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OTRO CASO DE JUSTICIA PARA MILITARES. La Tercera, Correo de los lectores

 

                                                          OTRO CASO DE JUSTICIA PARA MILITARES

La Tercera, Correo de los lectores, 23/04/2024

Señor director:

En este y otros medios se ha discutido en tiempos recientes los casos del comandante Crespo o el soldado conscripto Robledo, pero en esta oportunidad quiero llevar la atención a un caso de octubre del 73 ocurrido en Angol, en que lamentablemente murieron 2 jóvenes y que involucra a 13 militares de la época, de los cuales dos eran soldados conscriptos que hacían su servicio militar.

Este era un caso ya juzgado, en que se había condenado al que era el segundo comandante del Regimiento Húsares, quien fue el que dio la orden de matarlos y estaba confeso. Posteriormente en el 2005 la Corte Suprema amnistió al condenado por estar prescrito.

Por alguna razón, bajo el primer gobierno de Piñera muchas causas de este tipo fueron reabiertas, y quizás ello podría haber sido lógico en otros casos, pero no en este, en el cual ya había un claro responsable que estaba juzgado y condenado.

De los 13 a los que se les condena, solo dos tuvieron una participación directa, ya que fueron los que dispararon, pero dicho eso, eran un cabo y un soldado conscripto cumpliendo órdenes, por lo que se les debiera eximir del caso.

Los otros 11 no tienen culpabilidad alguna en las muertes de los jóvenes, condenarlos a su edad, más de 50 años después, por algo que no son culpables y en donde el mando asumió la responsabilidad no suena muy justo. Es mandarlos a morir a la cárcel. Dicen que la justicia es ciega, pero ello no quita que deba ser justa.

Las Fuerzas Armadas y las policías del Chile actual observan estos casos y los más recientes ocurridos cuando han debido poner orden a los desórdenes, estallidos y revoluciones.

En épocas en que se discute la posibilidad de que vuelvan a la calle, toman nota de la forma en que paga Chile a los que han debido cumplir órdenes o simplemente tienen el pecado de haber sido militares o carabineros en la época equivocada.

Richard J. Kouyoumdjian Inglis, AthenaLab

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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JUSTICIA MILITAR PARA MILITARES Y POLICÍAS. Richard Kouyoumdjian Inglis. El Líbero

 

                                                               JUSTICIA MILITAR PARA MILITARES Y POLICÍAS

Richard Kouyoumdjian Inglis

El Líbero, 24/04/2024

En épocas en que se discute la posibilidad de que vuelvan a la calle, las FF. AA. y las policías toman nota de la forma en que paga Chile a los que han debido cumplir órdenes o simplemente tienen el pecado de haber sido militares o carabineros en la época equivocada.

Ha quedado claro para muchos que, de no haber cambios en la situación de seguridad interna, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tengan que tomar un rol más activo es cada vez más real, y es por ello por lo que debemos ver qué cosas hay que arreglar si es que su uso llega a ser requerido.

La equivocada estrategia del gobierno en materia de seguridad que coloca los acentos en ejes que no necesariamente tienen impacto o no aplican a la realidad local, como es el caso de infraestructura crítica no habiendo amenazas terroristas que la pongan en riesgo, o de reglas de uso de la fuerza -que buscan impedir su uso por parte de agentes del Estado-, olvida resolver lo que es el problema principal de cara a poder usar efectivamente la fuerza de las armas que está en manos de militares y las policías.

El problema al que me refiero es la justicia que reciben los militares y policías cuando actúan como agentes del Estado en labores de seguridad interior como las que se generan en estados de excepción constitucional, las que se podrían dar bajo el concepto de infraestructura crítica o toda vez que deben actuar en contra del crimen organizado, insurgentes, terroristas, violentistas y revolucionarios como son por ejemplo los que actuaron en octubre del 2019.

Entendiendo que nadie está por sobre la ley y que la ley debe ser justa, se acepta que sea ciega, pero que en ninguna circunstancia pierda su esencia de ser justa y darle a cada uno lo que le corresponde, incluyendo por cierto a militares y policías que actúan por cuenta y bajo órdenes del Estado de Chile, su Presidente o quienes pertenezcan legalmente a la cadena de mando.

Lamentablemente la justicia militar no tuvo su mejor desempeño durante el gobierno militar, razón principal por la que en tiempos más recientes se haya limitado mucho su campo de acción.

Esa reducción es la que deja fuera de su ámbito los casos en que se vean involucrado civiles, sean actuales como son los casos de Robledo, Crespo o los infantes de marina que tuvieron que actuar en Cañete en el 2021, o bien casos antiguos del 73 en que hay jueces designados para investigar y dictar sentencia bajo el antiguo sistema procesal penal.

Puede que las autoridades de la época hayan visto lo anterior como necesario, pero la verdad es que en lo actual el sistema falla, así como también en los casos de casi 50 años de antigüedad.

Me parece que nadie tiene dudas de las injusticias sufridas por Robledo o Crespo, o las que puedan afectar al general Yáñez, o al carabinero acusado por el caso del puente Pío Nono.

Todos son ejemplos de la actuación de militares y policías en que el Estado de Chile les ha ordenado intervenir objeto restablecer el Estado de Derecho, siendo ellos acusados por hacerlo con demasiada fuerza o detrimento de los derechos humanos de los victimarios, olvidando que a ellos los atacaban, o bien debían disponer de las fuerzas que se hacían cargo del problema, como era el caso de los principales mandos de Carabineros del 2019 a los que las autoridades políticas dejaron en el más completo abandono, y con los cuales algunos de la ultraizquierda se quieren festinar.

Evidentemente esos casos recién nombrados, así como los que indicaré a continuación de épocas más pasadas habrían sido mejor atendidos por justicia militar, que se especializa en los casos que involucran a militares y policías, y que al igual que cualquier otro tribunal en Chile, tiene la supervisión de instancias superiores, ya que por un lado está la Corte Marcial (integrada por una mayoría de ministros de corte de apelaciones), y por sobre ella, la Corte Suprema, lo que quita los argumentos de falta de independencia y de 100 % militarizados que algunos le asignan con el fin de quitarles mérito y que vuelvan a ser usados para casos en que hay civiles involucrados.

En columnas anteriores podrán encontrar más detalles de los casos del soldado conscripto Robledo y del teniente coronel Crespo. Estos son casos actuales que están siendo manejados entre el Ministerio Publico y tribunales civiles, a diferencia de un caso de octubre del 73 ocurrido en Angol, en que lamentablemente murieron dos jóvenes y que involucra a trece militares de la época, de los cuales dos eran soldados conscriptos que hacían su servicio militar.

Este era un caso ya juzgado, en que se había condenado al que era el segundo comandante del regimiento Húsares, quien fue el que dio la orden de matarlos y estaba confeso. Posteriormente en el 2005 la Corte Suprema amnistió al condenado por estar prescrito su delito.

Por alguna razón bajo el primer gobierno de Piñera muchas causas de este tipo fueron reabiertas, y quizás ello podría haber sido lógico en otros casos, pero no en este, en el cual ya había un claro responsable que estaba juzgado y condenado.

Las reaperturas no se hicieron bajo la justicia militar. Se hicieron asignando casos a ministros en visita que operaban bajo el sistema de justicia antiguo en que el magistrado investiga, procesa y dicta sentencia, en clara ausencia del debido proceso.

De los 13 a los que se les condena en octubre del 2023, sólo dos tuvieron una participación directa, ya que fueron los que dispararon, pero dicho eso, eran un cabo y un soldado conscripto cumpliendo órdenes, por lo que se les debiera eximir del caso.

Los otros 11 no tienen culpabilidad alguna en las muertes de los jóvenes, condenarlos a su edad, más de 50 años después, por algo que no son culpables y en donde el mando asumió la responsabilidad no suena muy justo, para nada justo. Es mandarlos a morir a la cárcel.

Las Fuerzas Armadas y las policías del Chile actual observan estos casos y los más recientes ocurridos cuando han debido poner orden a los desórdenes, estallidos y revoluciones, o bien cumplir órdenes superiores.

En épocas en que se discute la posibilidad de que vuelvan a la calle, toman nota de la forma en que paga Chile a los que han debido cumplir órdenes o simplemente tienen el pecado de haber sido militares o carabineros en la época equivocada.

Es de esperar que en algún minuto vuelva el sentido común y todos los casos en que militares y policías actúan como agentes del Estado de Chile, y en que se determine que debe actuar la justicia, sea la justicia militar la que actúe, ya que la que se está usando actualmente parece no estar dando garantías de justicia, transformando a los buenos en malos, condenando a personas como el general Cheyre por estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto, o que es incapaz de demostrar compasión y clemencia con personas que están entrando a la cuarta edad, encarceladas o pronto a serlas, por casos en que no son responsables o bien sólo son culpables de cumplir órdenes superiores.

Para cerrar, espero que esta columna dé esperanzas a los que están siendo afectados por la injusticia y sufriendo el pago de Chile. No están solos y somos muchos los que queremos que reciban justicia y un trato digno.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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INTELIGENCIA EN ALERTA: IRANÍES CON PASAPORTES FALSOS FUERON DETENIDOS EL 2023 EN SANTIAGO Néstor Aburto y Javiera Ostertag Franzoy

 

                                                                               INTELIGENCIA EN ALERTA: IRANÍES CON PASAPORTES                                                                                   FALSOS FUERON DETENIDOS EL 2023 EN SANTIAGO

Néstor Aburto y Javiera Ostertag Franzoy

BBCL, 17/04/2024

Hace casi un año, dos iraníes fueron detenidos en el aeropuerto Nuevo Pudahuel al intentar abordar un avión de British Airways portando documentos de identidad ingleses robados y luego falsificados.

El hecho se manejó de forma reservada, quedando la indagatoria en manos de la fiscalía, quien se limita a establecer los delitos que persigue la legislación.

Sin embargo, las dudas sobre por qué dos iraníes buscaron salir desde Santiago con pasaportes falsos que fueron entregados por un chileno, cuál era el objetivo y qué relación tienen ambos con Venezuela, Irán o grupos como Hezbollah, son parte de las interrogantes que todavía no tienen una respuesta.

Las cámaras de vigilancia del aeropuerto de Santiago grabaron lo que perfectamente podría ser una escena de una serie de espionaje o el movimiento de un grupo terrorista.

Primer acto, un hombre entró a un baño público y dejó un paquete que contenía dos pasaportes. Segundo acto, minutos después otro hombre ingresa y los retira. Tercer acto, dos hombres se dirigen a la ventanilla de policía internacional buscando salir de Chile con los documentos que sacaron minutos antes del baño del aeropuerto, los cuales eran falsos.

El hecho ocurrió el 30 de abril de 2023 en el Aeropuerto Nuevo Pudahuel. Los protagonistas de estos hechos fueron los iraníes Ali Bagheri y Abolfazl Delkhan (38), quienes fueron detenidos cuando pretendían tomar el vuelo de British Airways BA251, con rumbo a Inglaterra.

Los hombres estaban utilizando las identidades de los ingleses Jack Joseph Holliday y Frasr James Alisson.

Los imputados por receptación, falsificación de instrumento público y usurpación de identidad, habían viajado desde Venezuela a Panamá, entrando luego a Chile con sus pasaportes iraníes, como ha quedado establecido en el proceso penal que sigue el Ministerio Público.

Sin embargo, los documentos que recogieron en el aeropuerto –denunciados como robados en el exterior– fueron colocados en el baño por el chileno Carlos Samuel Gazzano Vega. Las cámaras de grabaciones revelan cómo este último entra a un baño, donde deja los pasaportes, para luego ser extraídos.

El control de detención, que tomó el juez del 1° Juzgado de Garantía de Santiago, Hugo Andrés Torres, fue complejo. Ambos detenidos no hablaban español sino persa. Por esta razón, como consta en los documentos de la misma audiencia, se tuvo que ampliar la detención para la formalización hasta que se encontrara a un traductor que hablara el idioma.

A raíz de lo anterior, la comunicación de cargos, donde la fiscalía acusó a los dos iraníes por los delitos descritos, se desarrolló el 4 de mayo de 2023 a las 09:47 de la mañana.

En dicha audiencia, donde estuvo presente el traductor, se les comunicó por qué ambos estaban siendo investigados.

No es la primera vez. Paralelamente, y pese a que en el sistema judicial no están a la vista documentos que podrían ser considerados claves para entender un poco más de este caso, sí consta la declaración de Carlos Samuel Gazzano Vega.

El hombre que apareció en las imágenes dejando los pasaportes en el baño, reveló haber recibido instrucciones y pagos más de 12 veces por parte de Carlos Lagos Rivera -ex trabajador del aeropuerto- para cometer este y otros ilícitos destinados a permitir a extranjeros salir de Chile con identidades falsas.

Incluso, dentro de los mismos documentos que revisó Radio Bío Bío, se establece que se tomó contacto con la Embajada de la República Islámica de Irán en Chile quienes registraron la información y enviaron fotografías de los documentos de identidad oficiales de ambos iraníes.

Además, la embajada pidió, gentilmente, a la fiscalía chilena que le remitiera la acusación una vez resuelta.

“Estaremos agradecidos si nos pueden proveer el resultado de su caso acusatorio”, se lee en los documentos de la Embajada de Irán.

Tras su detención, ambos imputados se mantuvieron en prisión preventiva en Santiago 1 hasta el 25 de mayo, cuando fueron liberados a causa de que no entendían ni hablaban el español, solo persa, tal y como quedó registrado el día de la audiencia de formalización.

La medida cautelar fue reemplazada por arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y la prohibición de mantener comunicación entre sí, condiciones que mantienen hasta hoy. La investigación está siendo llevada por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, según confirmó la fiscalía a Radio Bío Bío.

Inteligencia activa. Lo ocurrido con Bagheri y Delkhan encendió las alertas de la inteligencia chilena. De inmediato, y pese a ser reservado, llegó a los teléfonos de los encargados de la inteligencia de policías y fuerzas armadas.

Las dudas surgieron en base a por qué los dos iraníes que habían entrado a Santiago con sus pasaportes originales pretendían salir en dirección a Inglaterra con documentos falsificados. Se entendió, además, que el Ministerio Público solamente perseguiría los delitos que sumados podrían significar hasta 260 días para cada imputado, sin contar agravantes pero con irreprochable conducta anterior.

Al ser penas bajas, los equipos de inteligencia trabajan a contrarreloj. Por ello iniciaron un cruce de datos en que las alertas iniciales lejos de disminuir, aumentaron. Llamó la atención el domicilio declarado por uno de los imputados, Bagheri, ubicado en calle El Olimpo en la comuna de Maipú, dirección que en el pasado habría estado vinculada con movimientos de Hezbollah.

Según fuentes que conocen del levantamiento de información relacionada a este caso, explicaron que hasta el 2017 fue Carabineros la institución que mapeó los movimientos específicos de personas relacionadas a Hezbollah. Por eso se desempolvaron antiguos informes para poder tener una visión más amplia del tema.

Dentro de la información de documentos antiguos de inteligencia, se encuentran los movimientos de personas a las que se les vinculó a Hezbollah, ligados específicamente a chií del Líbano, que se instalaron en Iquique, Coquimbo y Santiago. Estos movimientos, junto con los iraníes que los visitaban desde Bolivia, han marcado más de una década de vigilancias y análisis, en los que en todos los casos se indica que para Chile no es una amenaza.

Con todo, hasta el cierre de este reportaje, ni la investigación penal ni la de inteligencia ha logrado ser concluyente respecto al móvil que estaría tras este hecho. Tampoco se conoce qué pasó con los otros extranjeros que habrían salido con pasaportes falsos desde Santiago o hacia la frontera con Argentina.

Preocupación tras la Cordillera. Estos hechos del 2023, que Radio Bío Bío no pudo acreditar si fueron o no informados a la República Argentina, se conocen justo en el contexto en que ese país elevó la alerta terrorista ante un inminente ataque en su territorio por parte de movimientos como Hezbollah.

La alerta la subieron en el contexto del ataque de Irán a Israel, por lo cual esta semana la Policía Científica argentina elevó la calificación a “alto” del nivel de alerta terrorista en el país, aumentando así los controles hacia los objetivos israelíes, personas de intereses, infraestructura crítica y fronteras.

La modificación también implica el despliegue de policías uniformados a la calle como disuasión a atacantes en espacios públicos ante la presencia de los llamados “lobos solitarios”.

El cambio de alerta se debe en parte a “las sospechas de presencia de estos grupos (terroristas) en la frontera argentina”, según informó el Comisario General de la Superintendencia de Policía Científica, Ezequiel Raúl Cruz. Esto a raíz de las conclusiones obtenidas del informe de inteligencia “Amenazas Yihadistas y derivaciones del Conflicto de Medio Oriente”.

Frente a ese escenario es que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich advirtió de posibles movimientos en territorios vecinos. Declaración que le costó una polémica con Chile y Bolivia.

Caso ecuatoriano. Dos ciudadanos iraníes, un hombre y una mujer de 28 y 25 años respectivamente, fueron detenidos el 13 de febrero de 2020 en Guayaquil, Ecuador. Los dos detenidos fueron interceptados en el aeropuerto de Guayaquil cuando intentaban abordar un vuelo con destino a Madrid utilizando pasaportes falsificados.

Al igual que en el caso chileno, ambos detenidos habían mostrado en la ventanilla de Policía Internacional pasaportes falsificados. En esta ocasión los iraníes habían asumido identidades falsas de ciudadanos israelíes.

En los medios locales se indicó que las autoridades de la época sostuvieron que no se sabía o mantenía información sobre cómo obtuvieron los pasaportes falsos, si fue al ingresar a Ecuador a finales de enero o si los adquirieron en el país.

En al menos un caso, se ha confirmado que se trata de una identidad robada, perteneciente a una niña israelí de 11 años. Es probable que los datos de su pasaporte hayan sido copiados ilegalmente.

Las dudas en el sistema saltaron ya que los pasaportes falsificados no concuerdan con las edades ni las fechas de expedición usuales en Israel, lo que sugiere una sofisticada operación de robo de identidad. Uno de los pasaportes pertenece a una mujer de 28 años, con fecha de expedición en 2018 y caducidad en 2028, mientras que el otro corresponde a un hombre adulto cuya edad y fechas de expedición y caducidad son coherentes con la realidad.

Hezbollah en Chile. La historia de Hezbollah en Chile se remonta con mayor fuerza a finales de la década del 2000 en que, según registros que analizó en su momento la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), se realizaron varios levantamientos para establecer conductas de personas que llegaron a vivir al país y que se identificaban con ese movimiento ligado a la milicia chií libanesa.

Radio Bío Bío pudo constatar que el 5 de agosto de 2019, el investigador Alejandro Salas Maturana, realizó algunos planteamientos a raíz de publicaciones de medios argentinos de ese mismo año en que cuestionaban la “pasividad de Chile” frente al aumento de libaneses e iraníes en el territorio.

Particularmente, el 22 de marzo de 2019, se habló a nivel sudamericano sobre Sheik Suhail Assad como un personaje íntimamente vinculado a la inteligencia iraní y a la Guardia Revolucionaria, quien tenía una fuerte relación con Chile.

Al respecto, el investigador sostuvo que “La percepción actual en nuestro país, es que este es un asunto que se percibe lejano y no es parte de las preocupaciones diarias de nuestra sociedad. Sin embargo, ello no implica que el fenómeno del terrorismo, y otros asociados a él, como la droga y el crimen organizado no estén presentes en alguna medida en nuestra realidad, junto con el potencial de daño que ello puede provocar a la seguridad de nuestro país”, agregó.

También sostiene Salas Maturana que “cuando en Latinoamérica se habla de terrorismo islámico, de inmediato surge Hezbollah (Partido de Dios), cuya presencia es evidente en Venezuela y en la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay, a 1.700 kilómetros de Iquique en línea recta. Ciertamente, la estrecha vinculación de Irán con dicha organización Chiita es innegable y, en nuestra región representaría a la Fuerza Al-Quds, la Guardia Revolucionaria Iraní. Ello nos lleva a preguntar, ¿Qué hace esta organización tan lejos de su lugar de origen, el Líbano?”.

Pero agregó que “Paulo Botta, del Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo, señala que la internacionalización de sus actividades delictivas se originó en la necesidad de crear una estructura que le permitiese contar con ingresos propios. De allí su vinculación con el narcotráfico desde el Líbano a Europa, el negocio de los diamantes en África Occidental y particularmente las actividades de contrabando en la mencionada Triple Frontera, que dataría de finales de los años 80, las que se habrían expandido con el tráfico de drogas y armas, lavado de dinero y falsificación de documentos de viaje”.

Pero sobre la relación con Chile, expuso que “también existirían indicios de la presencia de Hezbollah en el puerto de Iquique, en el norte de Chile, lugar que siendo zona franca, permitiría la transferencia de fondos y blanqueo de dinero con cierta facilidad”.

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Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

 

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EL “LINCHAMIENTO” QUE PREPARAN FISCALES CONTRA LA PLANA MAYOR DE CARABINEROS. Jorge Schaulsohn

 

                                                                           EL “LINCHAMIENTO” QUE PREPARAN FISCALES CONTRA LA                                                    PLANA MAYOR DE CARABINEROS

Jorge Schaulsohn

Ex-Ante, 18/04/2024

Con una sala atiborrada de “víctimas”, abogados, activistas y curiosos, los fiscales lograrían el efecto de un “linchamiento” de carabineros, transmitido en vivo y en directo por la televisión, reviviendo el desacreditado relato de que durante el estallido social carabineros salió a la calle poco menos que a matar.

CDE versus Fiscalía. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió, en una votación transversal de siete votos contra dos, no querellarse en la causa contra los tres generales de Carabineros que lleva la fiscal Ximena Chong, pese que lo ha hecho en más de 300 causas por apremios ilegítimos similares a los que se imputan en este caso.

  • El CDE estimó que no se configura uno de los elementos esenciales del delito “omisivo”, a saber, que los imputados tengan conocimiento en el momento en que se están produciendo acciones concretas y específicas, respecto de las cuales no hayan adoptado medidas; y que no basta con acciones omisivas de carácter genérico.
  • Pese a ello, la prensa informa que el fiscal regional de la jurisdicción metropolitana Centro Norte pidió al séptimo Juzgado de Garantía una sala especial con mayor capacidad que estuviese disponible durante cinco días para la formalización de los generales Ricardo Yáñez, Mario Rosas y Diego Olate.
  • Se les pretende formalizar por violaciones a los derechos humanos nada menos que de 450 personas, cometidos por carabineros durante el estallido social. Será el juicio más grande de la historia.

Las acusaciones. Según la fiscalía, los tres generales imputados habrían incurrido en “conductas omisivas”, es decir no habrían tomado medidas para impedir que los carabineros en terreno cometieran el ilícito, pese a encontrarse a kilómetros de distancia de los hechos.

  • En el caso del general Yáñez la conducta “omisiva” incluiría un caso con resultado de muerte. Se trata de Cristian Valdebenito una persona de 48 años que se manifestaba el Plaza Italia que falleció tras ser impactado por una “bomba lacrimógena” que lo golpeó en la cabeza según testigos. Ese día hubo 56 carabineros lesionados en los disturbios.
  • En este caso particular el informe pericial oficial indica que la causa de muerte fue un golpe causado por un objeto contundente en la cabeza, el que no identifica como una bomba lacrimógenas.
  • La identidad del policía que supuestamente habría disparado “la bomba” es desconocida. No hay una sentencia que establezca como ocurrieron los hechos, ni si hubo premeditación o negligencia.

INDH: credibilidad por los suelos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado 3.216 querellas en favor de 3.777 víctimas y solo en 33 de ellas hay sentencias condenatorias. Incluyendo una por torturas (desnudamiento de una mujer por una carabinera) de las 582 denunciadas por dicha entidad.

  • Los querellantes en estas causas son ABOFEM (Asociación de Abogadas Feministas), Londres 38, Londres 40, Casa de la Memoria y el Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.
  • Es un hecho de la causa que existe enorme desilusión y frustración en sectores de izquierda porque las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el estallido se han ido desvirtuando en tribunales. Un relato que recorrió el mundo y puso en jaque al gobierno de Sebastián Piñera.
  • También porque la credibilidad del INDH está por los suelos ya que fue “cómplice activo” en la producción de denuncias no filtradas que son la causa primordial del desastre jurídico al que se ha visto expuesto en tribunales.
  • Algo parecido a lo ocurrido con las pensiones de gracia a “victimas” de abuso policial, visadas por el INDH sin antecedentes válidos que dieran cuenta de la existencia de daño.
  • Una muestra aleatoria tomada por la Contraloría de los expedientes del INDH demostró que “no había antecedentes médicos o bien los respaldos correspondían a certificados poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios o con fechas anteriores al año 2019”. Por su parte los abogados defensores de los imputados dicen no tener certeza de cuáles serían las conductas omisivas por las cuales se pretende formalizar a sus representados. Tampoco conocen la identidad de ninguna de las 450 presuntas víctimas. Lo que resulta sorprendente considerando que la investigación comenzó hace cuatro años.

Ni arriba ni debajo de la Ley. No hay que tener mucha imaginación para prever el impacto mediático. nacional e internacional, que tendrá el espectáculo grotesco de imputar a la plana mayor de carabineros por 450 casos de violaciones a los DDHH.

  • No digo que los generales de carabineros no puedan ser procesados ni que merezcan un tratamiento especial. Nadie está por sobre la ley, pero tampoco por debajo de ella.
  • Sin embargo, acá se observa un grado de animadversión ideológica, un afán de causar daño, de provocar un impacto mediático con consecuencias irreparables.
  • Como sucedió con el caso del carabinero Zamora que fue linchado en la corte de la opinión pública, acusado ipso-facto de homicidio frustrado por la fiscal Chong por impactar a un joven que cayó al lecho del rio Mapocho. Hoy, después de destruir su carrera profesional y ante la falta de pruebas en su contra, le ofrece un juicio abreviado que el imputado rechazó.
  • Con una sala atiborrada de “víctimas”, abogados, activistas y curiosos, los fiscales lograrían el efecto de un “linchamiento” de carabineros, transmitido en vivo y en directo por la televisión, reviviendo el desacreditado relato de que durante el estallido social carabineros salió a la calle poco menos que a matar.

El objetivo de los fiscales. Además, ante una formulación de cargos de esta magnitud, el juez no tendría más opción que acceder a la medida cautelar más gravosa decretando prisión preventiva para los tres generales. Ese es precisamente, el objetivo.

  • Para la izquierda dura que apoyó la violencia el cambio de actitud en la opinión pública sobre el estallido es una gran derrota política. Ven, en este juicio, una última oportunidad para recuperar el terreno perdido, devolviéndole la credibilidad a la idea de que en Chile el Estado, a través de Carabineros, es culpable de violaciones masivas a los derechos humanos que aplastaron unas manifestaciones pacíficas.
  • Que mejor para ello que la imagen de tres generales conducidos a prisión.
  • La fiscalía ha solicitado, al Ministerio de Salud, recientemente, las fichas médicas de todas las personas lesionadas con trauma ocular a nivel nacional, una especie de “fishing expedition” de la fiscal en busca de pruebas. Lo que viene a confirmar que ninguno de los 450 casos ha sido objeto de un juicio previo que acredite la existencia de los delitos de base cometidos por subordinados de los generales; requisito “sine qua non” para que exista el delito por “omisión” que se les imputa.

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Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

 

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GENERAL (R) JOHN GRIFFITHS: “EL RECIENTE ACUERDO ENTRE IRÁN Y BOLIVIA AFECTA LA SEGURIDAD NACIONAL DE CHILE” J.P. Sallaberry ExAnte

 

                                                                                     GENERAL (R) JOHN GRIFFITHS: “EL RECIENTE                                                                                                ACUERDO ENTRE IRÁN Y BOLIVIA AFECTA LA SEGURIDAD                                                            NACIONAL DE CHILE”

J.P. Sallaberry

ExAnte, 16/04/2024

El Doctor en Estudios Americanos mención Relaciones Internacionales, Jefe de Estudios en Seguridad y Defensa de Athenalab y Exjefe del Estado Mayor del Ejército de Chile, manifiesta la preocupación que debiera tener Chile por el reciente acuerdo en defensa entre Bolivia e Irán, país que en América Latina ya tiene una relación estratégica con Venezuela. “Si hoy día nosotros estamos viendo una cierta capacidad de Irán en lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, la pregunta es cuánto de eso va a transferir en ventas, en tecnología y en entrenamiento a Bolivia”, señala.

¿Qué es lo que se sabe hoy día de este acuerdo en defensa entre Irán y Bolivia de 2023?

Esta es la finalización de una serie de otros acuerdos. El año 2007 hubo un entendimiento estratégico entre Bolivia e Irán. El 2022, el presidente de Bolivia en Nueva York, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, se reúne con el presidente de Irán. En febrero del 2023, el vicecanciller iraní visitó Bolivia. Y el 20 de julio de 2023 se firma un acuerdo entre Bolivia e Irán con un memorándum de entendimiento que tiene que ver con colaboración tecnológica. Lo que se sabe es poco, lo que no se sabe es lo importante.

Primero se habló solo de control de fronteras y narcotráfico, ¿pero parece que es bastante más amplio que eso, no?

Tienes la posibilidad de que el acuerdo incorpora la venta de drones, de sistemas avanzados de inteligencia, capacidad de ciberseguridad y cohetería.

Eso es lo relevante. Si hoy día nosotros estamos viendo una cierta capacidad de Irán en lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, la pregunta es cuánto de eso va a transferir en ventas, en tecnología y en entrenamiento a Bolivia.

Un país es soberano para hacer las adquisiciones que estima convenientes, pero no seamos ingenuos. Cuando un país adquiere determinadas capacidades, los países vecinos van a tomar nota.

¿Por qué a Irán le interesa tener este acuerdo con Bolivia y tener este aliado en la región?

Hay circunstancias geopolíticas y económicas. No es un misterio que Irán se viene posicionando en la región anteriormente con la relación que tiene con Venezuela, en el marco de la enemistad que Irán tiene con Estados Unidos.

Evidentemente que Venezuela e Irán son países productores de petróleo, entonces se conocían desde hace mucho tiempo. Hay una influencia importante de Irán en Venezuela. Y esa relación se expandió a Bolivia.

Si uno mira cualquier mapa, Bolivia está en el corazón de Sudamérica. Y esto empieza a ocurrir después de Evo Morales. Aquí hay una internacionalidad de tener un relacionamiento mucho más estrecho con Bolivia a partir del contexto de una lucha geopolítica a nivel global con Estados Unidos.

La circunstancia económica es que, Bolivia tiene elementos que pueden ser interesantes para Irán desde la perspectiva de recursos.

¿Cuáles?

Litio, uranio. Bolivia tiene nueve departamentos, en su división administrativa, y el uranio se encuentra con mayor o menor grado en siete de los nueve. Y tiene muchos recursos minerales que son de gran importancia para una potencia regional que quiere hacer un desarrollo militar.

¿Cuál es entonces el interés de Bolivia en Irán? Aparte de lo que puede ser ideológico, es que a cambio puede obtener determinados tipos de armas, determinados tipos de drones, porque, lo dice el ministro de defensa iraní, va a aumentar el poder de disuasión de Bolivia.

Yo no iría tan lejos, porque la disuasión es un fenómeno de percepción, pero lo que sí va a provocar es preocupación entre los distintos actores para ver cómo se podrían neutralizar esas capacidades a futuro.

¿Y Chile se está tomando en serio esto?

Yo espero. Nosotros seguimos estos temas en Athenalab porque estamos interesados en las relaciones internacionales, seguridad defensa global, regional y local.

Pero espero que en el país haya gente mucho más informada que nosotros, porque este este acuerdo entre Irán y Bolivia afecta a la seguridad nacional. No hay duda. Y para eso se requiere un sistema de inteligencia robusto.

Más preocupante que saber que hay un acuerdo, es no saber los detalles del acuerdo. En este tema de Irán quien particularmente ha expresado su preocupación es el nuevo gobierno argentino que ha hecho declaraciones por el número de iraníes que habría ingresado a Bolivia en los últimos seis meses.

En una entrevista la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, manifestó que le llama la atención el ingreso desproporcionado de alrededor de 700 personas de origen iraní en Bolivia en el último tiempo.

Entonces, aquí también interesa saber quiénes son, en qué están, porque, si son turistas no hay problema, pero si hay gente que es parte de este acuerdo y dan asesoría, viene a ratificar lo poco que conocemos de este acuerdo entre Bolivia e Irán.

Llamó la atención la discusión del Senado de Estados Unidos con el Departamento de Estado, respecto a operaciones Hezbollah en América Latina y mencionaban a Chile en particular. ¿Hay algún asidero de esto?

Lo que ocurre en general es que estas instituciones tienen presencia en todos lados, porque tienen que buscar financiamiento, no es descartable que estén en la región. Se ha dicho que en la zona de la triple frontera, en Paraguay, Argentina y Brasil. Pero se requieren antecedentes concretos respecto de qué se trata.

Si se trata de células activas militarmente o se trata de apoyo económico o político. Eso se tiene que clarificar, pero volvemos a lo mismo, para tener respuesta a las preguntas que nos hacemos, se requiere un sistema de inteligencia robusto.

¿Qué hoy día no lo tenemos?

No lo tenemos, no.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

News, Seguridad y defensa

COSTÓ 800 MILLONES DE EUROS Y MIDE 175 KM.: CÓMO ES EL MURO ANTIINMIGRANTES LEVANTADO POR HUNGRÍA QUE VISITARÁ J. A. KAST. R. Jara. EMOL

                                                                                 COSTÓ 800 MILLONES DE EUROS Y MIDE 175 KM.: CÓMO                                                                                  ES EL MURO ANTIINMIGRANTESLEVANTADO  POR HUNGRÍA                                                            QUE VISITARÁ J. A. KAST

  R. Jara

EMOL, 12/04/2024

El líder republicano tiene previsto visitar esta extensa estructura levantada en la frontera con Serbia que generó polémica en toda Europa. La estructura fue levantada en 2015

Luego de su comentado paso por El Salvador, donde visitó la megacárcel impulsada por Nayib Bukele, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, tiene presupuestado nuevos viajes a otras partes del mundo, como parte de una intensa agenda con el objetivo de preparar una propuesta de Gobierno de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Es en esa línea que el exdiputado visitará Hungría, país conocido por sus controvertidas medidas migratorias.

En concreto, el presidenciable participará a fines de abril en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que reúne a líderes conservadores de varias partes del mundo, incluyendo al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Además, Kast visitará el extenso “muro” antiinmigrantes levantado por el Mandatario europeo en la frontera con Serbia, cuya construcción levantó una gran polémica en el viejo continente.

Desde su llegada al gobierno en 2010, el ultranacionalista Orbán se ha convertido en el “díscolo” de la Unión Europea en diversos temas, y uno de ellos es cómo abordar la crisis migratoria.

Sin ir más lejos, justo ayer el Gobierno húngaro anunció su rechazo al pacto migratorio aprobado esta semana por el Parlamento Europeo, el cual contempla el reparto de inmigrantes y multas para aquellos países que se nieguen a acogerlos.

El tema migratorio no es un asunto menor para Hungría. Dada su ubicación geográfica (donde limita con países como Serbia, Rumania y Ucrania), es una de las puertas de entrada a la Unión Europea, convirtiéndose en un país de tránsito, origen y destino de numerosos refugiados, la mayoría pertenecientes a países del mundo islámico que sufrían con sus conflictos internos.

El alto flujo, sumado al aumento de la islamofobia, fueron suficientes para que Orbán anunciara una serie de drásticas medidas, distanciándose del resto de sus socios del bloque.

El Gobierno se escudaba en las cifras: solo en 2015 Hungría interceptó a más de 400.000 personas que entraron por cruces ilegales. Esto llevó al Mandatario a ordenar en junio de ese año la construcción de un extenso muro en la frontera Serbia; asimismo, se aprobó una serie de leyes contra la migración ilegal, con penas de cárcel para aquellos que fueran sorprendidos pasando por cruces ilegales.

La construcción de este muro, además, tenía una carga simbólica, justo en el país que en mayo de 1989 botó la llamada “Cortina de Hierro”, dando inicio al proceso que culminó con la caída del Muro de Berlín, ícono de la Guerra Fría.

En el lugar donde se botó una división, volvía a nacer otra.

Una alta inversión. Tras el anuncio hecho en junio, el 31 de agosto de 2015 los medios europeos comunicaban el fin de la construcción de este muro de 175 kilómetros de extensión y cuatro metros de alto hecho principalmente de alambre y elementos cortopunzantes. A eso, se le suma el despliegue de unos 3.000 militares para labores de vigilancia.

El levantamiento de esta estructura duró sólo un par de meses y fue realizado por personal del Ejército. Y pese al rechazo general de Europa y la comunidad internacional, el gran apoyo interno de la comunidad húngara a la gestión de Orbán fue un impulso para desarrollar las duras políticas migratorias.

“Con la construcción del muro y el despliegue y formación de 3.000 vigilantes nuestro país está protegiéndose a sí mismo y a toda Europa contra el torrente de inmigrantes ilegales. No es una exageración decir que la seguridad de los ciudadanos europeos ha sido financiada por los contribuyentes húngaros”, afirmó el Mandatario en una carta enviada en 2017 al entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

En la misma misiva, Orbán aseguraba que tanto la construcción del muro como la preparación y despliegue de personal militar al lugar costó un total de 270.000 millones de florines, equivalentes a 883,2 millones de euros.

“En los dos últimos años Hungría ha asumido esta enorme carga sola. Es hora de que prevalezca la solidaridad europea. Estamos convencidos de que, al igual que en los casos de Grecia e Italia, la UE debería asumir su parte de estos extraordinarios gastos, pagados por Hungría pero que sirven al interés común de toda la Unión”, afirmó el dirigente, razón por la cual pidió al bloque que pague al menos la mitad del costo total.

El llamado de Orbán, no obstante, fue en vano, ya que la UE aseguró que no paga por muros.

Cifras migratorias. Tras la construcción de las vallas fronterizas y la promulgación de una serie de leyes restrictivas, el flujo migratorio ha bajado considerablemente en Hungría.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2015 las autoridades húngaras detuvieron a 441.515 personas cruzando por pasos ilegales, mientras que en 2021 la cifra bajó a 122.000.

“Una serie de enmiendas a las leyes de asilo provocaron muchos cambios en los procedimientos de llegada y el trato general de los solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional en Hungría. Entre agosto y septiembre de 2015, junto con la finalización del muro, Hungría designó a Serbia como tercer país seguro, permitió una determinación acelerada de asilo y garantías procesales limitadas. Además, saltar la valla fronteriza o dañarla se convirtió en un delito punible con prisión”, detalló esta entidad perteneciente a la ONU.

Los cambios también se notaron en las solicitudes de asilo. De acuerdo con la OIM, el número de estos trámites cayó de 177.135 en 2015 a 29.432 en 2016. Un año, después, en tanto, las peticiones bajaron a 3.397.

La cifra continuó cayendo en los años siguientes, al punto de que en 2020 solo se registraron 55 solicitudes, aunque hay que considerar que ese fue el año de la pandemia.

“En términos relativos, Hungría registró la tasa más baja de solicitantes de primer asilo registrados entre los Estados miembros de la UE durante el tercer trimestre de 2021 (1 solicitante por millones de habitantes), seguida de Eslovaquia (20) y Estonia (21)”, afirmó la OIM.

Al día de hoy, Hungría sigue oponiéndose a las cuotas de migrantes e incluso ha recibido el respaldo de otros países europeos, como Polonia.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

News, Seguridad y defensa

LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y DE LA CADENA DE MANDO MILITAR Y POLICIAL . Richard Kouyoumdjian I. El Líbero

                                                                                         LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y DE LA CADENA

                                                                                  DE MANDO MILITAR Y POLICIAL

Richard Kouyoumdjian I.

El Líbero, 10/04/2024

Los soldados Robledo y los comandantes Crespo de Chile demandan a sus máximas autoridades de gobierno y mandos institucionales respectivos asumir las responsabilidades que corresponden, y que no sean las manos de ellos las que se tienen que meter al fuego para sacar las castañas.

Les anticipo que esta no es una columna neutra y con el avanzar de los párrafos entenderán por qué digo eso.

En las últimas semanas se ha avanzado como nunca en la sensibilización de la opinión pública sobre la suerte que han corrido integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros producto de haber sido acusados por supuestos crímenes realizados por ellos como agentes del Estado durante los estados de emergencia o en el control del orden público del 2019 al 2021.

El caso del soldado conscripto Robledo, o bien el caso del comandante Crespo, el que está muy reflejado en el libro que el mismo publica bajo el título de “G3, Honor y Traición”, el cual fue motivo de un acalorado debate en el capítulo 13 de la temporada 4 de Sin Filtros, han puesto sobre la mesa lo solos que se sienten muchos de los que integran o integraron las instituciones de la defensa y las policías.

Sienten abandono y sienten rabia. Abandono por parte del Estado y las instituciones a las que pertenecieron, y rabia con quienes ahora están en el gobierno y en esa época lideraban los desórdenes públicos, mal llamados por algunos como el “estallido social”, y correctamente por otros, como un intento de derrocamiento de un gobierno legítimamente establecido.

El cómo llegamos a que los buenos estén en la cárcel o siendo procesados y los malos gozando de libertad y pensiones de gracia está ampliamente detallado en la columna “Jaque mate de la izquierda o autogol de la derecha.

La situación del soldado Robledo o del comandante Crespo no es muy distinta a la que viven quienes están presos por acciones realizadas durante el gobierno militar, con los cuales la izquierda no ha mostrado ninguna piedad a pesar de que no sólo no recibieron una correcta justicia, sino que además están bastante mayores y en muchos casos, con una salud resentida por el paso de los años.

Estamos en una situación crítica, ya que de producirse un levantamiento similar al de octubre de 2019, o un incremento de la actividad violenta del crimen organizado, Carabineros, la primera línea de defensa, como bien dice el comandante Crespo en su entrevista en el programa Sin Filtros, no se va a inmolar como lo hicieron en esa oportunidad a no ser que las cosas cambien, haya respaldo político y judicial a su actuar, y no vean en el Ministerio Público y en Tribunales a su peor enemigo.

Lo mismo aplica a las Fuerzas Armadas y representa a mi entender su sentir en esto.

Sin una disposición a actuar de las policías y las Fuerzas Armadas, cosa que se puede cambiar si reciben los respaldos legales necesarios, las cosas no se ven muy bien para Chile y los chilenos.

Estando lo anterior meridianamente claro, los uniformados tampoco van a actuar si es que no ven que sus mandos están dispuestos a asumir la responsabilidad por las acciones que les ordenan realizar, y estos a su vez, lo mismo respecto de las autoridades políticas que lideran el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Defensa Nacional, y el mismísimo Presidente de la República.

Esto es algo que aplica a la realidad actual como a las ocurridas en el pasado.

Las policías y las Fuerzas Armadas son buenos ejemplos de que el hilo se corta por lo más delgado. Los que están en la cárcel o siendo procesados son o eran oficiales subalternos, suboficiales, clases y gente de mar cuando ocurrieron las acciones por las cuales se les acusa o privó de libertad.

La excepción la constituye el caso de los generales Rozas y Yáñez, a quienes el Ministerio Público va a formalizar el 7 de mayo por su responsabilidad de mando durante los desórdenes públicos de fines del 2019 y comienzos del 2020.

En este caso, ellos cumplieron la orden del Presidente de la República de controlar el orden público, algo que hicieron, hicieron bien, y es la razón por la cual aún somos una democracia y no nos fuimos al desfiladero o terminamos como una colonia de Venezuela, ya que fueron los Carabineros los que se llevaron la peor parte y el esfuerzo mayor.

Los subalternos afectados quieren ver a sus oficiales generales saliéndolos a defender como en su minuto lo hizo el contraalmirante Parga con los infantes de marina acusados incorrectamente por matar a un insurgente mapuche en Cañete, o el ejemplo de otro almirante que asumió completamente la responsabilidad por lo que pudo haber ocurrido cuando se desempeñó como Jedena durante el estado de emergencia que se decretó en octubre de 2019.

No quieren que los dejen caer como muchas veces sucede en Carabineros, que a la primera los sacan y dejan en la más completa indefensión.

Si alguien no está en condiciones de hacerse responsable por las órdenes que da, entonces que no las dé, o bien da un paso al costado y deja que otro asuma el mando. Esto aplica desde el Presidente de la República y hacia abajo en toda la cadena de mando.

Sabemos que las Fuerzas Armadas y las policías han representado al Poder Ejecutivo la inconveniencia de las reglas de uso de la fuerza (RUF) que se quieren implementar, o bien lo poco efectivo que es el proyecto de infraestructura crítica cuando no hay amenazas a la infraestructura como tal, o bien de la necesidad de usar la justicia militar a todo evento en que un militar o un policía esté involucrado en cuanto esté cumpliendo con su consigna, o la inconveniencia de emplear fuerzas militares para el control del orden público o en acciones antidelincuencia.

Desconozco si han representado a las autoridades la necesidad imperiosa de que las defensas de los militares y policías sea asumida por sus instituciones, y no en forma particular, o con colectas realizadas por terceros.

Claudio Crespo lleva gastados $160 millones entre abogados y peritos, y de no ser por su suegra, estaría totalmente perdido. Otros deben su suerte a organizaciones nobles como son la Fundación Nos Importan.

Es muy posible que la situación de Chile requiera de posiciones más firmes por parte de los comandantes en jefe o los directores generales de las policías.

Es correcto que han representado al Poder Ejecutivo sus opiniones y puntos de vistas técnicos en las materias que nos preocupan, pero al final del día, las autoridades políticas hacen lo que quieren, dejándoles claro a las instituciones que son obedientes, jerarquizadas y no deliberantes, no dejando espacios para opiniones que, aunque muy bien fundamentadas, no calzan con lo que ellas desean y las responsabilidades que no quieren asumir.

Los soldados Robledo y los comandantes Crespo de Chile demandan a sus máximas autoridades de gobierno y mandos institucionales respectivos asumir las responsabilidades que corresponden, y que no sean las manos de ellos las que se tienen que meter al fuego para sacar las castañas.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional