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“Geopolítica en las aldeas: las regiones y sus dilemas” ANEPE

                                                          “Geopolítica en las aldeas: las regiones y sus dilemas”

                                                                  Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE)

La que hasta hace poco fuera nuestra, amalgamada, aldea global, ha comenzado a fracturarse. Una ruptura que ha debilitado significativamente al multilateralismo, pero sin que aún pueda considerarse la aparición de un nuevo orden mundial, sustentado en una multipolaridad ni mucho menos, a pesar del deseo de algunas potencias emergentes y medianas de reemplazar el orden nacido en la post II Guerra Mundial.

Nos encontramos así con un mundo que, a pesar de su elevada interconexión, no ha creado mecanismos o instituciones nuevas para fomentar la negociación, la cooperación o la resolución de los nuevos conflictos, de manera tal que solamente se observa una crítica fuerte y en parte fundada a la multilateralidad, pero que hasta ahora no ha pasado de ser un intento de alterar la distribución del poder global y su institucionalidad.

En estas circunstancias, la geopolítica tradicional ha dado paso a un complejo abanico de factores a considerar que poseen importancia para todos los países del orbe por los efectos que genera y que van configurando una dinámica en función de la cual se establecen áreas de tensión y problemas complejos cuya evolución constituye materia de trabajo de los análisis subsiguientes.

Descargar Mirador Mundial:

https://www.publicacionesanepe.cl/index.php/mirador/article/view/1070

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
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ACUSACIONES DESESTIMADAS, ABSUELTOS O A LA ESPERA DE JUICIO: ¿QUÉ PASÓ CON LOS CASOS MÁS EMBLEMÁTICOS DEL ESTALLIDO SOCIAL?. José Carvajal Vega y Danilo Barra

 

                                                                  ACUSACIONES DESESTIMADAS, ABSUELTOS O A                                                                     LA ESPERA DE JUICIO: ¿QUÉ PASÓ CON LOS CASOS                                                                    MÁS EMBLEMÁTICOS DEL ESTALLIDO SOCIAL?

José Carvajal Vega y Danilo Barra

La Tercera PM, 02/02/2024

Diferentes son los escenarios judiciales de los casos más recordados de la crisis social de 2019, como el ataque a Gustavo Gatica, causa en la que aún no comienza el juicio oral. También está el supuesto centro de torturas de Baquedano o los vejámenes sexuales en contra de un estudiante que fueron desestimados por el Ministerio Público. Finalmente, en los apremios ilegítimos que sufrió la ahora senadora Fabiola Campillai ya hay una condena. Todo esto salta a la luz a raíz del “vuelco” en el caso Pío Nono, donde la Fiscalía ofreció un juicio abreviado abriéndose a la posibilidad de que no existiera un homicidio frustrado.

Cuatro años han pasado desde el inicio del estallido social del 2019 y diferentes son los escenarios judiciales de las causas que por aquel entonces se iniciaron por la violación a los derechos humanos de los manifestantes de la crisis social que comenzó el 18 de octubre de ese año.

Y es que, si bien con el pasar del tiempo algunos casos ampliamente viralizados durante el 2019 han sido aclarados o desestimados por la Fiscalía, otros han logrado la condena de funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, principalmente por apremios ilegítimos, como es el caso en el que se vio afectada la ahora senadora, Fabiola Campillai.

El registro sale a la luz ahora que hubo un vuelco en la causa del denominado Puente Pío Nono y el ofrecimiento de un juicio abreviado por parte de la Fiscalía, lo que significa un vuelco en lo que se planteó desde un inicio que era un homicidio frustrado cometido por el carabinero Sebastián Zamora. ¿En qué están algunas de las emblemáticas causas del 18-O?

Caso Pío Nono. El viernes 2 de octubre 2020, el adolescente de 16 años, A. A. cayó al río Mapocho desde el Puente Pío Nono impulsado por el excabo de Carabineros, Sebastián Zamora durante las manifestaciones de aquel día en la Plaza Baquedano.

El joven, producto de la caída sufrió fracturas en el cráneo y en sus dos muñecas, consideradas como lesiones graves.

Inicialmente, la fiscal a cargo del caso, Ximena Chong, pidió una pena 8 años de cárcel por el delito homicidio frustrado. Cargos que han sido rechazados por la defensa de Zamora, quien incluso desestimó aceptar un procedimiento abreviado y optó por un juicio oral, en el que pudiese demostrar su inocencia.

La defensa argumenta que la causa de la caída del joven al río sería por un “choque casual” y no habría dolo en su acción. Causa que será resulta, finalmente, en un juicio oral en el Cuarto Tribunal Oral de Santiago.

El falso centro de tortura en Baquedano. La madruga del 23 de octubre de 2019, a sólo pocos días del inicio de la crisis social, comenzó a viralizarse un mensaje de WhatsApp. “Cabros, con mucha tristeza les comento que se supo de un centro de retención Estación Baquedano (tiene “comisaría interna”). Se encontró sangre y amarras. Anoche dos jueces del 7mo. Juzgado de Garantía (cuya jurisdicción es Santiago) dan cuenta de que se torturó gente”, decía el mensaje que tenía como origen un joven estudiante de 22 años, Nicolás Lüer Santis.

La denuncia daba cuenta que funcionarios de Carabineros habrían -supuestamente- llevado al joven hasta la comisaría al interior de la estación Baquedano, donde lo habrían torturado y observó amarras desde donde se supone que colgaban a los detenidos e incluso les disparaban.

