Documento publicado el día de hoy en el diario El Mercurio de Santiago, enviado por nuestro socio CN y abogado Adolfo Paul Latorre, en Cartas al Director.
Cartas
Lunes 29 de diciembre de 2014
Fallos judiciales
Señor Director:
En relación con el “activismo político” denunciado por Miguel A. Vergara (carta del viernes), cabría señalar que los procesos judiciales en que se aplicó la Ley de Amnistía a militares han sido reabiertos, no así aquellos en que la aplicación de dicha ley benefició a guerrilleros o terroristas; lo que constituye una flagrante violación a los principios de la cosa juzgada y de la igualdad ante la ley.
Los jueces sustentan tal violación en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en ciertos casos han declarado -arbitrariamente y sin sustento jurídico válido alguno- que los delitos cometidos por militares son de lesa humanidad, que no pueden ser amnistiados.
Dicha Corte no tenía competencia para conocer o resolver tales asuntos porque: a) Los hechos ocurrieron antes de la fecha en que Chile ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) No tiene facultades para intervenir en asuntos de jurisdicción interna de nuestro país -menos aún para ordenar reabrir causas ejecutoriadas e interferir en atribuciones soberanas del Estado de Chile- por cuanto según lo dispuesto en el artículo 76 de nuestra Constitución Política “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”. Por tal razón para reconocer el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, y dado que este confiere a dicha Corte jurisdicción para eventualmente conocer de conflictos ocurridos dentro del territorio de la República, fue necesaria una reforma constitucional; lo que no ocurrió en el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
No obstante lo antedicho, atropellando el principio de supremacía constitucional y las garantías que la Carta Fundamental establece, nuestra Corte Suprema de Justicia, encontrando que el criterio de la CIDH coincide con su particular modo de ver las cosas, con la cortedad de miras de todo sectarismo ha aceptado que un órgano supranacional incompetente le enmiende la plana, sin reparar en el daño extraordinario que se está causando a las instituciones de la República, al orden jurídico y al Estado de Derecho.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Afán
“Los proyectos apuntan a un fin que ha quedado oculto y fuera de discusión: el control de la población por parte de los dirigentes, los antiguos custodios de la conciencia de clase, impulsados por su voluntarismo lleno de odio y resentimiento…”
Adolfo Ibáñez
Al Gobierno y sus huestes los mueve un intenso afán de reformas. Aquel repite incansablemente que tiene que cambiar el modelo. Y se ha dicho que será con retroexcavadora. Aunque se ha tratado de suavizar esta presentación, lo cierto es que no ceja en su finalidad de cambio total. En las discusiones legislativas ha morigerado aspectos técnicos y políticos puntuales, pero, en el fondo, continúa en su afán de imponer un nuevo orden que, en su voluntarismo, revela una estrecha identidad con el viejo y fracasado comunismo, hoy disimulado con la expresión “socialismo del siglo XXI”.
Tratar de abarcar tanto y tan prontamente no revela un deseo de mejorar las cosas, sino un afán por controlar toda la vida de los chilenos. Es una reacción impulsada por la debilidad conceptual que se oculta tras su mayoría parlamentaria. Se trata de impedir a cada uno colaborar, día a día y casi siempre anónimamente, con el engrandecimiento del país. Otra cosa es que durante estas décadas de Concertación se haya ido paulatinamente, por dejación y por omisión, ensanchando el estatismo que permite proliferar a los poderosos de siempre -sindicatos, políticos y empresarios- en desmedro de la participación y beneficio colectivo. Corregir esta falla es urgente.
Los proyectos apuntan a un fin que ha quedado oculto y fuera de discusión: el control de la población por parte de los dirigentes, los antiguos custodios de la conciencia de clase, impulsados por su voluntarismo lleno de odio y resentimiento. Buscan especialmente que la novedosa y extensa clase media, que hoy constituye amplia mayoría, llegue a sentirse explotada y abusada. Es el primer eslabón para despersonalizarse y entregarse maniatados a la férula de aquellos dirigentes o casta sacerdotal del socialismo, caracterizados por su autoritarismo impositivo.
Este afán reformador que apunta a tal cantidad y magnitud de cambios insulta a todos los chilenos que con su tesón han ido construyendo paulatinamente el país en que vivimos, porque desprecia ese esfuerzo conjunto y sostenido en el tiempo. También es una bocanada de odio, con toda la pestilencia que ella acarrea, para enrarecer el ambiente e imposibilitar toda posible concordia y todo vínculo entre las personas. Es el modo para atarnos a la inhumana frialdad que deriva de las ideologías que tanta destrucción y sufrimiento derramaron sobre el mundo en el siglo XX. Es el camino de siempre para tratar de hacer de las personas unas máquinas. Y por ello siempre han fracasado.
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