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Escribe: Roberto Hernández Maturana. Coronel (R)
En estos días se discute vehementemente sobre la resolución del Senado de plantear la idea de legislar penas alternativas al cumplimiento de penas para mayores de 80 años.
El fondo del asunto desde el punto político mas que judicial es que hay quienes plantean que esta idea de legislar beneficiaría a condenados por delitos de lesa humanidad.
El hecho es que la izquierda en su ánimo de venganza y lucro con las condenas a los ex uniformados y el poder judicial, con su descarada prevaricación, han empujado a buscar estas soluciones político judiciales que en lo personal no me gustan, porque mezclan situaciones de personas presas por delincuencia común con prisioneros por causas políticos militares.
Todos quienes servíamos en las instituciones de la defensa y de orden en 1973 y que hoy seguimos con vida, en esos años ostentábamos grados subalternos. Todos actuamos bajo un contexto político y militar en crisis; todos cumplimos órdenes bajo una legalidad distinta tanto en el país como en el extranjero.
Hoy se nos aplican penas por presuntas violaciones a los derechos humanos contempladas en la legislación internacional que Chile no suscribía en la época de los hechos.
El Estado de Chile depositó el Instrumento de Ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 29 de junio de 2009, incorporandose a la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio, guerra y agresión.
Aunque el estatuto fue adoptado en 1998, su aprobación en Chile se formalizó recién mediante la Ley 20.352 y el Decreto 104 en 2009, convirtiéndose asi nuestro pais en parte de este trato internacional.
Fuimos por tanto juzgados a la bandada y con efecto retroactivo, una monstruosidad jurídica, además bajo un sistema judicial derogado en Chile el año 2005, cuando entró en vigencia el nuevo sistema por las numerosas falencias que mostraba el antiguo sistema procesal penal, especialmente la falta de garantías procesales para los procesados, pero que hoy solo se continúa aplicando a ex uniformados, con pruebas inaceptables bajo cualquier sistema judicial moderno, lo que ha permitido la condena de personas sólo con testimonios de terceros y sin pruebas concretas, después de procesos interminables con todo el desgaste moral, familiar, físico y material y que se tradujeron en condenas, que dada la edad de los condenados, son verdaderas condenas a muerte, aún cuando no se haya podido probar fehacientemente la participación de los condenados en los hechos por los que se les acusaba.
Hoy cientos de ancianos ex uniformados condenados bajo las condiciones antes descritas padecen y mueren en prisión ante una tremenda indiferencia y falta de humanidad.
La clase política ha manoseado este tema hasta el límite, la izquierda nunca ha cedido en su ánimo de venganza bajo excusas de inexistentes pactos de silencio y sin esforzarse por la búsqueda de una verdadera justicia y verdad (aún se encuentra pendiente en el Instituto Médico Legal la identificación de numerosos restos humanos de presuntos detenidos desaparecidos) y la derecha (salvo honrosas excepciones), no ha tenido el coraje, ni las ganas, de buscar una solución justa y definitiva.
Todos los ex uniformados… y creo que todos los chilenos queremos una justicia humanitaria y justa, nada más, nada menos.
Un aporte de nuestro Director Luis Cabezón
Las opiniones en esta sección es de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
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