La magnitud de lo denunciado derivó en que, efectivamente, dos magistrados llegaran hasta el recinto policial bajo tierra, descartando ya en esa instancia que el lugar se habría utilizado como centro de tortura. Sin embargo, igual se enviaron los antecedentes al Ministerio Público.

Un año después la Fiscalía Metropolitana Oriente descartó la existencia del supuesto centro de tortura, e incluso se revelaría que el denunciante pese a declarar jamás formalizó la denuncia. “Lo cierto es que no solamente no se logró acreditar estos hechos, sino que muy por el contrario se descartaron”, sostuvo el fiscal Álvaro Pérez el 15 de junio del 2020.

Un informe de la PDI -a la que se le encargó la investigación- expuso que, una serie de pericias en el lugar, testimoniales, fotográficas y hasta de cámaras de seguridad del recinto desmentían la denuncia. “No se encontraron indicios criminalísticos para acreditar la efectividad del delito denunciado”, dice parte del expediente dado a conocer por La Tercera ese año.

Tiempo después el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago finalmente sobreseyó la investigación.

Un estudiante víctima de vejaciones sexuales. También durante los primeros días de la crisis social de 2019, se comenzó a viralizar en redes sociales la denuncia de Josué Maureira, estudiante de medicina de la Universidad Católica, quien relató haber sido torturado por efectivos de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda tras ser detenido, señalando incluso que en el recinto policial había sido abusado y sometido a vejámenes sexuales.

Con el pasar de los días la propia Fiscalía reformalizó los hechos ocurridos, excluyó y descartó la supuesta agresión sexual, dejan sólo los delitos de torturas y apremios ilegítimos.

Finalmente, en julio del 2022 el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago absolvió a los siete efectivos policiales que habían sido formalizados por estos hechos, ya que la Fiscalía no logró acreditar su participación en los hechos denunciados.

Incluso, el tribunal consideró que la utilización de la fuerza por parte de los funcionarios en contra de Maureira se había ajustado a los protocolos.

Pese a que los actos de carácter sexual fueron descartados muy tempranamente en la investigación y que no se pudo comprobar hechos de tortura, el tribunal sí pudo constatar que el estudiante fue agredido con golpes de puños y pies al interior del recinto policial, aunque no se logró acreditar la culpabilidad de los tres funcionarios señalados como los autores de esas agresiones.

Acuña y Veloz. La noche del 23 de octubre del 2019, Mario Acuña (43) se encontraba manifestándose junto a un grupo de personas en una plazoleta de Buin. En ese contexto, llegaron funcionarios policiales lo que provocó que la gente huyera del lugar, pese a eso dos carabineros alcanzaron a Acuña a quien le ordenaron tirarse al piso para luego comenzar a golpearlo.

Los golpes fueron, según sostuvo la Fiscalía, principalmente en la cabeza, generando un traumatismo encéfalo con compromiso nervioso y de la médula espinal, provocando que la víctima quedara con un daño permanente, postrado y con inhabilidad total para trabajar e incluso incapacidad para su autocuidado.

En agosto del año pasado, el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo condenó a los exfuncionarios Henry Cuellar y Víctor Lastra a una pena de 12 años y 183 días para los dos imputados por la brutal golpiza al trabajador.

En la Región de Coquimbo, en septiembre del año pasado, se condenó a cuatro funcionarios del Ejército por el crimen de Romario Veloz, quien falleció el 20 de octubre de 2019 tras recibir el impacto de un proyectil en el cuello en una marcha en las inmediaciones del Mall Plaza La Serena.

La condena más alta, a 15 años de cárcel, la recibió el capitán del Ejército, José Faúndez, acusado como autor del delito de violencia innecesaria causando la muerte y dos delitos de violencia innecesaria causando lesiones graves.

Campillai y Gatica. En noviembre del 2019, Fabiola Campillai recibió en el rostro el impacto de una lacrimógena, percutada por el excapitán de carabineros Patricio Maturana, lo que le causó heridas graves que concluyeron en la perdida de la visión de ambos ojos.

El excarabinero fue dado de baja el 28 de agosto de 2020, luego que la institución haya tomado esa decisión por no ayudar a la víctima y omitir el procedimiento legal correspondiente.

El Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo decretó la sentencia el 11 de octubre 2022, por los delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, en carácter de consumado.

El uniformado fue condenado en octubre del 2022 a la pena de 12 años y 183 días de prisión y es una de las causas que según Amnistía Internacional Chile, forma parte de las 27 condenadas que se han logrado en casos originados en el estallido social.

La defensa presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, sin embargo, el tribunal de alzada rechazo la solicitud.

En el caso de Gustavo Gatica, la Fiscalía Centro Norte en septiembre del año pasado presentó la acusación y solicitó una pena de 12 años de cárcel para el exoficial de Carabineros, Claudio Crespo, quien es sindicado como el autor de los disparos que cegaron al entonces joven estudiante de psicología.

El ente persecutor, acusa al otrora funcionario de las extintas fuerzas especiales de la policía uniformada del delito de apremios ilegítimos con resultados de lesiones grave gravísimas.

Luego de la acusación, la causa se encuentra en una etapa previa de la preparación del juicio oral, citándose a los testigos del caso.

La defensa del desvinculado funcionario logró que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera un recurso en contra del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, a quien se le ha acusado de tener posturas poco parciales en las causas relacionadas a la crisis social.

