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En la sentencia judicial más esperada del siglo 21, el juez Alejandro Madrid ha establecido, como una “verdad judicial”, que el expresidente Eduardo Frei Montalva no murió por razones únicamente clínicas el 22 de enero de 1982, sino que fue asesinado.
Un homicidio, sin embargo, que no ha podido tener el rango de “calificado”, sino solo de “simple”, porque el juez no encontró alevosía, ni premio, ni veneno, ni ensañamiento ni planificación, que son las condiciones para pasar al homicidio “calificado”.
¿Ni planificación? Esto es muy curioso: el juez Madrid no dice que no la haya, sino que no la encontró. En el plano de la verdad verdadera, esto último importa mucho, por varias razones. En lo positivo, porque asume las limitaciones de la investigación sobre un hecho muy distante en el tiempo. En lo negativo, porque debilita estructuralmente la imputación de homicidio. Si no hubo planificación, ¿Qué tipo de acto fue?
El expresidente Frei Ruiz-Tagle ha dicho que ahora es necesario buscar las responsabilidades políticas.
Es cierto, porque en la sentencia el crimen se comete prácticamente dentro de la DC: el único autor es el doctor Patricio Silva Garín, ex-subsecretario de Salud de Frei Montalva, hombre de confianza en la DC; y sus cómplices principales son el chofer Luis Becerra, “Luchito”, empleado de confianza de Frei Montalva y de la DC, convertido en informante de la CNI por las razones de siempre: dinero más amenazas; y Raúl Lillo Gutiérrez, el agente que la jerga de inteligencia llama “de control”, el encargado de mantener activo al soplón.
No es inútil recordar además que el jefe superior de la CNI en ese momento era el general Humberto Gordon, ex-edecán de Frei Montalva y por mucho tiempo considerado filo DC. Una lectura por descarte llegaría a la conclusión de que el marco y el clima del delito están en el ethos de la DC…
Los otros tres condenados son médicos, y dos de ellos tanatólogos (enviados por un médico jefe amigo de Frei Montalva). Ninguno de los tres estuvo en las cirugías que derivaron en la muerte del expresidente. Se los inculpa porque participaron en lo que confusamente se ha descrito como “autopsia”, cuando en realidad se trató de retirar órganos que entrarían en putrefacción, con el olor consiguiente, en unas pocas horas. Los tanatólogos hablan de “preparar el cadáver” cuando se refieren a estas maniobras.
Y parece como si los acusados lo hubiesen hecho sin el conocimiento de nadie. Se ignora de manera ominosa la presencia de la DC como fuerza política.
En aquel momento, el cadáver de Frei Montalva debía servir para dar al régimen una demostración de fuerza como no había tenido nunca antes. El féretro fue instalado en la Catedral para recibir a miles de personas que durante tres días hicieron filas interminables para saludar al insigne muerto. El funeral fue el más grande que se conociera.
Y fue un enorme desafío en uno de los momentos en que el régimen no estaba débil -como se ha dicho, con olímpica ignorancia de los hechos-, sino que se sentía más fuerte que nunca. Ese desafío no era posible si el cuerpo invadido por la septicemia no era previamente depurado.
En las operaciones que sufrió Frei Montalva, el primer médico fue Augusto Larraín. Por años se ha discutido la calidad de su intervención y la infección feroz que se derivó de ella. El fallo del juez Madrid se concentra en la segunda y siguientes operaciones -que no habrían existido sin la primera-, realizadas por Silva Garín. En ellas hubo diversas maniobras que habrían causado la muerte, pero no ha logrado establecer cuáles.
No ha encontrado ni el momento ni el arma.
Tampoco ha podido “acreditar con certeza “que hubiese una autoridad superior tras el crimen. En consecuencia, por ahora, nadie ordenó ese crimen. Por ahora, el doctor Silva Garín lo cometió solo.
Esto es un oxímoron. La solución simple y lógica es decir que la orden y el plan vinieron de la dictadura, de Pinochet y de sus aparatos represivos. Pero el juez no ha encontrado ni la orden ni el plan, ni escritos ni verbalizados ni insinuados.
El país ha subido mucho sus estándares de “verdad jurídica “para aceptar estos vacíos como el reflejo fidedigno de una verdad verdadera. Los casos de derechos humanos han sido minuciosos para establecer momentos, instrumentos, móviles, órdenes y circunstancias en los delitos; así lo han buscado también los mejores ejemplos de periodismo de investigación.
Ese estándar lo comenzó a fijar el Informe Rettig y desde entonces no ha hecho más que elevarse. Gracias a eso no impera en la sociedad la idea de que se hayan cometido injusticias flagrantes en los juzgamientos de crímenes de lesa humanidad.
Por duro que parezca, la sentencia del juez Madrid está lejos de esos estándares.
Algunos penalistas sostienen que en el procedimiento penal antiguo lo más importante son las presunciones. La principal del juez Madrid es que en el momento de la muerte de Frei el régimen militar ya no podía cometer crímenes tan resonantes como los de Prats o Letelier. Debía ser más sofisticado.
Pero apenas un mes después, en el mismo verano del 82, Tucapel Jiménez fue asesinado por la misma CNI con los métodos más bárbaros que se recuerde, y abandonado en su propio taxi para que fuera notorio.
¿Y el móvil? Parece obvio: Frei era el líder más importante de la oposición. Sin embargo, el régimen lo había derrotado con el plebiscito fraudulento de 1980 y el año siguiente al presidente de la DC, Andrés Zaldívar, se le había impedido regresar a Chile, sin que Frei ni nadie pudieran hacer nada.
Una parte de la CNI estaba dedicada a vigilar a Frei, qué duda cabe. Resulta estremecedor conocer el modo en que la DC estaba infiltrada y para muchos militantes de entonces será doloroso leer que el muy popular “Luchito “era un soplón.
Pero nadie ignoraba en aquellos días que ser opositor era peligroso y suponía estar vigilado. ¿Es distinto en alguna dictadura? Este contexto es otro de los fundamentos del juez.
Los contextos no matan. Pero pueden sacralizar ciertas cosas. El mayor éxito de quienes han estado convencidos de que Frei fue asesinado -convicción no es lo mismo que certeza- no es esta sentencia, sino el clima social que ha creado.
Más aún: la sentencia será apelada por todas las partes, porque a todas les ha parecido insuficiente, pero qué corte se atrevería a contradecir esta “verdad jurídica “sin el temor de ser acusada de negacionismo o, peor aún, de complicidad con la CNI y con la dictadura?
Hay una verdad verdadera que no está en el laborioso fallo del juez Madrid ni en las ceremonias que se iniciaron minutos después de que lo liberara. ¿Alguien se interesará en ella?