Una de las características y virtudes de un sistema democrático está representada por el ejercicio del poder como expresión de la voluntad ciudadana, lo que lleva a que quien detenta el mayor respaldo del electorado y, por lo tanto, representa la tendencia mayoritaria del pensamiento colectivo, tiene el derecho y el deber de ejercer la autoridad que le ha sido concedida.
En un sistema institucional como el nuestro, el sistema alinea al electorado en dos grandes bloques que, aunque representan las tendencias mayoritarias, hace posible la existencia de estructuras menores que, en numerosos casos, tienen la capacidad de inclinar la balanza en una u otra dirección, especialmente cuando en las agrupaciones principales existe una suerte de equilibrio precario.
Esto que en el sistema político funciona bastante bien, en la estructura social no funciona con la misma lógica, ya que existe la posibilidad de que minorías ruidosas y violentas impongan sus ideas y planteamientos al gran público, cuyo silencio otorga como dice el viejo adagio.
Expresiones de lo anterior tenemos todos los días, siendo quizás las expresiones más notables del último tiempo las llevadas adelante por las organizaciones ecológicas en el tema del desarrollo energético del país, las que independiente de la valía de sus argumentos y del aporte que ya han hecho a la preservación del medio ambiente, están logrando una suerte de paralización de los proyectos o intervenciones directas de la autoridad que pueden llegar a tener funestas consecuencias para el futuro crecimiento del país y las necesidades básicas de toda la población.
Las organizaciones protectoras de los animales han tenido otra actuación notable y potente en defensa de la situación de los perros vagos, llevando a los legisladores a morigerar el contenido de las leyes orientadas a la tenencia responsable y al control de los animales potencialmente peligrosos, al punto que la aplicación de la normativa generada, es muy probable que no sea capaz de controlar el desborde de la población canina que, en las ciudades, está generando una situación sanitaria y de inseguridad ciudadana tremenda.
Y para cerrar esta capacidad de imponer la voluntad de un grupo definitivamente menor, no podríamos dejar de mencionar a las organizaciones de derechos humanos y la reciente expresión pública de tomarse la oficina del programa de Derechos Humanos del gobierno, para presionarlo a que firme una serie de querellas por casos que afectarían a algunos de sus familiares. Más aun, para que en las conversaciones que se desarrollen al respecto, quede marginada la Directora del Programa de DDHH doña Rossy Lama, por cuanto esta autoridad habría cometido el pecado de recibir en su oficina a abogados de militares procesados por supuestos crímenes a los derechos humanos, de inocentes luchadores por la democracia durante el gobierno militar.
La apertura del gobierno a aceptar este tipo de presiones y reemplazar a la Directora por el Subsecretario del Interior en las conversaciones, son la mejor y más potente muestra de la capacidad de las minorías vociferantes, aunque ello, signifique el violar derechos humanos de otros grupos de nuestra sociedad como, por ejemplo, el del debido proceso que, a los militares, hace tiempo que no se les respeta y ante lo cual, las grandes mayorías de nuestro país guardan un oprobioso silencio.
Jorge P. Arancibia Reyes.