Se espera que se fije una fecha para que inicie el juicio oral en contra de Crespo.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL Y ESTATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. Fernando Thauby García

 

                                                                               CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL
                                                                             Y ESTATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

“No hay buen viento para un buque que no tiene puerto”; si no sabemos para dónde vamos ¿cómo podríamos emprender un viaje?
El 30 de junio de 2022, Boric presentó en Arica un Plan Nacional de Seguridad Pública donde “propone más de 33 medidas específicas para el fortalecimiento
institucional y la gobernanza en materia de seguridad pública, la prevención del delito, mejorar la información disponible, proteger y acompañar a las víctimas de delitos, persecución del crimen organizado, control de armas y recuperación de espacios públicos”.
Por definición, una estrategia muestra la visión de la condición final a obtener. Lo que Boric presentó no es una estrategia; no señala el estado o situación final a la que se desea llegar ni la combinación de acciones de diversos elementos del Estado y privado, existentes o por crearse, para materializarla en un determinado nivel de eficiencia y costo. Se limita a identificar acciones descoordinadas y autónomas de organismos independientes.
Sin metas es imposible saber si se está trabajando bien o no, si estamos teniendo éxito o estamos empleando mal los recursos. Una estrategia puede expresarse a través de uno o varios Planes, coordinados entre si, que disponen las acciones concretas a las organizaciones de menor nivel; los planes son elementos ejecutivos y de coordinación, de duración variable, que se comportan como medios de dirección, control, coordinación y supervisión del Mando superior, elemento imprescindible de coordinación, control y responsabilidad.
La estrategia tiene que ver fundamentalmente con opciones; manifiesta una preferencia por un estado o condición futura, y establece la forma de llegar a ella.
Une el vacío entre la realidad de hoy y el futuro deseado y señala la manera concreta de cómo hacerlo. La estrategia debe poner énfasis en la eficacia, en los resultados.
Un experto norteamericano en visita a Chile señaló que “como base un plan estratégico de seguridad ciudadana necesita 4 pilares: (1) investigar las
organizaciones criminales y su relación con otras bandas en cada ciudad, (2) recopilar datos de infraestructura para entender la distribución de la zona donde operan estos grupos, (3) analizar datos anuales sobre el comportamiento de estas “pandillas”y (4) colaborar con el Estado y oficinas gubernamentales en experimentos sociales enfocados en las nuevas generaciones.
Esta no es una estrategia de seguridad ciudadana integral, son medidas coordinadas, pero en solo un nivel delictual, como si cada tipo delito fuera aislado
e independiente. En un compartimento estanco.
La seguridad ciudadana que nos interesa abarca una problemática mucho más amplia y compleja. Los ataques a la seguridad provienen solo muy parcialmente de bandas y pandillas, sino que están insertos en una estructura nacional e internacional delictual en la cual Chile se encuentra situado, en un medio político en el cual el recurso al uso de la violencia es aceptado y practicado de hecho y en un sistema judicial permisivo y con frecuencia politizado y corrupto, que neutraliza muchas medidas para el control social.
En Chile, mayoritariamente, los ciudadanos sienten temor y culpan principalmente al Gobierno y al Sistema Judicial, no a las Policías. Es un problema complejo de entender y abordar.
Carabineros de Chile, durante los últimos 10 meses, tuvieron una aprobación de entre 75% y 83%. Los partidos políticos de oposición también fueron evaluados.
En la última encuesta Cadem el Partido de la Gente tuvo la mayor aprobación con 32%. Le siguió RN 31%, la UDI 29% y el Partido Republicano 28%. Los partidos de Gobierno, en el otro extremo, se ubicaron el PRSD (con 8%, el Partido Liberal con18% y el PC con 15%) partido cuya desaprobación alcanzó el 76%.
La estructura delictual es diferente en los distintos países y está materializada por muchos elementos simultáneos y cambiantes en intensidad y modus operandi: situación económica nacional, corrupción gubernamental, ingreso de delincuentes extranjeros, bandas transnacionales, agitación política violenta; elementos violentistas (barras bravas, espectáculos masivos).
A.-Una estrategia nacional de seguridad pública comienza con caracterizar el estado y nivel de seguridad que se busca y definir prioridades. En el caso nacional, el objetivo inicial fundamental podría ser “crear una condición que haga sentir a la ciudadanía un estado de control y seguridad. De supremacía estatal sobre la delincuencia. De imperio de la ley y control sobre la delincuencia que la afecta en las formas más directas y sensibles”.
B.- En segundo lugar, establecer la prioridad y secuencia del establecimiento de la supremacía estatal en forma clara y visible:
1.- Identificación, control y combate al crimen local, barrial y de pandillas. Control y reducción sobre los delincuentes extranjeros (inmigrantes ilegales); identificación y control sobre las pandillas (en los barrios, barras bravas, micro traficantes de drogas, ladrones y asaltantes en tiendas y supermercados); robo y reducción de automóviles. Abusadores de poder grupal sobre la ciudadanía (tomas de caminos,
terrenos particulares urbanos y agrícolas, espacios públicos, acceso a los territorios declarados fuera del control del estado). Ingreso forzado a espectáculos, grandes establecimientos comerciales; espacios y actividades privadas o públicas; asaltantes y criminales que agreden a personas, particularmente mujeres y niños, en sus casas y en espacios públicos.
Estas tareas corresponden principalmente a ambas policías: Carabineros de Chile y la PDI y la efectúan inmersos en la ciudadanía, en una actitud general educativa y ciudadana, pero inflexible y sin excepciones.
2.- Identificación, control y combate al Crimen Organizado. El Crimen organizado no es un delito en sí mismo, es una denominación genérica que se da a los delitos en que actúan grupos de personas en forma organizada y regular. Entre 2018 y 2022, pasaron de 23,7% del total anual de casos criminales a 41,6% lo preocupante de esa cifra es que es una señal de la instalación y crecimiento del crimen organizado en Chile y muestra la profesionalización criminal.
En general, las redes delictuales organizadas operan en diferentes tipos de actividades internacionalmente. El crimen organizado es un complejo altamente centralizado, creado con el fin de realizar actividades ilegales. Tales organizaciones cometen delitos como de crimen organizado como el robo de cargas, fraude, secuestro por rescate y exigencia de pagos de “protección”, también incluyen, tráfico de drogas, mercancías ilícitas y armas, trata de personas, robo a mano armada, falsificaciones y blanqueo de capitales.
Se puede apreciar que muchas de las actividades criminales organizadas se materializan hacia “los clientes”, mediante redes criminales locales, pandillas de barrios, grupos violentos y similares, que sin ser parte integral de la organización criminal internacional, siguen sus órdenes, les prestan servicio, los financia y los encubren.
El combate al crimen organizado es fundamentalmente un trabajo de inteligencia Ministerial de Seguridad, cuya información proviene de los Ministerios Públicos extranjeros, Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos, Bancos, Contraloría General y Bancos, entre otras. Desde el otro extremo, las policías territoriales, Carabineros y PDI , en contacto con los niveles inferiores de la criminalidad, están en condiciones de beneficiarse de la inteligencia Ministerial y también de apoyarla proveyendo información de las actividades delictuales en sus ámbitos de acción.
En Chile, la criminalidad organizada es tarea de la Fiscalía Nacional, teniendo como objetivo fundamental una eficiente persecución penal, sobre delitos ya ocurridos. Se aprecia que el foco es distinto, la inteligencia se adelanta a las acciones, identifica actores y tendencias y establece relaciones para identificar qué, dónde y quienes, van a actuar criminalmente.
Para una mejor investigación de estos delitos, la Fiscalía se coordina con diversas instituciones públicas y privadas, entre ellas los Ministerios Públicos extranjeros, Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos, Bancos, entre otras.
Podemos ver que sin una estrategia clara, los esfuerzos nunca se potenciarán entre si y los resultados serán mediocres y frustrantes.
Si la próxima reunión del COSENA se limita a proponer acciones desarticuladas sin un objetivo específico, mensurable, otra vez estaremos perdiendo el tiempo y confundiendo show con acciones reales.

Fernando Thauby García
2 de febrero de 2024

Un aporte de nuestro Pas Presidente, Humberto Julio Reyes

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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LAS RAZONES DEL PC QUE LO OBLIGARON A ALINEARSE CON EL GOBIERNO EN SEGURIDAD. Cristóbal Fuentes y David Tralma

 

                                                                                      LAS RAZONES DEL PC QUE LO OBLIGARON A                                                                                                        ALINEARSE CON EL GOBIERNO EN SEGURIDAD

Cristóbal Fuentes y David Tralma

La Tercera, 02/02/2024

El timonel del partido, Lautaro Carmona, ayer en la mañana llamó por teléfono a personeros del Ejecutivo para solicitar más información sobre la convocatoria del Cosena. Las consultas fueron en medio de la fuerte presión y molestia de algunos de sus diputados por el uso de esta medida.

Tras enterarse de que el Presidente Gabriel Boric convocó al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para el próximo lunes, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, tomó su teléfono y llamó a militantes de la colectividad que están vinculados con la medida, así como también al Ministerio del Interior, promotor de la convocatoria.

“Soy el presidente del partido, no necesito redes. Puedo llamar a un compañero que esté en tarea y le digo cuál es la opinión, que argumento tienes tú y me lo va a comentar”, indicó el líder PC a La Tercera.

En el PC estaban conscientes de la sensibilidad del tema. Rápidamente algunos de sus diputados salieron en duros términos a cuestionar la determinación. En ese escenario, la tienda convocó a una comisión política extraordinaria -mismo espacio que se había reunido menos de 24 horas antes- para zanjar una postura sobre el asunto.

Así, hasta Vicuña Mackenna 31, desde las 17:30, comenzaron a llegar los dirigentes del espacio en el que el PC delibera cada semana, a una cita que se coordinó antes del comité político ampliado de ayer, para que no se viera que la reunión comunista se efectuó por encargo del gobierno.

Para el PC también era ideal llegar a La Moneda con su postura ya informada por medio de un comunicado, lo que ocurrió. De hecho, Carmona se retiró anticipadamente del encuentro en dirección a La Moneda para participar del comité político ampliado, mientras que el resto de la comisión política siguió elaborando el escrito.

“Es atribución exclusiva del Presidente de la República, reconocemos la importancia de contar con la opinión de sus integrantes, más aún cuando la derecha bloquea importantes proyectos de ley en el Congreso. El Congreso tendrá la última palabra en el debate sobre el proyecto de infraestructura crítica, que se dará en los próximos meses”, constató el documento final del PC, que también marcó una diferencia con lo que expresó la ministra Camila Vallejo -principal rostro del PC dentro del gobierno- en su vocería del 2 de enero.

