News, Seguridad y defensa

Sistemas de Inteligencia, ciberseguridad, próxima revolución tecnológica y nueva Constitución.

 

Sistemas de Inteligencia, ciberseguridad, próxima revolución tecnológica y nueva Constitución.

Pablo Thauby
Magíster en Ciencia Política, Academia de Guerra Naval, Chile.

Convengamos en que lo que pasa en nuestro país es importante, pero lo que también es innegable es que será fuertemente influenciado por los eventos internacionales.

En este escaso año y medio, desde que se inició la ofensiva Rusa sobre Ucrania, los marxismos posmodernos se desinflaron con menos decoro que la rendición del Ché Guevara al Ejército Boliviano, mientras que los marxismos reales murieron con la caída del muro de Berlín.

Hace sólo un año y medio a los países los movían los conceptos de derecha e izquierda, y capitalismo y socialismo -de la Guerra Fría-, y las tendencias posmodernas de progresismo y globalismo. Hoy, los mueven sus intereses políticos particulares, grupales y continentales, aspectos ético-morales, materias religiosas y culturales y motivos históricos, entre otros aspectos, que antaño motivaban los diferentes conflictos continentales, previos a la guerra fría.

Hoy por hoy, la Guerra Fría pasó a la historia y vimos el nacimiento de la Guerra estilo siglo XXI: La “Guerra Híbrida”. La cual incorpora aspectos de guerra convencional tradicional, uso indiscriminado de la tecnología y RR.SS., propaganda y fake news, ataques cibernéticos, guerra electrónica e informática de alta gama, amplio uso de drones artillados, ataques cibernéticos al sistema bancario de países de interés, y un largo etcétera; dejando fuera toda consideración de orden ideológico (derecha / izquierda / capitalismo / socialismo / progresismo / globalismo).

Si a lo anterior sumamos que en los próximos años inexorablemente llegará a nuestro país la nueva revolución tecnológica con una fuerte componente cibernética, con amplio uso de internet y dispositivos inalámbricos, robóticos y domóticos, que a algunos les facilitará la vida y a otros se las complicará terriblemente por la pérdida del trabajo, conllevan la necesidad imperiosa de aplicar medidas de seguridad, para mitigar cibercrímenes. En ese contexto, recordemos los hackeos que sufrió la banca estatal y privada hace algunos años que produjo gran revuelo a nivel de cuenta correntistas, ahorristas e inversionistas bursátiles nacionales y extranjeros. Por otro lado, algunas de las personas que pierdan sus trabajos, por necesidades económicas perfectamente pueden constituirse en potenciales colaboradores o informantes de agrupaciones locales o internacionales de cibercriminales.

Si analizamos lo que ha ocurrido con la “Comunidad de Servicios de Inteligencia” en nuestro país desde el “retorno a la democracia”, dicha “Comunidad” fue desbaratada y muy coartada en su accionar y en sus atribuciones necesarias de nivel estratégico, táctico y operativo. Del mismo modo, si consideramos que desde Piñera 2 nuestro país no cuenta con una Ley de Inteligencia; y finalmente, que la Ley de Delitos Informáticos vigente es una verdadera vergüenza. Nuestra capacidad de anticipar debilidades internas propias y amenazas externas, está muy disminuida.

Para efectos de Seguridad Nacional interna, económica, marítima, aérea, de fronteras terrestres, insulares y Antárticas, externa, y a nivel del ciberespacio, considerando que el eje de la política internacional está cambiando, desplazándose hacia el Océano Pacífico, las necesidades de protección de Información sensible y las necesidades de protección de los sistemas de tecnologías de la información, deben necesariamente adquirir un “Rango Constitucional” que considere las medidas, acciones, y sanciones pertinentes.

Adicionalmente, dentro de este “Rango Constitucional”, se debe crear una nueva “superestructura de Inteligencia” que permita que la información entre los miembros de la “Comunidad de Inteligencia” fluya debidamente entre ellos y sea canalizada por un “Ente Superior de Inteligencia Colegiado” que incluya, a lo menos, a los Directores de Servicio, los Presidentes del Senado y la Cámara, al Ministro del Interior y al Presidente, de tal manera de accionar oportunamente ante una amenaza, en vez de reaccionar tardíamente ante un desastre no detectado.

Un aporte de nuestro Pas Presidente Humberto Julio Reyes

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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CON DAÑOS EN SU ESTRUCTURA RESULTA PUENTE FERROVIARIO ITATA: CONFIRMAN ATAQUE EXPLOSIVO

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ALTA TENSIÓN: TRES ATENTADOS EXPLOSIVOS A INFRAESTRUCTURA CRÍTICA EN CINCO DÍAS ACTIVA PREOCUPACIÓN EN LA FISCALÍA Y EL GOBIERNO

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Lanzamiento Satélite FASat-Delta

 

Lanzamiento Satélite FASat-Delta

Date & Time
12 jun 2023 03:30 p. m. in 
Description
La Asociación Chilena del Espacio (ACHIDE), invita cordialmente a una charla en vivo con un panel de expertos en materia espacial discutiendo y relatando el lanzamiento del nuevo satélite chileno, primero dentro del marco del Sistema Nacional Satelital. El webinar contará con imágenes en vivo desde la plataforma de lanzamiento de SpaceX en Vanderberg, California.
La presidenta de ACHIDE, Sra. Loreto Moraga, junto al Ingeniero de NASA Eduardo Bendek, compartirán su experiencia desde el lugar del lanzamiento. Además se contará con un relato de un panel de expertos desde Chile que retransmitirán el evento oficial y comentarán los sucesos del lanzamiento de la misión.
El evento iniciará a las 16 horas del día lunes 12 de junio, teniendo una duración aproximada de 2 horas entre la exposición y la interacción con el público. El lanzamiento está programado para las 17:14 UTC-4 (Hora de Chile Continental) A continuación, se pide dejar un correo válido en el cual se recibirá la invitación con el link oficial al evento con anticipación y recuerdo en el mismo día.

Inscripción al seminario

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UNA NOCHE CON LOS CAZADORES DE DRONES

   

UNA NOCHE CON LOS CAZADORES DE DRONES

Javier Espinosa

El Mundo, Primera Edición, 31/05/2023

Rusia lanza 151 misiles y aviones no tripulados en 72 horas; Ucrania contraataca enviando sus drones sobre objetivos de Moscú

 

El sonido pasó muy cerca del automóvil. Recordaba al ronroneo de una motocicleta. La unidad móvil antiaérea también debió escucharlo porque de inmediato comenzaron a disparar ráfagas de su ametralladora.

Los surcos rojos de las balas trazadoras subían hacia el cielo. Minutos antes, otro dron se había empotrado contra un edificio cercano que ardía de forma virulenta.

Las llamas iluminaban la noche. El coche tuvo que superar los despojos del habitáculo arrancados por la deflagración, regados por el asfalto.

Los tres soldados tenían cruzado su todoterreno en mitad del puente. Con el arma apuntando hacia las alturas. Durante algunos segundos iluminaron la zona con un potente reflector.

Uno de ellos hizo un gesto conminatorio al solitario vehículo para que se marchara. El movimiento enérgico de las manos explicaba la tensión.

La incertidumbre se había generalizado. A pocos metros, cuando los viajeros se dirigían hacia la Plaza de Maidán, en el centro de la capital, un objeto en llamas se cruzó antes de impactar en un parque cercano generando una gran explosión.

Por las avenidas de una urbe casi desierta sólo circulaban coches de policía y los camiones que recogían la basura en medio del clímax bélico. A la altura del metro de Pecherska, grupos de civiles huían a la carrera hacia el subsuelo.

Algunos permanecían en las escaleras de acceso al subterráneo mirando al cielo. La aproximación de otro dron provocó una rápida desbandada acompañada de más tiroteos y estallidos.

Eran las 3:23 de la madrugada. Kiev asistía al enésimo capítulo de una guerra nocturna que recuerda –sin llegar a su intensidad– a los combates aéreos de lo que se denominó la batalla de Inglaterra, inmortalizada en tantas películas. La arremetida de otra oleada de aparatos no tripulados de origen iraní –los ya tristemente célebres Shaheed– dejó al menos un muerto, una docena de heridos y varios incendios. Las autoridades ucranianas indicaron que habían derribado 29 de los 31 drones.

“Hemos vuelto a los días de octubre, cuando cortaron la electricidad. Estaba viendo todo desde la ventana. Pensaba que nos faltan las palomitas: las explosiones, los disparos, las luces en el cielo.. Habíamos decidido que sólo vendríamos al Metro si las explosiones sonaban cerca y accionaban las alarmas de los coches. Y eso pasó, así que aquí estamos”.

Tatiana Glikman, de 36 años, se había guarecido en la entrada de Pecherska junto a su madre. La alarma aérea se decretó en Kiev a las 2:06 de la madrugada. En ese instante comenzó el goteo de vecinos que se dirigían hacia las instalaciones del tren subterráneo.

En las inmediaciones de la estación de Lva Tolstov, se podía asistir a un desfile de sombras calladas que salían de los portales de las viviendas cercanas portando esterillas de plástico, sillas y colchones inflables.

Oksana Omarova y sus dos hijas, Aida y Yariat, no estaban seguras de cuántas veces han tenido que pernoctar en este mismo lugar durante el mes de mayo. Más de una docena, dijo una de ellas.

Las arremetidas de madrugada se han convertido en algo tan recurrente que han decidido mantener siempre en su piso maletas con ropa y enseres personales. “Ayer bromeamos. Antes pensabas en qué ponerte para ir a trabajar y ahora en cómo nos vestiremos para pasar la noche en el Metro”, comentó Aida, de 24 años, entre sonrisas. “Hoy es la cuarta vez en menos de 24 horas que terminamos aquí”, agregó en referencia a la sucesión de asaltos aéreos en Kiev entre el lunes y el martes.

A su lado, una pareja con un pequeño que dormitaba en una silla de bebé intentaba instalarse en una de las esquinas junto a las escaleras mecánicas. “(Los rusos) están intentando debilitarnos psicológicamente”, opinó la muchacha de 32 años, que no quiso identificarse.

Al cabo de media hora ya se habían congregado varias decenas de civiles en el refugio improvisado. En el exterior resonaban las detonaciones.

La intensificación del uso de Shaheed y misiles contra Kiev –el de este martes marca el número 17 sólo en mayo– y la réplica ucraniana contra Moscú y otras ciudades rusas parecen marcar una nueva escalada en la guerra, que ha dejado de estar limitada principalmente al este de Ucrania.

Los rusos han lanzado hasta 151 misiles y drones contra el país en las últimas 72 horas. La intensificación de la ofensiva aérea rusa ha retrotraído psicológicamente la capital a los peores días del inicio del conflicto o las fechas en las que quedó sumida en la oscuridad a finales de 2022.

La aproximación de los Shaheed se puede seguir casi en tiempo real por las redes. Como ya viene siendo habitual, este martes las alarmas comenzaron a activarse a medianoche y fueron desplazándose a través de las regiones ucranianas conforme avanzaban los drones desde el sur, siguiendo el curso del río Dnipro, y desde la linde norteña.

El alcalde, el exboxeador Vitali Klitschko, se ha convertido en narrador que relata casi en vivo los sucesos que sacuden a su metrópoli. A las 2:33 ya estaba alertado sobre las explosiones que se escuchaban en Kiev y pedía “¡ir a los refugios!”, según se leía en sus mensajes en Telegram. A ese texto siguieron otros que indicaban la angustia que se había apoderado de la urbe: “tres coches ardiendo en el distrito de Pecherska”, “una casa en llamas en Darnytsia”, “incendio en un rascacielos en Holosiivskyii”…

Sin embargo, como ocurrió también durante la batalla de Inglaterra, la eficacia de los bombardeos rusos por el momento parece constreñirse al posible efecto en la moral de los ucranianos ya que la amplia mayoría de los drones y cohetes están siendo derribados.

Para Oleksiy Danilov, uno de los asesores de Zelenski, el empecinamiento de Moscú en estas acciones sólo es un reflejo de su “estupidez y obstinación”.

Kiev se ha rodeado de toda una panoplia de todoterrenos equipados con ametralladoras pesadas que vigilan las noches de la capital. El sistema defensivo se complementa con baterías de misiles como los Patriots estadounidenses o los heredados de la Unión Soviética, otros sistemas defensivos donados por Occidente y los grupos de caza-shaheeds que disponen de cohetes portátiles del tipo Stinger o Igla que están desplegados en torno a la urbe, formando un escudo difícil de superar.

El portavoz de la Fuerza Aérea, el coronel Yuriy Ignat explicó en una televisión local que los rusos intentan “agotar” las defensas aéreas ucranianas, algo que no están consiguiendo. “Se fortalecen cada día. Me gustaría tener más medios para conseguir un resultado del cien por cien (de derribos). Probablemente cuando recibamos los aviones F-16 podamos hacerlo mejor”, agregó.

Ignat estimó que en los últimos ataques las defensas aéreas han logrado interceptar cerca de un 90 % de los cohetes y aviones no tripulados.

Emplazados en las inmediaciones de Hostomel, un núcleo urbano sito a 30 kilómetros de Kiev, los uniformados de la Brigada Bureviy disponen de su propias unidades antiaéreas destinadas a la defensa de la capital.

Según informó el ejército local, uno de sus integrantes de 20 años que responde al apodo de Pokemon derribó este lunes un cohete ruso con uno de los citados Igla, un arma portátil que –ironías de la historia– fue una creación de la Unión Soviética.

“Ya había derribado otro el 9 de mayo. Hasta que comenzó la invasión sólo teníamos Igla. Ahora hemos recibido Stingers. Nos entrenamos con simuladores”, relató a este diario Pavlo Feduk, comandante de 21 años de una de estas agrupaciones antiaéreas.

Feduk aclaró que su función es interceptar a los Shaheeds antes de que lleguen a Kiev. Eso fue lo que hicieron el sábado pasado, cuando asegura que destruyeron dos de esos aparatos. “Siempre tenemos un equipo vigilando”, añadió.

A la pelea contra los Shaheeds se han sumado equipos de voluntarios civiles que lo mismo realizan recaudaciones de fondos para comprar equipos capaces de inutilizar esos aparatos que prueban sistemas de potentes focos para localizar a los drones, en otro guiño a la historia que se vivió en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estos haces de luz fueron un apoyo básico para los servidores de ametralladoras.

Horas antes de que Kiev sufriera el cuarto ataque, un grupo de jóvenes comandado por Valentin Nyzkovoloz medía la intensidad de varios de estos artilugios en un páramo situado a las afueras de la población.

Su iniciativa, la llamada Fundación Hurkit, pretende adquirir decenas de estos reflectores para entregárselos a las unidades móviles antiaéreas. El plan comenzó a ejecutarse en enero y reunió a personajes tan variopintos como el referido Valentin, un ingeniero, con una doctora como Oksana Skapa, de 35 años, o la editora de un medio de comunicación, Anastasia Hulko.

Equipada con una vestimenta muy similar a la que usan los recolectores de miel –en este caso para protegerse de la legión de mosquitos que acudían a la luz–, Oksana observaba desde una camioneta el efecto del haz sobre una réplica a la misma escala de un Shaheed que mantenía agarrado otro voluntario sobre el techo del vehículo.

Valentin se había colocado a 1,7 kilómetros equipado con varios juegos de focos diferentes para activarlos y medir su intensidad. “Ya hemos entregado siete (focos) pero se necesitan muchos más”, comentó Nyzkovoloz antes de accionar los artilugios.

“Los focos son vitales porque si los Shaheeds vuelan muy bajo (que es lo que suelen hacer) no pueden ser detectados por los radares y hay que identificarlos visualmente”, precisó Anastasia.

El primer reflector sólo llegó hasta la réplica con una intensidad tan débil que casi fue imperceptible. “¡No brilla!”, gritó a través del teléfono el expiloto Aleksander, un veterano de 69 años y más de 22.000 horas de vuelo, que también colabora con Hurkit.

El segundo sí surgió con fuerza, iluminando toda la carcasa del aparato. “¡Sí se ve, sí se ve!”, clamó Aleksander con entusiasmo.

La aportación de los grupos de voluntarios a la maquinaria bélica ucraniana fue un elemento determinante desde el inicio de la agresión promovida por Rusia en 2014 y lo siguió siendo tras la invasión del 2022.

“La gente tiene miedo y está agotada, pero seguimos resistiendo”, comentó Oksana antes de concluir la prueba. Era la misma premisa que se escuchaba de madrugada en boca de algunos de los viandantes ocultos en el Metro de Lva Tolstov. Su principal defensa era la resignación. En la calle, a pocos metros, alguien había colocado un enorme cartel con el lema: “Sé valiente, como los ucranianos”.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Seguridad y defensa

LA DANZA DE MILLONES DE PESOS QUE HA GASTADO CHILE EN LOS SUCESIVOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN DESDE 2019

 

LA DANZA DE MILLONES DE PESOS QUE HA GASTADO CHILE EN LOS SUCESIVOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN DESDE 2019

Andrés Cárdenas Periodista

El Mostrador, 27/05/2023

Desde 2019 en adelante, las Fuerzas Armadas chilenas han estado entrando y saliendo desde sus cuarteles para encargarse de tareas de seguridad pública debido a los estados de excepción constitucional que, como nunca antes en democracia, se han decretado de manera sucesiva en los últimos cuatro años. Solo en el gobierno del Presidente Boric, el Estado de Excepción ha sido renovado 24 veces, y en el gobierno de Piñera se produjo uno de los más largos de la historia mundial.

Según informó a la subcomisión mixta de presupuestos del Congreso el jefe de la División de Presupuestos del Ministerio de Defensa, Carlos Chong, hasta agosto de 2022, solo la FACh requirió al menos $120 millones para su despliegue; el Ejército, $150 millones; y la Armada, entre 40 a $50 millones, siendo traslado de contingente y alimentación su principal destino.

En total, hasta el octavo mes del año pasado, se requirieron $320 millones cada 15 días ($21 millones diarios), período por el que se piden los decretos de Estado de Excepción. La actualización de la cifra podría ser revelada durante la próxima Cuenta Pública o en la discusión del presupuesto 2024.

El gobierno del Presidente Boric ha mantenido la restricción constitucional desde el 16 de mayo de 2022, habiendo sido prorrogado con amplio respaldo del Congreso 24 veces.

Por lo tanto, bajo la referida ecuación, se habrían desembolsado $7.680 millones durante el año que lleva corriendo el decreto.

No obstante, desde el Ministerio de Defensa señalan a El Mostrador que estos son reservados “recursos especiales” y se deben considerar variaciones, como el costo de instalación que ocurre una vez y el mantenimiento de las tropas, lo que podría hacer que la cifra varíe.

El decreto actual, que ya ha cumplido un año, expiró el 26 de mayo y la reciente extensión aprobada comenzó a regir después de esa fecha durante 15 días, hasta que se discuta una nueva prórroga.

Sin embargo, es importante destacar que la aplicación del Estado de Excepción no es exclusiva del gobierno actual, sino que se origina en el fracaso del diálogo en todos los gobiernos anteriores.

Chile, en Estado de Excepción “intermitente” desde 2019. Desde el inicio de la pandemia, todo Chile estuvo bajo Estado de Excepción Constitucional de Emergencia (EECE) durante un año y medio, siendo uno de los más prolongados a nivel mundial.

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar el primero de todos, convocado por el presidente Sebastián Piñera debido a la incapacidad de restaurar el orden público durante el estallido social en 2019.

En octubre de aquel año, la aplicación del decreto causó un gran impacto tanto dentro como fuera de La Moneda. Fue la primera vez que se implementaba desde el retorno a la democracia, excluyendo el Estado de Catástrofe por el terremoto en 2010.

La decisión dejó a varios en la sede del gobierno al borde del colapso. La medida se extendió por nueve días y se declaró en diferentes zonas del país desde el 19 de octubre de 2019 hasta el 28 de octubre del mismo año.

Durante ese período, siguiendo el cálculo previo, se estima que se utilizaron alrededor de $190 millones solo en el despliegue militar.

Es importante mencionar que parte del territorio estuvo bajo esta condición durante menos días, ya que su Estado de Excepción comenzó más tarde.

El gobierno de Piñera levantó el Estado de Excepción y los militares se retiraron, pero cuatro meses después llegó la pandemia de Covid-19 y el decreto se mantuvo en vigor durante 469 días.

Actualmente, no hay un balance concreto sobre el despliegue, pero siguiendo la lógica anterior, se estima que se habrían gastado casi 10 mil millones de pesos ($9.849 millones considerando los $21 millones diarios).

Sin embargo, la historia reciente del decreto no concluye con el fin del uso de mascarillas y la llegada de la vacuna. Después del estallido social y la pandemia, el 12 de octubre de 2021, debido a “reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico”, según informó Presidencia, el entonces presidente Piñera y su ministro del Interior, Rodrigo Delgado, decretaron un Estado de Excepción en el sur por 15 días, lo que implicó un costo adicional de aproximadamente $320 millones.

Desde entonces, la medida se prorrogo en nueve ocasiones, sumando un total de $3.200 millones, según el mismo cálculo.

La última renovación del Estado de Excepción en el sur bajo el gobierno anterior se realizó el 11 de marzo de 2022, justo para el cambio de mando donde asumió el Presidente Gabriel Boric.

Y aunque ese día terminaban los últimos 15 días de la extensión, ya se había enviado y aprobado con 73 votos a favor la nueva solicitud en la Cámara de Diputados. El Presidente Boric optó por mantener esta medida hasta que se cumpliera el plazo, el que terminó el 26 de marzo, marcando el fin de los decretos de Piñera y dejando la zona sin presencia militar por más de 50 días.

Sin embargo, la fallida visita de la entonces ministra del Interior Izkia Siches, marcaría el retorno del Estado de Excepción a la “macrozona”.

La medida no sería decretada nuevamente hasta el 16 de mayo de 2022, fecha en que comienzan los decretos de Boric en la zona de influencia mapuche, los que se han mantenido hasta el día de hoy tras 24 prorrogas aprobadas por el Congreso.

El cálculo hecho en esta nota es una aproximación y está puesto sobre la mesa sin contar el despliegue militar en la frontera norte del país.

Si se consideran los Estados de Excepción desde el estallido social, pasando por la pandemia, hasta el día de hoy, con los números expuestos por la división de presupuestos de la cartera de Defensa, el cómputo total bordearía los $20.919 millones.

Durante la pandemia y el estallido social, se aplicaron varios decretos de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia (EECE). El primero, convocado por el presidente Sebastián Piñera en 2019, duró nueve días y generó un gran impacto. Luego, debido a la pandemia de Covid-19, se mantuvo otro durante 469 días. Posteriormente, se decretó nuevamente en el sur del país debido a la violencia relacionada con “actos de carácter terrorista”. En total, sin contar el despliegue militar en el norte, los cálculos estiman que se han utilizado de alrededor de $20.919 millones para efectos de orden público y resguardo de carreteras. Los decretos continúan vigentes hasta la fecha.

Los $21 millones diarios. Richard Kouyoumdjian, vicepresidente del directorio AthenaLab y director de la Liga Marítima de Chile, afirma que mientras el Estado de Chile no reconozca la existencia de una situación de insurgencia, el problema seguirá escalando.

A su juicio, los “remedios” utilizados hasta ahora, como el Estado de Excepción, son paliativos y no solucionan la trama de fondo. Según el exoficial naval, se baja la fiebre pero no se corrige la enfermedad subyacente.

En cambio, propone utilizar “antibióticos” que, aunque puedan tener efectos colaterales, abordan el desafío principal. Eso sí, sostiene que el Estado de Sitio no es la solución.

El experto critica la forma en que se ha abordado el problema, declarándolo como un asunto policial y presentando querellas ante hechos criminales, los que quedan sometidos al Ministerio Público y las policías.

Considera que ampliar las facultades del Estado de Excepción, como lo ha adelantado el Gobierno, no será muy productivo, ya que la instrucción no será neutralizar y eliminar a los que considere movimientos insurgentes.

Kouyoumdjian destaca que los movimientos mapuche en la zona sur no están coordinados entre sí y que no existe una jefatura única, lo que mantiene la situación en ascuas. Además, menciona que los militares están desplegados en varias zonas, pero no tienen la libertad estratégica para actuar eficazmente.

En su opinión, la presencia militar “de punto fijo” ha tenido un impacto “limitado” en la disminución de la violencia.

Su conclusión es categórica: mientras no se reconozca oficialmente la existencia de movimientos insurgentes y se tomen medidas adecuadas, como utilizar a los militares de manera estratégica, el problema persistirá y las soluciones propuestas no serán efectivas.

La diputada Ericka Ñanco (RD) enfatiza que la situación en La Araucanía no es exclusiva del gobierno actual, sino que es un problema de seguridad arrastrado durante mucho tiempo que no se ha abordado adecuadamente en gobiernos anteriores, donde hubo falta de recursos y protección para Carabineros.

Y, aunque reconoce que el gobierno actual ha asignado más recursos a las policías, destaca la necesidad de abordar problemas estructurales, como la falta de presencia del Estado en las comunas más empobrecidas de Chile.

La única parlamentaria del oficialismo en la región sostiene que la discusión sobre la seguridad está ocultando las deficiencias reales en La Araucanía, como la falta de infraestructura básica en postas y escuelas rurales. Resalta que el problema va más allá de la seguridad y requiere una atención integral del Estado para abordar las necesidades más inmediatas de la ciudadanía.

Para la diputada Ñanco, la falta de presencia institucional en la región genera conflictos que invisibilizan el problema de fondo. Afirma que hay una estigmatización de la zona, en comparación con otros lugares donde también ocurren problemas similares.

A su juicio, lo importante son las políticas de Estado que deben trascender a los gobiernos de turno. La legisladora frenteamplista coincide con que el enfoque militarizado de la policía no resuelve el conflicto, como se evidenció en el caso Catrillanca, y que solo genera más violencia y desigualdad.

Además, opina que las Fuerzas Armadas no deberían involucrarse en un conflicto que no les corresponde y que el problema en la región se origina en demandas históricas de restitución territorial y reconocimiento de derechos hacia el pueblo mapuche. Finalmente, reconoce que el gobierno actual ha logrado una mayor presencia estatal en La Araucanía en poco tiempo, pero se enfatiza que los cambios requerirán un enfoque a largo plazo.

El director del magister de Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, Eric Latorre, sostiene que el Estado debe ser capaz de implementar medidas estratégicas a largo plazo para abordar la situación, pero recurriendo a Estados de Excepción en el corto plazo.

Sin embargo, destaca que suspender los derechos fundamentales implica que las Fuerzas Armadas realicen tareas policiales, lo cual es delicado según la doctrina jurídica. Argumenta que el plazo de 15 días para prorrogar el Estado de Excepción es muy limitado precisamente porque se entiende que su prolongación debe ser discutida detalladamente en cada caso debido a la delicadeza de la situación. Además, considera que el uso de las Fuerzas Armadas como fuerza policial también es complicado y puede dar lugar a casos de violaciones a los Derechos Humanos, ya que no están entrenadas para dicha labor.

El profesor Latorre, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, propone la implementación de un plan integral de inteligencia que incluya políticas públicas e incluso la intervención del Servicio de Impuestos Internos para rastrear el flujo de dinero y desarticular grupos involucrados en actos terroristas o el robo de madera que no tiene nada que ver con la causa mapuche, ya que considera que el crimen organizado “se adapta” y es muy oportunista.

Además, sostiene que si no se abordan simultáneamente estos tres aspectos (indígena, terrorismo y crimen organizado), uno de ellos se desbordará, y en ese sentido, el Estado de Excepción no es efectivo, y mucho menos el Estado de Sitio.

Estado de Excepción a escala latinoamericana. Honduras y Ecuador se suman a El Salvador en la implementación del Estado de Excepción como medida para combatir problemas como pandillas, narcotráfico y crisis política.

Honduras ha estado bajo un Estado de Excepción “parcial” desde diciembre del año pasado, mientras que Ecuador ha aplicado la medida en tres provincias afectadas por el narcotráfico.

Por su parte, El Salvador vive en Estado de Excepción desde hace más de un año debido a la violencia de las maras salvatruchas. Y aunque el presidente Nayib Bukele cuenta con un alto nivel de aprobación, expertos de la ONU han expresado preocupación por la prolongación de esta medida en el país centroamericano.

Chile no es ajeno a esta poco excepcional realidad, aunque siguen ocurriendo hechos delictivos a pesar de la presencia militar. Por ejemplo, el 10 de abril en Collipulli, desconocidos incendiaron un vehículo en la línea férrea dejando una pancarta pidiendo el traslado de un imputado mapuche a la cárcel de Angol y amenazando a los gendarmes del mismo penal. Posteriormente un tren que se encontraba detenido producto del suceso, fue atacado mediante disparos.

Por otro lado, el 9 de mayo en Victoria, 3 camiones fueron baleados en la Ruta 5, resultando un conductor herido con un impacto en el glúteo y encontrándose además una camioneta municipal incendiada en las inmediaciones, en la cual se habrían movilizado los victimarios.

Según la última solicitud de prórroga emitida desde la Presidencia, se ha observado una disminución considerable de la violencia en la zona gracias a la colaboración entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales.

Durante la primera semana de mayo, se reportó un 35% menos de eventos violentos en las provincias bajo el Estado de Excepción, con una disminución significativa en los ataques incendiarios y los daños a la propiedad. A pesar de estas cifras, la oposición ha pedido la declaración de Estado de Sitio, propuesta que ha sido descartada por el Ejecutivo, aunque se está considerando revisar el decreto de Estado de Excepción “acotado” y modificar la Ley Antiterrorista.

El Estado de Excepción es una herramienta constitucional que permite la limitación de derechos y libertades en situaciones de alteración del orden público o amenaza a la seguridad nacional.

Regulado por la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, promulgada en 1985 durante la dictadura de Augusto Pinochet y modificada posteriormente en 1990, este mecanismo otorga la capacidad de restringir garantías constitucionales en casos excepcionales.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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