ARAUCANÍA, ¿SIN ESTADO DE DERECHO. El Mercurio de Santiago, VivaChile.org, 20/3/2015
LAS OPINIONES EMITIDAS EN ESTA COLUMNA DE OPINIÓN, ES DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE UNOFAR
Extremismo y terrorismo campean en esa región, miedo y conciencia de inermidad pesan sobre la población -incluida aquella que se auto identifica como perteneciente a pueblos originarios, pero repudia la violenci
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hile se enorgullece de su temprana consecución histórica de un “Estado en forma”, de la solidez de su Estado de Derecho y de que “las instituciones funcionan”. La realidad admite matices y, entre ellos, una involución cada vez más compleja en todo lo relativo a La Araucanía. Quizás uno de los episodios más graves que se puede recordar es el asesinato -quemados vivos- de un anciano matrimonio de agricultores, cuyos familiares declaran dos años después su desesperanza de que se haga justicia.
Incontables otros casos, menos dramáticos pero similarmente violatorios del derecho, se acumulan desde que en 1990 comenzó a aplicarse una nueva política indígena cuyo principal instrumento se presumía sería la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y cuyo hito es el Convenio 169 de la OIT, interpretado como si fuera ley chilena vigente.
Extremismo y terrorismo campean en esa región, miedo y conciencia de inermidad pesan sobre la población -incluida aquella que se auto identifica como perteneciente a pueblos originarios, pero repudia la violencia.
Al respecto, los casos son difíciles de contabilizar, pero en días recientes ha emergido a la conciencia pública uno más, que grafica amargamente todo lo anterior.
En 2002, la diócesis católica de Villarrica adquirió 9 hectáreas en el sector de Padre Las Casas, en las que construyó el Seminario Mayor San Fidel, con capacidad para 70 seminaristas. En 2012 se produjo su toma violenta por grupos autodenominados mapuches. Carabineros desalojó, y 5 personas fueron detenidas y formalizadas por el delito de usurpación violenta.
En el juicio oral el grupo fue absuelto y se le impuso una multa de 81 mil pesos. La diócesis -¿en ánimo apaciguador?- no presentó querella y compareció solo como testigo y víctima. Solo 6 días después del fallo, en abril de 2014, el grupo reocupó el lugar. Al mes siguiente, el obispo de Villarrica, monseñor Stegmeier, decidió trasladar las actividades del seminario a la casa de ejercicios de dicha ciudad: la vida de estudio y oración no era ya posible, el derecho al ejercicio libre de un culto era allí letra muerta.
En lo jurídico, erró la autoridad eclesiástica al no reclamar inmediatamente por el atropello sufrido con todo el vigor de la institucionalidad. Llevado el asunto a la instancia gubernamental, en 2014 el intendente Huenchumilla afirmó que se buscaría una solución mediante la compra de los terrenos para traspasarlos a los ocupantes ilegales, pero en estos días ha informado que “el tema está en manos del Ministerio del Interior”, ya que la Conadi no puede comprar bienes edificados. El subsecretario Aleuy aún no se ha pronunciado, aunque la toma dura ya 11 meses, y los usurpadores, entretanto, ingresaron a un fundo vecino.
Interrogado el obispo de Villarrica por la omisión de emprender acciones legales y pedir desalojo, ha declarado: “Ante los temas mapuches no existe el Estado de Derecho; entonces, no tiene sentido. Estas personas pagaron una multa y al día siguiente fueron de nuevo a tomarse el seminario, y si denunciábamos, habría otro juicio e iba a pasar lo mismo”. Y ante el resultado de la opción política -recurrir al intendente-, es entendible que ya se den por perdidos el terreno y los inmuebles, así como las pertenencias que, en las condiciones imperantes, no pudieron trasladar a la ciudad.
Son estas pésimas señales para nuestra convivencia democrática. Como lo recordó en Chile hace poco el juez Scalia de la Corte Suprema de EE.UU., no se advierte “cómo la democracia podría funcionar” sino “interpretando los textos de las leyes y la Constitución en forma justa”. Eso es lo que no está ocurriendo en La Araucanía, con progresivo empeoramiento, por más de dos décadas.
Es urgente reforzar la plena vigencia del Estado de Derecho, para impedir que surjan intentos de legitimar opciones de fuerza por parte de los agobiados habitantes de esas zonas.