Categoría: Seguridad y defensa

                                                                             El video de las excavaciones en la frontera que revivió la                                                                                                              polémica por las zanjas en el norte

El Mostrador, 23/01/2024

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de la cartera de Obras Públicas (MOP) en La Seremi del MOP en Tarapacá publicó y luego eliminó un video de una excavación en Colchane. La publicación fue captada por usuarios de redes sociales y reavivó el debate sobre la construcción de zanjas en la frontera norte –caballito de batalla del excandidato presidencial José Antonio Kast–.

Tarapacá revivió una antigua polémica tras compartir un video en la red social X, en el que se mostraba una retroexcavadora trabajando en la excavación de una zanja en Colchane.

El mensaje indicaba que personal de Vialidad estaba llevando a cabo trabajos de excavación y construcción de pretiles en el complejo fronterizo, con el fin de apoyar la seguridad nacional.

Sin embargo, el video fue eliminado del perfil de la Seremi del MOP en Tarapacá, desencadenando una fuerte controversia en redes sociales.

Usuarios recordaron que el Presidente Gabriel Boric había criticado enérgicamente durante su campaña presidencial la implementación de zanjas como medida para frenar la migración irregular, una estrategia que fue caballito de batalla del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Pese a las críticas por el video eliminado, cabe señalar que el Gobierno había anunciado en marzo de 2022 la excavación en la frontera norte con Bolivia para frenar la llegada masiva de migrantes irregulares, en medio de una crisis humanitaria sin precedentes en los últimos años.

Además, el tema de las zanjas data de por lo menos siete años –durante el segundo mandato de Michelle Bachelet–.

La situación actual llevó a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, a ser cuestionada a partir de un antiguo tuit donde criticaba la implementación de zanjas para enfrentar la migración.

En dicho tuit, Vallejo expresaba: “Andar proponiendo zanjas para enfrentar la migración es devolvernos a la época medieval, a un paso de proponer campos de concentración… Realmente macabro. #DebatePresidencial2021”, escribió en octubre de 2021.

Eso sí, a la ministra Vallejo le preguntaron por otra zanja, la del sector de Tocorpuri, zona limítrofe con Bolivia que se ubica al interior de la comuna de San Pedro de Atacama.

La titular de la Segegob manifestó, durante un punto de prensa, que “hay que ver de qué zanja se trata, para no confundir a la ciudadanía”. Y agregó que “estamos hablando de un trabajo que efectivamente ha estado haciendo la Delegación Presidencial, más las policías y la Municipalidad de San Pedro de Atacama, y que tiene que ver con el paso fronterizo Tocorpuri, y que dice relación particularmente con el delito de robo de autos”.

“Estas son franjas o zanjas que están hace un rato y que hoy día se están reforzando, a propósito de que en la región y en esa zona el delito de robo de autos, y que pasan del extranjero a Chile, es muy alto”, sostuvo la secretaria de Estado.

Entonces, según la vocera de La Moneda, “se trata de impedir esa comisión del delito, por eso el trabajo y el despliegue de nuestras autoridades en conjunto con la autoridad local”.

Quien salió a defender la construcción de zanjas fue el propio José Antonio Kast, convocado por menciones en la red social X a propósito del video del MOP de Tarapacá. “Una de las maneras para enfrentar el contrabando, narcotráfico e inmigración ilegal son los cierres de pasos no habilitados y la implementación de zanjas. Si bien la idea fue muy criticada por algunos es una manera sencilla y efectiva de resguardar nuestra frontera”, sentenció el excandidato presidencial.

El Mostrador consultó al MOP sobre la eliminación del video. Desde la cartera descartaron el intento de “ocultar” información, como se acusó en redes sociales, y enfatizaron que la construcción de zanjas no es algo nuevo ni propio de este Gobierno.

De hecho, la seremi tarapaqueña volvió a publicar sobre el tema, pero esta vez compartiendo una nota del diario La Estrella de Iquique acerca de los trabajos de mantenimiento y mejoramiento de zanjas en el paso fronterizo de Colchane.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                 MACROZONA SUR: INSURGENCIA, TERRORISMO O VIOLENCIA                                                                            RURAL

Richard Kouyoumdjian

El Líbero, 24/01/2024

Lo que tenemos en la Macrozona Sur es insurgencia y que por ende todo lo bueno que se está haciendo hoy en día tiene sus limitaciones ya que el diagnóstico está equivocado y el problema está lejos de ser solucionado.

Felicito a Pablo Urquízar y a la Universidad de San Sebastián por publicar el libro “Radiografía de la violencia y el terrorismo en la Macrozona Sur: problemas y desafíos actuales”.

En el programa Vía Pública hay una buena entrevista de Matías del Río en que se puede ver la opinión de Urquízar sobre el tema y lo que cubre su libro.

Una de las principales conclusiones de Pablo Urquízar es que el 2023 fue un buen año en lo que se refiere a la reducción de la violencia en la zona y detenciones de personas buscadas por delitos cometidos en el pasado.

Se indica que finalmente el Estado de Chile, incluyendo en esa definición al Ministerio Público, policías, tribunales, Ejecutivo, Fuerzas Armadas y autoridades locales, finalmente habría como un todo que habría logrado mejorar su coordinación y eficacia, y que producto de ello se están observando las mejoras de las que habla la prensa.

El 2024 partió con señales mixtas como son la quema de un bus en Collipulli, o la libertad condicional de Celestino Córdova, posteriormente revocada por la Corte Suprema.

El primero de los casos muestra las limitaciones de nuestras acciones preventivas del tipo estados de emergencia, y la segunda, que no podemos dar por hecho de que las descoordinaciones del pasado están superadas en un 100 %.

Bien indica Urquízar que estamos al debe en lo que se debe al Sistema Nacional de Inteligencia, ya que el actual no da el ancho para lo que ocurre en Chile. Su ley necesita ser modernizada y el sistema como un todo está diseñado para ser ineficaz y es incapaz de operar correctamente en el Chile en que tenemos, aparte de los problemas en la Macrozona Sur, graves problemas de crimen organizado urbano, narcotráfico y violencia en las principales ciudades del país.

En los gobiernos de Bachelet y Piñera se hablaba de violencia rural, ahora se habla tímidamente de terrorismo, pero que no podemos tratar como tal por las limitaciones operativas de la ley antiterrorista.

Tratamos los problemas de la Macrozona Sur como si fueran delitos comunes, pero sin el instrumental adecuado si es que creemos que es terrorismo.

A diferencia de muchos, yo postulo que lo que tenemos en la Macrozona Sur es insurgencia y que por ende todo lo bueno que se está haciendo hoy en día tiene sus limitaciones ya que el diagnóstico está equivocado y el problema está lejos de ser solucionado.

Claramente hay mejoras y los políticos están felices mostrando estadísticas que dicen que estamos mejor, pero insisto que estamos eliminando los síntomas delictuales y no estamos atacando los problemas de fondo, y los insurgentes lo saben, tienen claro las limitaciones de nuestras acciones y operan sabiendo que lo que hacemos no los va a neutralizar.

Digo insurgencia porque estamos frente a varios grupos armados de origen mapuche que buscan ser soberanos en territorios que son chilenos, en donde no se reconoce la autoridad del Estado de Chile, que tienen planes bastante expansivos y que van a hacer lo que sea necesario por lograr sus objetivos.

Es cosa de preguntar quién gobierna en Temucuicui y les aseguro que no es el gobierno de Chile, y que el Estado no está presente en ese territorio.

A veces lo que hacen los insurgentes tiene cara de delincuencia, violencia rural o de terrorismo, pero no por ello se transforman en delincuentes, violentistas o terroristas.

Se debe mirar la motivación que tienen, ya que el ladrón busca beneficios económicos, el terrorista causar terror y publicidad, y a diferencia de los anteriores, el insurgente busca el control territorial para ser quien lo gobierna, para ser su soberano.

Va a realizar acciones delictuales o terroristas si es que las necesita para sus fines, y va a permitir robo, narcotráfico, quemas y otras malas prácticas si es que ello le permite financiar sus operaciones.

Si no entendemos que estamos frente a insurgentes nunca vamos a eliminar el problema de la Macrozona Sur. Eliminar la insurgencia requiere de una acción conjunta del Estado de Chile, pero con mayor acento en soluciones militares distintas de las que conocemos, que van acompañadas de acciones económicas y sociales que buscan mejorar las condiciones de las personas que habitan los territorios que buscan gobernar los insurgentes.

También requiere de un sistema de inteligencia robusto y efectivo ya que debemos ser capaces de detectar sus unidades operativas, los nombres de sus integrantes, las comunidades que les dan protección y apoyo, y así muchas otras cosas más.

También debemos ser capaces el día en que los neutralizamos, de poder dar soluciones a los problemas que permitieron que surgiera la insurgencia, es decir, de que sean parte efectiva del Estado de Chile y no territorios abandonados en donde opera la ley del más fuerte.

Mas de lo mismo no soluciona el problema de la Macrozona Sur. Claro que ayuda mucho lo realizado a la fecha, pero si queremos eliminar o neutralizar los problemas debemos partir por reconocer que es insurgencia y por ende darle los remedios que ese tipo de fenómeno necesita.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                      CRIMEN ORGANIZADO: HAY QUE RESPONDER CON TODA LA                                                                             FUERZA DEL ESTADO

Sergio Muñoz Riveros

Ex-Ante, 14/01/2024

¿Podría producirse en Chile una situación crítica como la de Ecuador? ¡Pero, si ya se produjo en 2019! ¿Es que alguien, a estas alturas, duda de que entonces el país experimentó en carne propia el inmenso poder destructivo del crimen organizado? ¿Quién puede aceptar todavía la versión “social” de lo ocurrido si los propios indultos presidenciales y las pensiones de gracia han revelado qué tipo de gente llevó la iniciativa callejera en los días del estallido antisocial?

Los graves acontecimientos de Ecuador, que han llevado al gobierno de ese país a declarar el estado de “conflicto armado interno” y a aceptar la ayuda militar de EE. UU., deben ser considerados como una advertencia definitiva para nuestro país respecto no solo de lo que puede ocurrir si las cárceles son capturadas por los delincuentes, sino de la capacidad del crimen organizado para desafiar al Estado y provocar la degradación institucional.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que la realidad de Chile no es la misma que la de Ecuador, pues “tenemos control de lo que pasa en las cárceles”.

Por su lado, el ministro de Justicia, Luis Cordero, declaró a una radio que “nosotros estamos muy distantes de lo que ha estado sucediendo ahí en términos de régimen institucional”.

Dijo que Ecuador ha abordado sus crisis de seguridad “rigidizando el código penal, sin preocuparse de las condiciones carcelarias”. La sobrepoblación, apuntó, favorece el reclutamiento del crimen organizado. Y sobre las cárceles chilenas, fue enfático: “Yo, lo primero que descartaría, es una hipótesis de riesgo”.

Sería mejor que el ministro Cordero no descarte nada. Es obvio que cada país tiene una realidad específica, pero el gobierno necesita examinar sin autocomplacencia nuestra propia situación.

La cuestión carcelaria es solo una parte de un problema mayor, que es la expansión del crimen organizado por encima de las fronteras. A la luz del inquietante avance de la criminalidad en Chile, ninguna hipótesis de riesgo debe descartarse.

Está a la vista el retroceso nacional en el terreno de la seguridad pública. Allí están para probarlo los asesinatos por encargo, las balaceras entre bandas, los secuestros, los asaltos a plena luz del día, etc.

Nadie duda de que muchos delincuentes avezados de Colombia, Venezuela y otros países aprovecharon las “ventajas comparativas” que ofrecía nuestro país.

Sobran, pues, las razones para que mucha gente sienta verdadera angustia por la situación de inseguridad y desprotección que se vive en numerosos lugares. La desgracia añadida es que el gobierno de Boric se ha demorado en entenderlo.

No tenemos cárceles tomadas en Chile, pero en una extensa zona del territorio nacional, la macrozona sur, el Estado está desafiado en el plano de la fuerza.

El terrorismo y el bandolerismo han debilitado gravemente la legalidad, lo que ha obligado a desplegar fuerzas militares en el marco del estado de emergencia.

Sin embargo, es indispensable llevar adelante un plan orientado a desarticular a los grupos armados. Hay que poner fin a la pesadilla en que vive la gente de la Araucanía y las demás regiones afectadas.

Cuando Boric era diputado, en 2016, visitó Temucuicui y declaró que era “territorio liberado”. Confiemos en que ya no crea eso.

¿Podría producirse en Chile una situación crítica como la de Ecuador? ¡Pero, si ya se produjo en 2019!

¿Es que alguien, a estas alturas, duda de que entonces el país experimentó en carne propia el inmenso poder destructivo del crimen organizado? ¿Quién puede aceptar todavía la versión “social” de lo ocurrido si los propios indultos presidenciales y las pensiones de gracia han revelado qué tipo de gente llevó la iniciativa callejera en los días del estallido antisocial?

No fueron manifestantes comunes los que atacaron comisarías y unidades militares, llevaron a cabo un sabotaje “profesional” del Metro, quemaron iglesias y promovieron la destrucción y el pillaje por doquier.

Tal devastación no se explica sin la asociación entre el lumpen y el golpismo de izquierda, y su objetivo fue empujar al país al caos y al quiebre institucional. Nadie espera que el Frente Amplio y el PC lo reconozcan.

La mayor amenaza para la seguridad del Estado y la convivencia en libertad viene hoy desde un enemigo que funciona como empresa transnacional, y que maneja gigantescos recursos que le permiten corromper jueces y policías, y hasta influir directamente en la política, como lo demuestra la experiencia de México.

Hay que defender a Chile ahora. Si los poderes del Estado no enfrentan esta amenaza con decisión, las consecuencias pueden ser devastadoras.

Nos encontramos en un punto en el que se requiere mucho más que una ley por ahí o una querella por allá. ¿Cuán cerca estamos de que las organizaciones mafiosas penetren y corrompan nuestras instituciones? ¿Quizás, ya está ocurriendo?

La experiencia de 2019 dejó una enseñanza elemental: las cosas pueden descomponerse rápidamente.

El país corre riesgos de gran envergadura, y la capacidad del Estado para enfrentarlos no puede estar trabada o en suspenso porque en el bloque gobernante hay quienes siguen pensando, como hace 4 años, que “el enemigo” es Carabineros o las FF. AA.

La inmensa mayoría de los chilenos piensa muy distinto. De la seguridad pública depende la vida en libertad y las posibilidades de progreso, y ello exige poner en tensión toda la fuerza del Estado.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                Balance Estratégico 2023-2024

                                Destinos Regionales

Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE)

Durante las dos últimas décadas, los pre- supuestos analíticos sobre el entorno de riesgos y amenazas globales describieron asertivamente los potenciales esce- narios en los cuales podríamos tener que desarrollar nuestras actividades en el futuro y en donde los Estados podrían incidir, creando capacidades para mitigar los efectos negativos de las situaciones que se irían presentando: Amenazas asimétricas, transnacionales, híbridas; conflictos interestatales, terrorismo, espionaje, apropiación intelectual; clúster del crimen organizado abocados a comprometer la soberanía y a provocar Estados fallidos; el uso de tecnologías en acciones de ciberguerra y cibercrimen; proliferación de armas de destrucción masiva (ADM); creciente influencia económica y política de actores no estatales; desplazamientos humanos masivos e irregularizados; depredación de los recursos naturales y minerales; etc. Una lista extensa, pero no invisible.

Como se manifiesta en el siguiente trabajo, estos desafíos no han hecho otra cosa que acentuarse bajo un estrés económico, climático y bíosanitario cada vez más incierto y complejo.

La deslocalización de la economía y la lucha por la influencia en las políticas mundiales que fijan su regulación, promete un largo periodo de tensiones in-flacionistas provocadas por la nueva regionalización de las cadenas de valor, la búsqueda por la proximidad de la producción y por la tendencia a acumular stocks. Asimismo, se verá complejizado por el disputado liderazgo tecnológico, el dominio del espacio y del ciberespacio. Además, por las amenazas militares desde Corea del Norte o Irán, o por la acción bélica en Ucrania y su significado en las reivindicaciones geopolíticas, o por las acciones para garantizar la soberanía china sobre Taiwán, principal productor de la tecnología avanzada.

Por otro lado, los Estados Unidos junto a la OTAN, la UE, bien el QUAD, AUKUS e IPEF en Oceanía e Indo-Pacífico, bajo un pronóstico beligerante, proyectan la defensa de sus políticas económicas, de desarrollo y de seguridad colectivos, es- trictamente regulados y selectivos en sus relaciones con los países periféricos. Un frente en el que América Latina es proclive a quedar marginada a pesar de su rol en el Pacífico.

Como contraparte, China y los proyectos de la Franja y la Ruta, que prospera ofre- ciendo una arquitectura de conectividad (rutas, puertos, carreteras eléctricas, di- gitales, energéticas), donde el desarrollo es débil o no existe, principalmente en países de Eurasia, el Indo-Pacífico, África y América Latina; facilitando las condiciones crediticias (alternativa al Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) a los países apremiados por la inmediatez. También el BRICS + 6, el que construye un mundo de Estados transaccionales que no quieren tomar partido como blo- que en temas como la guerra de Ucrania o el calentamiento global.

Estas y otras situaciones estarían afectando severamente los espacios decisionales y su incidencia regional, sobre todo en aquellos Estado-nación en donde los índices de violencia han destacado más que sus proezas. Podría ser el caso de varios países latinoamericanos.

Esta década comenzó con un mal pronóstico al constatarse que la ventaja estratégica de quienes consolidaron su base de poder en medio de la pandemia COVID-19 y hoy lesionan la seguridad a través del crimen organizado, radicó en sus capacidades de combate, coordinación y adaptación a un ritmo y magnitudes difíciles de contrarrestar con instituciones que se creían fuertes, pero eran insuficientes. Los países cooptados por este fenómeno también dan cuenta del creciente papel de las mafias albanesas, chinas e italianas, entre otras. De haber entrado en un punto de no retorno, po- drían agudizarse las deficiencias estructurales como la desigualdad social, la pobreza y, por ende, el descrédito de la democracia y el aumento de la violencia.

Especial atención merece el caso de Ecuador que hace solo cinco años ocupaba el puesto N°66 en el índice de Paz Global 2017 y hoy N°97, por debajo de Argelia y Azerbaiyán. Como contrapunto, Chile descendió en 2023 a la posición N°58 luego de Moldavia y Namibia, mientras que antes ocupaba el lugar N°26 en este ranking.

Para el Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos de la ANEPE (CIEE-ANEPE), todos los antecedentes asociados a estos acontecimientos han sido motivo suficiente para abordarlos desde distintos análisis a la luz de sus publicaciones como la serie “Mirador Mundial”, “Panoramas de Seguridad y Defensa”, “Cuadernos de Trabajo” o “Newsletter”, y que el CIEE publica periódicamente durante el año. Cada uno, en su propósito, permite mantener a la comunidad de seguridad y defensa informada sobre el acontecer global y nacional. Como complemento, su Balance Estratégico, documento bianual, no pretende en modo alguno redundar en lo mismo.

En este “Balance Estratégico 2022–2023: Destinos Regionales”, el cuarto volumen desde su creación en 2017, tal como en las ediciones anteriores, se intenta tras- cender del diagnóstico hacia algunas proyecciones. Pues, su fin último, en el marco de un periodo de observación de más largo plazo, es dotar de sentido los hechos que impactan nuestra área de estudio que es la Seguridad Nacional y la Defensa Nacional. Ámbitos que están demostrando con suficientes argumentosser consustanciales a las condiciones de desarrollo de los países y la paz regional. De ahí el énfasis en destacar cuáles han sido las decisiones que se han adoptado en esta dirección y bajo qué premisas podría determinar el futuro de Chile y su entorno.

Puede ver el balance en el siguiente link: https://www.publicacionesanepe.cl/index.php/balance/article/view/1068/728

                                                                   GENDARMERÍA BAJO AMENAZAS: ORDENAN A FUNCIONARIOS                                                                  EVITAR USO DE UNIFORME O DISTINTIVOS EN LA VÍA PÚBLICA

Catalina Batarce

La Tercera PM, 18/01/2024

La instrucción llegó al personal luego de que la semana pasada el ministro Luis Cordero, el director nacional Sebastián Urra y la alcaide de la Cárcel de Alta Seguridad fueran amenazados por sujetos que aún no son identificados. La medida busca, como se lee en un oficio enviado a los diferentes recintos penitenciarios, evitar riesgos tanto para funcionarios como para sus familias.

Fue el pasado viernes 12 de enero que la Fiscalía Metropolitana Sur recibió la denuncia en que Gendarmería alertaba sobre las graves amenazas que apuntaban en contra del ministro de Justicia, Luis Cordero; del director nacional, Sebastián Urra, y de la alcaide de la Cárcel de Alta Seguridad, Fabiola Valladares.

De inmediato se activaron diligencias y se ampliaron los contingentes de seguridad de los involucrados.

Pero eso no fue todo. Esa misma jornada, de acuerdo con antecedentes a los que tuvo acceso La Tercera, el subdirector Operativo de la entidad penitenciaria emitió un oficio donde dispuso una serie de medidas de seguridad y resguardo en el uso del uniforme institucional para el personal.

Esto, como se detalló en la providencia firmada por el jefe del subdepartamento de Servicios Especializados, para evitar que funcionarios sean blanco de agresiones o amedrentamientos.

Y es que no se tomó a la ligera que sujetos desconocidos lanzaran panfletos con los rostros de las citadas autoridades siendo “apuntadas” por pistolas ni menos que se asegurara que ellos serían los responsables de operaciones del crimen organizado.

“El verdadero crimen organizado lo autoriza el Presidente de la República, ministro de Justicia, director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra Palma, y su peona alcaide, Fabiola Valladares Álvarez”, se leía en los papeles lanzados a las afueras del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), en Avenida Pedro Montt.

Y agregaban: “Si la justicia “legal” no se aplica, ni cesan las torturas, llegará la justicia popular”.

Los panfletos fueron hallados al exterior de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago (CAS).

Por lo mismo, la instrucción a todo el personal de servicio de Gendarmería, ya sea civil o uniformado, es que debe “abstenerse de transitar por la vía pública vistiendo uniforme o portando algún distintivo institucional, con el fin de evitar ser víctima de agresiones directas o indirectas, insultos o amenazas por parte de terceros”.

Asimismo, se les pide evitar salir al exterior del recinto penitenciario mientras se encuentren de servicio, “salvo que se trate del cumplimiento de una labor propia de su competencia y exigencia”.

Integridad “en riesgo”. Si bien en el citado documento no se hace alusión a las amenazas que enfrentan Cordero, Urra y Valladares, los funcionarios de inmediato relacionaron los hechos y valoraron las disposiciones.

Entre ellas se incluye, además, que el personal que se encuentre en calidad de franco o con permisos estatutarios u otros legalmente establecidos, también deberá abstenerse del uso de uniforme y/o distintivos “que eventualmente pueden poner en riesgo su integridad y la de quienes lo acompañen”.

En cuanto a los Servicios Hospitales, también se determinó que “durante el desempeño de sus funciones, usará el uniforme institucional en la forma establecida en la normativa e instrucciones vigentes, y en el evento que por razones fundadas la jefatura de unidad disponga cubrir estos servicios de tenida civil, deberá vestir al menos casaquilla institucional o su TIP colgada en su cuello en la respectiva portacredencial”.

De igual forma, se hizo presente al personal que deberán abstenerse de utilizar recursos fiscales, tiempo de su jornada laboral, como asimismo el uniforme institucional, para generar y/o publicar en redes sociales información que no se enmarque dentro de actividades propias de la institución.

Esto, como subrayaron desde Gendarmería, para evitar exponerse como funcionarios, ya que “podría acarrarle problemas a su persona, como a sus cercanos”.

Por razones de seguridad institucional, recalcaron las autoridades penitenciarias, se tornó necesario recordarles a los funcionarios que también deben abstenerse de tomar fotografías o registros de video al interior de dependencias institucionales, tales como garitas de vigilancia, salas de CCTV, vehículos institucionales, calabozos de tribunales, entre otros.

Aquello, como se precisa en el escrito, dado que dichos sectores se identifican como “especialmente vulnerables” para los efectivos.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel