Categoría: Seguridad y defensa

                                                                                                    COSTÓ 800 MILLONES DE EUROS Y MIDE 175 KM.:

                                                                                                   CÓMO ES EL MURO ANTIINMIGRANTES

                                                                                                              LEVANTADO  POR HUNGRÍA QUE VISITARÁ

                                                                                                             J. A. KAST

  R. Jara

EMOL, 12/04/2024

El líder republicano tiene previsto visitar esta extensa estructura levantada en la frontera con Serbia que generó polémica en toda Europa. La estructura fue levantada en 2015

Luego de su comentado paso por El Salvador, donde visitó la megacárcel impulsada por Nayib Bukele, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, tiene presupuestado nuevos viajes a otras partes del mundo, como parte de una intensa agenda con el objetivo de preparar una propuesta de Gobierno de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Es en esa línea que el exdiputado visitará Hungría, país conocido por sus controvertidas medidas migratorias.

En concreto, el presidenciable participará a fines de abril en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que reúne a líderes conservadores de varias partes del mundo, incluyendo al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Además, Kast visitará el extenso “muro” antiinmigrantes levantado por el Mandatario europeo en la frontera con Serbia, cuya construcción levantó una gran polémica en el viejo continente.

Desde su llegada al gobierno en 2010, el ultranacionalista Orbán se ha convertido en el “díscolo” de la Unión Europea en diversos temas, y uno de ellos es cómo abordar la crisis migratoria.

Sin ir más lejos, justo ayer el Gobierno húngaro anunció su rechazo al pacto migratorio aprobado esta semana por el Parlamento Europeo, el cual contempla el reparto de inmigrantes y multas para aquellos países que se nieguen a acogerlos.

El tema migratorio no es un asunto menor para Hungría. Dada su ubicación geográfica (donde limita con países como Serbia, Rumania y Ucrania), es una de las puertas de entrada a la Unión Europea, convirtiéndose en un país de tránsito, origen y destino de numerosos refugiados, la mayoría pertenecientes a países del mundo islámico que sufrían con sus conflictos internos.

El alto flujo, sumado al aumento de la islamofobia, fueron suficientes para que Orbán anunciara una serie de drásticas medidas, distanciándose del resto de sus socios del bloque.

El Gobierno se escudaba en las cifras: solo en 2015 Hungría interceptó a más de 400.000 personas que entraron por cruces ilegales. Esto llevó al Mandatario a ordenar en junio de ese año la construcción de un extenso muro en la frontera Serbia; asimismo, se aprobó una serie de leyes contra la migración ilegal, con penas de cárcel para aquellos que fueran sorprendidos pasando por cruces ilegales.

La construcción de este muro, además, tenía una carga simbólica, justo en el país que en mayo de 1989 botó la llamada “Cortina de Hierro”, dando inicio al proceso que culminó con la caída del Muro de Berlín, ícono de la Guerra Fría.

En el lugar donde se botó una división, volvía a nacer otra.

Una alta inversión. Tras el anuncio hecho en junio, el 31 de agosto de 2015 los medios europeos comunicaban el fin de la construcción de este muro de 175 kilómetros de extensión y cuatro metros de alto hecho principalmente de alambre y elementos cortopunzantes. A eso, se le suma el despliegue de unos 3.000 militares para labores de vigilancia.

El levantamiento de esta estructura duró sólo un par de meses y fue realizado por personal del Ejército. Y pese al rechazo general de Europa y la comunidad internacional, el gran apoyo interno de la comunidad húngara a la gestión de Orbán fue un impulso para desarrollar las duras políticas migratorias.

“Con la construcción del muro y el despliegue y formación de 3.000 vigilantes nuestro país está protegiéndose a sí mismo y a toda Europa contra el torrente de inmigrantes ilegales. No es una exageración decir que la seguridad de los ciudadanos europeos ha sido financiada por los contribuyentes húngaros”, afirmó el Mandatario en una carta enviada en 2017 al entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

En la misma misiva, Orbán aseguraba que tanto la construcción del muro como la preparación y despliegue de personal militar al lugar costó un total de 270.000 millones de florines, equivalentes a 883,2 millones de euros.

“En los dos últimos años Hungría ha asumido esta enorme carga sola. Es hora de que prevalezca la solidaridad europea. Estamos convencidos de que, al igual que en los casos de Grecia e Italia, la UE debería asumir su parte de estos extraordinarios gastos, pagados por Hungría pero que sirven al interés común de toda la Unión”, afirmó el dirigente, razón por la cual pidió al bloque que pague al menos la mitad del costo total.

El llamado de Orbán, no obstante, fue en vano, ya que la UE aseguró que no paga por muros.

Cifras migratorias. Tras la construcción de las vallas fronterizas y la promulgación de una serie de leyes restrictivas, el flujo migratorio ha bajado considerablemente en Hungría.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2015 las autoridades húngaras detuvieron a 441.515 personas cruzando por pasos ilegales, mientras que en 2021 la cifra bajó a 122.000.

“Una serie de enmiendas a las leyes de asilo provocaron muchos cambios en los procedimientos de llegada y el trato general de los solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional en Hungría. Entre agosto y septiembre de 2015, junto con la finalización del muro, Hungría designó a Serbia como tercer país seguro, permitió una determinación acelerada de asilo y garantías procesales limitadas. Además, saltar la valla fronteriza o dañarla se convirtió en un delito punible con prisión”, detalló esta entidad perteneciente a la ONU.

Los cambios también se notaron en las solicitudes de asilo. De acuerdo con la OIM, el número de estos trámites cayó de 177.135 en 2015 a 29.432 en 2016. Un año, después, en tanto, las peticiones bajaron a 3.397.

La cifra continuó cayendo en los años siguientes, al punto de que en 2020 solo se registraron 55 solicitudes, aunque hay que considerar que ese fue el año de la pandemia.

“En términos relativos, Hungría registró la tasa más baja de solicitantes de primer asilo registrados entre los Estados miembros de la UE durante el tercer trimestre de 2021 (1 solicitante por millones de habitantes), seguida de Eslovaquia (20) y Estonia (21)”, afirmó la OIM.

Al día de hoy, Hungría sigue oponiéndose a las cuotas de migrantes e incluso ha recibido el respaldo de otros países europeos, como Polonia.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

                                                                                         LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y DE LA CADENA

                                                                                  DE MANDO MILITAR Y POLICIAL

Richard Kouyoumdjian I.

El Líbero, 10/04/2024

Los soldados Robledo y los comandantes Crespo de Chile demandan a sus máximas autoridades de gobierno y mandos institucionales respectivos asumir las responsabilidades que corresponden, y que no sean las manos de ellos las que se tienen que meter al fuego para sacar las castañas.

Les anticipo que esta no es una columna neutra y con el avanzar de los párrafos entenderán por qué digo eso.

En las últimas semanas se ha avanzado como nunca en la sensibilización de la opinión pública sobre la suerte que han corrido integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros producto de haber sido acusados por supuestos crímenes realizados por ellos como agentes del Estado durante los estados de emergencia o en el control del orden público del 2019 al 2021.

El caso del soldado conscripto Robledo, o bien el caso del comandante Crespo, el que está muy reflejado en el libro que el mismo publica bajo el título de “G3, Honor y Traición”, el cual fue motivo de un acalorado debate en el capítulo 13 de la temporada 4 de Sin Filtros, han puesto sobre la mesa lo solos que se sienten muchos de los que integran o integraron las instituciones de la defensa y las policías.

Sienten abandono y sienten rabia. Abandono por parte del Estado y las instituciones a las que pertenecieron, y rabia con quienes ahora están en el gobierno y en esa época lideraban los desórdenes públicos, mal llamados por algunos como el “estallido social”, y correctamente por otros, como un intento de derrocamiento de un gobierno legítimamente establecido.

El cómo llegamos a que los buenos estén en la cárcel o siendo procesados y los malos gozando de libertad y pensiones de gracia está ampliamente detallado en la columna “Jaque mate de la izquierda o autogol de la derecha”.

La situación del soldado Robledo o del comandante Crespo no es muy distinta a la que viven quienes están presos por acciones realizadas durante el gobierno militar, con los cuales la izquierda no ha mostrado ninguna piedad a pesar de que no sólo no recibieron una correcta justicia, sino que además están bastante mayores y en muchos casos, con una salud resentida por el paso de los años.

Estamos en una situación crítica, ya que de producirse un levantamiento similar al de octubre de 2019, o un incremento de la actividad violenta del crimen organizado, Carabineros, la primera línea de defensa, como bien dice el comandante Crespo en su entrevista en el programa Sin Filtros, no se va a inmolar como lo hicieron en esa oportunidad a no ser que las cosas cambien, haya respaldo político y judicial a su actuar, y no vean en el Ministerio Público y en Tribunales a su peor enemigo.

Lo mismo aplica a las Fuerzas Armadas y representa a mi entender su sentir en esto.

Sin una disposición a actuar de las policías y las Fuerzas Armadas, cosa que se puede cambiar si reciben los respaldos legales necesarios, las cosas no se ven muy bien para Chile y los chilenos.

Estando lo anterior meridianamente claro, los uniformados tampoco van a actuar si es que no ven que sus mandos están dispuestos a asumir la responsabilidad por las acciones que les ordenan realizar, y estos a su vez, lo mismo respecto de las autoridades políticas que lideran el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Defensa Nacional, y el mismísimo Presidente de la República.

Esto es algo que aplica a la realidad actual como a las ocurridas en el pasado.

Las policías y las Fuerzas Armadas son buenos ejemplos de que el hilo se corta por lo más delgado. Los que están en la cárcel o siendo procesados son o eran oficiales subalternos, suboficiales, clases y gente de mar cuando ocurrieron las acciones por las cuales se les acusa o privó de libertad.

La excepción la constituye el caso de los generales Rozas y Yáñez, a quienes el Ministerio Público va a formalizar el 7 de mayo por su responsabilidad de mando durante los desórdenes públicos de fines del 2019 y comienzos del 2020.

En este caso, ellos cumplieron la orden del Presidente de la República de controlar el orden público, algo que hicieron, hicieron bien, y es la razón por la cual aún somos una democracia y no nos fuimos al desfiladero o terminamos como una colonia de Venezuela, ya que fueron los Carabineros los que se llevaron la peor parte y el esfuerzo mayor.

Los subalternos afectados quieren ver a sus oficiales generales saliéndolos a defender como en su minuto lo hizo el contraalmirante Parga con los infantes de marina acusados incorrectamente por matar a un insurgente mapuche en Cañete, o el ejemplo de otro almirante que asumió completamente la responsabilidad por lo que pudo haber ocurrido cuando se desempeñó como Jedena durante el estado de emergencia que se decretó en octubre de 2019.

No quieren que los dejen caer como muchas veces sucede en Carabineros, que a la primera los sacan y dejan en la más completa indefensión.

Si alguien no está en condiciones de hacerse responsable por las órdenes que da, entonces que no las dé, o bien da un paso al costado y deja que otro asuma el mando. Esto aplica desde el Presidente de la República y hacia abajo en toda la cadena de mando.

Sabemos que las Fuerzas Armadas y las policías han representado al Poder Ejecutivo la inconveniencia de las reglas de uso de la fuerza (RUF) que se quieren implementar, o bien lo poco efectivo que es el proyecto de infraestructura crítica cuando no hay amenazas a la infraestructura como tal, o bien de la necesidad de usar la justicia militar a todo evento en que un militar o un policía esté involucrado en cuanto esté cumpliendo con su consigna, o la inconveniencia de emplear fuerzas militares para el control del orden público o en acciones antidelincuencia.

Desconozco si han representado a las autoridades la necesidad imperiosa de que las defensas de los militares y policías sea asumida por sus instituciones, y no en forma particular, o con colectas realizadas por terceros.

Claudio Crespo lleva gastados $160 millones entre abogados y peritos, y de no ser por su suegra, estaría totalmente perdido. Otros deben su suerte a organizaciones nobles como son la Fundación Nos Importan.

Es muy posible que la situación de Chile requiera de posiciones más firmes por parte de los comandantes en jefe o los directores generales de las policías.

Es correcto que han representado al Poder Ejecutivo sus opiniones y puntos de vistas técnicos en las materias que nos preocupan, pero al final del día, las autoridades políticas hacen lo que quieren, dejándoles claro a las instituciones que son obedientes, jerarquizadas y no deliberantes, no dejando espacios para opiniones que, aunque muy bien fundamentadas, no calzan con lo que ellas desean y las responsabilidades que no quieren asumir.

Los soldados Robledo y los comandantes Crespo de Chile demandan a sus máximas autoridades de gobierno y mandos institucionales respectivos asumir las responsabilidades que corresponden, y que no sean las manos de ellos las que se tienen que meter al fuego para sacar las castañas.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

.

.

                                                                                                       LA ARREMETIDA INTERNACIONAL CONTRA EL

                                                                                                      ESTADO  QUE SE ALISTA POR EL CASO POLVORÍN

Ex-Ante, 09/04/2024

Un grupo de 7 oficiales y suboficiales condenados por homicidios y apremios ilegítimos ocurridos en Temuco en 1973, alista una denuncia internacional. Argumentan que, al igual que en la autorización de videollamadas de los presos de la ex Cárcel de Alta Seguridad (CAS) —caso por el que se abrió en marzo un sumario administrativo en contra del juez Daniel Urrutia que las autorizó—, acá el ministro en visita Álvaro Mesa habría actuado más allá de sus atribuciones, lo que violaría el principio de pleno acceso a la justicia sancionatoria. La Corte Suprema ha rechazado sus recursos previos.

El 15 de septiembre de 2023, el ministro en visita Álvaro Mesa condenó a 23 militares en retiro y colaboradores del Ejército por su responsabilidad en 7 homicidios calificados y apremios ilegítimos perpetrados en contra de dirigentes y militantes comunistas y adherentes de la Unidad Popular en Temuco, en noviembre de 1973.

Los crímenes fueron falsamente difundidos entonces como un asalto al polvorín de la Isla Cautín del Regimiento Tucapel, en el que habrían participado un número indeterminado de extremistas, lo que resultó ser un montaje.

De los 23 condenados en el Caso Polvorín, 20 fueron sentenciados a presidio perpetuo, uno a 20 años, uno a 10 años y otro a 427 días.

El 9 de febrero de este año, el abogado Juan Carlos Manríquez —también abogado del exdirector de la PDI Sergio Muñoz y de la viuda de teniente (r) del ejército venezolano Ronald Ojeda— presentó un escrito en representación de 6 oficiales en retiro y un suboficial (r), quienes alegan inocencia.

En éste solicitó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, activar el código iberoamericano de ética judicial, suscrito por el tribunal y recogido en un auto acordado, contra el ministro Mesa.

En el escrito acusó que se estaba incumpliendo “con el estándar mínimo de fundamentación que debe tener este tipo de sentencias”. El recurso fue declarado inadmisible el 26 de ese mes.

El 5 de marzo presentó un recurso de reposición, argumentando que “el ministro cita jurisprudencia internacional que no existe; (…) niega diligencias fundamentales de descargo sin mayor fundamento; (…) agrega piezas de otros procesos sin previo interrogatorio o contrastación (…) decide no investigar la veracidad de declaraciones prestadas ante notario o bajo juramento, cuando contrarían su tesis”.

El 18 de marzo, se declaró no ha lugar la reposición.

Con la vía interna agotada, es que los sentenciados preparan una ofensiva internacional contra el Estado de Chile, acusando que no se ha dado cabal acceso a la justicia en las instancias sancionatorias administrativas.

Se trata de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que busca abrir una causa en la Corte Interamericana.

El argumento de los militares condenados es que, al igual que en la autorización de videollamadas de los presos de la ex Cárcel de Alta Seguridad (CAS) —caso por el que se abrió en marzo un sumario administrativo en contra del juez Daniel Urrutia que las autorizó—, acá el ministro en visita habría actuado más allá de sus atribuciones, lo que violaría el principio de pleno acceso a la justicia.

Lo anterior, conforme a las normas de la CIDH sobre debido proceso sancionatorio administrativo.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

                                                                         ASÍ SE TRAZARON LA CAÍDA Y CAPTURA DE “LOS TRINITARIOS”

Catalina Batarce

La Tercera PM, 09/04/2024

Cuarenta integrantes de la banda nacida en Estados Unidos y compuesta por ciudadanos oriundos de República Dominicana fueron detenidos tras una solicitud de la Fiscalía Regional Occidente, en un megaoperativo que se planificó por semanas. Principalmente ligados al tráfico de drogas, los sujetos habían sido calificados como un riesgo para la seguridad de la población.

Cerca de 1.000 efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) desplegados, 128 domicilios allanados en 18 comunas, dos fiscales en terreno y dos retroexcavadoras andando.

Esas fueron parte de las características del megaoperativo desplegado la jornada del viernes 5 de abril por parte de la Fiscalía Regional Occidente y que terminó con la detención de 63 personas, 40 de ellas integrantes de la banda delictual “Los Trinitarios”, la cual surgió en una cárcel de Nueva York, Estado Unidos, y cuyos integrantes son en su mayoría de origen dominicano.

¿Pero cómo fue que se trazó dicha operación? Fueron meses de ardua preparación.

De acuerdo con personeros que conocieron sobre la planificación de las diligencias, existieron al menos seis reuniones entre los equipos investigativos de la Fiscalía encabezada por el fiscal regional Marcos Pastén.

En ellas, como pudo recabar La Tercera, participaron los equipos operativos de la PDI y también representantes de la Unidad de Estudios Occidente, pues todo debía marchar conforme a lo estipulado.

De hecho, solo horas antes de que se iniciara la operación, durante la tarde del jueves 4 de abril, tuvo lugar la última cita de coordinación, por lo que se convocó a los casi mil detectives que entrarían en acción a las dependencias del Ministerio Público.

En dicho encuentro se revisó paso a paso el plan de acción, poniendo énfasis en cómo se realizaría el acceso a la toma “Nuevo Amanecer”, en la comuna de Cerrillos.

Ahí, quienes lideraban la puesta en escena expusieron con mapas y puntos georreferenciados, detallando cómo debían moverse los efectivos policiales.

Llegada la hora estipulada para materializar la estrategia, se instaló un puesto de mando en dependencias de la PDI, desde donde el fiscal nacional, Ángel Valencia; el fiscal regional, Marcos Pastén, y autoridades de la policía de civil liderada por Eduardo Cerna monitorearon todo.

En 45 minutos, de acuerdo con fuentes ligadas al caso, los oficiales lograron asegurar el principal sitio donde se ejecutó la operación y concretó la anhelada detención de la banda criminal ligada a delitos de lavado de activos, asociación ilícita, tráfico de drogas y otros ilícitos vinculados con Ley de Control de Armas.

Todo era parte de una gran planificación, pues justamente durante la tarde de ese viernes 5 de abril el cabecilla de “Los Trinitarios” en Chile viajaría nuevamente a territorio nacional.

Por lo mismo, mientras se desarrollaba el operativo, representantes de la Fiscalía seguían el trayecto que el sujeto identificado como Luis Ariel González Pérez realizaría.

Sabían que durante la mañana abordaría un vuelo desde República Dominicana hasta el aeropuerto de Panamá, y que desde ahí, a las 15:33 horas, tomaría el segundo avión que lo traería hasta Santiago. Por lo mismo, a eso de las 23:00 horas ya estaba todo dispuesto en el aeropuerto Arturo Merino Benítez para aprehenderlo y encausarlo.

¿Cómo se instaló la banda en Chile? De acuerdo con antecedentes de la indagación, fue en enero de 2023 que surgieron los primeros indicios respecto de que “Los Trinitarios” estaban operando en nuestro país.

En esa época se tomó conocimiento de un homicidio que presuntamente cometió el máximo líder de la facción de la banda que opera en Chile: Onnis Moreno Consoro.

Desde ahí, constatando que el sujeto se había dado a la fuga y que había vuelto a residir a Estados Unidos, se comenzó a indagar de quiénes se trataba, cómo operaban y qué clase de redes habían trazado en territorio nacional.

Se identificó, en primer punto, que Onnis Moreno se había concertado con Luis González Pérez, con el hermano de este y su sobrino, para instalar una “sucursal” de la organización en la Región Metropolitana.

Pero su asentamiento en Cerrillos es anterior. Mediante los análisis realizados por los investigadores, se pudo establecer que fue durante la pandemia que los primeros integrantes del clan se instalaron en dicha comuna, copando territorialmente la toma “Nuevo Amanecer”.

Los líderes de la organización prácticamente se “apropiaron” de la zona, y a través de un testaferro oriundo de Perú, empezaron a lucrar de los espacios.

Y es que como relata un conocedor de esta estructura criminal, antes de que esta toma se convirtiera en lo que es hoy, ellos “lotearon” la zona. De esta forma, arrendaban terrenos por alrededor de $500 mil pesos.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

                                                                                   REGLAS DE USO DE LA FUERZA: GOBIERNO APLAZA                                                                                            PROPUESTA PARA CORREGIR TRATO DIFERENCIADO PARA

                                                       MIGRANTES Y DIVERSIDADES SEXUALES

José Miguel Wilson

La Tercera, 04/04/2024

La Moneda presentó nuevas indicaciones, pero no corrigió por ahora el cuestionado artículo, que a juicio de legisladores podía limitar el accionar de policías y militares. La ministra Tohá recalcó que la corrección de ese punto quedará para un futuro paquete de enmiendas y que la idea es evitar que haya grupos privilegiados.

A pesar de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, se había abierto a considerar las críticas para destrabar el proyecto sobre reglas de uso de la fuerza, el gobierno optó aplazar la corrección de la norma que establece un trato diferenciado de parte de militares y policías a grupos “vulnerables”.

Este miércoles el Ejecutivo presentó en las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad de la Cámara un nuevo paquete de indicaciones, sin embargo, de acuerdo al comparado que se distribuyó entre los diputados, se preserva la disposición que fue severamente cuestionada por los legisladores, especialmente por los de oposición.

“Los reglamentos regulados en el presente artículo deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores”, dice la norma, que tiene un efecto general tanto para el control del orden público como para repeler un ataque o un delito.

El hecho fue alertado en la tarde por los propios miembros de las comisiones unidas, al recibir el comparado con las indicaciones. De hecho, varios reaccionaron con extrañeza al ver que la ministra Tohá y su equipo no corrigieron el tema a pesar de que los reparos eran transversales, ya que podían limitar el accionar de policías y militares frente a extranjeros.

El proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) establece un protocolo de cómo los efectivos de las Fuerzas Armadas y de las policías deben reaccionar y actuar ante agresiones o la comisión de un delito, en tareas de orden público, seguridad o persecución criminal.

Es decir, en qué circunstancias deben usar el armamento. Si bien algunos legisladores entendían que en un contexto de manifestación las fuerzas de orden pueden tener un trato distinto por mujeres o niños, resultaba inexplicable que esa indicación incluyera a migrantes, dado el actual contexto social producto de una criminalidad que está actuando más violenta, emulando prácticas de otros países.