“El Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) no da resultado más que elaborar una opinión, un diagnóstico. Nosotros necesitamos acuerdos, acciones o decisiones, que impliquen resultados, no píldoras o alicientes”, dijo, en esa ocasión, la titular de la Segegob, quien está de vacaciones.

Tras la reunión en Palacio, el PC quedó con la tarea de persuadir a sus parlamentarios para respaldar el proyecto de infraestructura crítica que se discutirá en el Cosena. “Tenemos un mecanismo de trabajo entre iguales, en donde para vencer hay que convencer”, dijo Carmona.

Una señal de esto es que hasta la reunión extraordinaria de los comunistas llegó el jefe de bancada en la Cámara, Luis Cuello, quien no integra la comisión política.

En noviembre de 2019, la diputada Karol Cariola -integrante de la comisión política del partido- comentó: “Ha decidido endurecer su puño. Cita al Cosena en el cual se asesorará por los jefes de las FF.AA. y Carabineros, entre otros. En vez de escuchar a Chile, se aísla y se encierra en la guerra solitaria de él contra su pueblo”.

Era pleno estallido social y los dirigentes de izquierda -incluyendo al Presidente Boric, el ministro Álvaro Elizalde y el subsecretario Manuel Monsalve- criticaban en duros términos la convocación del Cosena por parte del entonces Presidente Sebastián Piñera.

Lo cierto es que en la interna del PC -sobre todo en las bases- esa frase sigue vigente, ya que el diseño del Cosena no se ha modificado desde aquel 2019 y su funcionamiento es el mismo en los tiempos de Piñera y Boric. Ahora solo cambiaron los rostros que conforman la instancia y la temática particular de seguridad a abordar.

Pero hoy el partido de Carmona se ha inclinado por no batallar contra el Ejecutivo en un tema que también es sensible, sobre todo en un año electoral en donde el PC apostará por liderar más de 80 municipios, incluyendo Santiago (Irací Hassler), Recoleta (Fares Jadue), Lo Espejo (Javiera Reyes), La Florida (Nicolás Hurtado) o Antofagasta (Pablo Iriarte).

Esto también es tomado en cuenta en la interna comunista, ya que salir a rechazar en bloque una señal en materia de seguridad del gobierno (impopular en la izquierda en general, pero que puede tener adeptos en la ciudadanía) puede tener costos.

Al mismo tiempo, en el último comité central que realizó el PC se zanjó una preocupación por la crisis de seguridad y se mandató a la comisión política a realizar una propuesta de seguridad ciudadana.

“La conclusión de valorar la iniciativa en el contexto que sea parte de una ofensiva para fortalecer la política pública (de seguridad) del Estado, nace de los argumentos y la información que nos hace llegar el gobierno respecto a la motivación que tuvo esta convocatoria. (…). Esto se resuelve explicando que el Cosena convocado es un órgano consultivo, que tiene titularidad en el Presidente, quien también pone la temática, vinculado a algo que nadie desconoce: seguridad en la convivencia regular”, dijo Carmona a La Tercera.

Con ello, un argumento para ponerse detrás del Presidente Boric en la convocación del Cosena es que desde el gobierno se les explicó que en esta instancia las FF.AA. no serían deliberativas.

“El Cosena está liderado por el Jefe de Estado y tiene carácter consultivo, no deliberante”, manifestó, por ejemplo, la diputada PC Alejandra Placencia, quien integra la comisión de Seguridad de la Cámara.

Los descargos de los otros partidos. A las 19:00 horas del jueves, los presidentes de los distintos partidos de la alianza de gobierno llegaron hasta La Moneda para sostener un comité político extraordinario.

razón de la cita fue específicamente abordar los anuncios en materia de seguridad que hizo ayer en la mañana el Presidente Gabriel Boric. Y, en especial, la convocatoria que hizo para este lunes del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

Del encuentro, además de los timoneles, participaron la ministra Carolina Tohá (Interior), el subsecretario Manuel Monsalve (Interior), Eduardo Vergara (Prevención del Delito), el ministro (s) Ricardo Montero (Defensa) y la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez.

La primera en poner reparos sobre la mesa fue la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic. Ella afirmó que le habría gustado que a los partidos se les avisara con anticipación sobre las medidas de seguridad que adoptaría el Ejecutivo, un punto que también reforzaron Lautaro Carmona (PC) y el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social).

En concreto, el reclamo respondía a que el anuncio provocó un desorden en las filas de los partidos. El más claro ejemplo fue el PC, desde donde algunos diputados acusaron que el Cosena “debilita la democracia”.

En consideración de esos desórdenes, esta mañana el presidente de Comunes, Marco Velarde, justificó que hay colectividades que, cuando escuchan hablar del Cosena, “les provoca algo en su fibra de la memoria histórica, porque no podemos desconocer cuál fue el papel del Cosena en otros momentos de nuestra historia. Hay que considerar aquellos resguardos”.

Por su parte, en el encuentro el líder de los liberales, Juan Carlos Urzúa, hizo ver que a él no le molesta que el Ejecutivo no haya dado aviso previo a los partidos, con tal de que el gobierno efectivamente tome decisiones.

Sin embargo, advirtió que esta medida “no nos va a sacar el estigma de que llegamos tarde” a enfrentar el crimen organizado y que esta medida por sí sola no resuelve los problemas.

La crítica más severa, de acuerdo a quienes llegaron hasta el comité, provino del secretario general de Acción Humanista, Efrén Osorio, quien hizo presente su preocupación por la militarización y remarcó que el personal del Ejército no está capacitado para interactuar con la población civil y que, por lo mismo, es necesario evaluar alternativas para sobrellevar ese déficit.

Lo cierto es que, en esta oportunidad, el Frente Amplio se mostró cuadrado con el gobierno. Pese a que esta coalición fue crítica de la vez en que el expresidente Sebastián Piñera convocó al Cosena, en el comité político de ayer evidenciaron un fuerte respaldo a la medida.

Así, Marco Velarde, el presidente de Comunes, manifestó que un gesto de esta envergadura era necesario para lograr disminuir la sensación de inseguridad.

En 2019, el mismo dirigente había dicho que “Piñera convocó al Cosena para las 19:00 horas de hoy. A esa misma hora vamos a estar en las calles, movilizándonos con nuestras cacerolas y cánticos”.

Tras el encuentro, el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, manifestó que considera “absolutamente de acuerdo con esta la utilización de esta herramienta constitucional. Hoy lo que hemos visto es que (…) en la Región Metropolitana tenemos un alza en los homicidios de los más crueles. Hoy tenemos un crimen organizado, que es distinto a años anteriores, que es un crimen organizado de carácter transnacional”.

Previamente, también en 2019, Ibáñez publicó en sus redes sociales: “Ante la grave crisis social que estamos viviendo el presidente Piñera responde con recetas de un Estado Policial. Convocar al Consejo de Seguridad Nacional mantiene intacta la desigualdad y no responde a las esperanzas de cambio que han movilizado a millones de chilenos/as”.

De acuerdo a los presentes, Monsalve planteó que a este gobierno le ha tocado un factor comunicacional complejo en lo que respecta a seguridad. En esa línea, remarcó que durante la administración de Sebastián Piñera también había una sensación de inseguridad importante y que en ese gobierno ocurrió un “punto de inflexión” en la materia.

En línea con Monsalve, y de acuerdo a quienes participaron, el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social) sostuvo que se debe avanzar en indicadores de avance objetivos, debido a que la sensación de inseguridad no siempre tiene total correlación con los datos. “Hay que poner la pelota en el piso”, habría dicho el timonel.

Ibáñez también enfatizó que es necesario articular una propuesta sobre la ley de infraestructura crítica, en conjunto con las bancadas del oficialismo y la oposición, basada en el debate que resulte del Cosena. Y afirmó que eso serviría para restarle “demagogia” y “show” a la medida.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
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EL GOBIERNO NO SABE QUÉ HACER. Patricio Navia

 

                                                                                 EL GOBIERNO NO SABE QUÉ HACER

Patricio Navia

El Líbero, 02/02/2024

La convocatoria al Cosena sólo viene a confirmar que el gobierno del Presidente Boric no sabe qué hacer y no es capaz de asumir cabalmente su responsabilidad de brindar seguridad a los chilenos.

En vez de dar tranquilidad a la población o de demostrar que tiene un plan para combatir la creciente delincuencia, la decisión del Presidente Gabriel Boric de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) simplemente confirma lo que muchos chilenos sospechan.

El gobierno está haciendo aguas por todas partes y Boric ya no sabe qué hacer para llevar el barco a un puerto seguro.

Desde el retorno de la democracia, los gobiernos de izquierda democráticamente electos siempre se resistieron a convocar al Cosena. Hasta 2005, el Cosena tenía igual número de miembros civiles y militares.

Para la izquierda, por buenas razones, el Cosena era un resabio de la dictadura y uno de los enclaves autoritarios más molestos que tenía la constitución. Cuando Pinochet fue arrestado en Londres, el Cosena se reunió en cuatro ocasiones entre fines de 1998 y marzo de 1999.

Después de las reformas constitucionales de 2005, cuando se redujeron sus funciones y se estableció una mayoría de civiles entre sus miembros, el Cosena sólo se ha reunido tres veces. Las dos primeras, fue para discutir problemas limítrofes con el Perú. La última vez fue semanas después del estallido social de 2019.

La decisión de Boric de convocar al Cosena constituye una afrenta para la posición histórica que ha tenido la izquierda respecto a la supremacía del poder civil democráticamente electo sobre las Fuerzas Armadas.

Aunque es cuestionable que convocarlo ponga en duda esa supremacía, la izquierda siempre argumentó que, en una democracia que funciona bien, no es necesario que el Cosena discuta cuestiones de política pública.

De ahí que la decisión del Presidente Boric sea un trago amargo para la izquierda.

Después de cuando asumió en 2022, Boric demostró su incapacidad para encausar el proceso constituyente por un buen camino, la izquierda terminó votando en diciembre de 2023 para mantener la Constitución de Pinochet. Ahora, Boric vuelve a humillar a la izquierda al convocar al Cosena.

La convocatoria sólo muestra que el gobierno no sabe qué hacer frente a la delincuencia. La responsabilidad de velar por el orden y la seguridad recae fundamentalmente en el gobierno nacional.

Pero como el Presidente no sabe qué hacer para combatir la delincuencia, en su desesperación y confusión, ha tomado una medida que sólo demuestra que él no tiene brújula ni plan para cumplir con sus deberes.

Los chilenos esperan que el gobierno haga su trabajo. Pero Boric responde a esa demanda pidiéndole a otros que le ayuden a hacer su pega.

La mala noticia es que el Cosena no tiene ni las atribuciones ni la capacidad para brindar seguridad a la ciudadanía.

Convocar al Cosena equivale convocar a una reunión familiar de emergencia cuando hay un pariente luchando por su vida en la sala de emergencia. Aunque parezca que se está haciendo algo para ayudar a lidiar con la situación, en realidad es poco lo que la familia puede hacer.

Peor aún, cuando el médico a cargo del turno pide ayuda porque no sabe qué hacer, los familiares del paciente tendrán más razones para preocuparse.

Aunque no hay buenas noticias frente a la crisis de inseguridad que vive el país, sí hay razones para pensar que podemos salir adelante. Hay otros países que han podido hacer frente exitosamente a crisis de inseguridad todavía peores.

Hay forma de salir del foso. Pero para eso, se necesita un líder que tenga la capacidad para mostrar el camino y la valentía para hacer lo que se necesita.

En países que vivieron crisis similares, el restablecimiento del orden y del estado de derecho precisó políticas valientes de tolerancia cero a la delincuencia y de persecución a los delincuentes.

Los gobiernos que pudieron liderar a sus países en crisis de delincuencia siempre trabajaron junto a las policías -no se dedicaron a perseguir a las policías ni a acusarlas injustamente de violar sistemáticamente los derechos humanos.

En Chile, el combate contra la delincuencia va a tener derrotas significativas antes de que las cosas puedan comenzar a mejorar. Cuando un piloto no sabe volar aviones, es iluso esperar que el resto del vuelo vaya a ser sin sobresaltos.

Vamos a tener que hacernos de paciencia y esperar hasta que haya un nuevo gobierno para que las cosas comiencen a mejorar.

La experiencia comparada muestra que los países que han tenido malos liderazgos nunca logran derrotar a la delincuencia.

Por más que se reúna el Cosena, mientras Chile tenga un gobierno liderado por personas que han llamado a saltarse los torniquetes, que han acusado injustamente a las policías de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y que prefieren indultar y dar pensiones de gracia a delincuentes con amplio prontuario, va a ser difícil ver la luz al final del túnel en el combate contra la delincuencia.

La convocatoria al Cosena sólo viene a confirmar que el gobierno del Presidente Boric no sabe qué hacer y no es capaz de asumir cabalmente su responsabilidad de brindar seguridad a los chilenos.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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¿QUÉ SE SABE DEL CRIMEN A SANGRE FRÍA DE LOS AGRICULTORES DE MALLOA? EL CASO QUE REMECE LA AGENDA DE SEGURIDAD. Danilo Barra

                                                                           ¿QUÉ SE SABE DEL CRIMEN A SANGRE FRÍA DE LOS                                                                                             AGRICULTORES DE MALLOA? EL CASO QUE REMECE LA                                                                       AGENDA DE SEGURIDAD

Danilo Barra

La Tercera, 29/01/2024

El doble homicidio perpetrado contra agricultores durante el fin de semana recién pasado cuenta con cuatro detenidos. La audiencia de formalización será este miércoles, en medio del llamado de gremios de camiones a protestas si es que el gobierno no otorga medidas concretas para mayor seguridad. “El piso de la negociación con el gobierno serían los militares a la calle”, sostuvo Camilo Jiménez, vocero de la agrupación.

El día sábado se produjo un doble asesinato en la comuna de Malloa, en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins. Las víctimas fueron dos agricultores y las consecuencias de este crimen han despertado la indignación de los gremios relacionados.

El vocero de la Asociación Gremial de Camioneros de la Región de O’Higgins, Camilo Jiménez, dijo que de no establecerse estado de excepción darán inicio a una movilización en todo el país.

“Si no tenemos resultados completos, vamos a comenzar una movilización. El piso de la negociación con el gobierno serían los militares a la calle y establecer un estado de excepción en todo el país, ya que solo en la Región Metropolitana no sirve”, lanzó el dirigente gremial.

El gremio de los camioneros tendrá una reunión con el Ministerio del Interior este martes, donde conversarán sobre tres puntos: el control de las fronteras, Fuerzas Armadas en las calles para el control de la seguridad y discusión sobre la expulsión de todos los extranjeros que cometan delitos.

Por su parte, el presidente de Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, descartó colgarse del llamado de sus pares y no se suma al ultimátum al gobierno.

Sin embargo, sí entrega una alerta: “Estamos en un problema gravísimo y esto puede terminar en algo indeseable. Esto puede terminar en un paro de todas las actividades”, sostuvo.

La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados hoy se reunirá para discutir sobre la creación Ministerio de Seguridad, donde están invitados el presidente de la SNA, Antonio Walker, y el presidente de la Federación de Agricultores de O’Higgins, Marcelo Fuentes.

Ambos expondrán sobre la seguridad en las labores de su gremio. En la instancia también está invitada la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

El presidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN), dijo que el doble homicidio en Malloa “es el fiel reflejo del descontrol de los niveles de violencia que ha llegado la delincuencia, y cómo el ingreso de extranjeros ilegales ha traído muchas veces consigo el ingreso de bandas muy peligrosas que están alterando la criminalidad en nuestro país”.

El diputado Diego Shalper (RN), miembro de la misma instancia, dijo que “empatizamos con las familias y con las demandas de los camioneros. El gobierno debe garantizar la seguridad para los transportistas”.

Los sospechosos. Los imputados son cuatro ciudadanos venezolanos entre 22 y 26 años, a quienes se les imputan los delitos de robo con homicidio. José Sánchez Álvarez, Manuel Mercado Castillo, Dayan Sánchez Jiménez y José Mojano Garrido son los nombres de los presuntos culpables del asesinato de los agricultores.

El persecutor a cargo de la investigación es el fiscal Carlos López y la audiencia de formalización está fijada para este miércoles a las 11 a.m. en el Juzgado de Garantía de Rengo. Esto luego que se ampliara la detención de los sospechosos en espera de mayores pruebas para atribuirles autoría en el crimen.

El hijo del agricultor asesinado, Francisco Mora, se refirió al crimen contra su padre por las pantallas de Mucho Gusto: “El gobierno sinceramente no hace nada. Ha pasado más de una vez con casos que no salen en las noticias. Robos, encerronas y disparos de lo que los colegas se han salvado de suerte”, alegó.

Los cuatro sujetos imputados abordaron el camión donde se trasladaban las víctimas, quienes volvían luego de unas ventas realizadas en la Región Metropolitana, en la Feria de Lo Valledor. Mientras robaban el botín, es cuando disparan contra los tres pasajeros, resultando dos fallecidos y el tercero, un menor de edad, con heridas graves pero que ahora se encuentra fuera de riesgo vital.

La abogada María Jesús Díaz, de la Fiscalía de Rengo, detalló que el trabajo de investigación aún se encuentra siendo realizado por “la Fiscalía Regional de O’Higgins, el equipo ECOH de la Fiscalía Regional, la PDI y el equipo de criminalística, solicitaron la ampliación de plazo de investigación, accediendo el tribunal a ello”.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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INCONSISTENCIAS CON LAS INSTITUCIONES DE LA DEFENSA NACIONAL. El Mostrador

 

                                                                         INCONSISTENCIAS CON LAS INSTITUCIONES DE LA DEFENSA                                                                                                                        NACIONAL

El Mostrador, 09/01/2024

Es menester respetar el mecanismo acordado por las fuerzas políticas al derogarse hace pocos años la Ley Reservada del Cobre, para costear la compra regular y segura de armamentos y pertrechos militares. Este quedó en jaque con la aprobación de la última Ley de Presupuestos.

El debate y la aprobación de la Ley de Presupuestos para el año 2024 dejaron instalada, sin mayores explicaciones, una ambigüedad política sobre la Partida 11, correspondiente al financiamiento de la Defensa Nacional.

Con un anunciado sesgo pro-Seguridad, la Ley de Presupuestos 2024 trajo un aumento de casi un 6 % en recursos destinados a Orden y Seguridad (Partida 05 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública), y de un 1,4 % de la Partida 11 de la Defensa Nacional, la que alcanzó los $ 2,16 billones, o sea, MM$ 28.000 más que el año anterior. ¿Dónde está entonces la ambigüedad señalada y cuál es su origen?

Esta se encuentra en el artículo 35 del proyecto de ley que envió el Ejecutivo (que luego pasaría a 34 con la ley aprobada), que señaló textualmente: “Suspéndanse, durante el año 2024, las obligaciones contenidas en el artículo tercero transitorio de la ley N° 21.174, así como el aporte a que se refiere el artículo 101 de la ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, y el artículo octavo transitorio de la señalada ley N° 21.174”.

Esta disposición suspendió el aporte basal para el sostenimiento y mantenimiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional a que alude la ley N° 21.174, dándole así un golpe de contingencia a la regla acordada después de décadas de debates para derogar la Ley Reservada del Cobre, de sustraer este tema de financiamiento a las presiones políticas y a la discusión presupuestaria anual.

En esencia, la Ley 21.174 estableció un sistema de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa en reemplazo a la ley N° 13.196, Reservada del Cobre, creando como mecanismo un Fondo Plurianual de financiamiento, que considera un aporte basal y una planificación a cuatro años, de manera de costear la compra regular y segura de armamentos y pertrechos.

Pero la redacción del siguiente inciso, en el referido artículo de la Ley de Presupuestos aprobada, señala: “Semestralmente, el Ministerio de Hacienda deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las Comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras la forma en que proyecta enterar los aportes suspendidos en virtud del inciso primero de este artículo, así como aquellos que se hubieren postergado o diferido en virtud de otras leyes”. Es decir, la entrega del dinero quedó en un limbo.

Es menester respetar a ultranza el mecanismo acordado por las fuerzas políticas al derogarse la Ley Reservada del Cobre, el que debiera ir camino a ser una “institución” de la Defensa Nacional, cuya intangibilidad y su rutina deben estar aseguradas incluso en situaciones de extrema necesidad.

Y es esto –precisamente– lo que queda en duda con la aprobación de la última Ley de Presupuestos, pues, cuando el sistema aún no ha completado su primer ciclo de gestión cuatrienal ni madurado suficientemente, el poder político –con el apoyo del Congreso Nacional– tomó decisiones que introdujeron una elasticidad indeterminada y peligrosa hacia el futuro.

La ley recién fue aprobada el 2019 y ya, argumentos y promesas de palabra empeñada de por medio, inhiben el valor de la confianza en un ámbito que tiene una historia reciente, rugosa y difícil.

Lo peor es que la finura política en su tratamiento por parte del Gobierno estuvo ausente, responsabilidad que recae principalmente en el Ministerio de Defensa, y esto permitió que se concretara otra preocupante omisión del poder civil frente a los temas de la Defensa Nacional.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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