Categoría: Seguridad y defensa

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

EL PRIMER MILITAR CONDENADO POR EL ESTALLIDO QUE PODRÍA ACOGERSE A LA LEY NAÍN-RETAMAL

Unidad de Investigación El Líbero,13/05/2023

En un emblemático caso judicial se podría convertir el del cabo primero del Ejército, Pedro Lavín Villalobos, quien es acusado por la fiscal Ximena Chong.

Ello, porque podría ser el primer militar en pedir a la justicia acogerse a la ley Naín-Retamal, que presume legítima defensa para aquellos uniformados que deban hacer uso de sus armas para repeler o impedir una agresión contra sí mismo o contra terceros.

También contempla atenuantes de responsabilidad para los casos en que no se den de manera completa las razones que justifiquen el uso racional de la fuerza.

De hecho, ya cinco carabineros fueron recientemente absueltos por el Tribunal Oral en lo Penal de Talagante al alero de dicha ley. Ellos arriesgaban 18 años de cárcel por disparar a una persona que previamente había tratado de atropellar a los uniformados.

Un nuevo fallo del Tribunal Oral en Lo Penal de Viña del Mar del pasado 8 de mayo aplicó retroactivamente la ley Naín-Retamal.

Ello, pues al haberse derogado la agravante de “estar bajo custodia”, elemento de la esencia del delito de apremios ilegítimos, el tribunal desechó su aplicación a hechos ocurridos cuando la agravante si regía, explica a este diario el abogado del caso, Juan Carlos Manríquez.

El cabo Lavín fue condenado en diciembre pasado a siete años por el Tribunal Oral en Lo Penal de Colina, por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.

El militar le disparó a la pierna a un manifestante durante el estallido, en momentos que intentaba atacar con una piedra a carabineros que se retiraban en su furgón policial. Ello, al verse sobrepasados por el lanzamiento de objetos contundentes por parte de una muchedumbre.

En enero, la defensa de Pedro Lavín interpuso un recurso de nulidad de la sentencia ante la Corte Suprema alegando diversas causales. El fallo será muy relevante para el resto de los juicios contra uniformados en curso, y también para aquellos que soliciten acogerse a la ley Naín-Retamal.

De hecho, actualmente hay 130 carabineros formalizados, y que podrían verse beneficiados con dicha legislación, según el análisis del abogado penalista Jorge Martínez.

Según su relato en el juicio, los hechos se sucedieron en medio de violentas protestas en la Plaza de Armas de Colina. Allí se congregaron medio millar de personas, que atacaron con diversos elementos tanto a carabineros como a miembros del Ejército.

Lavín estaba desplegado en el lugar junto a otros militares, al alero del estado de excepción constitucional de emergencia, para defender la Gobernación y resguardar el orden público.

El cabo primero Pedro Lavín disparó a la pierna de un manifestante que iba a lanzar un objeto contundente en contra de carabineros. La fiscal Ximena Chong pidió 12 años de cárcel, pero fue condenado a siete años por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. La defensa pidió la nulidad del juicio ante la Corte Suprema. De acogerse a la nueva legislación de legítima defensa privilegiada, podría tener importantes beneficios.

En momentos en que un piquete de carabineros se vio superado por el ataque de cerca de 50 manifestantes y se subían a su retén móvil para escapar de las agresiones, sucedieron los hechos.

“Se creó un efecto embudo por los carabineros que estaban intentando subir al vehículo policial por la parte posterior del mismo, puesto que el enorme grupo de personas le estaban dando alcance. Uno de ellos llegó a estar a pocos metros de distancia detrás de un carabinero con la mano alzada con la intención de golpearlo. No pude identificar muy bien qué llevaba, por lo que en una fracción de segundo resolví hacer uso de mi arma de servicio”, relató en su momento el militar.

Pedro Lavín aseguró en el juicio que trató de dar cumplimiento a las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF). Ésta establece disparar a un blanco determinado, realizar la menor cantidad de disparos -solo uno en su caso-, y evitar daños colaterales.

También le prestó, junto a otros miembros del Ejército, auxilio a la víctima Carlos Astudillo Ulloa, según establece el protocolo. Astudillo es cientista político y se convertiría dos años después en asesor legislativo de la senadora Fabiola Campillay.

Lavín tiene una impecable hoja de vida en sus casi 20 años como militar, y ha recibido las máximas calificaciones, incluso con distinción. Actualmente está con arresto domiciliario a la espera de lo que dictaminen los tribunales.

El beneficio que podría darle la ley Naín-Retamal al militar Lavín. En caso de que la justicia acoja aplicar retroactivamente dicha legislación, el militar podría ver rebajada considerablemente su pena, según abogados consultados.

El artículo 18 del Código Penal establece que si se promulga una ley que beneficie al condenado, el tribunal debe modificar la pena. Ello, en el entendido que reconozca que fue un acto de legítima defensa de terceros ante una agresión ilegítima. O dictamine que fue una legítima defensa incompleta, en caso de considerarse que faltara algunos de los elementos constitutivos.

En aquellos circunstancias en las que pueda alegarse como causal de justificación la ley Naín-Retamal “se puede dejar sin efecto la pena o rebajarla en uno, dos o tres grados como atenuante calificada”, dice el abogado Martínez.

Si le rebajan un grado la pena quedaría en cinco años y un día. Si le bajan dos grados quedaría con presidio entre tres años y un día y cinco años.

En ese escenario puede solicitar la libertad vigilada intensiva. Es decir, no iría a la cárcel.

Inicialmente el cabo Lavín fue formalizado por el delito de lesiones graves y la investigación era llevada por la fiscal Marcela Adasme. En ese tiempo, el efectivo cumplía con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y firma mensual.

Pero a mediados de 2021 el caso lo tomó la fiscal Ximena Chong. En octubre del 2021, Chong lo reformalizó por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas y pidió 12 años de cárcel. Ello lo culpó de haber actuado con alevosía y con la clara intención de causar daño a la víctima.

Lo que fue desmentido tajantemente por el inculpado, alegando que había actuado en defensa del carabinero, y que tuvo solo unos segundos para actuar.

La acusación contra el efectivo se enmarca también dentro de las 2.400 querellas interpuestas por el INDH por apremios ilegítimos contra Carabineros y militares, del total de cerca de 3.000 querellas presentadas.

Alejandra Cruzat, la presidenta de la ONG Nos Importan, que apoya a carabineros y miembros de las FF.AA. por el estallido, asegura que “el cabo Lavín es víctima de una inexplicable persecución judicial contra uniformados que se vieron en la necesidad de hacer uso de la fuerza. Ello, en medio del llamado que les hizo el propio Estado a restablecer el orden público”.

Cruzat cuestiona que se le haya acusado y condenado por el delito de apremios ilegítimos. Siendo que, para ello, “Lavín tendría que haber tenido la intención explícita de causar dolor, humillar, menospreciar, cosificar a la víctima, que ni siquiera estaba bajo su custodia”.

Asimismo, agregó que “tanto en este caso como en otros tantos, se minimizaron las agresiones contra uniformados y se descontextualizaron los hechos”.

Ella recuerda que ese incidente ocurrió el 20 octubre, en un contexto de extrema violencia y ante la presencia de una agresión ilegítima por parte de la víctima.

“Sorprende que se siga restando importancia al lanzamiento de elementos contra carabineros, siendo que el sargento Carlos Retamal, el mismo que dio origen al nombre de la nueva ley, murió producto del lanzamiento de un fierro contra su persona”, afirma Cruzat.

La presidenta de la ONG considera que se tiende a juzgar a los carabineros y militares en frío, ex post, “pero ellos estaban sometidos a muchísima presión, en la mayoría de los casos no contaban con la visibilidad completa y debían tomar decisiones en cuestión de segundos”.

A su juicio, eso fue lo que ocurrió con Pedro Lavín, quien “pudo haber cometido un error en la interpretación de lo que estaba ocurriendo, incluso en la gradualidad de la fuerza que ocupó, pero eso no lo hace culpable del delito de apremios ni menos merecedor de una pena de siete años de cárcel”.

Alejandra Cruzat agrega que este tema es “muy relevante ahora que tenemos miembros de las FF.AA. desplegados en varias zonas de nuestro territorio. Se debe ponderar el hecho de que los militares y marinos no cuentan con la formación, las armas, el equipamiento ni el entrenamiento para contener manifestaciones violentas. Ellos están entrenados para la guerra y ocupan las herramientas que tienen para hacerlo. De modo que es desde esa mirada, y no otra, en que deben ser juzgadas sus acciones también”.

La presidenta de Nos Importan agrega que “es groseramente notoria la desproporción entre las no condenas de aquellos delincuentes que lanzan bombas molotov contra uniformados, o que disparan impunemente contra civiles, a las duras condenas que se les ha dado a algunos carabineros y miembros de las FF. AA”.

Para ella, “la señal que se ha dado es equívoca y es, sin lugar a dudas, una de las principales causas del descontrol de la violencia, la delincuencia y el terrorismo en nuestro país. Esperemos que la Ley Naín-Retamal pueda contribuir el cambio de rumbo que Chile necesita en ese sentido”.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

INDAGADOS POR HOMICIDIO, INCENDIO Y AGRESIONES A CARABINEROS: QUIÉNES SON LOS COMUNEROS QUE ENFRENTAN CARGOS POR SECUESTRO DE GENDARMES EN ANGOL

Catalina Batarce

La Tercera PM, 19/05/2023

A la espera de diligencias clave por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra el equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía que lleva la indagación por el secuestro de tres funcionarios penitenciarios de la cárcel de Angol, ocurrido el domingo 7 de mayo.

Esto, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público, dado que con dichos insumos los persecutores pedirán audiencia para formalizar a los involucrados: 17 comuneros mapuche que estaban, en esa fecha, habitando el módulo F y que incluso han iniciado huelga de hambre para oponerse a sanciones.

Como dan cuenta datos de la causa, enfrentarían cargos por los delitos de secuestro, maltrato de obra, lesiones, amenazas y atentado contra la autoridad, que son los ilícitos que, hasta ahora, han pedido indagar los querellantes.

“La Fiscalía de Alta Complejidad está a la espera de los resultados de las diligencias encomendadas a la PDI, las cuales dicen relación con el análisis de las grabaciones de los hechos, además de toma de declaraciones a víctimas y testigos, entre otras pericias. De esta forma, se busca determinar la dinámica de los hechos, la calificación jurídica que corresponda y la participación que cabe a cada uno de los imputados”, comentó a La Tercera Nelly Marabolí, vocera de la Fiscalía Regional de La Araucanía.

Y agregó que cuando se cuente con los referidos informes policiales “se tomará decisiones respecto de la causa y se pedirá, eventualmente, audiencia de formalización de la investigación y también las medidas cautelares que corresponda”. Como los involucrados están actualmente privados de libertad, la vocera explicó que igualmente se podría solicitar que quedasen sujetos a prisión preventiva; esto, ante la posibilidad de que pudiesen quedar libres en otra indagación.

En concreto, se analiza la participación en los hechos de: Fabián Llanca Nahuelpi, Juan Queipul Millanao, Hanthu Llanca Quidel, Máximo Queipul Huenchullan, Joaquín Millanao Queipul y de Freddy Marileo Marileo, quienes fueron identificados como “cabecillas del motín” y que, por lo mismo, fueron trasladados a distintos penales de la zona centro sur del país.

Además, se evalúa el rol que tuvieron los otros 11 internos del citado módulo: Juan Ignacio Cortés Penchulef, Ismael Fritz Ñancul, Simón Huenchullán Millanao, Joaquín Huenchullan Queipul, Sergio Huentecol Melinao, Alejandro Liguen Venegas, Boris Llanca Nahuelpi, Pedro Palacios Cañuta, Jorge Palacios Cañuta, Anthoni Torres Toro y Miguel Torres Toro.

Consultado respecto del curso de la indagación, el abogado que representa a dos de los gendarmes secuestrados, Óscar Ulloa, de Ulloa Oviedo Abogado y Asociados, manifestó a este medio que espera que las diligencias sean agilizadas por parte de los investigaciones y que “ojalá los responsables sean sentenciados a las penas más altas y se apliquen condenas efectivas”.

“Es hora de dar una señal respecto de lo que está ocurriendo en La Araucanía y específicamente en Angol, porque estos internos no pueden hacer lo que quieran, no están sobre la ley. Los gravísimos hechos que se han suscitado en la zona las últimas semanas pueden tener vinculación con lo ocurrido en el penal, pero que en esta ocasión hayan existido consecuencias para los internos mapuche que infringieron la norma, era lo que debía hacerse. Gendarmería hace ya bastante tiempo no aplicaba traslados para mapuche, con estos señores no se estaba haciendo nada”, manifestó.

A su juicio, aquello deriva directamente de asuntos políticos y de una “laxa” interpretación del Convenio 169 de la OIT. “Es cierto que hay ciertos criterios especiales a tener en cuenta con esta parte de la población penal, pero eso no puede implicar que estén por sobre la ley. Y esto viene desde hace varios gobiernos y administraciones de Gendarmería”.

“Aquí claramente los responsables directos del secuestro y lesiones de los funcionarios son los 17 comuneros, pero también hay responsabilidades políticas que se deben hacer valer”, sentenció, haciendo referente a que, por lo menos, deben hacerse sumarios efectivos que puedan dilucidar el rol que cumplieron las autoridades administrativas.

Los seis cabecillas. Seis internos, de acuerdo con el parte denuncia de los hechos elaborado el domingo 7 de mayo, fueron quienes inicialmente habrían incitado los movimientos y bloqueos al interior del módulo.

Se precisa, en ese sentido, que Llanca Quidel fue quien manifestó al jefe de Régimen interno (S) del penal, que no iban a dejar retirarse al personal que se encontraba en el módulo hasta que se apersonara el director regional de Gendarmería.

Él, se agrega en el escrito, fue quien ordenó “a los demás comuneros no dejar huir al personal y que continuaran bloqueando la totalidad de los accesos”.

Ahí, cuando el reloj marcaba las 9:40 de la mañana, continúa el relato, fue cuando Llanca Nahuelpi y Marileo Marileo entraron a escena. Ambos, junto a Llanca Quidel -siempre según se indica en el parte- insistieron en que “los tres funcionarios que se mantenían al interior de la dependencia iban a quedar retenidos”.

La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía está a la espera de pericias clave que le permitirán pedir audiencia de formalización contra los 17 internos que son indagados por el motín ocurrido el pasado 7 de mayo. Entre otras diligencias se revisan las grabaciones de esa jornada a fin de definir el grado de participación de los involucrados. A juicio del abogado que representa a dos de los gendarmes afectados, se requiere que los comuneros reciban máximas sanciones.

Ellos, se describe, fueron quienes ordenaron al resto de los comuneros actuar. Pidieron que con sus weños (implemento de madera para jugar palín) y elementos contundentes, “se mantuvieran de custodia del personal no permitiéndoles el libre desplazamiento por el patio de dicho modulo”, lo que derivó en la adopción de los procedimientos correspondientes y que a eso de las 10:00 horas, se diera cuenta al fiscal de turno.

• Hanthu Llanca Quidel: Permanece en prisión preventiva y ha sido formalizado en reiteradas ocasiones por diferentes delitos. Entre ellos, por homicidio frustrado de carabineros, robo con violencia, porte de arma de fuego, tenencia de municiones, receptación de vehículo motorizado y receptación de especies. En 2020 fue sindicado como proveedor de marihuana, en medio de la investigación que incluyó un mega allanamiento en la comunidad de Temucuicui, en Ercilla. Anteriormente, había sido detenido por porte ilegal de armas, y en 2017 y 2019, fue arrestado por participar de una toma de terrenos en Pailahueque.
• Fabián Llanca Nahuelpi: En febrero fue condenado a cuatro años de cárcel, en calidad de autor del delito consumado de receptación, ilícito perpetrado en mayo de 2020, en la comuna de Ercilla. En la misma instancia, fue condenado como autor del delito de conducción de vehículo motorizado con placas patentes falsificadas. Se le absolvió, eso sí, por los delitos de disparos injustificados y porte ilegal de armas de fuego.
• Freddy Marileo Marileo: Condenado a 15 años de presidio por asesinar a dos comuneros mapuche que prestaban servicios para empresas forestales y por porte ilegal de arma. Es sindicado por investigadores policiales de la zona como un exintegrante del grupo Weichan Auka Mapu (WAM), el cual en medio de ataques que ha reivindicado ha dejado una serie de lienzos donde exigen su liberación.
• Juan Queipul Millanao: Fue condenado en 2022 por el homicidio frustrado de un trabajador forestal al cual hirió al dispararle con un fusil de guerra en Ercilla, en junio de 2019. Cometió este ilícito, como expuso en su momento en el Ministerio Público, mientras cumplía una condena -en libertad vigilada- de tres años y un día por delito de incendio y otra de 541 días por el porte ilegal de armas.
• Máximo Queipul Huenchullan: Es el hijo del lonko de Temucuicui Víctor Queipul, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos de receptación de vehículo motorizado, receptación de especies y por porte ilegal de armas de fuego y municiones. Anteriormente, cuando sólo tenía 17 años, fue formalizado por delito de incendio.
• Joaquín Millanao Queipul: Fue formalizado por robo con intimidación y homicidio frustrado de carabineros en servicio. Esto, luego de que intentara concretar, junto a otros dos sujetos, el asalto a tres locales comerciales, entre ellos un local de venta de semillas de marihuana.

Otros 11 investigados. Como dan cuenta elementos de la causa, la totalidad de los internos del módulo estuvieron involucrados. Y aunque sólo los seis antes mencionados fueron trasladados a otras regiones, los otros 11 también son indagados y han sido objeto de sanciones internas en el penal, como la prohibición de recibir visitas.

Dado lo anterior, de hecho, el pasado martes 9 de mayo los internos comunicaron a la unidad que decidieron iniciar una huelga de hambre líquida y varios se han negado a recibir atención médica.

• Juan Ignacio Cortés Penchulef: Condenado como autor del delito consumado de robo con violencia, en la comuna de Galvarino.
• Ismael Fritz Ñancul: Es apodado “El Comandante”. En agosto de 2022 fue formalizado por delitos de secuestro, incendio, robo con violencia, disparos injustificados y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones
• Simón Huenchullán Millanao: Condenado por delitos de robo, incendio y receptación cometidos en 2020.
• Joaquín Huenchullan Queipul: En marzo quedó en prisión preventiva porque habría intentado atropellar a carabineros durante un ataque contra un cuartel en Ercilla.
• Sergio Huentecol Melinao: Es investigado por un ataque incendiario a un camión en la Ruta 5 Sur y por amenazas contra un empresario forestal y sus trabajadores.
• Alejandro Liguen Venegas: Apodado como “El Chino”, fue detenido por su presunta participación en el homicidio del inspector de la PDI Luis Morales Balcázar.
• Boris Llanca Nahuelpi: Fue condenado a tres años y un día como autor del delito de tenencia ilegal de armas de fuego en grado de consumado. Tiene antecedentes, además, por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños, lanzamiento de artefacto incendiario y por maltrato de obra a Carabineros.
• Pedro Palacios Cañuta y Jorge Palacios Cañuta: Ambos fueron condenados a más de ocho años de cárcel por los delitos de robo con violencia e incendio perpetrado el 21 de mayo de 2020, en un camino rural de Victoria. Como se acreditó, en esa oportunidad rompieron con piedras el parabrisas del vehículo y el vidrio del copiloto, hiriendo a uno de los trabajadores que se movilizaba en el móvil embestido. Los obligaron a descender mediante amenazas, sustrajeron del pick up dos tinajas de pintura y dos trajes desechables, provocaron un incendio al interior de la cabina que destruyó la estructura en su totalidad.
• Anthoni Torres Toro y Miguel Torres Toro: Encausados por incendio con daños, robo con intimidación y microtráfico.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Julián Estévez Sanz, Profesor e investigador en Robótica e Inteligencia Artificial, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

The Conversation, 16/05/2023

“¿Tienes algún dron? ¡Dáselo a un piloto experimentado! ¿Sabes pilotarlo tú mismo? Entonces, ¡únete a la patrulla conjunta con unidades de la 112ª Brigada de Defensa de Kiev! ¡Kiev es nuestra casa y defenderla es una tarea conjunta!”.

Con estas palabras, el 24 de febrero de 2022, el ministro de Defensa ucraniano llamó a las armas a la población mediante un singular mensaje de Facebook.

Su llamamiento no cayó en saco roto. Desde ese mismo día, a Ucrania comenzaron a llegar miles drones desde multitud de puntos geográficos, tanto de dentro como de fuera de sus fronteras. Donaciones de empresas, de aficionados, de simpatizantes a la cusa… la diferencia era que estos aparatos no constituían per se un arma militar.

Eran drones de aficionado, adquiribles por cualquiera con un clic.

Parafraseando a Delibes en su obra El camino: “Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera, y sin embargo, sucedieron así”. Y las cosas no estarían en el punto de la guerra en el que estamos ahora sin el impacto de estos drones.

Tecnología low-cost al servicio de la guerra. No debería sorprendernos la petición de armamento del gobierno ucraniano. A fin de cuentas, aunque el conflicto entre Ucrania y Rusia lleve acaparando titulares más de un año, la guerra se inició mucho antes, en 2014.

Ya en aquellos primeros meses comenzaron a aparecer estas pequeñas máquinas voladoras. En ausencia de una industria de defensa potente, el país de Zelenski pronto vio que su mayor baza era el aprovechamiento de sus pocos recursos económicos, y sobre todo, el de sus mentes.

Aquella frase del ministro ucraniano Oleksii Réznikov sirvió para que grupos de voluntarios, entre los cuales figuraban ingenieros, soldadores, economistas, torneros y cualquier persona capaz de arrimar un hombro, se organizaran para el despliegue de estructuras de ciberdefensa y el montaje de drones.

Y estos drones, también llamados UAVs, eran construidos, manipulados y arreglados por estos mismos voluntarios. Entre esos grupos de voluntarios, destacan organizaciones como Aerorozvidka, Army SOS y Zgraya.

A falta de que en 2014 Ucrania tuviera un UAV bélico moderno, lo más fácil era emplear y adaptar drones económicos de aficionado. Tecnología low-cost al servicio de la guerra.

Probablemente, nadie se esperase un escenario como el que se ha vivido en los primeros meses del conflicto y el impacto que los drones han tenido sobre él. Las funciones principales que han desempeñado estos robots aéreos son las siguientes:

• Exploración y reconocimiento del terreno.
• Ayuda indispensable para la mayor eficacia de la artillería, ya que los drones adelantados y desde el cielo informaban a las tropas de tierra sobre cómo mejorar la puntería de los cañones y aumentar los daños.
• Lanzamientos de pequeñas granadas y otros explosivos. A menudo, los UAVs son modificados y se les añaden pequeños accesorios realizados con impresoras 3D para lograr, por ejemplo, que la granada que portan caiga verticalmente.
• Desgaste anímico de las tropas enemigas e imposibilidad de descanso. Con tantos UAVs en los cielos y su zumbido eléctrico característico, si estas máquinas sobrevuelan el campamento enemigo mientras los soldados descansan o duermen, provocan una alarma permanente y una crispación de nervios en las tropas, que lleva a una desmoralización e imposibilidad de descanso. Algunos drones pueden ser solo de observación y reconocimiento, pero otros drones pueden ser el último objeto que oigan.
• Realización de campañas de marketing y vídeos en redes sociales.

No es de extrañar que el bando ruso optase por enfrentar fuego con fuego y que también comenzase a emplear UAVs entre sus armas.

Un prestigioso grupo de expertos británicos en defensa, RUSI (Royal United Services Institute), publicó en noviembre del pasado año un informe con las conclusiones preliminares del conflicto entre Rusia y Ucrania, abarcando los seis primeros meses de guerra. A lo largo de sus líneas llama la atención la gran presencia de estos UAVs no militares.

No son un arma infalible, se destruyeron el 90 % de ellos (de ambos ejércitos) y se calcula que cada multirrotor realiza una media de tres vuelos.

Un uso fugaz, un consumible, a fin de cuentas. Se han empleado miles y miles.

Algunos días, el ejército ucraniano ha perdido hasta 100 de estos aparatos y ojo que algunos de estos modelos, como el drone DJI Mavic, cuestan más de 1.000€.

Ya avanzó Napoleón que, para hacer una guerra, hacen falta tres cosas: dinero, dinero y dinero.

¿El ocaso de los tanques? De momento, no. Pero no pensemos que los drones anuncian el ocaso de los tanques, ni mucho menos. El ejército ruso también implementó su estrategia de diseño y construcción de drones.

Aunque los vídeos que nos han llegado sobre estos drones caídos o derribados han mostrado que la drónica rusa tenía bastantes carencias y “chapuzas” en su diseño. De hecho, han tenido que recurrir a tecnología de los Pasdarán iraníes, un grupo paramilitar que protege al régimen y su revolución y controlan la industria de drones en el país.

El conflicto no solo se ha nutrido de UAVs civiles, sino también de militares. La diferencia entre ambos es más que evidente, empezando por su coste y terminando por el resto de las capacidades técnicas, como autonomía, capacidad de carga o seguridad de comunicaciones.

La guerra no es una realidad estática. Las estrategias, las armas y los escenarios cambian continuamente.

Prueba, error, prueba, error. Por cada arma aérea que desarrollaba una nación, la otra diseñaba algún sistema defensivo. Entonces, la primera actualizaba el arma para eludir esa defensa. Y así, hasta que los dos bandos firmen la paz.

Sin embargo, entre los UAVs militares más mediáticos no han estado estas nuevas armas, sino los TB2 Bayraktar turcos, que ya cuentan con unos años de antigüedad y fueron adquiridos por el ejército ucraniano. Estas naves cosecharon tal éxito en los primeros meses de la guerra que hasta crearon una canción sobre ellas, que obviamente inmediatamente se viralizó. 

Inteligencia artificial: mucho ruido y pocas nueces. En 2021, cientos de titulares declararon que un dron había asesinado mediante inteligencia artificial, de manera totalmente autónoma, a una víctima por primera vez. La identificó, seleccionó y asesinó fuera de la cadena de mando. Es decir, sin ningún tipo de intervención humana.

Sin embargo, la aclaración inmediata de la empresa fabricante de estos UAVs, alegando que era imposible tal posibilidad, no llegó tan lejos mediáticamente. Según el experto español en tecnología militar, Juan Luis Chulilla, no es nada extraño que los ejércitos exageren y mientan sobre sus capacidades.

Y es que el uso militar de la inteligencia artificial (IA) en los robots tiene otros objetivos más prioritarios. Uno de ellos es dotar a las máquinas, tanto terrestres como aéreas, de la mayor navegación autónoma posible, algo a lo que también se aspira en la robótica civil: detección automática de obstáculos mediante visión artificial o consumo optimizado de la batería, decidiendo el robot por sí mismo según lo que ve, cuándo es momento de exprimir todo su potencial y cuándo no.

Lo más probable es que ninguno de los robots y drones empleados en el conflicto ucraniano haya estado equipado con inteligencia artificial. Además, el nivel de secretismo que existe en ambos bandos no permite realizar demasiadas afirmaciones contundentes.

Siendo la navegación autónoma un objetivo técnico muy complejo, una cosa es realizarlo en ciudades tranquilas y despejadas y otra rodeado de fuego enemigo.

La próxima utopía militar. Actualmente, en la Organización de las Naciones Unidas se está debatiendo la regulación sobre las armas autónomas.

Pero en el terreno legal, ¿qué es exactamente un arma autónoma? ¿Podríamos considerar a un misil antiaéreo de defensa un arma autónoma, que se dispara y dirige hacia el blanco que ha decidido por sí mismo? Este tipo de armas son conocidas como Sense and React to Military Objects (SARMO).

Las principales potencias militares del globo se oponen a la prohibición de las armas autónomas, como es el caso de Estados Unidos o China, y defienden una flexibilización de las normas para poder desarrollar esta tecnología.

La automatización de la guerra parece imparable, y las principales potencias ven en su empleo una ventaja táctica, una salvaguardia para las vidas de sus soldados –lo que ayuda mucho de cara a la opinión pública– y una reducción de costes muy efectiva respecto al equipamiento de un soldado y, más allá, respecto a los costes de manutención de un soldado herido.

Probablemente, la próxima utopía militar consista en emplear robots en enjambre, capaces de desarrollar una inteligencia emergente colectiva. Androides soldados que sean capaces de superar obstáculos, tomar decisiones, razonar o explorar territorio, sin necesidad de una intervención humana directa.

El desarrollo de una inteligencia colectiva emergente que permita que, cuando un grupo de robots tenga que explorar un terreno, y uno de ellos sea derribado, decidan entre ellos el nuevo reparto de las zonas a explorar, siendo un miembro menos. Una toma de decisión que haya sido programada por humanos, sin que puedan predecir cuál va a ser.

Ese desarrollo de inteligencia colectiva será un paso adelante en la IA tan relevante como los diferentes softwares de chat y generación de imágenes que estamos viendo estos días.

El enfrentamiento de la sociedad ante estas tecnologías está perfectamente recogido en el dilema de Collingridge:

«Cuando el cambio es fácil, su necesidad no puede ser anticipada; cuando la necesidad de cambio es aparente, el cambio ya se ha vuelto caro, difícil y laborioso».

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

DESMANES EN FECHAS EMBLEMÁTICAS

El Mercurio, Editorial, 04/05/2023

Los disturbios del Día del Trabajador recién pasado, incluyendo saqueos a locales comerciales y lanzamiento de bombas molotov, ocurridos en paralelo a las celebraciones oficiales, se suman a otros que se repiten en ciertas fechas emblemáticas.

Constituyen una especie de patrón de conducta de quienes se rebelan frente a la institucionalidad. Suceden tanto el 29 de marzo, cuando grupos insurrectos recuerdan el “día del joven combatiente”, como el 18 de octubre, cuando movimientos afines “celebran” la revuelta de 2019, o el 11 de septiembre, en que se realizan desmanes y disturbios por el golpe militar de 1973.

En una democracia, las personas tienen derecho a expresar sus puntos de vista, a formular propuestas acordes con su visión de sociedad, y a emitir sus quejas, las que también pueden hacerse mediante manifestaciones callejeras.

Sin embargo, no tienen derecho a transformarlas en disturbios y desmanes que atenten contra la seguridad de las personas o contra bienes físicos de terceros.

Lamentablemente, es lo que ocurre normalmente en esas fechas, sin que la autoridad haya logrado impedirlo de manera exitosa. Así, a quienes protagonizan esos incidentes les queda la impresión de que se han ganado el “derecho” a continuar realizándolos.

Aceptar que los disturbios y desmanes se entronicen en determinados días del año, normalizando dicha violencia, es algo que el país ya vivió.

A partir del 18 de octubre de 2019, y por diversas razones sobre las que hasta el día de hoy no hay consenso, el incendio de las estaciones del metro de la capital y de otros inmuebles privados y públicos, incluidas iglesias, así como la vandalización y saqueo de locales comerciales en diversos lugares del territorio, todo ello de manera continuada por semanas, no recibió la condena generalizada que se hubiese esperado.

No solo eso: hubo sectores políticos, y también conductores de programas mediáticos, que más bien empatizaron con esos sucesos, y en algunos casos los justificaron moralmente.

El país no puede seguir aceptando que en ciertos días del año el vandalismo logre entronizarse impunemente.

Baste recordar que miembros de la llamada “primera línea”, protagonistas de esos incidentes, fueron recibidos como héroes en el exCongreso por una audiencia que incluía a parte de quienes hoy integran la coalición gobernante.

De modo que la violencia, lejos de ser rechazada, tendió a ser normalizada. Y esa normalización —solo desarticulada parcialmente por la pandemia— actuó como telón de fondo del proceso político que condujo a la elección de la Convención y a la redacción de una fallida propuesta constitucional.

El fracaso de la Convención, marcado por el contundente rechazo que su proyecto recibió el 4 de septiembre pasado, estuvo fuertemente influido por el clima generado al normalizarse la violencia y la anomia asociada a ella.

Por esa razón, los disturbios y desmanes que tienden a repetirse en estas fechas emblemáticas requieren ser controlados, pues siempre existe el peligro de que sus protagonistas los utilicen como excusa para escalarlos ante alguna coyuntura que ellos juzguen oportuna.

Por ello, tanto la autoridad como la población deben tener la convicción, cada una en su ámbito, de que ello no debe ser permitido, y actuar de modo acorde.

Hoy el país está intentando, con mucho esfuerzo, retomar su cauce institucional. Si la ciudadanía así lo decide, este debería quedar consagrado en una nueva Constitución, ratificada en un plebiscito a fines de año, y así se habrán completado, desde octubre de 2019, cuatro traumáticos años de incertidumbre e inmensas pérdidas de valor, sufridas por todos.

De ahí la importancia de impedir la reiteración de los disturbios y desmanes violentos en fechas emblemáticas, o bien, aislar a los pequeños grupos que participan en ellos como elementos no representativos de la población. El camino de progreso al que el país aspira así lo exige.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel