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LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE DEFENSA DE CHILE, UNA TAREA IMPORTANTE QUE ESTÁ ATRASADA Richard Kouyoumdjian Inglis, Experto en Defensa y Seguridad Nacional

 

                                                                                    LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE DEFENSA DE CHILE,

                                                                          UNA TAREA IMPORTANTE QUE ESTÁ ATRASADA

Richard Kouyoumdjian Inglis, Experto en Defensa y Seguridad Nacional

El Mostrador, Opinión, 19/06/2024

Al final del día necesitamos de una Política de Defensa que no solo sea oportuna, sino que a ojos de todos efectivamente nos dé la seguridad de que se está haciendo cargo de los problemas reales que tenemos en materias de seguridad nacional y defensa.

Por ley, la Subsecretaría de Defensa tiene tres grandes responsabilidades, las cuales son: la Política de Defensa y la política militar; la apreciación de riesgos y amenazas para el país en el ámbito de la seguridad exterior; y, en tercer lugar, la planificación primaria de la Defensa Nacional y que la planificación secundaria converse con la anterior.

Lo ideal es que un Gobierno que asume incluya en su propuesta de programa gubernamental lo que piensa hacer en materias de relaciones internacionales, seguridad nacional y Defensa, y que de ser necesaria una nueva Política de Defensa o una actualización de la existente –algo muy posible que ocurra en los complejos tiempos actuales–, que ello se produzca en los primeros seis meses de haber asumido.

Obviamente es difícil lo que pido en el párrafo anterior, ya que Ricardo Montero es el cuarto subsecretario de Defensa, una rotación que hace difícil avanzar con lo importante, más aún cuando lo urgente –los problemas de seguridad interior– lo ha tenido ocupado fuera de su oficina.

Sé que desde hace unos meses el tema lo tiene como una prioridad y que habría contratado a Marcos Robledo, quien fue subsecretario de Defensa en Bachelet 2, para que saque adelante la sugerencia que posteriormente la ministra de Defensa debe proponer al Presidente, el que, si está de acuerdo, la firma y promulga, todo lo cual espero ocurra luego, ya que la última versión de un Gobierno de izquierda salió como un Libro de la Defensa y no como una política (que es lo que establece la ley) el 8 de marzo de 2018, el último día hábil del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, cuando ya en la práctica de nada servía.

La actual política es obra de Cristian de la Maza, quien fuera subsecretario de Defensa de Piñera 2. Es quizá, junto al Libro de la Defensa de 1997, el mejor documento que existe en la materia.

Solo requiere de las actualizaciones que un documento de cuatro años de antigüedad podría requerir, pero en su esencia tiene la estructura y contenido que uno espera de la política que debe guiar nuestros esfuerzos en materias de Defensa y seguridad nacional, colocando los acentos donde corresponde. La sociabilización previa a su aprobación no fue fácil.

Se le acusó de ser más bien una política naval, y que lo militar y lo aéreo quedaban en una posición secundaria, a lo que solo puedo decir que la geografía manda.

(Para más antecedentes de la Política de Defensa vigente, se recomienda el siguiente enlace: Política de Defensa: el desafío de una política pública y democrática – Subsecretaría de Defensa – Gobierno de Chile (ssdefensa.cl).

Por alguna razón se insistió en que la nueva Política de Defensa fuera sociabilizada, de carácter público y democrática, algo que no es un requisito legal, pero que como concepto cae en las ideas rectoras de igualdad y comunidad del filósofo socialista Gerald Cohen, que uno esperaría encontrar en un Gobierno con esas sensibilidades, y que aplican a distintos ámbitos de la realidad nacional.

El principal ejercicio de sociabilización realizado fue uno organizado en el segundo trimestre, en las instalaciones de la Anepe, por la División de Planes y Políticas, dependiente de la Subsecretaría de Defensa.

Durante cuatro jueves se presentaron diversos importantes temas que son parte de lo que se podría esperar encontrar en una política de este tipo, pero no la política en sí misma, armada y con todos sus componentes.

Por lo demás, no se trató de sesiones que permitieran una discusión abierta, donde estuviera toda la comunidad de Defensa representada, lo que se espera ocurra cuando se presente el borrador, obviamente antes de que se envíe a la Presidencia para su aprobación y publicación.

Digo todo esto si es que se pretende ser fiel a la idea de que sea pública, democrática y sociabilizada por todos los sectores.

(Para más información de la actividad organizada por la Subsecretaría de Defensa, se recomienda ver este enlace: Política de Defensa: el desafío de una política pública y democrática – Subsecretaría de Defensa – Gobierno de Chile (ssdefensa.cl).

Independientemente de todo lo anterior, al final del día necesitamos de una Política de Defensa que no solo sea oportuna, sino que a ojos de todos efectivamente nos dé la seguridad de que se está haciendo cargo de los problemas reales que tenemos en materias de seguridad nacional y Defensa, de los riesgos y amenazas que nos agobian o dejan intranquilos, y que va a servir para establecer la política militar y un adecuado desarrollo de fuerza, que por lo general implica inversiones de largo plazo que van más allá de los cuatro años de gobierno.

Por de pronto, le deseo éxito al subsecretario con la Política de Defensa, esperando que pronto haya un borrador que se pueda analizar por parte de la comunidad de los especialistas en la materia, y que en lo inmediato se haga cargo de los problemas que nos aquejan, incluyendo qué hacer con el servicio militar, la realidad de un Chile que está bastante militarizado, el cómo les vamos abriendo espacios a las mujeres, el desarrollo de civiles expertos en seguridad nacional, el financiamiento que requiere la renovación del material, y la creación de un sistema de seguridad nacional que incluya un robusto y efectivo sistema de inteligencia.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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“Corrupción: factor humano inexorable”. NEWSLETTER Nº3/MAYO 2024. CIIE ANEPE

 

                                     “Corrupción: factor humano inexorable”

NEWSLETTER Nº3/MAYO 2024.CIIE ANEPE

No es una novedad que a nivel mundial los índices de corrupción se hayan incrementado.
Distintos escándalos, tanto políticos como financieros, se han dado a conocer poniendo en tela de juicio a diferentes administraciones. En este escenario, la región latinoamericana no es una excepción a la regla. Los números hablan por sí solos y la tendencia es al alza. A este enrarecido ámbito le siguen graves crisis políticas y de seguridad. Las consecuencias están a la vista.
Versados especialistas han levantado las alarmas, principalmente en temas que atañen a la seguridad, y particularmente vinculado al crimen organizado. Los tentáculos de las organizaciones criminales han traspasado la línea de sus ilícitos hacia el ámbito financiero. En efecto, en la actualidad “invierten” sus ganancias.
Una de las grandes preocupaciones es cómo las organizaciones criminales han emprendido la instancia de cooptar Estados. Ejemplo de lo expresado lo constituye la presencia de mafias chinas las que, mediante negocios de fachada, extienden redes locales, regionales e internacionales con el fin de socavar instituciones gubernamentales. Por otro lado, los carteles de droga continúan siendo los principales sostenedores de pagos y sobornos destinados a desestabilizar organizaciones públicas y privadas, y así consolidar su negocio.
Por si esto fuera poco, también se está observando la porosidad que presenta el ámbito político. Así lo reconocen diferentes organizaciones civiles como es el caso de Transparencia Internacional, entidad que remarca como hito trascendental apartar al aparato estatal de las redes criminales. Sin duda que lo más sensible del sistema lo constituye quienes imparten justicia. Una dura crítica se está restaurando en Brasil con un antiguo caso conocido como “Lava Jato”. Los tentáculos criminales implicaron a políticos y exfuncionarios estatales acusados de recibir “coimas”.
La corrupción constituye una temática de extenso estudio y reflexión en la región. Países como Venezuela, Nicaragua y Haití son los que mantienen un mayor índice de corrupción, siendo superados por países africanos. Lamentablemente, este flagelo humano ha comenzado a penetrar en países que, estructuralmente,mostraban signos de fortaleza institucional, requiriéndose de liderazgo ético para extirpar el genoma cancerígeno.
Como CIEE procuramos que el resumen de artículos seleccionados pueda contribuir al debate y así reflexionar sobre las nuevas formas de corrupción que están acaeciendo en la región. Una temática que debe llamar la atención a toda la sociedad y principalmente de quienes forman parte del aparato del Estado.
CIEE-ANEPE

Ver: Newsletter-N°3-2024

 

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Fuerzas Armadas y Situación Geopolítica. General (R) René Norambuena V.

 

                                                                       Fuerzas Armadas y Situación Geopolítica

 General (R) René Norambuena Veliz

Fuente:Diario Chile, viernes 17 de mayo 2024

Mientras nuestro país sigue su marcha siendo la inseguridad el tema más importante y casi sin solución, los países limítrofes siguen en silencio buscando potenciar sus Fuerzas Armadas para satisfacer alguna vez sus objetivos geopolíticos
Argentina fuera de la compra de 24 aviones de combate F-16 de disuasión y ataque , adquiere un avión especial Basler -bt-67 para la Antártica , tiene en construcción un puerto conjunto con Estados Unidos en Ushuaia , hace dos años firmó contrato con Israel por la compra de drones Hero 120 y a fines de Abril de este año anuncia que estudia la compra de tanques y tres submarinos . Además la prensa internacional da cuenta de un gran descubrimiento de la mayor reserva de petróleo del mundo por una flota rusa en una zona ligada a un sector Antártico reclamado por la Argentina , Reino Unido y Chile , ya la prensa Argentina señala que este petróleo está
en el sector antártico de ellos. Para nadie es sorpresa que la Patagonia y la Antártica son objetivos de ese país .
Perú , en espera de la terminación del Puerto de Chancay que será clave en el comercio internacional de la región y le dará una potencia vital a su armada , hace unos meses anunció que recupero el apoyo logístico de USA que había perdido hace unos años con la implantación de radares , aeronaves , equipo y presupuesto para supuestamente combatir el narcotráfico .
Bolivia produce un impacto geoestratégico y tensiona la seguridad regional con la compra a Irán de 700 drones suicidas Shahed-186 ,esto acompañado de medios aerotransportados y de guerra electrónica , estos drones son los mismos que se emplean contra Ucrania .
La situación de las Fuerzas Armadas de Chile contrasta con la de nuestros vecinos ya que este año no disponen de su fondo de reserva estratégico que reemplazó a la Ley del Cobre y está destinado a programas de desarrollo , adquisición y mantenimiento. Importantes medios están en la Araucanía por la presencia de grupos armados y en la frontera norte por el tema de inmigración . Por el exceso de delincuencia e inseguridad en el país , se está pidiendo que los militares que no están empleados en el norte y la Araucanía salgan a la calles a reforzar a las policías. Por todo lo anterior creo que la situación de nuestro país en cuanto a comparación con nuestros vecinos es digna de analizar antes que sea tarde .

René Norambuena Veliz
General

Ver original:https://www.diariochile.cl/fuerzas-armadas-y-situacion-geopolitica-por-el-general-r-norambuena/

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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CUIDEMOS A NUESTRAS FUERZAS ARMADAS. Álvaro Pezoa, Ingeniero comercial y doctor en Filosofía. La Tercera

                                                                 CUIDEMOS A NUESTRAS FUERZAS ARMADAS

Álvaro Pezoa, Ingeniero comercial y doctor en Filosofía

La Tercera, Opinión, 06/05/2024

Cuidemos a nuestras FF.AA. Son un baluarte de la institucionalidad del país, imprescindibles para el resguardo de la integridad territorial del Estado y, siempre, último bastión para conservar la seguridad interna de la nación, constituyendo un apoyo insubstituible para la prevalencia del Estado de Derecho.

Cuando, como ocurre en la actualidad, se piensa que sería pertinente su salida a las calles para proteger a la población y hacer valer el orden político frente al terrorismo y la criminalidad, es porque el citado Estado de Derecho se ha debilitado excesivamente y las fuerzas policiales no resultan aptas por sí solas para combatir los flagelos mencionados.

Nadie estaría solicitando, ni menos evaluando, recurrir a ellas para hacer primar la vida común civilizada sobre el caos asociado a la violencia desatada por grupos fuera de la ley, si no fuera porque, por las razones que sean, es un hecho que los tres poderes del Estado y las policías han sido desbordados.

Ha llegado la hora, algo tarde para darse cuenta, de aplicar la fuerza legítima que proveen las FF. AA. para reducir la brutalidad delictiva que campea cada vez más impunemente por el territorio patrio.

Para que las FF. AA. salgan a jugarse la vida para defender el orden social y a la ciudadanía se requiere, como base, que cuenten con el irrestricto apoyo de la autoridad política y con un marco normativo suficiente que les permitan actuar sabiendo que no tendrán que pagar posteriormente con la pérdida de sus carreras y hasta con su libertad por haber cumplido con el deber que la realidad les impuso. Es sensato y de mínima justicia que así sea.

No obstante lo evidente que es el cuadro, hay quienes parecen esperar que se libre una guerra contra la criminalidad desalmada donde no haya heridos ni muertos; es decir, un imposible.

Existen también grupos en la sociedad que derechamente no quieren que las FF. AA. lleguen a intervenir y, para ello, se escudan en todo tipo de argumentaciones para impedirlo o ponerlas en una situación insostenible, la de arriesgarlo todo a sabiendas de que terminarán indefectiblemente condenados, por angas o por mangas: el famoso “pago de Chile”.

Lo peor del caso es que a esta situación extrema se ha llegado, como otras veces en la historia de Chile, porque los civiles, especialmente quienes están llamados a ejercer autoridad en los tres poderes del Estado, no han sido capaces de detener a tiempo la escalada delictivo-terrorista que ha conducido a tener que hacer estas consideraciones.

Algunos por impotencia, otros por incompetencia y, desafortunadamente, no pocos por complicidad, más o menos manifiesta. Entre estos últimos hay quienes hoy aparentan cambiar y otros que ni siquiera eso. ¿Los identifica usted?

Es de esperar, por Chile, que haya un momento de lucidez, al tiempo que de voluntad, entre quienes han de decidir qué hacer.

Pero, ¡que no sea a costa de sacrificar irresponsablemente a las FF. AA.!

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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CAM, WAM, RML: EL TRIÁNGULO DE LA MUERTE QUE ACECHA A ARAUCO. Esteban González y Gianluca Parrini. La Tercera

 

                                                                             CAM, WAM, RML: EL TRIÁNGULO DE LA MUERTE QUE                                                                   ACECHA A ARAUCO

Esteban González y Gianluca Parrini

La Tercera, LT Domingo, 05/05/2024

 

En los últimos 15 años, tres grupos armados se han disputado, y también coordinado, las acciones de violencia armada y fuego en las comuna de Cañete, Contulmo y Tirúa, en la provincia de Arauco. Desde la figura omnipresente de Héctor Llaitul, a la acción disgregada de grupos detrás del millonario robo y tráfico de madera, el asesinato de los tres carabineros el pasado 27 de abril puso los ojos de sospecha sobre la amalgama de reivindicación ancestral y crimen organizado en la zona.

Eran las primeras horas de la fría mañana del 27 de abril de 2023. A las 7.20 horas, 23 escolares del Liceo José de la Cruz Miranda Correa, de Cañete iban a bordo de un minibús que los recogía -uno a uno- a través de la Ruta P-72-S, que une las comunas de Cañete, al norte, donde se encuentra el liceo, con la comuna de Tirúa, al sur, en la Región del Biobío.

Con un letrero amarillo de “Escolares” en el parabrisas, a esa hora iban a la altura del kilómetro 23 de la ruta, en el sector de Antiquina. Se trata de la misma zona donde, exactamente un año más tarde, la aparición de una camioneta con los cuerpos calcinados de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal conmocionaría a Arauco y al país.

A pesar de lo peligroso de la ruta de 79 kilómetros de longitud, que desde hace 15 años ha visto decenas de casas quemadas, asaltos a mano armada, incendios de camiones y disparos a matar hacia la policía y civiles, el trayecto era el habitual para los estudiantes. Fue en eso cuando ocho encapuchados aparecieron a lo lejos en la vía.

“Como a 200 metros los vi a ellos y bajé la velocidad hasta quedar como a 80 metros de ellos”, relató horas más tarde el conductor del minibús. El terror se apoderó de los escolares cuando, sin mediar aviso, los desconocidos dispararon sus armas hacia el vehículo.

Pese a que una bala atravesó el parachoques y a múltiples impactos en el parabrisas, ningún estudiante resultó herido.

Minutos más tarde, a las 7.50 horas de ese 27 de abril de 2023, los encapuchados cambiaron de objetivo.

A pocos metros de donde atacaron el bus, carabineros de Control de Orden Público de la comisaría de Los Álamos, misma unidad de los tres uniformados asesinados este año, estaban realizando el cambio de turno del personal que cumplía con una orden de protección judicial en la “facción Parcela 7″.

“De modo frontal realizaron una serie de disparos contra el personal policial que se encontraba a bordo del vehículo policial J-064, por lo que debieron trasladarse a una zona segura”, se lee en la querella que días más tarde presentó la Delegación Presidencial del Biobío.

Desde 2020 la delegación ha presentado acciones judiciales por cerca de 70 atentados ocurridos en algún punto de la Ruta P-72-S, de los cuales 45 involucraron el uso de armas de fuego y 24 fueron por disparos directos a carabineros.

De todos los atentados, sólo nueve han sido adjudicados por Weichan Auka Mapu (WAM) y por la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), dos de los grupos paramilitares que operan en el sector. Del resto de las acciones violentas, que incluyen incendios, emboscadas por la espalda a la policía e, incluso, disparos a niños, no se conocen reivindicaciones ni responsables.

Según las cifras oficiales, a marzo pasado los hechos de violencia en la Macrozona Sur habían disminuido un 27 % con respecto al mismo periodo de 2023 y un 50 % en comparación con el 2021. Pero según las mismas cifras, la Región del Biobío -donde está la provincia de Arauco- es la zona donde menos se ha sentido la baja, llegando sólo a un 13 %.

“Yo creo que con los tres carabineros a lo mejor va a pasar lo mismo. Que nunca encontrarán a nadie”, confiesa una vecina de la población Los Pinos, a 300 metros del punto final del atentado del recién pasado Día del Carabinero.

Una zona que en una década ha visto cómo la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la WAM, la RML y otros grupos sin nombre conocido se disputan el territorio para ejercer “control territorial” y explotar el millonario negocio del robo y tráfico de madera.

La hegemonía inicial de Llaitul y la CAM. Fue un atentado incendiario a tres camiones forestales, el 1 de diciembre de 1997, en la comuna de Lumaco, en la Región de La Araucanía, el que puso en el ojo público por primera vez a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Pese a ser originario de Osorno, en la Región de Los Ríos, el líder de la CAM, Héctor Llaitul Carrillanca, eligió las orillas del lago Lleu-Lleu, en la comuna de Cañete, en la Región del Biobío, para vivir con su familia. Allí, a pocos kilómetros de la peligrosa Ruta P-72-S, por años dirigió las operaciones y los atentados de sus Órganos de Resistencia Territorial (ORT), como quedó en evidencia en el juicio que terminó condenándolo por diversos delitos hace un par de semanas, por lo que arriesga hasta 25 años de prisión.

Por ello, aseguran los investigadores, no era extraño que hasta el año 2013, aproximadamente, los diferentes atentados que ocurrían en la provincia de Arauco, con foco en la industria forestal, y en el triángulo formado por las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa, sólo fueran adjudicados por la CAM. “Llaitul trae consigo una disciplina que a la vez también dota al movimiento mapuche de una nueva arista. O sea, la historia del movimiento mapuche no se entiende sin la influencia que Llaitul le va a dar al movimiento”, afirma Fernando Pairican, académico mapuche de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica.

Fue esa misma doctrina la que hizo que -en 2013- varios miembros dejaran la CAM y abrieran paso a la aparición de Weichan Auka Mapu (WAM). “Hay gente que salió del yugo de Llaitul, porque no estaban de acuerdo con su forma de llevar la orgánica. Su egocentrismo los terminó por sacar del juego”, relata una fuente policial que ha investigado por años a estos grupos. “Más que haya un problema con él, es que hay otros liderazgos también en el territorio mapuche que están desarrollando su propia lógica”, matiza Pairican.

Lo cierto es que con una célula operando en los alrededores de Padre Las Casas, en La Araucanía, y otra en la provincia de Arauco, la WAM comenzó a tomar protagonismo en la zona por la quema de iglesias, un objetivo criticado por el mismo Llaitul. “Si bien el líder de la CAM vivía en la zona de Lleu-Lleu, poco a poco fue perdiendo representación en ese lugar. Es más, siempre lo trataron de sacar de ahí”, explican fuentes policiales.

El mismo Llaitul, en las escuchas telefónicas del juicio en su contra, hizo una diferencia entre sus “weichafes” (guerreros) y los de la WAM. “Ayer, por lo menos había 80 ‘weichafes’ ahí peleando contra el enemigo y no eran na’ huincas (chilenos) traídos de Santiago como ‘Weichan Auka Mapu’ (WAM)”, dijo a su pareja en una llamada.

El último gran atentado cometido por la CAM en la provincia de Arauco, afirman los investigadores, ocurrió el 17 de enero de 2018, en el aeródromo La Colcha, de Curanilahue, cuando un grupo de encapuchados incendió tres helicópteros para el combate de incendios forestales.

Desde el año 2021 ninguno de los atentados incendiarios y ataques armados ocurridos en la provincia de Arauco y, particularmente, en la Ruta P-72-S, donde fueron encontrados calcinados los tres carabineros la semana pasada, han sido adjudicados por la CAM.

La irrupción de Weichan Auka Mapu. El 16 de abril de 2016 una nueva “orgánica” hizo su aparición en la Macrozona Sur. A través de un comunicado, Weichan Auka Mapu (WAM), que en castellano significa “Lucha del territorio rebelde”, se adjudicó 38 atentados ocurridos entre 2013 y 2016 en las provincias de Arauco, Cautín y Malleco.

En el texto, la WAM sumó a sus enemigos “toda infraestructura destinada a saquear y explotar nuestro wallmapu”, y también a la Iglesia Católica.

“En estricto rigor, la WAM y otras orgánicas trabajan y viven bajo un concepto de clandestinidad, entonces no escriben, no publican análisis, y lo que uno tiene para poder construirlo son, básicamente, algunos comunicados que han ido dejando”, explica el historiador Pairican.

Varios de esos comunicados han tenido como epicentro la adjudicación de atentados perpetrados en la provincia de Arauco. Entre ellos, quema de cabañas y de vehículos en ruta, donde la WAM subió la escala de violencia.

Desde 2020, al menos 12 atentados han sido reivindicados por la WAM en las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa. Entre ellos, varios enfrentamientos a tiros y emboscadas a la policía en la Ruta P-72-S.

“También quemaron escuelas en el sector de Antiquina y reventaron una antena repetidora de señales”, recuerda Sergio Giacaman (ind. pro ChV), quien en ese entonces era intendente del Biobío.

A pesar de ello, lo que luego causó más sorpresa de la WAM fue la planificada puesta en escena por medio de un video difundido el 4 de noviembre de 2021. En él, cerca de 40 personas encapuchadas, con chalecos antibalas y portando cada uno de ellos un arma larga, dieron muestras de la formación de una verdadera fuerza paramilitar en la zona.

“Instamos a la nueva fuerza policial y militar, perros guardianes de los ricos, a hacer abandono de nuestro territorio, porque serán derrotados por la fuerza del pueblo mapuche en armas”, leyó en el video un hombre con la voz distorsionada, tras lo cual todos dispararon sus armas al aire. “Lo malo de la WAM es que su liderazgo es desconocido, es transversal”, define un policía que los ha investigado.

Pese a ello, varios de los integrantes más insignes de la WAM ya han sido detenidos. Uno de ellos es Luis Tranamil Nahuel, quien en diciembre pasado fue condenado a 32 años de cárcel como autor material del homicidio a tiros del suboficial de Carabineros Eugenio Naín, ocurrido en Padre Las Casas, Región de La Araucanía, en octubre de 2020.

Su hermano, el machi Fidel Tranamil, quien es sindicado por algunos sectores como el verdadero líder de la WAM, fue detenido en junio de 2023 y hoy enfrenta en libertad un proceso por conducir un vehículo robado y con patentes clonadas en el centro de Temuco.

Otro de sus referentes, el exjesuita Luis García Huidobro, fue detenido portando un arma el 27 de marzo pasado en una investigación por un atentado incendiario reivindicado por la WAM en Carahue en 2021 y hoy está en prisión preventiva.

Por el momento, la WAM ha sido el único grupo que opera en la zona que se ha desmarcado del asesinato y posterior quema de los tres carabineros, asegurando que se trató de un “despreciable acto de crueldad”.

“Nosotros tenemos investigaciones por homicidios cometidos por la WAM, pero haber quemado los cuerpos es lo que saca todo de contexto”, explica uno de los investigadores.

Aparece la Resistencia Mapuche Lavkenche. Pese a que las investigaciones han encontrado al interior de la WAM indicios serios de que parte de sus miembros se dedican al robo y tráfico de madera obtenida de predios tomados por las armas, quienes conocen las operaciones en la zona afirman que la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) es el grupo que encontró en este delito su principal motivo para surgir y funcionar sólo en la provincia de Arauco.

Según estimaciones de la Corporación de la Madera (Corma), en los últimos tres años las pérdidas por el robo de madera han llegado a los $ 167 mil millones.

“En esta zona, el tráfico de madera es lo mismo que el tráfico de droga en el norte del país”, relata un policía que hoy participa de las pesquisas para encontrar a los asesinos de los tres carabineros. “La RML detenta cerca del 95 % del territorio de la provincia de Arauco y, a diferencia de la WAM, está más vinculada con el crimen organizado, especialmente el robo de madera, el tráfico de armas y municiones”, asegura Pablo Urquízar, excoordinador de seguridad de la Macrozona Sur durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Su origen cerca del año 2019, según los investigadores, es diferente a la CAM. “Nace ahí mismo en los sectores de Antiquina y Pocuno, en Cañete. Son gente joven que vive en comunidades, que se relaciona y trabaja mucho con la madera y comete atentados en función de eso. Varios se pasaron de la WAM a la RML porque vieron que era más rentable”, relata un funcionario policial.

Urquízar explica que para la RML “las policías y las FF.AA. son un objetivo a eliminar. De hecho, la RML cuando se da a conocer, lo hace el 13 de abril de 2020 con un atentado y disparos contra civiles y uniformados en la Ruta P-72-S″, misma vía del atentado al minibús con escolares de abril de 2023.

Entre sus referentes que ya están detenidos destacan Esteban Huichacura y Matías Leviqueo, quienes el año pasado fueron condenados a 15 años de cárcel cada uno por el asesinato a golpes del comunero Eliodoro Raiman, quien se resistió a la toma de su camping en la Playa Blanca de Contulmo, en diciembre de 2019.

Aunque su verdadero líder, aseguran fuentes policiales, está prófugo por un atentado incendiario cometido el año 2017 en la zona de Pocuno, en Cañete.

Se trata de Federico Astete Catrileo, quien no pudo ser aprehendido en un operativo de la PDI que pretendía capturarlo el 9 de enero de este año en la misma comuna. Allí fue detenido Javier Ramírez, alias “El Coipo”, quien está acusado de financiar a la RML a cambio de protección armada para el robo de madera.

Según ha explicado públicamente el fiscal exclusivo para casos de violencia rural del Biobío, Juan Yáñez, también existen indicios de que Federico Astete participó del atentado más cruento perpetrado por la RML: la quema del molino Grolllmus en agosto de 2022 en Contulmo, que dejó a una persona con una pierna amputada por un disparo a quemarropa.

Otro de los grupos que ha comenzado a operar en la zona y que desde el año pasado se ha adjudicado tres atentados es la Resistencia Mapuche Autónoma (RMA), de la que se tienen pocos antecedentes. “Según nuestra apreciación, este es un grupo de sujetos que se junta a cometer delitos, aprovechan la causa mapuche y se colocaron un nombre. Así como hay otros grupos que operan sin nombre y explican la gran cantidad de atentados sin adjudicación”, aclara una fuente de la investigación.

Lo único cierto es que los líderes tanto de la WAM, la RML, la RMA y otros grupos armados -sin la CAM- ya han tenido encuentros o trawün, que han sido vigilados de cerca por la policía, donde, aseguran, han coordinado sus acciones y acordado respetar sus “zonas de acción”.

Por ejemplo, tras la promulgación en abril de 2023 de la llamada “Ley Nain”, creada a partir del asesinato del suboficial Eugenio Nain, las organizaciones señalaron que “como expresiones autonomistas de la resistencia mapuche hemos convenido dar nuestro respaldo total y absoluto al peñi Tranamil y lo reivindicamos como weichafe de la nación mapuche”.

Una muestra de respaldo al asesino del mismo Nain, Luis Tranamil, de la WAM.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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ESTADO DE SITIO Y LAS RUF: MEDIDAS INÚTILES, SI…. Excomandantes en Jefe de la Armada y Generales del Aire (r) ex C.J.FACHEl Mercurio

 

                                                                 ESTADO DE SITIO Y LAS RUF: MEDIDAS INÚTILES, SI…

Jorge P. Arancibia Reyes, Miguel A. Vergara Villalobos, Rodolfo Codina Díaz, Edmundo González Robles, Enrique Larrañaga Martin, Julio Leiva Molina, Almirantes (r), excomandantes en jefe de la Armada; Osvaldo Sarabia Vilches y Ricardo Ortega Perrier, Generales del Aire (r), ex C. J. FACh

El Mercurio, Columnistas, 01/05/2024

”Así, quienes quieren destruir el alma de nuestro país lo habrán logrado, con el apoyo de aquellos que quieren ese modelo de sociedad y la falta de coraje de quienes no se atreven a oponerse”.

Luego del cruel asesinato de tres carabineros en Cañete, con justa razón, se ha acrecentado la sensación de vulnerabilidad ante la delincuencia, carteles e insurgentes terroristas.

Otros, también con recta intención, piden desesperadamente declarar estado de sitio en la zona, creyendo que esto traerá la anhelada paz.

Nuestra experiencia nos dice que este estado de sitio no servirá para los propósitos que se desean, mientras las FF. AA. y Carabineros carezcan del respaldo jurídico, con leyes que protejan a quienes deban imponer la ley (con resistencia armada de los insurgentes, terroristas o delincuentes) en lugares de nuestro territorio nacional donde no impera el Estado de Derecho.

De paso, no sirven para nada los grandilocuentes respaldos retóricos de las autoridades nacionales. Nadie cree que serán efectivos y la experiencia así lo demuestra. Basta ver lo ocurrido con los infantes de marina en el caso Yordan Llempi.

¿Cómo lograr ese indispensable respaldo jurídico? Lo primero es entender que no se necesitan las RUF para regular el accionar de las fuerzas del Estado, basta cumplir los eximentes de responsabilidad del Código de Justicia Militar (art. 208) y aquellos contenidos en el Código Penal referentes a la defensa propia o a terceros amenazados.

También es bueno recordar que las FF. AA. se forman, entrenan y equipan para la guerra y no tienen equipo para control de orden público como carros lanzagua, gas pimienta, escopetas o lumas; su armamento son fusiles, pistolas y carros blindados. Punto.

Sin embargo, como existen fiscales del Ministerio Público que, sesgadamente, se han negado a aplicar las mencionadas leyes vigentes, han perseguido y procesado a militares y carabineros —sin considerar ni investigar en profundidad a quienes atacan vilmente a civiles y militares—, se requiere un segundo paso: que se devuelva a los tribunales militares la competencia de juzgar a militares y carabineros cuando en un enfrentamiento haya víctimas civiles, producto del cumplimiento de un mandato legítimo de la autoridad política responsable, en períodos de estado de excepción constitucional o decreto presidencial para protección de infraestructura crítica o resguardo de fronteras o elecciones.

Si no se cumplen las dos condiciones anteriores, todo lo que se haga respecto de la tramitación de leyes como las RUF o declarar estados de sitio u otros será totalmente inútil.

Las FF. AA. y policías estarán completamente atadas de manos, sin respaldo jurídico y no podrán cumplir con lo que se espera de ellas.

Así, quienes quieren destruir el alma de nuestro país lo habrán logrado, con el apoyo de aquellos que quieren ese modelo de sociedad y la falta de coraje de quienes no se atreven a oponerse.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

News, Seguridad y defensa

PRESIDENTA DE LA ONG QUE DEFIENDE A UNIFORMADOS: «EL USO DE LA FUERZA NO PUEDE SER PROPORCIONAL» Gracia Rodrigo. El Líbero

 

                                                                                PRESIDENTA DE LA ONG QUE DEFIENDE A UNIFORMADOS:                                                                              «EL USO DE LA FUERZA NO PUEDE SER PROPORCIONAL»

Gracia Rodrigo

El Líbero, 01/05/2024

Alejandra Cruzat, de Nos Importan, cuenta a El Líbero que existe mucha tristeza y frustración ante el asesinato de los tres carabineros en Cañete, pero recuerda que desde hace un tiempo los funcionarios se están inhibiendo de usar sus armas por miedo a una persecución penal que, denuncia, tiene sesgo ideológico desde el Ministerio Público. Sobre la discusión de las Reglas del Uso de la Fuerza y la amnistía que propuso la UDI, sostiene que estas no se pueden convertir en una “camisa de fuerza” y que la idea del gremialismo es ideal, pero en este momento, poco viable.

Al día siguiente de conocerse el asesinato de tres carabineros tras una emboscada en Cañete, Alejandra Cruzat, la presidenta de la ONG Nos Importan, que apoya legalmente a uniformados que deben enfrentar la justicia por su actuación durante el estallido, escribió una carta al director en El Mercurio.

Allí recordaba que en 2021 y en la misma comuna, un grupo de carabineros fue atacado a tiros por desconocidos, por lo que pidieron apoyo a la Armada, institución a cargo del estado de excepción de la zona y cuya actuación terminó con la muerte de una persona y un infante de marina formalizado por homicidio, arriesgando 15 años de cárcel.

A su juicio, el caso es un ejemplo en que el Ministerio Publico ha mostrado un sesgo ideológico respecto al apoyo que se le pide a las Fuerzas Armadas en materia de orden y donde, denuncia, Fiscalía ha desconocido las eximentes que les brinda la ley respecto al uso de armas y por el contrario, ha invocado la Ley de Control de Armas contra algunos funcionarios.

Lo que subyace a ese caso y al del asesinato de los carabineros Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobo y Misael Vidal Cid el fin de semana, es la duda acerca de si usaron o no sus armas, o si ni siquiera tuvieron tiempo para evaluarlo.

En el caso de 2021 “los carabineros no dispararon para defenderse. Lo único que tiraron fue una lacrimógena”, relata Cruzat a El Líbero luego de que el martes en la mañana se desarrollara la audiencia de preparación de juicio oral de ese cabo de la Armada.

Según su relato, ese día fue de conmoción: comenzó con la detención del hermano de la víctima fatal circulando en una camioneta robada y portando municiones de escopeta, hubo barricadas e incluso se quemó un paradero y a los carabineros trataron de atropellarlos. El ataque bajo el que se mantuvieron los carabineros se prolongó durante casi dos horas y, cuando llegó la Armada, recordó, los uniformados primero dispararon salva. Luego usaron elementos antidisturbios y, como medida final, utilizaron armas de fuego, en una intervención que se extendió por un lapso similar.

“Yo estoy hablando ahora con gente de La Araucanía y les pregunté: ‘¿es normal que a ti te ataquen y no disparen?’ Y me dijeron que sí. Es tanto el susto que tienen a disparar, que prefieren no hacerlo. O sea, es efectivo que se inhiben de disparar por la persecución penal”, cuenta Cruzat y reflexiona que “pensar que los carabineros (de Cañete) eventualmente se inhibieron de disparar y defenderse, produce mucha frustración”.

A su juicio, no sólo falta mayor preparación de fiscales y jueces sobre la materia militar, sino que también debe haber un consenso respecto a que la fuerza que deben usar los uniformados tanto para enfrentar los delitos comunes como para el crimen organizado, debe ser superior a la del delincuente: “La proporcionalidad no tiene sentido, sí la racionalidad”.

  • ¿Debería ser la justicia militar la que investigue estos casos y no la civil? De hecho es un punto de discusión en las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF)…
  • El que la eximente (del uso de armas) esté en el Código de Justicia Militar no significa que no lo puedan aplicar los jueces que están en el sistema no militar.
  • Pero no lo han aplicado. ¿Es algo de voluntad o de conocimiento?
  • Es de voluntad. Ellos tienen dos eximentes de responsabilidad que están súper claras y definidas en la ley. Uno es el artículo 208 del Código de Justicia Militar que dice “será causal eximente de responsabilidad para los militares, el hacer uso de armas cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida” y el número 10 del artículo 10 del Código Penal (“El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo”).

Entonces ¿cuál es la consigna recibida? la misión es controlar el orden. En este caso es seguramente detener o controlar a francotiradores civiles. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen con el único medio que tienen, que es su arma, de lo contrario, muere él.

¿Entonces, por qué la justicia no le está reconociendo este eximente de responsabilidad que está en el Código de Justicia Militar clarísimamente establecido? Ahora no importa si es justicia militar o no militar, la justicia tradicional también tiene que reconocerlo.

Creo muy importante que haya tribunales especializados en el tema, de la misma manera que hay tribunales laborales y de familia. El análisis de las causas post estallido social nos ha demostrado que la disparidad de criterios a nivel del Ministerio Público y de los tribunales (para hechos similares) es enorme.

Desgraciadamente todavía existe una connotación negativa asociada a los tribunales militares, como si aquello significara impunidad, pero si pretendemos sacar a las FF.AA. a la calle tenemos que darles garantías de un juicio justo y profesional. Podemos tal vez cambiar el nombre, para generar menos anticuerpos”.

  • ¿Y por qué no estaría aplicando las eximentes?
  • Bueno, ese es el tema. Porque el Ministerio Público actúa de manera muy discrecional. Y para nosotros, el gran problema acá está en la discrecionalidad del Ministerio Público. Porque si tú tienes un fiscal que entiende o que comparte esto, simplemente no te acusa de asesinato.

Entonces, le interesa que el militar está cumpliendo un deber y que para cumplir ese deber necesita hacer uso de su arma y por ende tenemos que asumir que cuando usen las armas, puede haber determinadas consecuencias no queridas, como la muerte de alguien.

  • En la experiencia de ustedes, ¿esto es porque ellos no están lo suficientemente preparados en esta área o más bien se trata de un sesgo que puede ser político?
  • Un sesgo, absolutamente. Porque a todo abogado defensor de los militares o de incluso Carabineros, le sacan las eximentes. No necesitamos nuevas leyes para esto, necesitamos voluntad para aplicarlas (…). El Ministerio Público y eventualmente los jueces hacen caso omiso de las eximentes de responsabilidad ya contenidas en Código Penal y en el Código de Justicia Militar. ¿Por qué? Generalmente es por un tema absolutamente intencional e ideológico.

En esa línea, Cruzat recuerda que incluso se ha invocado la Ley de Control de Armas a dos carabineros y a dos miembros de las FF. AA. para negarles solicitudes de cumplimiento alternativo de penas, siendo que la norma “está pensada para el control de armas ilegales, pero cuando un carabinero o un militar usa su arma, él la está portando de manera legal, no sólo legal, sino que la ley lo obliga a portarla y a usarla cuando sea necesario. Es una aberración legal impactante (…). Si tú le empiezas a aplicar eso a cada militar que usa su arma, mayor razón para inhibir usar el arma. Y volvemos a lo mismo: ¿Hay ideologización acá? La hay. Ese tipo de condenas, sólo responde a ideologización, de todas maneras”.

  • ¿Ustedes valoran que exista esta actualización de las RUF? ¿Les preocupa cómo se van a aplicar, cómo se va a juzgar con ellas?
  • Para mí las RUF mientras más claras sean, mejor. Pero siempre en el entendido que no puedes con esto inhibir el uso de la fuerza cuando sea necesario aplicarla. Entonces si tú haces RUF con advertencia uno, dos, tres y hasta el 10, haces una camisa de fuerza. Eso no sirve. No pueden ser una camisa de fuerza.
  • ¿Los uniformados tienen miedo a usar las armas?
  • Los uniformados tienen más miedo a la persecución judicial que a enfrentar a los delincuentes más violentos. Es un contrasentido.
  • Parece cada vez más inminente que las Fuerzas Armadas van a salir a las calles, ya sea para resguardar infraestructura crítica o no, pero van a salir con el mismo armamento de guerra…
  • Lo que quedó claro para el estallido social es que los uniformados no pueden salir al control de la calle para controlar manifestaciones violentas. No pueden salir porque el armamento que tienen es un armamento letal y tú para controlar las manifestaciones no puedes ir con armamento letal. Un caso muy específico de la consecuencia haber salido con armamento letal, es el caso de Pedro Lavín en Colina o el de los militares en La Serena.

En ambos casos por haber tenido que disparar para cumplir la misión que les habían encomendado, terminaron condenados uno a siete años y en el caso de La Serena, a cinco, 10 y a 15 años.

Es tanto así que no están preparados para el control de orden público, que Cruzat recuerda que no hay carabineros condenados por muertes por uso de armamento durante el estallido social, pero sí hay militares condenados por ello (casos Kevin Gómez y Romario Veloz).

  • Hay alcaldes del Frente Amplio pidiendo militares en algunos lugares de la ciudad, pero luego el oficialismo no los respalda en el uso de su implementación y preparación. ¿Cree que hay un doble estándar en ese sentido?
  • Son peticiones que tienen mucha hipocresía, porque claro, sabemos todos que está todo el mundo muy preocupado con el tema de la delincuencia y la violencia. Pero tenemos que ser súper claros y realistas: también sabemos que en el minuto que tengamos a los militares en la ciudad, si ellos tienen que disparar y hieren a alguien, nadie los va a proteger y siempre van a decir que usaron la fuerza de manera excesiva.
  • Ahí entramos en el tema de la proporcionalidad, también en las RUF
  • La proporcionalidad en realidad no tiene sentido, es obvio, que el uso de la fuerza no puede ser proporcional, por último habla de racional.

Usemos el sentido común. La fuerza tiene que ser eventualmente algo superior para lograr tu objetivo. No puede estar el militar o el carabinero a la misma altura que el delincuente. Si esto es una batalla ¿quién la gana? La gana el que tiene más poder de fuerza, eso es también sentido común.

Entonces, qué pasa si tú llevas militares a las estaciones de buses. ¿Los vas a llevar con qué tipo de armas? ¿Los vas a dejar usar su elemento letal contra la ciudadanía?

Porque si nos ponemos todos de acuerdo y les damos la garantías para que lo hagan, estamos OK, pero yo dudo -porque lo he visto en los tribunales- que realmente tengan las garantías y se les vaya a respaldar en el minuto que la tengan que usar.

Distinto es contra el crimen organizado (…). Si queremos controlar el terrorismo en La Araucanía, tenemos que darle todas las atribuciones a las Fuerzas Armadas.

Respecto al mismo tema, Cruzat agrega que personas de las FF.AA. “nos dicen que ‘si a nosotros nos dejaran actuar con fuerza, esto sería muy diferente y podríamos eventualmente controlar La Araucanía. Pero para eso necesitamos un respaldo político total y hoy en día no contamos con eso’”.

La propuesta de amnistía y nuevos casos ligados al estallido

  • Los parlamentarios de la UDI presentaron un proyecto de ley para amnistiar a los carabineros y militares condenados y formalizados en el contexto del estallido. ¿Qué les parece la iniciativa?
  • Yo creo que si queremos de verdad lograr una paz social y reconciliarnos post 18 de octubre, sería una buena medida, me hace sentido, pero tengo claro que no lo van a lograr, así que yo creo que es un poco más más mediático que realista.

“Creo que sí es importante que la gente sepa que todavía hay muchas causas que están recién siendo formalizadas del 18 de octubre, en el fondo esto sigue hoy día y muy activo”, dice Cruzat recordando que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó más de tres mil querellas y que hay 45 carabineros condenados por diversos delitos de la época, entre siete y ocho militares y más de 150 uniformados formalizados.

En efecto, cuenta que recientemente acaba de conocer dos casos en que carabineros recién fueron informados de que su escopeta antidisturbios emanó un balín que hirió a una persona: “A ambos se les decretó prisión preventiva y no tenían ningún conocimiento de los hechos”.

“¿Qué te demuestra esto? Dos cosas: todavía está muy activo el tema y, segundo, que hubo mucha querella irrelevante y falsa. Al final no se concentraron en las querellas que eran reales e importantes, porque cuando tú inflas tanto el número, no sabes discernir cuáles eran las que eran graves y cuáles eran denuncias muy menores. Entonces, ¿qué opino de una amnistía? Creo nuevamente que para lograr la paz social, sería el ideal, sería ideal cerrar este capítulo ya (…). Es un quiebre muy grande en nuestra convivencia, pero siendo realista, con el gobierno que tenemos, dudo muchísimo que se logre avanzar un paso en eso. ¿Entonces yo qué pido? Que seamos más activos en los juicios que se están llevando actualmente, de los carabineros que están recién siendo formalizados para que esto no siga creciendo”, agrega.

Donde Cruzat sí ve una posibilidad de abordar un indulto para quienes debieron usar las armas “es en un futuro gobierno o una futura campaña, que yo creo que va a ser así”.

  • ¿Cuál es el sentimiento general de los familiares de los carabineros y los militares ante lo que pasó este fin de semana y respecto a lo que se viene para adelante?
  • Es una mezcla de pena, tristeza, rabia, frustración e impotencia y muchos me han comentado que la angustia más grandes es pensar que los carabineros eventualmente se inhibieron de disparar y defenderse. Eso les causa mucha tristeza. Tienen un sentimiento de frustración, de que ‘nos tienen las manos amarradas

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional