturana, lo que le causó heridas graves que concluyeron en la perdida de la visión de ambos ojos.

El excarabinero fue dado de baja el 28 de agosto de 2020, luego que la institución haya tomado esa decisión por no ayudar a la víctima y omitir el procedimiento legal correspondiente.

El Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo decretó la sentencia el 11 de octubre 2022, por los delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, en carácter de consumado.

El uniformado fue condenado en octubre del 2022 a la pena de 12 años y 183 días de prisión y es una de las causas que según Amnistía Internacional Chile, forma parte de las 27 condenadas que se han logrado en casos originados en el estallido social.

La defensa presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, sin embargo, el tribunal de alzada rechazo la solicitud.

En el caso de Gustavo Gatica, la Fiscalía Centro Norte en septiembre del año pasado presentó la acusación y solicitó una pena de 12 años de cárcel para el exoficial de Carabineros, Claudio Crespo, quien es sindicado como el autor de los disparos que cegaron al entonces joven estudiante de psicología.

El ente persecutor, acusa al otrora funcionario de las extintas fuerzas especiales de la policía uniformada del delito de apremios ilegítimos con resultados de lesiones grave gravísimas.

Luego de la acusación, la causa se encuentra en una etapa previa de la preparación del juicio oral, citándose a los testigos del caso.

La defensa del desvinculado funcionario logró que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera un recurso en contra del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, a quien se le ha acusado de tener posturas poco parciales en las causas relacionadas a la crisis social.

Se espera que se fije una fecha para que inicie el juicio oral en contra de Crespo.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                                      LAS RAZONES DEL PC QUE LO OBLIGARON A                                                                                                        ALINEARSE CON EL GOBIERNO EN SEGURIDAD

Cristóbal Fuentes y David Tralma

La Tercera, 02/02/2024

El timonel del partido, Lautaro Carmona, ayer en la mañana llamó por teléfono a personeros del Ejecutivo para solicitar más información sobre la convocatoria del Cosena. Las consultas fueron en medio de la fuerte presión y molestia de algunos de sus diputados por el uso de esta medida.

Tras enterarse de que el Presidente Gabriel Boric convocó al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para el próximo lunes, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, tomó su teléfono y llamó a militantes de la colectividad que están vinculados con la medida, así como también al Ministerio del Interior, promotor de la convocatoria.

“Soy el presidente del partido, no necesito redes. Puedo llamar a un compañero que esté en tarea y le digo cuál es la opinión, que argumento tienes tú y me lo va a comentar”, indicó el líder PC a La Tercera.

En el PC estaban conscientes de la sensibilidad del tema. Rápidamente algunos de sus diputados salieron en duros términos a cuestionar la determinación. En ese escenario, la tienda convocó a una comisión política extraordinaria -mismo espacio que se había reunido menos de 24 horas antes- para zanjar una postura sobre el asunto.

Así, hasta Vicuña Mackenna 31, desde las 17:30, comenzaron a llegar los dirigentes del espacio en el que el PC delibera cada semana, a una cita que se coordinó antes del comité político ampliado de ayer, para que no se viera que la reunión comunista se efectuó por encargo del gobierno.

Para el PC también era ideal llegar a La Moneda con su postura ya informada por medio de un comunicado, lo que ocurrió. De hecho, Carmona se retiró anticipadamente del encuentro en dirección a La Moneda para participar del comité político ampliado, mientras que el resto de la comisión política siguió elaborando el escrito.

“Es atribución exclusiva del Presidente de la República, reconocemos la importancia de contar con la opinión de sus integrantes, más aún cuando la derecha bloquea importantes proyectos de ley en el Congreso. El Congreso tendrá la última palabra en el debate sobre el proyecto de infraestructura crítica, que se dará en los próximos meses”, constató el documento final del PC, que también marcó una diferencia con lo que expresó la ministra Camila Vallejo -principal rostro del PC dentro del gobierno- en su vocería del 2 de enero.

“El Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) no da resultado más que elaborar una opinión, un diagnóstico. Nosotros necesitamos acuerdos, acciones o decisiones, que impliquen resultados, no píldoras o alicientes”, dijo, en esa ocasión, la titular de la Segegob, quien está de vacaciones.

Tras la reunión en Palacio, el PC quedó con la tarea de persuadir a sus parlamentarios para respaldar el proyecto de infraestructura crítica que se discutirá en el Cosena. “Tenemos un mecanismo de trabajo entre iguales, en donde para vencer hay que convencer”, dijo Carmona.

Una señal de esto es que hasta la reunión extraordinaria de los comunistas llegó el jefe de bancada en la Cámara, Luis Cuello, quien no integra la comisión política.

En noviembre de 2019, la diputada Karol Cariola -integrante de la comisión política del partido- comentó: “Ha decidido endurecer su puño. Cita al Cosena en el cual se asesorará por los jefes de las FF.AA. y Carabineros, entre otros. En vez de escuchar a Chile, se aísla y se encierra en la guerra solitaria de él contra su pueblo”.

Era pleno estallido social y los dirigentes de izquierda -incluyendo al Presidente Boric, el ministro Álvaro Elizalde y el subsecretario Manuel Monsalve- criticaban en duros términos la convocación del Cosena por parte del entonces Presidente Sebastián Piñera.

Lo cierto es que en la interna del PC -sobre todo en las bases- esa frase sigue vigente, ya que el diseño del Cosena no se ha modificado desde aquel 2019 y su funcionamiento es el mismo en los tiempos de Piñera y Boric. Ahora solo cambiaron los rostros que conforman la instancia y la temática particular de seguridad a abordar.

Pero hoy el partido de Carmona se ha inclinado por no batallar contra el Ejecutivo en un tema que también es sensible, sobre todo en un año electoral en donde el PC apostará por liderar más de 80 municipios, incluyendo Santiago (Irací Hassler), Recoleta (Fares Jadue), Lo Espejo (Javiera Reyes), La Florida (Nicolás Hurtado) o Antofagasta (Pablo Iriarte).

Esto también es tomado en cuenta en la interna comunista, ya que salir a rechazar en bloque una señal en materia de seguridad del gobierno (impopular en la izquierda en general, pero que puede tener adeptos en la ciudadanía) puede tener costos.

Al mismo tiempo, en el último comité central que realizó el PC se zanjó una preocupación por la crisis de seguridad y se mandató a la comisión política a realizar una propuesta de seguridad ciudadana.

“La conclusión de valorar la iniciativa en el contexto que sea parte de una ofensiva para fortalecer la política pública (de seguridad) del Estado, nace de los argumentos y la información que nos hace llegar el gobierno respecto a la motivación que tuvo esta convocatoria. (…). Esto se resuelve explicando que el Cosena convocado es un órgano consultivo, que tiene titularidad en el Presidente, quien también pone la temática, vinculado a algo que nadie desconoce: seguridad en la convivencia regular”, dijo Carmona a La Tercera.

Con ello, un argumento para ponerse detrás del Presidente Boric en la convocación del Cosena es que desde el gobierno se les explicó que en esta instancia las FF.AA. no serían deliberativas.

“El Cosena está liderado por el Jefe de Estado y tiene carácter consultivo, no deliberante”, manifestó, por ejemplo, la diputada PC Alejandra Placencia, quien integra la comisión de Seguridad de la Cámara.

Los descargos de los otros partidos. A las 19:00 horas del jueves, los presidentes de los distintos partidos de la alianza de gobierno llegaron hasta La Moneda para sostener un comité político extraordinario.

razón de la cita fue específicamente abordar los anuncios en materia de seguridad que hizo ayer en la mañana el Presidente Gabriel Boric. Y, en especial, la convocatoria que hizo para este lunes del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

Del encuentro, además de los timoneles, participaron la ministra Carolina Tohá (Interior), el subsecretario Manuel Monsalve (Interior), Eduardo Vergara (Prevención del Delito), el ministro (s) Ricardo Montero (Defensa) y la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez.

La primera en poner reparos sobre la mesa fue la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic. Ella afirmó que le habría gustado que a los partidos se les avisara con anticipación sobre las medidas de seguridad que adoptaría el Ejecutivo, un punto que también reforzaron Lautaro Carmona (PC) y el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social).

En concreto, el reclamo respondía a que el anuncio provocó un desorden en las filas de los partidos. El más claro ejemplo fue el PC, desde donde algunos diputados acusaron que el Cosena “debilita la democracia”.

En consideración de esos desórdenes, esta mañana el presidente de Comunes, Marco Velarde, justificó que hay colectividades que, cuando escuchan hablar del Cosena, “les provoca algo en su fibra de la memoria histórica, porque no podemos desconocer cuál fue el papel del Cosena en otros momentos de nuestra historia. Hay que considerar aquellos resguardos”.

Por su parte, en el encuentro el líder de los liberales, Juan Carlos Urzúa, hizo ver que a él no le molesta que el Ejecutivo no haya dado aviso previo a los partidos, con tal de que el gobierno efectivamente tome decisiones.

Sin embargo, advirtió que esta medida “no nos va a sacar el estigma de que llegamos tarde” a enfrentar el crimen organizado y que esta medida por sí sola no resuelve los problemas.

La crítica más severa, de acuerdo a quienes llegaron hasta el comité, provino del secretario general de Acción Humanista, Efrén Osorio, quien hizo presente su preocupación por la militarización y remarcó que el personal del Ejército no está capacitado para interactuar con la población civil y que, por lo mismo, es necesario evaluar alternativas para sobrellevar ese déficit.

Lo cierto es que, en esta oportunidad, el Frente Amplio se mostró cuadrado con el gobierno. Pese a que esta coalición fue crítica de la vez en que el expresidente Sebastián Piñera convocó al Cosena, en el comité político de ayer evidenciaron un fuerte respaldo a la medida.

Así, Marco Velarde, el presidente de Comunes, manifestó que un gesto de esta envergadura era necesario para lograr disminuir la sensación de inseguridad.

En 2019, el mismo dirigente había dicho que “Piñera convocó al Cosena para las 19:00 horas de hoy. A esa misma hora vamos a estar en las calles, movilizándonos con nuestras cacerolas y cánticos”.

Tras el encuentro, el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, manifestó que considera “absolutamente de acuerdo con esta la utilización de esta herramienta constitucional. Hoy lo que hemos visto es que (…) en la Región Metropolitana tenemos un alza en los homicidios de los más crueles. Hoy tenemos un crimen organizado, que es distinto a años anteriores, que es un crimen organizado de carácter transnacional”.

Previamente, también en 2019, Ibáñez publicó en sus redes sociales: “Ante la grave crisis social que estamos viviendo el presidente Piñera responde con recetas de un Estado Policial. Convocar al Consejo de Seguridad Nacional mantiene intacta la desigualdad y no responde a las esperanzas de cambio que han movilizado a millones de chilenos/as”.

De acuerdo a los presentes, Monsalve planteó que a este gobierno le ha tocado un factor comunicacional complejo en lo que respecta a seguridad. En esa línea, remarcó que durante la administración de Sebastián Piñera también había una sensación de inseguridad importante y que en ese gobierno ocurrió un “punto de inflexión” en la materia.

En línea con Monsalve, y de acuerdo a quienes participaron, el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social) sostuvo que se debe avanzar en indicadores de avance objetivos, debido a que la sensación de inseguridad no siempre tiene total correlación con los datos. “Hay que poner la pelota en el piso”, habría dicho el timonel.

Ibáñez también enfatizó que es necesario articular una propuesta sobre la ley de infraestructura crítica, en conjunto con las bancadas del oficialismo y la oposición, basada en el debate que resulte del Cosena. Y afirmó que eso serviría para restarle “demagogia” y “show” a la medida.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel