Seguridad y defensa

LA DANZA DE MILLONES DE PESOS QUE HA GASTADO CHILE EN LOS SUCESIVOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN DESDE 2019

 

LA DANZA DE MILLONES DE PESOS QUE HA GASTADO CHILE EN LOS SUCESIVOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN DESDE 2019

Andrés Cárdenas Periodista

El Mostrador, 27/05/2023

Desde 2019 en adelante, las Fuerzas Armadas chilenas han estado entrando y saliendo desde sus cuarteles para encargarse de tareas de seguridad pública debido a los estados de excepción constitucional que, como nunca antes en democracia, se han decretado de manera sucesiva en los últimos cuatro años. Solo en el gobierno del Presidente Boric, el Estado de Excepción ha sido renovado 24 veces, y en el gobierno de Piñera se produjo uno de los más largos de la historia mundial.

Según informó a la subcomisión mixta de presupuestos del Congreso el jefe de la División de Presupuestos del Ministerio de Defensa, Carlos Chong, hasta agosto de 2022, solo la FACh requirió al menos $120 millones para su despliegue; el Ejército, $150 millones; y la Armada, entre 40 a $50 millones, siendo traslado de contingente y alimentación su principal destino.

En total, hasta el octavo mes del año pasado, se requirieron $320 millones cada 15 días ($21 millones diarios), período por el que se piden los decretos de Estado de Excepción. La actualización de la cifra podría ser revelada durante la próxima Cuenta Pública o en la discusión del presupuesto 2024.

El gobierno del Presidente Boric ha mantenido la restricción constitucional desde el 16 de mayo de 2022, habiendo sido prorrogado con amplio respaldo del Congreso 24 veces.

Por lo tanto, bajo la referida ecuación, se habrían desembolsado $7.680 millones durante el año que lleva corriendo el decreto.

No obstante, desde el Ministerio de Defensa señalan a El Mostrador que estos son reservados “recursos especiales” y se deben considerar variaciones, como el costo de instalación que ocurre una vez y el mantenimiento de las tropas, lo que podría hacer que la cifra varíe.

El decreto actual, que ya ha cumplido un año, expiró el 26 de mayo y la reciente extensión aprobada comenzó a regir después de esa fecha durante 15 días, hasta que se discuta una nueva prórroga.

Sin embargo, es importante destacar que la aplicación del Estado de Excepción no es exclusiva del gobierno actual, sino que se origina en el fracaso del diálogo en todos los gobiernos anteriores.

Chile, en Estado de Excepción “intermitente” desde 2019. Desde el inicio de la pandemia, todo Chile estuvo bajo Estado de Excepción Constitucional de Emergencia (EECE) durante un año y medio, siendo uno de los más prolongados a nivel mundial.

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar el primero de todos, convocado por el presidente Sebastián Piñera debido a la incapacidad de restaurar el orden público durante el estallido social en 2019.

En octubre de aquel año, la aplicación del decreto causó un gran impacto tanto dentro como fuera de La Moneda. Fue la primera vez que se implementaba desde el retorno a la democracia, excluyendo el Estado de Catástrofe por el terremoto en 2010.

La decisión dejó a varios en la sede del gobierno al borde del colapso. La medida se extendió por nueve días y se declaró en diferentes zonas del país desde el 19 de octubre de 2019 hasta el 28 de octubre del mismo año.

Durante ese período, siguiendo el cálculo previo, se estima que se utilizaron alrededor de $190 millones solo en el despliegue militar.

Es importante mencionar que parte del territorio estuvo bajo esta condición durante menos días, ya que su Estado de Excepción comenzó más tarde.

El gobierno de Piñera levantó el Estado de Excepción y los militares se retiraron, pero cuatro meses después llegó la pandemia de Covid-19 y el decreto se mantuvo en vigor durante 469 días.

Actualmente, no hay un balance concreto sobre el despliegue, pero siguiendo la lógica anterior, se estima que se habrían gastado casi 10 mil millones de pesos ($9.849 millones considerando los $21 millones diarios).

Sin embargo, la historia reciente del decreto no concluye con el fin del uso de mascarillas y la llegada de la vacuna. Después del estallido social y la pandemia, el 12 de octubre de 2021, debido a “reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico”, según informó Presidencia, el entonces presidente Piñera y su ministro del Interior, Rodrigo Delgado, decretaron un Estado de Excepción en el sur por 15 días, lo que implicó un costo adicional de aproximadamente $320 millones.

Desde entonces, la medida se prorrogo en nueve ocasiones, sumando un total de $3.200 millones, según el mismo cálculo.

La última renovación del Estado de Excepción en el sur bajo el gobierno anterior se realizó el 11 de marzo de 2022, justo para el cambio de mando donde asumió el Presidente Gabriel Boric.

Y aunque ese día terminaban los últimos 15 días de la extensión, ya se había enviado y aprobado con 73 votos a favor la nueva solicitud en la Cámara de Diputados. El Presidente Boric optó por mantener esta medida hasta que se cumpliera el plazo, el que terminó el 26 de marzo, marcando el fin de los decretos de Piñera y dejando la zona sin presencia militar por más de 50 días.

Sin embargo, la fallida visita de la entonces ministra del Interior Izkia Siches, marcaría el retorno del Estado de Excepción a la “macrozona”.

La medida no sería decretada nuevamente hasta el 16 de mayo de 2022, fecha en que comienzan los decretos de Boric en la zona de influencia mapuche, los que se han mantenido hasta el día de hoy tras 24 prorrogas aprobadas por el Congreso.

El cálculo hecho en esta nota es una aproximación y está puesto sobre la mesa sin contar el despliegue militar en la frontera norte del país.

Si se consideran los Estados de Excepción desde el estallido social, pasando por la pandemia, hasta el día de hoy, con los números expuestos por la división de presupuestos de la cartera de Defensa, el cómputo total bordearía los $20.919 millones.

Durante la pandemia y el estallido social, se aplicaron varios decretos de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia (EECE). El primero, convocado por el presidente Sebastián Piñera en 2019, duró nueve días y generó un gran impacto. Luego, debido a la pandemia de Covid-19, se mantuvo otro durante 469 días. Posteriormente, se decretó nuevamente en el sur del país debido a la violencia relacionada con “actos de carácter terrorista”. En total, sin contar el despliegue militar en el norte, los cálculos estiman que se han utilizado de alrededor de $20.919 millones para efectos de orden público y resguardo de carreteras. Los decretos continúan vigentes hasta la fecha.

Los $21 millones diarios. Richard Kouyoumdjian, vicepresidente del directorio AthenaLab y director de la Liga Marítima de Chile, afirma que mientras el Estado de Chile no reconozca la existencia de una situación de insurgencia, el problema seguirá escalando.

A su juicio, los “remedios” utilizados hasta ahora, como el Estado de Excepción, son paliativos y no solucionan la trama de fondo. Según el exoficial naval, se baja la fiebre pero no se corrige la enfermedad subyacente.

En cambio, propone utilizar “antibióticos” que, aunque puedan tener efectos colaterales, abordan el desafío principal. Eso sí, sostiene que el Estado de Sitio no es la solución.

El experto critica la forma en que se ha abordado el problema, declarándolo como un asunto policial y presentando querellas ante hechos criminales, los que quedan sometidos al Ministerio Público y las policías.

Considera que ampliar las facultades del Estado de Excepción, como lo ha adelantado el Gobierno, no será muy productivo, ya que la instrucción no será neutralizar y eliminar a los que considere movimientos insurgentes.

Kouyoumdjian destaca que los movimientos mapuche en la zona sur no están coordinados entre sí y que no existe una jefatura única, lo que mantiene la situación en ascuas. Además, menciona que los militares están desplegados en varias zonas, pero no tienen la libertad estratégica para actuar eficazmente.

En su opinión, la presencia militar “de punto fijo” ha tenido un impacto “limitado” en la disminución de la violencia.

Su conclusión es categórica: mientras no se reconozca oficialmente la existencia de movimientos insurgentes y se tomen medidas adecuadas, como utilizar a los militares de manera estratégica, el problema persistirá y las soluciones propuestas no serán efectivas.

La diputada Ericka Ñanco (RD) enfatiza que la situación en La Araucanía no es exclusiva del gobierno actual, sino que es un problema de seguridad arrastrado durante mucho tiempo que no se ha abordado adecuadamente en gobiernos anteriores, donde hubo falta de recursos y protección para Carabineros.

Y, aunque reconoce que el gobierno actual ha asignado más recursos a las policías, destaca la necesidad de abordar problemas estructurales, como la falta de presencia del Estado en las comunas más empobrecidas de Chile.

La única parlamentaria del oficialismo en la región sostiene que la discusión sobre la seguridad está ocultando las deficiencias reales en La Araucanía, como la falta de infraestructura básica en postas y escuelas rurales. Resalta que el problema va más allá de la seguridad y requiere una atención integral del Estado para abordar las necesidades más inmediatas de la ciudadanía.

Para la diputada Ñanco, la falta de presencia institucional en la región genera conflictos que invisibilizan el problema de fondo. Afirma que hay una estigmatización de la zona, en comparación con otros lugares donde también ocurren problemas similares.

A su juicio, lo importante son las políticas de Estado que deben trascender a los gobiernos de turno. La legisladora frenteamplista coincide con que el enfoque militarizado de la policía no resuelve el conflicto, como se evidenció en el caso Catrillanca, y que solo genera más violencia y desigualdad.

Además, opina que las Fuerzas Armadas no deberían involucrarse en un conflicto que no les corresponde y que el problema en la región se origina en demandas históricas de restitución territorial y reconocimiento de derechos hacia el pueblo mapuche. Finalmente, reconoce que el gobierno actual ha logrado una mayor presencia estatal en La Araucanía en poco tiempo, pero se enfatiza que los cambios requerirán un enfoque a largo plazo.

El director del magister de Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, Eric Latorre, sostiene que el Estado debe ser capaz de implementar medidas estratégicas a largo plazo para abordar la situación, pero recurriendo a Estados de Excepción en el corto plazo.

Sin embargo, destaca que suspender los derechos fundamentales implica que las Fuerzas Armadas realicen tareas policiales, lo cual es delicado según la doctrina jurídica. Argumenta que el plazo de 15 días para prorrogar el Estado de Excepción es muy limitado precisamente porque se entiende que su prolongación debe ser discutida detalladamente en cada caso debido a la delicadeza de la situación. Además, considera que el uso de las Fuerzas Armadas como fuerza policial también es complicado y puede dar lugar a casos de violaciones a los Derechos Humanos, ya que no están entrenadas para dicha labor.

El profesor Latorre, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, propone la implementación de un plan integral de inteligencia que incluya políticas públicas e incluso la intervención del Servicio de Impuestos Internos para rastrear el flujo de dinero y desarticular grupos involucrados en actos terroristas o el robo de madera que no tiene nada que ver con la causa mapuche, ya que considera que el crimen organizado “se adapta” y es muy oportunista.

Además, sostiene que si no se abordan simultáneamente estos tres aspectos (indígena, terrorismo y crimen organizado), uno de ellos se desbordará, y en ese sentido, el Estado de Excepción no es efectivo, y mucho menos el Estado de Sitio.

Estado de Excepción a escala latinoamericana. Honduras y Ecuador se suman a El Salvador en la implementación del Estado de Excepción como medida para combatir problemas como pandillas, narcotráfico y crisis política.

Honduras ha estado bajo un Estado de Excepción “parcial” desde diciembre del año pasado, mientras que Ecuador ha aplicado la medida en tres provincias afectadas por el narcotráfico.

Por su parte, El Salvador vive en Estado de Excepción desde hace más de un año debido a la violencia de las maras salvatruchas. Y aunque el presidente Nayib Bukele cuenta con un alto nivel de aprobación, expertos de la ONU han expresado preocupación por la prolongación de esta medida en el país centroamericano.

Chile no es ajeno a esta poco excepcional realidad, aunque siguen ocurriendo hechos delictivos a pesar de la presencia militar. Por ejemplo, el 10 de abril en Collipulli, desconocidos incendiaron un vehículo en la línea férrea dejando una pancarta pidiendo el traslado de un imputado mapuche a la cárcel de Angol y amenazando a los gendarmes del mismo penal. Posteriormente un tren que se encontraba detenido producto del suceso, fue atacado mediante disparos.

Por otro lado, el 9 de mayo en Victoria, 3 camiones fueron baleados en la Ruta 5, resultando un conductor herido con un impacto en el glúteo y encontrándose además una camioneta municipal incendiada en las inmediaciones, en la cual se habrían movilizado los victimarios.

Según la última solicitud de prórroga emitida desde la Presidencia, se ha observado una disminución considerable de la violencia en la zona gracias a la colaboración entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales.

Durante la primera semana de mayo, se reportó un 35% menos de eventos violentos en las provincias bajo el Estado de Excepción, con una disminución significativa en los ataques incendiarios y los daños a la propiedad. A pesar de estas cifras, la oposición ha pedido la declaración de Estado de Sitio, propuesta que ha sido descartada por el Ejecutivo, aunque se está considerando revisar el decreto de Estado de Excepción “acotado” y modificar la Ley Antiterrorista.

El Estado de Excepción es una herramienta constitucional que permite la limitación de derechos y libertades en situaciones de alteración del orden público o amenaza a la seguridad nacional.

Regulado por la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, promulgada en 1985 durante la dictadura de Augusto Pinochet y modificada posteriormente en 1990, este mecanismo otorga la capacidad de restringir garantías constitucionales en casos excepcionales.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Seguridad y defensa

EL PRIMER MILITAR CONDENADO POR EL ESTALLIDO QUE PODRÍA ACOGERSE A LA LEY NAÍN-RETAMAL

 

EL PRIMER MILITAR CONDENADO POR EL ESTALLIDO QUE PODRÍA ACOGERSE A LA LEY NAÍN-RETAMAL

Unidad de Investigación El Líbero,13/05/2023

En un emblemático caso judicial se podría convertir el del cabo primero del Ejército, Pedro Lavín Villalobos, quien es acusado por la fiscal Ximena Chong.

Ello, porque podría ser el primer militar en pedir a la justicia acogerse a la ley Naín-Retamal, que presume legítima defensa para aquellos uniformados que deban hacer uso de sus armas para repeler o impedir una agresión contra sí mismo o contra terceros.

También contempla atenuantes de responsabilidad para los casos en que no se den de manera completa las razones que justifiquen el uso racional de la fuerza.

De hecho, ya cinco carabineros fueron recientemente absueltos por el Tribunal Oral en lo Penal de Talagante al alero de dicha ley. Ellos arriesgaban 18 años de cárcel por disparar a una persona que previamente había tratado de atropellar a los uniformados.

Un nuevo fallo del Tribunal Oral en Lo Penal de Viña del Mar del pasado 8 de mayo aplicó retroactivamente la ley Naín-Retamal.

Ello, pues al haberse derogado la agravante de “estar bajo custodia”, elemento de la esencia del delito de apremios ilegítimos, el tribunal desechó su aplicación a hechos ocurridos cuando la agravante si regía, explica a este diario el abogado del caso, Juan Carlos Manríquez.

El cabo Lavín fue condenado en diciembre pasado a siete años por el Tribunal Oral en Lo Penal de Colina, por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.

El militar le disparó a la pierna a un manifestante durante el estallido, en momentos que intentaba atacar con una piedra a carabineros que se retiraban en su furgón policial. Ello, al verse sobrepasados por el lanzamiento de objetos contundentes por parte de una muchedumbre.

En enero, la defensa de Pedro Lavín interpuso un recurso de nulidad de la sentencia ante la Corte Suprema alegando diversas causales. El fallo será muy relevante para el resto de los juicios contra uniformados en curso, y también para aquellos que soliciten acogerse a la ley Naín-Retamal.

De hecho, actualmente hay 130 carabineros formalizados, y que podrían verse beneficiados con dicha legislación, según el análisis del abogado penalista Jorge Martínez.

Según su relato en el juicio, los hechos se sucedieron en medio de violentas protestas en la Plaza de Armas de Colina. Allí se congregaron medio millar de personas, que atacaron con diversos elementos tanto a carabineros como a miembros del Ejército.

Lavín estaba desplegado en el lugar junto a otros militares, al alero del estado de excepción constitucional de emergencia, para defender la Gobernación y resguardar el orden público.

El cabo primero Pedro Lavín disparó a la pierna de un manifestante que iba a lanzar un objeto contundente en contra de carabineros. La fiscal Ximena Chong pidió 12 años de cárcel, pero fue condenado a siete años por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. La defensa pidió la nulidad del juicio ante la Corte Suprema. De acogerse a la nueva legislación de legítima defensa privilegiada, podría tener importantes beneficios.

En momentos en que un piquete de carabineros se vio superado por el ataque de cerca de 50 manifestantes y se subían a su retén móvil para escapar de las agresiones, sucedieron los hechos.

“Se creó un efecto embudo por los carabineros que estaban intentando subir al vehículo policial por la parte posterior del mismo, puesto que el enorme grupo de personas le estaban dando alcance. Uno de ellos llegó a estar a pocos metros de distancia detrás de un carabinero con la mano alzada con la intención de golpearlo. No pude identificar muy bien qué llevaba, por lo que en una fracción de segundo resolví hacer uso de mi arma de servicio”, relató en su momento el militar.

Pedro Lavín aseguró en el juicio que trató de dar cumplimiento a las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF). Ésta establece disparar a un blanco determinado, realizar la menor cantidad de disparos -solo uno en su caso-, y evitar daños colaterales.

También le prestó, junto a otros miembros del Ejército, auxilio a la víctima Carlos Astudillo Ulloa, según establece el protocolo. Astudillo es cientista político y se convertiría dos años después en asesor legislativo de la senadora Fabiola Campillay.

Lavín tiene una impecable hoja de vida en sus casi 20 años como militar, y ha recibido las máximas calificaciones, incluso con distinción. Actualmente está con arresto domiciliario a la espera de lo que dictaminen los tribunales.

El beneficio que podría darle la ley Naín-Retamal al militar Lavín. En caso de que la justicia acoja aplicar retroactivamente dicha legislación, el militar podría ver rebajada considerablemente su pena, según abogados consultados.

El artículo 18 del Código Penal establece que si se promulga una ley que beneficie al condenado, el tribunal debe modificar la pena. Ello, en el entendido que reconozca que fue un acto de legítima defensa de terceros ante una agresión ilegítima. O dictamine que fue una legítima defensa incompleta, en caso de considerarse que faltara algunos de los elementos constitutivos.

En aquellos circunstancias en las que pueda alegarse como causal de justificación la ley Naín-Retamal “se puede dejar sin efecto la pena o rebajarla en uno, dos o tres grados como atenuante calificada”, dice el abogado Martínez.

Si le rebajan un grado la pena quedaría en cinco años y un día. Si le bajan dos grados quedaría con presidio entre tres años y un día y cinco años.

En ese escenario puede solicitar la libertad vigilada intensiva. Es decir, no iría a la cárcel.

Inicialmente el cabo Lavín fue formalizado por el delito de lesiones graves y la investigación era llevada por la fiscal Marcela Adasme. En ese tiempo, el efectivo cumplía con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y firma mensual.

Pero a mediados de 2021 el caso lo tomó la fiscal Ximena Chong. En octubre del 2021, Chong lo reformalizó por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas y pidió 12 años de cárcel. Ello lo culpó de haber actuado con alevosía y con la clara intención de causar daño a la víctima.

Lo que fue desmentido tajantemente por el inculpado, alegando que había actuado en defensa del carabinero, y que tuvo solo unos segundos para actuar.

La acusación contra el efectivo se enmarca también dentro de las 2.400 querellas interpuestas por el INDH por apremios ilegítimos contra Carabineros y militares, del total de cerca de 3.000 querellas presentadas.

Alejandra Cruzat, la presidenta de la ONG Nos Importan, que apoya a carabineros y miembros de las FF.AA. por el estallido, asegura que “el cabo Lavín es víctima de una inexplicable persecución judicial contra uniformados que se vieron en la necesidad de hacer uso de la fuerza. Ello, en medio del llamado que les hizo el propio Estado a restablecer el orden público”.

Cruzat cuestiona que se le haya acusado y condenado por el delito de apremios ilegítimos. Siendo que, para ello, “Lavín tendría que haber tenido la intención explícita de causar dolor, humillar, menospreciar, cosificar a la víctima, que ni siquiera estaba bajo su custodia”.

Asimismo, agregó que “tanto en este caso como en otros tantos, se minimizaron las agresiones contra uniformados y se descontextualizaron los hechos”.

Ella recuerda que ese incidente ocurrió el 20 octubre, en un contexto de extrema violencia y ante la presencia de una agresión ilegítima por parte de la víctima.

“Sorprende que se siga restando importancia al lanzamiento de elementos contra carabineros, siendo que el sargento Carlos Retamal, el mismo que dio origen al nombre de la nueva ley, murió producto del lanzamiento de un fierro contra su persona”, afirma Cruzat.

La presidenta de la ONG considera que se tiende a juzgar a los carabineros y militares en frío, ex post, “pero ellos estaban sometidos a muchísima presión, en la mayoría de los casos no contaban con la visibilidad completa y debían tomar decisiones en cuestión de segundos”.

A su juicio, eso fue lo que ocurrió con Pedro Lavín, quien “pudo haber cometido un error en la interpretación de lo que estaba ocurriendo, incluso en la gradualidad de la fuerza que ocupó, pero eso no lo hace culpable del delito de apremios ni menos merecedor de una pena de siete años de cárcel”.

Alejandra Cruzat agrega que este tema es “muy relevante ahora que tenemos miembros de las FF.AA. desplegados en varias zonas de nuestro territorio. Se debe ponderar el hecho de que los militares y marinos no cuentan con la formación, las armas, el equipamiento ni el entrenamiento para contener manifestaciones violentas. Ellos están entrenados para la guerra y ocupan las herramientas que tienen para hacerlo. De modo que es desde esa mirada, y no otra, en que deben ser juzgadas sus acciones también”.

La presidenta de Nos Importan agrega que “es groseramente notoria la desproporción entre las no condenas de aquellos delincuentes que lanzan bombas molotov contra uniformados, o que disparan impunemente contra civiles, a las duras condenas que se les ha dado a algunos carabineros y miembros de las FF. AA”.

Para ella, “la señal que se ha dado es equívoca y es, sin lugar a dudas, una de las principales causas del descontrol de la violencia, la delincuencia y el terrorismo en nuestro país. Esperemos que la Ley Naín-Retamal pueda contribuir el cambio de rumbo que Chile necesita en ese sentido”.

 

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Seguridad y defensa

UN REGIMIENTO COMO SITIO DE MEMORIA: LA DECISIÓN DEL CONSEJO DE MONUMENTOS QUE MOLESTÓ AL EJÉRCITO EN EL MARCO DE LOS GESTOS POR LOS 50 AÑOS DEL GOLPE

   

UN REGIMIENTO COMO SITIO DE MEMORIA: LA DECISIÓN DEL CONSEJO DE MONUMENTOS QUE MOLESTÓ AL EJÉRCITO EN EL MARCO DE LOS GESTOS POR LOS 50 AÑOS DEL GOLPE

Víctor Rivera

La Tercera, 23/05/2023


El 17 de mayo la instancia aprobó declarar siete lugares que fueron utilizados como centros de torturas para pasar a ser espacios de memoria. Entre estos se encuentra el Regimiento de Copiapó, lo que generó reparos de parte de la institución uniformada. Y es que según transmitieron -entre otras cosas- el lugar está “destinado a la institución para el cumplimiento de sus fines militares y el desarrollo de las funciones propias del Ejército, los cuales se ven intervenidos con la decisión de declararlo sitio de memoria”.

Hasta ahora, el Ejército se había mantenido al margen de toda polémica que tuviera que ver con la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

Si bien al interior de la institución se reconoce que es una fecha sensible por el rol de las FF. AA. durante el régimen militar, hay altas cúpulas que habían transmitido que se les está dando un rol de “actor político” y ellos quieren mantenerse alejado de cualquier manifestación sobre el tema.

Pero esa tensión y quietud de las aguas terminó la semana pasada cuando el propio comandante en jefe, general Javier Iturriaga, realizó una presentación verbal y por escrito a la ministra de Defensa, Maya Fernández, por una situación que molestó al interior de la entidad castrense.

El hito que alteró los ánimos fue la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales adoptada el martes 17 de mayo. En esa sesión se aprobaron una serie de solicitudes levantadas por organizaciones de la sociedad civil para declarar como Monumento Histórico siete lugares utilizados como centro de tortura durante la dictadura, entre ellos, la ex Cárcel de Arica, el Memorial Puente El Ala en Ñuble y el Regimiento N° 23 de Copiapó.

Fue la reconversión de este último recinto lo que generó cierta incomodidad que el Ejército decidió manifestar.

La primera razón, dicen en la institución marcial, tiene que ver con “la forma” en que se enteraron de esta resolución.

El Ejército se “desayunó” con esta iniciativa un día después, el 18 de mayo a través de una publicación del diario La Tercera, donde se daba cuenta de esta decisión.

Es más, en la institución castrense afirman que ese día no se citó al representante del Ministerio de Defensa Nacional, debiendo hacerse por ley.

Según transmitieron al gobierno, no se respetó el principio de coordinación y unidad de las actuaciones de la administración del Estado, debiendo haber intervenido la cartera que dirige la ministra Maya Fernández.

En el Ejército aseguran que “esta manera de actuar ocasiona interferencias graves entre los ministerios de las Culturas y Defensa”, pues se vulnera -a juicio de ellos- la norma que regula la administración del Estado y otras 10 disposiciones que ya se comunicaron al gobierno para que se expongan ante el Consejo de Monumentos Nacionales.

¿Por qué la oposición? Para la entidad de las Fuerzas Armadas, el Regimiento Copiapó se emplaza en un inmueble fiscal destinado a la institución para el cumplimiento de sus fines militares y el desarrollo de las funciones propias del Ejército, los cuales se ven intervenidos con la decisión de declararlo sitio de memoria, pues creen que el que se cambie su condición, y se abra para la visita de público, restringirá sus entrenamientos normales.

Además, agregan, parte del inmueble no prestaría la utilidad para la cual fue destinado, generándose la posibilidad que el Ministerio de Bienes Nacionales pueda solicitar su restitución.

Ello haría incumplir al Ejército con los dictámenes de la Contraloría General de la República de 2016.

En esa misma línea, advierten que existiría una “vulneración” desde el punto de vista de la Seguridad Militar, dado que permitiría el ingreso de “agentes encubiertos” y el reclutamiento de personas para ello.

En este sentido, alertan al interior de la institución, sobre la posibilidad cierta que se puedan espiar o fotografiar toda actividad militar que allí desarrollan.

El tema de las “señales” que organismos de la sociedad civil, y también el gobierno, han pedido al Ejército es algo que los mantiene en un terreno complejo, pues en el mundo militar aseguran que la institución ha realizado actuaciones tendientes a demostrar su compromiso para contribuir a materias de derechos humanos.

Ahí recuerdan el “nunca más” del excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre y también su participación en las mesas de diálogo, junto a la Comisión Valech.

En el Ejército señalan que la decisión del Consejo de Monumentos no dejó indiferente al comandante en jefe del Ejército.

Es por eso que el general Iturriaga decidió manifestar su preocupación, con un dejo de molestia por esta decisión y lo hizo a través del canal institucional que corresponde: el Ministerio de Defensa.

Al interior de las Fuerzas Armadas subrayan que esta sería su primera intervención para de cierta forma frenar las solicitudes de “gestos” que la autoridad civil les está pidiendo de cara a la conmemoración de los 50 años del golpe.

La carta de Iturriaga ya fue enviada y ahora esperan en el Ejército, la respuesta de la ministra Fernández, donde esperan una señal del Ejecutivo, pero esta vez en favor de la institución.

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Seguridad y defensa

INDAGADOS POR HOMICIDIO, INCENDIO Y AGRESIONES A CARABINEROS: QUIÉNES SON LOS COMUNEROS QUE ENFRENTAN CARGOS POR SECUESTRO DE GENDARMES EN ANGOL

 

INDAGADOS POR HOMICIDIO, INCENDIO Y AGRESIONES A CARABINEROS: QUIÉNES SON LOS COMUNEROS QUE ENFRENTAN CARGOS POR SECUESTRO DE GENDARMES EN ANGOL

Catalina Batarce

La Tercera PM, 19/05/2023

A la espera de diligencias clave por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra el equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía que lleva la indagación por el secuestro de tres funcionarios penitenciarios de la cárcel de Angol, ocurrido el domingo 7 de mayo.

Esto, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público, dado que con dichos insumos los persecutores pedirán audiencia para formalizar a los involucrados: 17 comuneros mapuche que estaban, en esa fecha, habitando el módulo F y que incluso han iniciado huelga de hambre para oponerse a sanciones.

Como dan cuenta datos de la causa, enfrentarían cargos por los delitos de secuestro, maltrato de obra, lesiones, amenazas y atentado contra la autoridad, que son los ilícitos que, hasta ahora, han pedido indagar los querellantes.

“La Fiscalía de Alta Complejidad está a la espera de los resultados de las diligencias encomendadas a la PDI, las cuales dicen relación con el análisis de las grabaciones de los hechos, además de toma de declaraciones a víctimas y testigos, entre otras pericias. De esta forma, se busca determinar la dinámica de los hechos, la calificación jurídica que corresponda y la participación que cabe a cada uno de los imputados”, comentó a La Tercera Nelly Marabolí, vocera de la Fiscalía Regional de La Araucanía.

Y agregó que cuando se cuente con los referidos informes policiales “se tomará decisiones respecto de la causa y se pedirá, eventualmente, audiencia de formalización de la investigación y también las medidas cautelares que corresponda”. Como los involucrados están actualmente privados de libertad, la vocera explicó que igualmente se podría solicitar que quedasen sujetos a prisión preventiva; esto, ante la posibilidad de que pudiesen quedar libres en otra indagación.

En concreto, se analiza la participación en los hechos de: Fabián Llanca Nahuelpi, Juan Queipul Millanao, Hanthu Llanca Quidel, Máximo Queipul Huenchullan, Joaquín Millanao Queipul y de Freddy Marileo Marileo, quienes fueron identificados como “cabecillas del motín” y que, por lo mismo, fueron trasladados a distintos penales de la zona centro sur del país.

Además, se evalúa el rol que tuvieron los otros 11 internos del citado módulo: Juan Ignacio Cortés Penchulef, Ismael Fritz Ñancul, Simón Huenchullán Millanao, Joaquín Huenchullan Queipul, Sergio Huentecol Melinao, Alejandro Liguen Venegas, Boris Llanca Nahuelpi, Pedro Palacios Cañuta, Jorge Palacios Cañuta, Anthoni Torres Toro y Miguel Torres Toro.

Consultado respecto del curso de la indagación, el abogado que representa a dos de los gendarmes secuestrados, Óscar Ulloa, de Ulloa Oviedo Abogado y Asociados, manifestó a este medio que espera que las diligencias sean agilizadas por parte de los investigaciones y que “ojalá los responsables sean sentenciados a las penas más altas y se apliquen condenas efectivas”.

“Es hora de dar una señal respecto de lo que está ocurriendo en La Araucanía y específicamente en Angol, porque estos internos no pueden hacer lo que quieran, no están sobre la ley. Los gravísimos hechos que se han suscitado en la zona las últimas semanas pueden tener vinculación con lo ocurrido en el penal, pero que en esta ocasión hayan existido consecuencias para los internos mapuche que infringieron la norma, era lo que debía hacerse. Gendarmería hace ya bastante tiempo no aplicaba traslados para mapuche, con estos señores no se estaba haciendo nada”, manifestó.

A su juicio, aquello deriva directamente de asuntos políticos y de una “laxa” interpretación del Convenio 169 de la OIT. “Es cierto que hay ciertos criterios especiales a tener en cuenta con esta parte de la población penal, pero eso no puede implicar que estén por sobre la ley. Y esto viene desde hace varios gobiernos y administraciones de Gendarmería”.

“Aquí claramente los responsables directos del secuestro y lesiones de los funcionarios son los 17 comuneros, pero también hay responsabilidades políticas que se deben hacer valer”, sentenció, haciendo referente a que, por lo menos, deben hacerse sumarios efectivos que puedan dilucidar el rol que cumplieron las autoridades administrativas.

Los seis cabecillas. Seis internos, de acuerdo con el parte denuncia de los hechos elaborado el domingo 7 de mayo, fueron quienes inicialmente habrían incitado los movimientos y bloqueos al interior del módulo.

Se precisa, en ese sentido, que Llanca Quidel fue quien manifestó al jefe de Régimen interno (S) del penal, que no iban a dejar retirarse al personal que se encontraba en el módulo hasta que se apersonara el director regional de Gendarmería.

Él, se agrega en el escrito, fue quien ordenó “a los demás comuneros no dejar huir al personal y que continuaran bloqueando la totalidad de los accesos”.

Ahí, cuando el reloj marcaba las 9:40 de la mañana, continúa el relato, fue cuando Llanca Nahuelpi y Marileo Marileo entraron a escena. Ambos, junto a Llanca Quidel -siempre según se indica en el parte- insistieron en que “los tres funcionarios que se mantenían al interior de la dependencia iban a quedar retenidos”.

La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía está a la espera de pericias clave que le permitirán pedir audiencia de formalización contra los 17 internos que son indagados por el motín ocurrido el pasado 7 de mayo. Entre otras diligencias se revisan las grabaciones de esa jornada a fin de definir el grado de participación de los involucrados. A juicio del abogado que representa a dos de los gendarmes afectados, se requiere que los comuneros reciban máximas sanciones.

Ellos, se describe, fueron quienes ordenaron al resto de los comuneros actuar. Pidieron que con sus weños (implemento de madera para jugar palín) y elementos contundentes, “se mantuvieran de custodia del personal no permitiéndoles el libre desplazamiento por el patio de dicho modulo”, lo que derivó en la adopción de los procedimientos correspondientes y que a eso de las 10:00 horas, se diera cuenta al fiscal de turno.

  • Hanthu Llanca Quidel: Permanece en prisión preventiva y ha sido formalizado en reiteradas ocasiones por diferentes delitos. Entre ellos, por homicidio frustrado de carabineros, robo con violencia, porte de arma de fuego, tenencia de municiones, receptación de vehículo motorizado y receptación de especies. En 2020 fue sindicado como proveedor de marihuana, en medio de la investigación que incluyó un mega allanamiento en la comunidad de Temucuicui, en Ercilla. Anteriormente, había sido detenido por porte ilegal de armas, y en 2017 y 2019, fue arrestado por participar de una toma de terrenos en Pailahueque.
  • Fabián Llanca Nahuelpi: En febrero fue condenado a cuatro años de cárcel, en calidad de autor del delito consumado de receptación, ilícito perpetrado en mayo de 2020, en la comuna de Ercilla. En la misma instancia, fue condenado como autor del delito de conducción de vehículo motorizado con placas patentes falsificadas. Se le absolvió, eso sí, por los delitos de disparos injustificados y porte ilegal de armas de fuego.
  • Freddy Marileo Marileo: Condenado a 15 años de presidio por asesinar a dos comuneros mapuche que prestaban servicios para empresas forestales y por porte ilegal de arma. Es sindicado por investigadores policiales de la zona como un exintegrante del grupo Weichan Auka Mapu (WAM), el cual en medio de ataques que ha reivindicado ha dejado una serie de lienzos donde exigen su liberación.
  • Juan Queipul Millanao: Fue condenado en 2022 por el homicidio frustrado de un trabajador forestal al cual hirió al dispararle con un fusil de guerra en Ercilla, en junio de 2019. Cometió este ilícito, como expuso en su momento en el Ministerio Público, mientras cumplía una condena -en libertad vigilada- de tres años y un día por delito de incendio y otra de 541 días por el porte ilegal de armas.
  • Máximo Queipul Huenchullan: Es el hijo del lonko de Temucuicui Víctor Queipul, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos de receptación de vehículo motorizado, receptación de especies y por porte ilegal de armas de fuego y municiones. Anteriormente, cuando sólo tenía 17 años, fue formalizado por delito de incendio.
  • Joaquín Millanao Queipul: Fue formalizado por robo con intimidación y homicidio frustrado de carabineros en servicio. Esto, luego de que intentara concretar, junto a otros dos sujetos, el asalto a tres locales comerciales, entre ellos un local de venta de semillas de marihuana.

Otros 11 investigados. Como dan cuenta elementos de la causa, la totalidad de los internos del módulo estuvieron involucrados. Y aunque sólo los seis antes mencionados fueron trasladados a otras regiones, los otros 11 también son indagados y han sido objeto de sanciones internas en el penal, como la prohibición de recibir visitas.

Dado lo anterior, de hecho, el pasado martes 9 de mayo los internos comunicaron a la unidad que decidieron iniciar una huelga de hambre líquida y varios se han negado a recibir atención médica.

  • Juan Ignacio Cortés Penchulef: Condenado como autor del delito consumado de robo con violencia, en la comuna de Galvarino.
  • Ismael Fritz Ñancul: Es apodado “El Comandante”. En agosto de 2022 fue formalizado por delitos de secuestro, incendio, robo con violencia, disparos injustificados y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones
  • Simón Huenchullán Millanao: Condenado por delitos de robo, incendio y receptación cometidos en 2020.
  • Joaquín Huenchullan Queipul: En marzo quedó en prisión preventiva porque habría intentado atropellar a carabineros durante un ataque contra un cuartel en Ercilla.
  • Sergio Huentecol Melinao: Es investigado por un ataque incendiario a un camión en la Ruta 5 Sur y por amenazas contra un empresario forestal y sus trabajadores.
  • Alejandro Liguen Venegas: Apodado como “El Chino”, fue detenido por su presunta participación en el homicidio del inspector de la PDI Luis Morales Balcázar.
  • Boris Llanca Nahuelpi: Fue condenado a tres años y un día como autor del delito de tenencia ilegal de armas de fuego en grado de consumado. Tiene antecedentes, además, por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños, lanzamiento de artefacto incendiario y por maltrato de obra a Carabineros.
  • Pedro Palacios Cañuta y Jorge Palacios Cañuta: Ambos fueron condenados a más de ocho años de cárcel por los delitos de robo con violencia e incendio perpetrado el 21 de mayo de 2020, en un camino rural de Victoria. Como se acreditó, en esa oportunidad rompieron con piedras el parabrisas del vehículo y el vidrio del copiloto, hiriendo a uno de los trabajadores que se movilizaba en el móvil embestido. Los obligaron a descender mediante amenazas, sustrajeron del pick up dos tinajas de pintura y dos trajes desechables, provocaron un incendio al interior de la cabina que destruyó la estructura en su totalidad.
  • Anthoni Torres Toro y Miguel Torres Toro: Encausados por incendio con daños, robo con intimidación y microtráfico.

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Seguridad y defensa

DRONES, UN ALIADO BÉLICO INESPERADO

 

DRONES, UN ALIADO BÉLICO INESPERADO

Julián Estévez Sanz, Profesor e investigador en Robótica e Inteligencia Artificial, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

The Conversation, 16/05/2023

 

“¿Tienes algún dron? ¡Dáselo a un piloto experimentado! ¿Sabes pilotarlo tú mismo? Entonces, ¡únete a la patrulla conjunta con unidades de la 112ª Brigada de Defensa de Kiev! ¡Kiev es nuestra casa y defenderla es una tarea conjunta!”.

Con estas palabras, el 24 de febrero de 2022, el ministro de Defensa ucraniano llamó a las armas a la población mediante un singular mensaje de Facebook.

Su llamamiento no cayó en saco roto. Desde ese mismo día, a Ucrania comenzaron a llegar miles drones desde multitud de puntos geográficos, tanto de dentro como de fuera de sus fronteras. Donaciones de empresas, de aficionados, de simpatizantes a la cusa… la diferencia era que estos aparatos no constituían per se un arma militar.

Eran drones de aficionado, adquiribles por cualquiera con un clic.

Parafraseando a Delibes en su obra El camino: “Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera, y sin embargo, sucedieron así”. Y las cosas no estarían en el punto de la guerra en el que estamos ahora sin el impacto de estos drones.

Tecnología low-cost al servicio de la guerra. No debería sorprendernos la petición de armamento del gobierno ucraniano. A fin de cuentas, aunque el conflicto entre Ucrania y Rusia lleve acaparando titulares más de un año, la guerra se inició mucho antes, en 2014.

Ya en aquellos primeros meses comenzaron a aparecer estas pequeñas máquinas voladoras. En ausencia de una industria de defensa potente, el país de Zelenski pronto vio que su mayor baza era el aprovechamiento de sus pocos recursos económicos, y sobre todo, el de sus mentes.

Aquella frase del ministro ucraniano Oleksii Réznikov sirvió para que grupos de voluntarios, entre los cuales figuraban ingenieros, soldadores, economistas, torneros y cualquier persona capaz de arrimar un hombro, se organizaran para el despliegue de estructuras de ciberdefensa y el montaje de drones.

Y estos drones, también llamados UAVs, eran construidos, manipulados y arreglados por estos mismos voluntarios. Entre esos grupos de voluntarios, destacan organizaciones como Aerorozvidka, Army SOS y Zgraya.

A falta de que en 2014 Ucrania tuviera un UAV bélico moderno, lo más fácil era emplear y adaptar drones económicos de aficionado. Tecnología low-cost al servicio de la guerra.

Probablemente, nadie se esperase un escenario como el que se ha vivido en los primeros meses del conflicto y el impacto que los drones han tenido sobre él. Las funciones principales que han desempeñado estos robots aéreos son las siguientes:

  • Exploración y reconocimiento del terreno.
  • Ayuda indispensable para la mayor eficacia de la artillería, ya que los drones adelantados y desde el cielo informaban a las tropas de tierra sobre cómo mejorar la puntería de los cañones y aumentar los daños.
  • Lanzamientos de pequeñas granadas y otros explosivos. A menudo, los UAVs son modificados y se les añaden pequeños accesorios realizados con impresoras 3D para lograr, por ejemplo, que la granada que portan caiga verticalmente.
  • Desgaste anímico de las tropas enemigas e imposibilidad de descanso. Con tantos UAVs en los cielos y su zumbido eléctrico característico, si estas máquinas sobrevuelan el campamento enemigo mientras los soldados descansan o duermen, provocan una alarma permanente y una crispación de nervios en las tropas, que lleva a una desmoralización e imposibilidad de descanso. Algunos drones pueden ser solo de observación y reconocimiento, pero otros drones pueden ser el último objeto que oigan.
  • Realización de campañas de marketing y vídeos en redes sociales.

No es de extrañar que el bando ruso optase por enfrentar fuego con fuego y que también comenzase a emplear UAVs entre sus armas.

Un prestigioso grupo de expertos británicos en defensa, RUSI (Royal United Services Institute), publicó en noviembre del pasado año un informe con las conclusiones preliminares del conflicto entre Rusia y Ucrania, abarcando los seis primeros meses de guerra. A lo largo de sus líneas llama la atención la gran presencia de estos UAVs no militares.

No son un arma infalible, se destruyeron el 90 % de ellos (de ambos ejércitos) y se calcula que cada multirrotor realiza una media de tres vuelos.

Un uso fugaz, un consumible, a fin de cuentas. Se han empleado miles y miles.

Algunos días, el ejército ucraniano ha perdido hasta 100 de estos aparatos y ojo que algunos de estos modelos, como el drone DJI Mavic, cuestan más de 1.000€.

Ya avanzó Napoleón que, para hacer una guerra, hacen falta tres cosas: dinero, dinero y dinero.

¿El ocaso de los tanques? De momento, no. Pero no pensemos que los drones anuncian el ocaso de los tanques, ni mucho menos. El ejército ruso también implementó su estrategia de diseño y construcción de drones.

Aunque los vídeos que nos han llegado sobre estos drones caídos o derribados han mostrado que la drónica rusa tenía bastantes carencias y “chapuzas” en su diseño. De hecho, han tenido que recurrir a tecnología de los Pasdarán iraníes, un grupo paramilitar que protege al régimen y su revolución y controlan la industria de drones en el país.

El conflicto no solo se ha nutrido de UAVs civiles, sino también de militares. La diferencia entre ambos es más que evidente, empezando por su coste y terminando por el resto de las capacidades técnicas, como autonomía, capacidad de carga o seguridad de comunicaciones.

La guerra no es una realidad estática. Las estrategias, las armas y los escenarios cambian continuamente.

Prueba, error, prueba, error. Por cada arma aérea que desarrollaba una nación, la otra diseñaba algún sistema defensivo. Entonces, la primera actualizaba el arma para eludir esa defensa. Y así, hasta que los dos bandos firmen la paz.

Sin embargo, entre los UAVs militares más mediáticos no han estado estas nuevas armas, sino los TB2 Bayraktar turcos, que ya cuentan con unos años de antigüedad y fueron adquiridos por el ejército ucraniano. Estas naves cosecharon tal éxito en los primeros meses de la guerra que hasta crearon una canción sobre ellas, que obviamente inmediatamente se viralizó. 

Inteligencia artificial: mucho ruido y pocas nueces. En 2021, cientos de titulares declararon que un dron había asesinado mediante inteligencia artificial, de manera totalmente autónoma, a una víctima por primera vez. La identificó, seleccionó y asesinó fuera de la cadena de mando. Es decir, sin ningún tipo de intervención humana.

Sin embargo, la aclaración inmediata de la empresa fabricante de estos UAVs, alegando que era imposible tal posibilidad, no llegó tan lejos mediáticamente. Según el experto español en tecnología militar, Juan Luis Chulilla, no es nada extraño que los ejércitos exageren y mientan sobre sus capacidades.

Y es que el uso militar de la inteligencia artificial (IA) en los robots tiene otros objetivos más prioritarios. Uno de ellos es dotar a las máquinas, tanto terrestres como aéreas, de la mayor navegación autónoma posible, algo a lo que también se aspira en la robótica civil: detección automática de obstáculos mediante visión artificial o consumo optimizado de la batería, decidiendo el robot por sí mismo según lo que ve, cuándo es momento de exprimir todo su potencial y cuándo no.

Lo más probable es que ninguno de los robots y drones empleados en el conflicto ucraniano haya estado equipado con inteligencia artificial. Además, el nivel de secretismo que existe en ambos bandos no permite realizar demasiadas afirmaciones contundentes.

Siendo la navegación autónoma un objetivo técnico muy complejo, una cosa es realizarlo en ciudades tranquilas y despejadas y otra rodeado de fuego enemigo.

La próxima utopía militar. Actualmente, en la Organización de las Naciones Unidas se está debatiendo la regulación sobre las armas autónomas.

Pero en el terreno legal, ¿qué es exactamente un arma autónoma? ¿Podríamos considerar a un misil antiaéreo de defensa un arma autónoma, que se dispara y dirige hacia el blanco que ha decidido por sí mismo? Este tipo de armas son conocidas como Sense and React to Military Objects (SARMO).

Las principales potencias militares del globo se oponen a la prohibición de las armas autónomas, como es el caso de Estados Unidos o China, y defienden una flexibilización de las normas para poder desarrollar esta tecnología.

La automatización de la guerra parece imparable, y las principales potencias ven en su empleo una ventaja táctica, una salvaguardia para las vidas de sus soldados –lo que ayuda mucho de cara a la opinión pública– y una reducción de costes muy efectiva respecto al equipamiento de un soldado y, más allá, respecto a los costes de manutención de un soldado herido.

Probablemente, la próxima utopía militar consista en emplear robots en enjambre, capaces de desarrollar una inteligencia emergente colectiva. Androides soldados que sean capaces de superar obstáculos, tomar decisiones, razonar o explorar territorio, sin necesidad de una intervención humana directa.

El desarrollo de una inteligencia colectiva emergente que permita que, cuando un grupo de robots tenga que explorar un terreno, y uno de ellos sea derribado, decidan entre ellos el nuevo reparto de las zonas a explorar, siendo un miembro menos. Una toma de decisión que haya sido programada por humanos, sin que puedan predecir cuál va a ser.

Ese desarrollo de inteligencia colectiva será un paso adelante en la IA tan relevante como los diferentes softwares de chat y generación de imágenes que estamos viendo estos días.

El enfrentamiento de la sociedad ante estas tecnologías está perfectamente recogido en el dilema de Collingridge:

«Cuando el cambio es fácil, su necesidad no puede ser anticipada; cuando la necesidad de cambio es aparente, el cambio ya se ha vuelto caro, difícil y laborioso».

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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Seguridad y defensa

DESMANES EN FECHAS EMBLEMÁTICAS

DESMANES EN FECHAS EMBLEMÁTICAS

El Mercurio, Editorial, 04/05/2023

Los disturbios del Día del Trabajador recién pasado, incluyendo saqueos a locales comerciales y lanzamiento de bombas molotov, ocurridos en paralelo a las celebraciones oficiales, se suman a otros que se repiten en ciertas fechas emblemáticas.

Constituyen una especie de patrón de conducta de quienes se rebelan frente a la institucionalidad. Suceden tanto el 29 de marzo, cuando grupos insurrectos recuerdan el “día del joven combatiente”, como el 18 de octubre, cuando movimientos afines “celebran” la revuelta de 2019, o el 11 de septiembre, en que se realizan desmanes y disturbios por el golpe militar de 1973.

En una democracia, las personas tienen derecho a expresar sus puntos de vista, a formular propuestas acordes con su visión de sociedad, y a emitir sus quejas, las que también pueden hacerse mediante manifestaciones callejeras.

Sin embargo, no tienen derecho a transformarlas en disturbios y desmanes que atenten contra la seguridad de las personas o contra bienes físicos de terceros.

Lamentablemente, es lo que ocurre normalmente en esas fechas, sin que la autoridad haya logrado impedirlo de manera exitosa. Así, a quienes protagonizan esos incidentes les queda la impresión de que se han ganado el “derecho” a continuar realizándolos.

Aceptar que los disturbios y desmanes se entronicen en determinados días del año, normalizando dicha violencia, es algo que el país ya vivió.

A partir del 18 de octubre de 2019, y por diversas razones sobre las que hasta el día de hoy no hay consenso, el incendio de las estaciones del metro de la capital y de otros inmuebles privados y públicos, incluidas iglesias, así como la vandalización y saqueo de locales comerciales en diversos lugares del territorio, todo ello de manera continuada por semanas, no recibió la condena generalizada que se hubiese esperado.

No solo eso: hubo sectores políticos, y también conductores de programas mediáticos, que más bien empatizaron con esos sucesos, y en algunos casos los justificaron moralmente.

El país no puede seguir aceptando que en ciertos días del año el vandalismo logre entronizarse impunemente.

Baste recordar que miembros de la llamada “primera línea”, protagonistas de esos incidentes, fueron recibidos como héroes en el exCongreso por una audiencia que incluía a parte de quienes hoy integran la coalición gobernante.

De modo que la violencia, lejos de ser rechazada, tendió a ser normalizada. Y esa normalización —solo desarticulada parcialmente por la pandemia— actuó como telón de fondo del proceso político que condujo a la elección de la Convención y a la redacción de una fallida propuesta constitucional.

El fracaso de la Convención, marcado por el contundente rechazo que su proyecto recibió el 4 de septiembre pasado, estuvo fuertemente influido por el clima generado al normalizarse la violencia y la anomia asociada a ella.

Por esa razón, los disturbios y desmanes que tienden a repetirse en estas fechas emblemáticas requieren ser controlados, pues siempre existe el peligro de que sus protagonistas los utilicen como excusa para escalarlos ante alguna coyuntura que ellos juzguen oportuna.

Por ello, tanto la autoridad como la población deben tener la convicción, cada una en su ámbito, de que ello no debe ser permitido, y actuar de modo acorde.

Hoy el país está intentando, con mucho esfuerzo, retomar su cauce institucional. Si la ciudadanía así lo decide, este debería quedar consagrado en una nueva Constitución, ratificada en un plebiscito a fines de año, y así se habrán completado, desde octubre de 2019, cuatro traumáticos años de incertidumbre e inmensas pérdidas de valor, sufridas por todos.

De ahí la importancia de impedir la reiteración de los disturbios y desmanes violentos en fechas emblemáticas, o bien, aislar a los pequeños grupos que participan en ellos como elementos no representativos de la población. El camino de progreso al que el país aspira así lo exige.

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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