A juicio del diputado Raúl Leiva (PS), quien preside las comisiones unidas, las nuevas indicaciones del gobierno no subsanan los reparos de los parlamentarios. En lo personal, insiste en que este trato diferenciado debe estar limitado.

Según su opinión, no debiera aplicarse para labores de seguridad pública, por ejemplo, evitar la comisión de un delito. “Lamentablemente hay algunos que utilizan esa interpretación equívoca para hacer creer que esto es impracticable. Dentro de la tramitación en particular, las comisiones no son buzón, podemos enriquecer el proyecto y yo voy a formular una indicación que esto se circunscriba a control de orden público y en fase de comunicación (al momento de hacer las advertencias antes de usar armamento disuasivo). Además, debe ser exclusivamente para tres grupos especiales: adultos mayores, mujeres y niños y niñas y adolescentes. No estoy de acuerdo en el caso de migrantes y diversidades, pues no son fácilmente identificables”, señaló Leiva.

La diputada Alejandra Placencia (PC) comentó que “todas las precisiones sobre temas reglamentarios de grupos de especial protección, que así prefiero denominarlos, están reguladas por estándares internacionales. Si debemos hacer algún ajuste, creo que no habrá problema, mientras esté claramente señalado que necesitamos reglamentación frente a procedimientos complejos. No todo tiene que ver con persecución policial y un delito flagrante. Por ejemplo, hay procedimientos por violencia intrafamiliar, donde tienes que tener un uso de la fuerza diferenciado”.

En el gobierno precisaron que si bien el tema no fue eliminado ni corregido en el último paquete de indicaciones, que sí retiró otros artículos propuestos por el Ejecutivo, se mantiene la disposición a revisar la medida, pero que los ajustes se realizarán una vez que la discusión vaya avanzando.

Consultada por el tema, la ministra Tohá recalcó que la corrección de ese punto quedará para un futuro paquete de indicaciones. “Escuchando las aprensiones que había nos dimos cuenta que se interpretaba de una manera más amplia que el alcance que le dábamos a ese texto y que era necesario tener una redacción que no se prestara para malos entendidos. Así lo vamos a hacer y se va a presentar una indicación”, dijo la secretaria de Estado, quien agregó que la idea es que no haya grupos privilegiados y que este trato se refiera a una fase de comunicación.

Ayer las comisiones unidas sesionaron para recibir a la ministra Tohá y a su par de Defensa, Maya Fernández, quienes concurrieron acompañadas de los auditores generales de las FF. AA. y de los encargados del área judicial de Carabineros y la Policía de Investigaciones

La presencia de los altos oficiales había sido solicitada especialmente por los legisladores de derecha, quienes querían conocer la opinión directa de las ramas castrenses y policiales.

Si bien la sesión fue declarada secreta, para que los representantes de las instituciones pudieran expresarse con libertad, algunos diputados como Johannes Kaiser y Pamela Jiles abandonaron la sesión visiblemente molestos supuestamente porque no hubo mucho margen para que los militares y los policías respondieran preguntas.

Pese a aquellas fricciones, la sesión pudo desarrollarse con normalidad y al final las ministras valoraron el intercambio de opiniones que se dio en el encuentro.

En vista de que la presencia de los altos oficiales fue resistida por el gobierno, generando una tensión con las fuerzas opositoras, su comparecencia fue objeto de una estrecha coordinación prelegislativa entre los equipos ministeriales con los profesionales de las instituciones. Ello permitió finalmente que el Ejecutivo se allanara a la citación de los altos mandos militares y policiales.

Consultada la ministra Tohá por la posibilidad de dividir el proyecto en dos iniciativas, una para la FF. AA. (aprovechando una moción paralela que existe en el Senado) y otra para las policías, señaló que “no creo que sea necesario ni conveniente. En la propuesta que se está haciendo (en la Cámara, donde se abordan reglas para militares y policías), hay elementos en común y elementos diferenciados y verlos íntegramente va a permitir un mejor debate”.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

                                                 LAS FFAA EN LABORES POLICIALES.

Seguimos dando vueltas sin resolver el problema.
El meollo de este asunto es que las fuerzas de carabineros “normales”, (policía de proximidad) que son diseñadas, entrenadas y equipadas para labores policiales anti-delincuencia, requieren ser numerosas y funcionan desde la “cercanía, confianza y conocimiento mutuo” con la ciudadanía. Su empleo en situaciones excepcionales de violencia y enfrentamiento contra saqueadores, turbas violentas
o destructivas o bandas de criminales organizados, conspiran contra su identidad y actitud educadora, controladora y de protección ciudadana y las alejan de su misión principal
Una alternativa es la concurrencia -previo proceso de declaración de Estado de Emergencia Constitucional- de fuerzas militares armadas, adoctrinadas y entrenadas para el combate con fuerzas militares regulares.
Su empleo contra grupos civiles, agresivos y violentos siempre parecerá desproporcionado y su presencia desde la inactividad e impotencia, las hará perder el respeto de sus oponentes y eliminar el efecto disuasivo.
En breve, la potencia de combate de Carabineros es insuficiente y la de las FFAA es considerada excesiva.
Esta disyuntiva ha sido enfrentada en España con las Unidades de Intervención Policial, en Alemania con la Policía Federal y en Francia con las Compagnies Républicaines de Sécurité.
Son órganos móviles de seguridad pública encuadrados en la Policía Nacional y actúan bajo el mando operativo del Ministerio del Interior cuando el mando político estima que el manejo de una situación requiere un control más cercano y el empleo de unidades con capacidades especiales, entrenadas en las técnicas del caso.
Su principal objetivo es la actuación en episodios graves de alteración de la seguridad ciudadana debido a concentraciones, manifestaciones y otros eventos públicos, como espectáculos masivos, deportivos, accidentes y catástrofes.
Lanzamientos y recuperación de “tomas”. Notificaciones a grupos peligrosos y otras actuaciones judiciales. Protección de edificios gubernamentales, embajadas, tribunales, rescate de rehenes, antiterrorismo, motines carcelarios y protección de
objetivos de importancia crítica.
El Ministerio del Interior mantiene siempre un porcentaje variable de estas unidades en reserva listas para enfrentar situaciones inesperadas.
En Chile se necesitarían aproximadamente 1800 personas organizadas en tres grupos dotados de alta movilidad (Santiago, Valparaíso, Concepción).
Las FFAA actúan en situaciones de crisis mayores, equivalentes a los Estados de Excepción Constitucional que tenemos en Chile y siempre desde su condición de fuerzas de combate o en configuraciones de apoyo a organismos de control de
emergencias no violentas.
Melosilla, 3 de abril de 2024
Fernando Thauby García

Un aporte de nuestro Past Presidente Humberto Julio Reyes

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

                                                                              LA VOTACIÓN EN QUE EL PRESIDENTE DEL CDE DESIGNADO POR

                                                                                              BORIC DECIDIÓ NO QUERELLARSE EN CONTRA

                                                                                                                    DEL GENERAL YÁÑEZ

Víctor Rivera

La Tercera, 28/03/2024

El 28 de enero se reunió el Consejo para resolver qué decisión tomar en cuanto a la situación judicial del general director de Carabineros. Allí se expusieron los antecedentes que remitió la fiscal Ximena Chong, como también las acciones de mando de los generales para mejorar los protocolos de actuación durante el estallido social. Con todos estos antecedentes, finalmente, se acordó no hacerse parte del caso, por 7 votos contra 2.

La situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, no es fácil, ni para el gobierno, ni para las filas internas de la institución. Es que la arremetida de la Fiscalía lo mantiene en una posición endeble al mando de Carabineros.

El 2 de enero, el Ministerio Público pidió formalizarlo por su responsabilidad de mando como jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros.

La incómoda situación del uniformado empeoró el 14 de marzo, cuando el jefe de la PDI, Sergio Muñoz, enfrentó cargos por filtrar antecedentes al abogado Luis Hermosilla, lo que gatilló su renuncia ese mismo día.

El caso de Muñoz puso nuevamente el foco sobre Yáñez, quien había logrado mantener su caso al margen. El jefe de la PDI renunció y el gobierno quedó en entredicho, luego de que afirmara que esperaría la realización de la audiencia de formalización contra el general director de Carabineros, antes de tomar decisiones sobre su permanencia en las filas uniformadas.

En la interna institucional repiten que su caso no es homologable al de su par de la PDI. Las imputaciones son distintas, donde además la posición del Consejo de Defensa del Estado (CDE) le dio un crédito diferente.

En La Moneda recuerdan que cuando el CDE se querelló contra Muñoz, el mismo viernes 14 de marzo, se vieron prácticamente obligados a comunicar públicamente sobre la renuncia del detective. Era la señal que faltaba para oficializar su salida.

Pero con Yáñez no ha pasado lo mismo y es ahí donde en el gobierno, y también en Carabineros, advierten las diferencias de ambas situaciones.

Aunque hacen un punto no menor: el CDE ya decidió no querellarse y cómo se desarrolló esa votación es más que relevante, advierten en Palacio y la policía.

El Consejo y el delito que se le imputa al jefe policial. Fue el 30 de enero que se reunieron los consejeros del CDE para su quinta sesión del año. Allí había varios puntos sobre la mesa, pero el primero fue el relativo a la causa en que se indaga el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y de homicidio, en contra de Yáñez; su antecesor, Mario Rozas; y el exsubdirector, Diego Olate.

Ese día, según el registro de esa sesión en la página web del Consejo, estuvieron presentes los ministros: el presidente del CDE, Raúl Letelier; y los consejeros y consejeras, Paulina Veloso, Ana María Hübner, Jaime Varela, Daniel Martorell, Juan Antonio Peribonio, Sebastián Soto, Alberto Espina y Ruth Israel. Quienes no participaron fueron Carlos Mackenney, Rodrigo Quintana y Mariana Valenzuela.

Quien partió exponiendo fue el consejero Martorell, quien preside el comité penal del CDE. El abogado dio cuenta que el comité había rechazado la idea de querellarse en la causa en que la Fiscalía pide formalizar a los generales.

A partir de entonces, expuso todos los hechos que se consideraron, y los entregó al Consejo.

Dio cuenta de los antecedentes reunidos por la fiscal del caso, Ximena Chong, como también de los oficios que había respondido Carabineros en la indagatoria, además de la orden de apertura de sumarios que pidió Carabineros durante el estallido social, como también las modificaciones de protocolo para el control del orden público.

Así, al igual que ocurrió en el comité penal, se inició una discusión “netamente jurídica” -explica uno de los consejeros- donde el punto central fue si procedía o no la aplicación del artículo 150 D en el caso de los generales de Carabineros.

Es este el artículo por el cual se formalizará a Yáñez, Rozas y Olate, y por lo mismo, el CDE inició un debate al respecto. “El empleado público que, en incumplimiento de los reglamentos respectivos actúe abusando de su cargo o que en el ejercicio de sus funciones, aplique, ordene o consienta en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen por su gravedad a constituir tortura, será castigado con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente. Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impida o no haga cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello y estando en posición para hacerlo”, dice la norma.

El comité penal había resuelto días antes no querellarse, tras considerar que este artículo no era aplicable a autoridades, como los generales de Carabineros, en este caso. Ello, pues se interpretó que es cuando el oficial está en el lugar de los hechos y ve la comisión del delito y no hace nada para que no ocurra.

Esa votación fue 2 votos contra 1. Martorell y Espina votaron en contra de querellarse y, Ruth Israel, a favor. Sin embargo, hubo un cuarto voto, el del presidente del CDE, Raúl Letelier, quien integró el comité para oponerse a que el Consejo iniciara una acción judicial en el caso de Yáñez.

En el Consejo, la tónica de la votación fue similar. Fueron siete los consejeros que votaron en contra: Ana María Hübner, Jaime Varela, Daniel Martorell, Juan Antonio Peribonio, Sebastián Soto, Alberto Espina y el presidente Raúl Letelier. El contra: Ruth Israel y Paulina Veloso.

Según consigna el acta de acuerdo, se decidió “no intervenir en la causa (…) por entender que, del estudio de los antecedentes existentes, no hay elementos que justifiquen un cambio en la decisión adoptada en sesión de Consejo de 28 de septiembre de 2021″. Esa vez se había resuelto: “Conforme a los antecedentes recabados y analizados, no existen indicios suficientes para intervenir en los términos requeridos”.

El rol de Letelier. La votación de Letelier llamó la atención en tres frentes: en el mismo CDE, en La Moneda y Carabineros. La razón: el presidente del Consejo es cercano a la centro izquierda y fue designado por el presidente Boric para asumir el cargo, luego de ser nombrado consejero en 2017 por la exPresidenta Michelle Bachelet.

Sin embargo, es parte de la institución desde el 2000.

Al interior del Consejo ven como una señal potente el hecho de que Letelier haya votado a favor de la decisión de no querellarse, pues mantiene una afinidad política muy cercana con el Frente Amplio y el PS y, por ende, con el gobierno.

Por ejemplo, la noche del miércoles 20 de abril del 2022, cuando la Convención Constitucional aprobó el catálogo de derechos sociales, convocó a un asado en su casa. Esa reunión quedó consignada en el libro La Constituyente, historia secreta de Chile, del exconvencional Jorge Baradit.

El entonces constituyente por el distrito 10, sostiene en las líneas de su texto que Letelier, apoyó voluntaria y “aperrada” el proceso. Según detalló el autor, en esa ocasión el ahora presidente del CDE los convocó a un asado esa noche, donde “nos abrazamos y lagrimeamos un poco por un cambio histórico”.

En Carabineros su votación también entrega una señal interna relevante, pues no solo diferencia aún más el caso de Yáñez con el de Muñoz, sino que también entrega un punto político en cuanto a que la causa, para ellos, aún no logra determinar una supuesta conducta ilícita del general director.

En la policía creen que nada está dicho. Aún.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional