Día: 18 Enero 2020

Este sábado, el secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), Erwin Brevis, valoró la “rápida” recuperación de la espada del general Baquedano, sustraída anoche desde el monumento público.

Fue en horas de esta mañana, cuando la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones detuvo a un hombre sospechoso del delito de receptación, quien fuera formalizado esta tarde.

Al respecto, Brevis afirmó que “es una gran noticia la diligencia con que actuó la PDI, institución con la que trabajamos coordinados en la protección de nuestro patrimonio. Hoy hicimos una nueva visita técnica para verificar el estado del monumento para determinar los refuerzos que se harán al bien”.

Además, adelantó que se recabarán todos los antecedentes necesarios para la interposición de acciones legales por daño a monumento nacional, el cual es un delito tipificado en la Ley de Monumentos Nacionales, que arriesga pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y una multa de 50 a 200 unidades tributarias mensuales.

Estos antecedentes se sumarían a la querella anunciada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio por el caso específico de Baquedano, y a otras acciones legales que ya están siendo emprendidas por el ministerio en coordinación con otras entidades, como el Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado, por ejemplo, para acciones de daño a monumentos nacionales.

“Lo que sigue ahora es seguir trabajando con la PDI, con el Centro Nacional de Conservación y Restauración, con la Municipalidad de Providencia, para poder recibir esta parte del monumento público, desarrollar las primeras acciones de conservación y protección de la pieza y definir lo que sigue en adelante en relación al monumento a Baquedano. Ya estamos desarrollando las coordinaciones para conseguir las nuevas fijaciones y los refuerzos necesarios para proteger el bien”, dijo Brevis.

Cabe recordar que el Consejo de Monumentos Nacionales, en su sesión plenaria del miércoles 8 de enero, resolvió por unanimidad mantener el monumento al general Baquedano en su emplazamiento actual y proceder de manera urgente al retiro o refuerzo de los elementos con riesgo de caída o pérdida.

La instancia decidió constituir un equipo técnico que analice alternativas de protección y reforzamiento que resguarden la integridad del bien y de las personas, integrado por especialistas de diversas disciplinas.

Asimismo, se acordó mantener el monitoreo del monumento y evaluar las iniciativas sobre la permanencia en el lugar o el eventual retiro, traslado y resguardo temporal del bien, poniendo a su disposición las competencias técnicas y la información del CMN.

El país ha ingresado, a partir del 18 de octubre, en una crisis de legitimidad del régimen político, económico y social neoliberal que ha regido al país en las últimas décadas.

Los ciudadanos y ciudadanas de todo el país se han movilizado para exigir transformaciones estructurales y es esperable que las protestas sociales continúen, mientras la ciudadanía no perciba que estos han comenzado a ocurrir.

El “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” fue un primer paso, muy importante, para iniciar el proceso constituyente que está demandando el pueblo movilizado. El proceso plebiscitario para derogar la Constitución del 80 y reemplazarla por un nuevo texto fundamental, emergido de la voluntad popular, es el resultado más significativo de la enorme movilización de la sociedad chilena.

Este proceso enfrenta, sin embargo, varios problemas para ser materializado exitosamente. Uno de estos es que el acuerdo emergió con una muy débil legitimidad, tanto por la crisis de credibilidad de las instituciones políticas, como porque las organizaciones más importantes que convocaron a la protesta no fueron consultadas durante las negociaciones que lo originaron.

Fortalecer la legitimidad del acuerdo es hoy la tarea más importante, cuestión que será posible si se fortalece su inclusividad, si son acogidas las demandas de paridad de género y representación de los pueblos originarios e independientes, entre otras que han planteado las organizaciones sociales como la Mesa de Unidad Social.

Las negociaciones deben prestar atención a los planteamientos del movimiento social y el proceso plebiscitario requiere iniciarse prontamente, porque su dilación también está afectando la credibilidad del acuerdo.

La convocatoria al plebiscito para el 26 de abril de 2020 contribuirá para comenzar a descomprimir la crisis, porque significará un primer cambio tangible a pesar de lo prolongado de las movilizaciones y encauzará gran parte de las energías y voluntades mayoritarias del país hacia la solución democrática.

Un segundo problema que enfrenta la construcción de una salida política a la crisis es la ausencia de señales de voluntad política para poner en marcha reformas estructurales.

La movilización social estalló como una forma de exigir cambios significativos en las políticas sociales que han sido negados de manera ilegítima por los cerrojos constitucionales impuestos durante el proceso de transición. Sin embargo, el Gobierno solo ha respondido con medidas paliativas que están profundizando la frustración de la gran mayoría de la población.

Una tercera dinámica que está afectando la legitimidad del proceso político está siendo tanto el desarrollo de un intenso proceso de violencia social, distinta al movimiento de protesta social, como la deficiente respuesta coercitiva del Estado. Ambas están amenazando el Estado de derecho.

Junto con las formas tradicionales de protesta y movilización como rayados, marchas, interrupciones de tránsito, barricadas, tomas de terrenos, entre otras manifestaciones, a partir del 18 de octubre se ha masificado una forma de violencia que hasta entonces parecía marginal.

Tanto en la primera línea como en distintos territorios del país han cobrado fuerza los saqueos y se ha destruido infraestructura pública con una intensidad sin precedentes. Las zonas centrales de algunas de las ciudades más importantes han sido destruidas, afectando a personas sin distinción y amenazando el funcionamiento de comunidades de manera indiscriminada. Una parte de esa violencia es anómica, porque la producen grupos sin objetivos políticos ni sociales y también ha cobrado fuerza el accionar de grupos antidemocráticos, especialmente anarquistas. Pero además han surgido antecedentes revelando que, en algunos saqueos, han participado funcionarios y autoridades municipales de derecha.

El Ministerio Público aún investiga el origen de los atentados al Metro de Santiago, así como numerosas denuncias. No existe, por lo tanto, un cuadro completo que permita identificar responsables acerca del origen político y social de la violencia y no es exagerado afirmar que existen legítimas dudas acerca del origen de muchos actos de violencia.

Sin embargo, si ese nuevo tipo de violencia no es controlada, amenaza la convivencia básica y el funcionamiento de la sociedad, debilita la legitimidad de la propia movilización social, amenaza la continuidad del Estado de derecho y, con ello, del régimen democrático.

Sin embargo, a partir de esas acciones, otros sectores están configurando una narrativa para debilitar y eventualmente revertir la ejecución del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”.

Han debido acceder a un camino para desmantelar la Constitución de 1980, pero no se han resignado. Se trata de una narrativa que, a partir de la condena a los hechos de violencia anómica y anarquista, avanza hacia la criminalización de la protesta social legítima y la militarización de la crisis.

El proyecto de ley “antisaqueos” es un reflejo de lo anterior, puesto que no solo intenta penalizar los saqueos, en lo que existe acuerdo transversal, sino que también propone penalizaciones de diversas formas legítimas e históricas de protesta social.

La violencia del Estado también se ha convertido en otra fuente que está deslegitimando y dificultando la solución política a la crisis del modelo neoliberal. Particularmente crítica es la situación de Carabineros de Chile, que ha violado gravemente los Derechos Humanos de las personas en el marco de la movilización social, haciendo un uso ineficaz, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza como lo han señalado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lo anterior ha dejado a las autoridades del propio Gobierno sin otra opción que aceptar la existencia de una gravísima crisis de la principal institución policial profesional responsable constitucionalmente del orden y seguridad pública del país.

Sin embargo, el Gobierno aún no implementa políticas claras y consistentes para revertir la crisis en Carabineros, como para evitar la impunidad.

Los reiterados impulsos hacia la militarización. El Gobierno ha llevado adelante también una errática política en lo relacionado con el rol de las Fuerzas Armadas, deteriorando en cada oportunidad aún más la situación y exhibiendo un reiterado impulso hacia una militarización, que solo ha agravado y puede agravar todavía más la situación de seguridad, junto con debilitar incluso más el acuerdo por una nueva Constitución.

Una primera decisión política del Gobierno en tal dirección fue diagnosticar la crisis como una guerra contra un enemigo interno y declarar el estado de emergencia a pocas horas de haber estallado la crisis el 18 de octubre, sin haber agotado el empleo de las capacidades de Carabineros de Chile, arrastrando a civiles y militares –innecesariamente durante diez días– a la reapertura de una dolorosa historia de enfrentamiento en la historia de Chile.

Una segunda decisión militarizadora del Gobierno fue haber convocado al Consejo de Seguridad Nacional el 7 de noviembre. Tanto el contralor general de la república, como los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, hicieron presente lo equivocado de esa determinación.

Una tercera decisión similar del Gobierno fue amenazar con la imposición de un segundo estado de emergencia si el Congreso no arribaba al acuerdo que se alcanzó el 15 de noviembre, denuncia que hizo la periodista Andrea Vial, mientras se realizaban las negociaciones y que no fue desmentida.

Una cuarta decisión del Gobierno en la misma dirección fue el haber autorizado el comunicado oficial emitido por las tres ramas de las Fuerzas Armadas el 21 de noviembre pasado, rechazando el Informe de Amnistía Internacional.

La Constitución establece, en su artículo 101, que “Las Fuerzas Armadas (…) existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional” y, en su inciso tercero, que “las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes”. No corresponde entonces que estas, mediante un comunicado oficial emitido como cuerpos armados, intervengan en el debate público y que esto sea respaldado por el Gobierno. Las opiniones de las FF.AA. deben ser transmitidas mediante el conducto regular, el que de acuerdo con la Ley 20.424 corresponde al ministro de Defensa Nacional.

La última decisión del Gobierno hacia la militarización ha sido el envío, primero, de un proyecto de ley ingresado el 26 de noviembre que modifica la Ley 18.948 Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, estableciendo el rol de estas en la protección de la infraestructura crítica sin necesidad de declaración de estado de excepción Constitucional, luego su retiro y el posterior ingreso de una reforma constitucional con el mismo propósito.

Se trata de una modificación del artículo 32 de la Constitución, que establece las atribuciones especiales del Presidente de la República, en su numeral 17, que se refiere a su facultad para disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional.

La propuesta de reforma constitucional faculta al Presidente para decretar que las FF.AA. se hagan cargo de la infraestructura crítica y señala que no implicará la suspensión, restricción o privación de los derechos ni garantías constitucionales, por lo que no será un estado de excepción constitucional; que no se dispondría de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden o la seguridad públicas y que no se afectarían las facultades de las fuerzas de Orden y Seguridad.

El proyecto define la infraestructura crítica como instalaciones, sistemas y sus componentes cuya perturbación o destrucción tendrían un grave impacto sobre los servicios de utilidad pública y el funcionamiento de los órganos y la administración del Estado.

El Gobierno ha invocado como justificación la necesidad de liberar personal de Carabineros de Chile de la protección de la infraestructura crítica, para poder dedicarlo a las tareas de orden y seguridad públicas. También ha invocado la presunta existencia de precedentes internacionales en que las Fuerzas Armadas protegen ese tipo de infraestructuras.

El efecto de la medida parece ser, sin embargo, muy limitado o casi nulo desde el punto de vista de la liberación de personal policial. Salvo en el caso de los hospitales o del Metro de Santiago y sin contar con información oficial, parecen ser pocos los recintos o instalaciones actualmente custodiados por personal policial y parece ser muy contraproducente desplegar Fuerzas Armadas en ese tipo de recintos.

La comparación internacional es incorrecta, puesto que los casos citados corresponden a países democráticos que han debido movilizar a las FF.AA. tras experimentar agresiones originadas por amenazas terroristas transnacionales y en algunos casos, incluso, financiadas por Estados, dotadas de capacidades militares, incluyendo armamento convencional, como capacidades asimétricas; y de agresiones organizadas principalmente desde el exterior. Por el contrario, en el caso de Chile, la crisis se ha originado como consecuencia de problemas políticos y sociales, no militares.

Llama la atención que se haya propuesto un proyecto con una definición tan amplia de infraestructura crítica que podría ser protegida por las FF.AA., porque permitiría eventualmente militarizar todo el país.

Las instituciones militares cumplen desde hace mucho tiempo algunas tareas de protección permanente de infraestructura crítica en tiempo de paz, pero mediante normas muy acotadas, muy proporcionadas a las necesidades y, por tanto, legítimas. Es el caso de la protección de las instalaciones de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Por esta razón, si el proyecto de reforma constitucional fuera aprobado por el Congreso Nacional, se estaría naturalizando una presencia permanente de las Fuerzas Armadas en un contexto de grave crisis política y social, algo que incluso no se atrevieron a hacer los constituyentes autoritarios de la Constitución de 1980.

Adicionalmente, al proponer la posibilidad de una presencia permanente de las Fuerzas Armadas sin estados de excepción constitucional y sin facultades policiales, el Gobierno está básicamente proponiendo un verdadero oxímoron de militarización de hecho, altamente riesgoso, tanto para la evolución de la crisis social y política como especialmente para la superación de la crisis de seguridad pública. Si son desplegadas bajo una norma como la que se propone, en la práctica las Fuerzas Armadas podrían verse directamente involucradas o afectadas de hecho en una crisis de seguridad pública, sin tener ni el mandato constitucional, legal, ni la preparación profesional.

¿Qué va a pasar si, una vez desplegadas, con las atribuciones que no les otorga esta reforma propuesta, las Fuerzas Armadas debieran enfrentar una turba que atacara una infraestructura crítica? ¿Llamar a Carabineros? ¿A qué van a salir las Fuerzas Armadas si de acuerdo con las iniciativas del Gobierno solo van a poder cuidar infraestructuras que no podrían defender, porque en ese caso no tendrían las facultades para actuar?

Por esa razón, junto con no impactar significativamente, el proyecto en realidad arriesga agravar sustantivamente la crisis de seguridad, incrementando tanto la distancia del movimiento social con la elite, como además profundizando y extendiendo la crisis de legitimidad de las instituciones de fuerza del Estado, reconocida públicamente en el caso de Carabineros.

En virtud de lo anterior, existe una evidente desproporción entre el tipo de problema de seguridad que la reforma intentaría resolver, la magnitud del despliegue que se podría realizar y el riesgo involucrado en la medida propuesta.

El país vivió entre 1983 y 1988 una prolongada crisis política y movilización social, que no pudo ser detenida con una respuesta militar, sino hasta que el régimen autoritario fue empujado a realizar una transición democrática.

Sería paradójico y terrible que, en la democracia de hoy, la solución política iniciada con el acuerdo para la nueva Constitución terminara viéndose amenazada por un agravamiento de la crisis de seguridad como resultado de la reforma constitucional. Si ello ocurriera, sería una detención fáctica de los cambios a los cerrojos institucionales que no pudieron ser cambiados en 1990 y que están en el origen del estallido social de 18 de octubre.

Si se aprobara el proyecto presentado por el Gobierno, y las Fuerzas Armadas fueran desplegadas sin estado de excepción constitucional, Chile se terminaría sumando, 30 años después, a la larga lista de países de América Latina que, en el contexto de la crisis democrática generada por la globalización neoliberal, han terminado llamando nuevamente a los militares para resolver sus problemas internos, tanto de seguridad pública como políticos.

La crisis política y social se debe enfrentar con el proceso constituyente y con reformas sociales estructurales, y la crisis de seguridad pública debe ser resuelta con una policía conducida por la autoridad política, que respete los Derechos Humanos, con mejor seguridad pública.

Es urgente que, desde el Gobierno y siguiendo las recomendaciones de organismos defensores de los Derechos Humanos, se adopten medidas claras, se inicien procesos inmediatos de reforma del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, así como de Carabineros, orientadas a fortalecer rápidamente su eficacia profesional. Que se adopten medidas ante los casos más graves de violaciones de los DD. HH., como pasos iniciales imprescindibles para comenzar un proceso de, a lo menos, mínima relegitimación del accionar policial del Estado.

El Gobierno de Chile no debe abdicar de esa responsabilidad.

 

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión.

Cuando el 19 de octubre, tras dos jornadas de violencia en el contexto del inicio del estallido social, el Presidente Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia, los efectivos de las Fuerzas Armadas que se desplegaron en las calles lo hicieron sin un reglamento específico sobre la forma en que debían actuar que les sirviera de guía y al mismo tiempo de respaldo legal.

Aunque fue el ministro de Defensa, Alberto Espina, quien comunicó al comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, que los militares debían asumir el control del orden público, el Mandatario decidió conversar también con el jefe militar para explicarle su determinación, inédita desde el retorno a la democracia.

Las primeras tensiones entre los militares y el Ejecutivo comenzaron a evidenciarse esa misma madrugada, en la casa de Martínez, hasta donde llegaron -entre otros- el resto de los comandantes en jefe de las FF.AA. y Espina.

En las conversaciones estuvieron sobre la mesa los riesgos que implicaba para las ramas armadas lidiar frente a eventuales provocaciones o ataques de civiles sin disponer -a diferencia de Carabineros- de elementos intermedios de disuasión. A ello hay que agregar la evidente carga histórica que tenía para el país el despliegue de los militares en las calles.

Tras nueve días a cargo del control del orden público, los jefes de las FF.AA. tenían un claro diagnóstico de sus deficiencias, lo que implicó una serie de conversaciones con Defensa y La Moneda ante la eventualidad de que se decretara una vez más el estado de emergencia en el país.

Las “Reglas de Uso de la Fuerza” (RUF), dictadas en 2012 por el Ministerio de Defensa para regular el trabajo de las Fuerzas Armadas en medio de catástrofes naturales y diseñadas para escenarios de cooperación con la ciudadanía y no de enfrentamiento social, de poco o nada servían.

Sobre la marcha y a falta de algo mejor, los mandos militares que asumieron el control de las zonas de emergencia debieron adaptar la circular de Carabineros 1832, dictada el 1 de marzo pasado por el general director de la policía uniformada, Mario Rozas.

Un reglamento que no conocían -desde fines de los años 80 que las instituciones castrenses sacaron de sus mallas curriculares el tema del control del orden público-, por lo que debieron enseñarlo rápidamente. Cada mañana antes de salir a terreno, durante los nueve días que se extendió el estado de emergencia, los jefes de unidad debían leerlo a sus tropas. Y aún más grave, la circular no se adaptaba ni al armamento ni al entrenamiento militar.

La circular sobre uso de la fuerza de Carabineros establece cinco niveles de cooperación o resistencia de los ciudadanos e igual número de acciones de respuestas por parte de los uniformados, los que van escalando desde la disuasión por presencia de los efectivos en el lugar hasta el uso potencial de armas letales, las que deben emplearse basados en los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad.

El problema es que, a diferencia de las policías, los militares no disponen de armamento disuasivo (bastones, gases lacrimógenos, carros lanzagua, dispositivos sonoros), sino material de guerra cuya finalidad es generar el mayor daño posible, lo que hace prácticamente inviable el tema de la proporcionalidad en el uso de la fuerza.

Desde entonces, los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas han presionado al gobierno para que se dicte a la brevedad una nueva RUF y han manifestado la incomodidad de las instituciones castrenses ante la posibilidad de que se les obligue a salir nuevamente a las calles en medio de la crisis social sin que exista una orden clara respecto de lo que se espera que hagan los uniformados y nuevas reglas de operación.

En particular, por las potenciales consecuencias que trae para los uniformados cualquier actuación que termine en vulneración de derechos de los ciudadanos.

El viernes 22 de noviembre, las Fuerzas Armadas entregaron o más bien sugirieron -como se denomina en jerga militar- al Ministerio de Defensa una propuesta de una nueva RUF.

Según algunas fuentes que conocieron las conversaciones, el documento enfatizaba que la respuesta por parte de los militares a una agresión no podía ser proporcional, sino que siempre sería superior, algo que debía considerarse a la hora de evaluar las medidas de exención penal para los uniformados, por cuanto se cumplirían las condiciones normales que establece la ley para calificar un acto de legítima defensa.

Otras fuentes niegan que la propuesta haya sido tan drástica. En todo caso, esta fue desechada, generando con ello una nueva incomodidad en la relación entre los comandantes en jefe y el Ejecutivo, en momentos en que el Presidente Piñera plantea sacar nuevamente a los militares a las calles, esta vez a resguardar infraestructura crítica.

“El viernes (22 de noviembre) los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas enviaron al Ministerio de Defensa un proyecto de reglamento de uso de la fuerza, sobre la base de que el uso de la fuerza por parte de la autoridad no puede ser proporcional, porque de esa manera solo se empata con los violentistas. Pongo un ejemplo ridículo, pero si los violentistas lanzan piedras, las fuerzas militares no pueden responder con piedras. Obviamente, la respuesta será mayor. Ese texto fue alterado sensiblemente en el Palacio de La Moneda, por lo que, obviamente, las Fuerzas Armadas no están contentas ni muy disponibles para ser usadas en un contexto en el que pueden sentirse sobrepasadas, como lo ha señalado Carabineros”, relató el periodista y analista político Ascanio Cavallo el viernes 29 de noviembre en T 13 Radio.

La principal inquietud de los militares -y así se lo han hecho saber a las autoridades de gobierno- es que, a diferencia de los carabineros, no cuentan con elementos intermedios para disuadir manifestaciones.

Martínez incómodo. El jefe del Ejército ha sido uno de los más vehementes en plantear esta incomodidad. El jueves 7 de noviembre, durante la polémica reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) convocada por Piñera, el general Martínez leyó una declaración en la que dejó en claro la posición del Ejército. Según algunas de las autoridades que asistieron a esa sesión, el jefe castrense partió diciendo que son una institución subordinada al poder civil, por lo que obedecerían en caso de que se les ordene salir a las calles, sin embargo, dejó en claro que no estaban en condiciones de hacerse cargo del control del orden público.

No, al menos, sin órdenes ni reglas claras.

Esta semana les enviaron a los comandantes en jefe un borrador del texto, al que hicieron algunas observaciones. Todo indica que la próxima semana podría ser enviado al presidente para la decisión final.

“No es lo nuestro”, le habría dicho el general Martínez al presidente del Senado, Jaime Quintana, días después de la controvertida convocatoria al Cosena, en una reunión privada del jefe castrense con parlamentarios.

En esa ocasión -según quienes conocieron los pormenores de la cita-, el general dejó en evidencia que las Fuerzas Armadas estaban recibiendo presión del gobierno para sacar a sus efectivos a las calles para controlar el estallido social, algo que los tenía incómodos.

Martínez llegó a la Comandancia en Jefe del Ejército en marzo de 2018 con la idea de separar definitivamente al Ejército de lo que fue su pasado reciente. “El Ejército no puede ser visto como perteneciente a un sector político o una parte de la sociedad. El Ejército debe ser considerado transversal”, explicó el jefe castrense en septiembre del año pasado, en su primera entrevista pública, ocasión en la que también anunció que promovería durante su mandato la reflexión del rol de la institución en los últimos 50 años, incluido el tema de los derechos humanos y su papel en la dictadura.

Por lo mismo, afirman en el mundo militar, más allá de que la decisión presidencial se ajustara a derecho y no sea controvertida por los uniformados, se vio como un retroceso en el proceso de acercamiento a la ciudadanía que se les ordenara hacerse cargo del control del orden público.

Las tensiones volvieron a un punto álgido la noche del 12 de noviembre. El Presidente Piñera llamó al ministro Espina para decirle que estaba considerando la posibilidad de decretar un nuevo estado de emergencia. La sola idea alteró el ánimo de los militares. Fue entonces que desde la oposición dejaron en claro que un nuevo estado de excepción podría dinamitar los esfuerzos que se estaban haciendo en esos momentos por alcanzar un acuerdo político para abrir un proceso constituyente.

Espina -ya cuando se decidió optar por una salida política y el Mandatario llamó a un pacto por la paz, a consensuar una agenda social y apoyó los esfuerzos para la discusión de una nueva Constitución- empezó a empujar la idea de emplear a los militares solo en funciones acotadas en la vigilancia estática (puntos fijos) en infraestructura crítica y evitar, o al menos reducir, al máximo el riesgo de roces entre uniformados y manifestantes.

Un proyecto de reforma constitucional en esta línea fue aprobado esta semana en la Comisión de Constitución del Senado, tras hacerle varias modificaciones a la propuesta original del gobierno.

Nuevas normas. En paralelo, en el Ministerio de Defensa el subsecretario del ramo, el almirante en retiro Cristián de la Maza, y la directora jurídica de la cartera, Alicia de la Cruz, comenzaron a redactar un nuevo reglamento sobre uso de la fuerza.

Esta semana les enviaron a los comandantes en jefe un borrador del texto, al que le hicieron algunas observaciones técnicas, y todo indica que la próxima semana podría ser enviado al Presidente de la República para que tome una decisión final.

En Defensa insisten en que estas nuevas RUF no incluyen exenciones penales, pues se trata de un reglamento que tiene menor jerarquía que el Código Penal, donde están normadas -en el artículo 10- las condiciones para eximir a cualquier persona, civil o militar, de responsabilidad penal por legítima defensa.

Así, las nuevas RUF establecen medidas de reacción gradual en casos de provocaciones verbales, de resistencia pasiva a una instrucción y qué hacer si se produce una resistencia activa o una agresión física. También el plazo que disponen los efectivos militares para entregar a la policía a una persona que ha sido detenida, entre otros aspectos.

En Defensa afirman que el diálogo entre el ministro y los comandantes en jefe se ha intensificado desde que estalló la crisis social.

Si antes del 18 de octubre lo usual era que la autoridad se comunicara día por medio con los jefes castrenses, desde ese día, y hasta hoy, Espina habla en forma diaria con cada uno de los tres comandantes en jefe.

La relación que mantienen, aseguran, es fluida. Fue el propio Espina quien les pidió a los jefes castrenses sacar una declaración en respuesta al duro informe de Amnistía Internacional respecto de las violaciones a los derechos humanos.

El objetivo de ese texto, aseguran en la cartera, fue dar una señal de respaldo hacia el interior de las Fuerzas Armadas en momentos en que la posibilidad de que nuevamente se les asigne el control del orden público se mantiene latente.

Con los altos mandos, Espina mantiene un chat de WhatsApp, además de una reunión semanal de carácter informal y otra de coordinación formal con los jefes de las tres ramas armadas. No solo eso, una vez al mes se juntan a cenar.

La última cena fue el viernes pasado, en el comedor de la Comandancia en Jefe de la FACH, donde una vez más, uno de los temas fuertes fue precisamente la urgencia de tener nuevos reglamentos sobre el uso de la fuerza.

 

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión.

Señor Director:

El que los medios de comunicación repitan insistentemente que las manifestaciones en la Plaza Italia son “pacíficas” es una falta de empatía tremenda con las personas que estamos en el lugar y que de manera simultánea nos toca ver en vivo y en directo el nivel de violencia extrema al que hemos estado expuestos las últimas tres semanas.

El nivel de destrucción no es resultado de la “paz” en ningún caso, y cualquier persona lo puede constatar si viene a observar los daños.

Hace tres semanas que asistir a nuestro trabajo es algo así como “irse a meter a la guerra”; no sabemos nuestra hora de salida porque llega un momento en que literalmente hay que salir corriendo en medio del tiroteo, piedras, lacrimógenas, balas, etcétera… además de lo desmoralizante que significa llegar a un entorno que está cada día más destruido y dañado.

Esta realidad afecta tanto la integridad física como la psicológica en distintos niveles según la persona, pero nadie puede decir que está exento.

El escuchar cómo los medios de comunicación repiten hasta el cansancio que las manifestaciones son “pacíficas” es aumentar aún más el nivel de violencia que hemos soportado todo este tiempo, ya que niega y desconoce totalmente la experiencia de un grupo de personas que lo único que queremos es seguir trabajando o viviendo en paz.

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La plaza fue remodelada y colocada la estatua —fundida en la Escuela de Artes y Oficios— del general invicto del Ejército de Chile Manuel Baquedano —su comandante en jefe entre 1880 y 1881— como homenaje a su participación en la Guerra del Pacífico, por lo que fue renombrada e inaugurada por el presidente de Chile Carlos Ibáñez el 18 de septiembre de 1928.

Está vistiendo uniforme militar, montado sobre su caballo Diamante, con actitud contemplativa, estética neoclásica y orientado hacia el poniente.

A sus pies está la escultura de una mujer con tamaño natural entregándole una guirnalda de copihues —la flor nacional— y laureles, con la inscripción en el pedestal gris “El pueblo chileno al general Baquedano” y las fechas de los combates decisivos que dirigió: Tacna, Arica, Chorrillos y Miraflores; una placa con la nota “Homenaje de la caballería en servicio activo, en retiro y de reserva, 1943”; así como la tumba donde yacen los restos del “Soldado Desconocido de la Patria” encontrado en el campo de batalla, con el epitafio “Aquí descansa uno de los soldados con que el General Baquedano forjó los triunfos del heroísmo chileno”.

En los costados hay dos relieves que recrean los últimos dos enfrentamientos mencionados, los cuales permitieron la ocupación de Lima. En la parte posterior, lo escolta la figura de un soldado chileno durante el conflicto.

Fue diseñado por el arquitecto local Gustavo García, las estatuas y los resaltes son de bronce, y el pedestal corresponde a piedra verde.

Durante las protestas de 2019, sufrió diversos daños. La estatua del soldado fue derribada y dañada por los manifestantes, por lo que fue retirada por la Municipalidad de Providencia junto a la estatua femenina, para su protección y restauración, y se encuentra evaluando retirar la estatua del general Baquedano.

La batalla de Tacna, librada el 26 de mayo de 1880, fue crucial para el curso de la Guerra del Pacífico. Se estima que unos 14 mil chilenos combatieron en ella y que fueron alrededor de quinientos los que quedaron muertos en el campo de batalla. Otro centenar moriría días después a consecuencia de las heridas.

Veinte años más tarde, en 1900, un oficial chileno, veterano de esa guerra, recorría emocionado el “Campo de la Alianza”, lugar donde se había dado la batalla y que en ese entonces era todavía territorio chileno. El terreno era desértico y en algunas partes se podían observar los cráteres que habían dejado los proyectiles de artillería.

Examinando uno de ellos, con asombro, encontró el cadáver de un soldado chileno que por la salinidad del suelo se encontraba momificado y en muy buenas condiciones.

El autor del hallazgo era el mayor Enrique Phillips Huneeus, quien decidió depositar el cuerpo en un improvisado ataúd de madera para traerlo consigo a Santiago, donde esperaba dar digna sepultura a ese anónimo héroe.

Por diversas circunstancias, y esperando la solemnidad de una ceremonia de entierro, por varios años don Enrique guardó el ataúd, con su glorioso contenido, en un espacio subterráneo de su casa.

En conversación que sostuvimos en 2013 con don Rodolfo Valdés Phillips, en aquel entonces ya un nonagenario sobrino nieto de don Enrique Phillips, nos contaba que, ante la insistencia de él y de sus hermanos, el tío Enrique los condujo un par de veces hasta el subterráneo para abrir el rústico ataúd y contemplar asombrados el cadáver del héroe, aún con restos de uniforme.

En 1928, en vibrante ceremonia encabezada por el Presidente Carlos Ibáñez, se inauguró el magnífico monumento dedicado al general Manuel Baquedano, y que hoy con vergüenza contemplamos impasibles cómo ha sido ultrajado una y otra vez.

Pues bien —pensó Phillips—, ese era el lugar adecuado para depositar la preciosa reliquia que había custodiado por tantos años. El monumento ya no sería solo una obra de arte construida de materiales nobles, sino que a los pies del general Baquedano —el general reconocido— descansaría el cuerpo de uno de sus soldados: un soldado desconocido.

Así, ya no sería solo un homenaje al General Invicto, sino que allí también se pagaría justo tributo a los miles de soldados chilenos que habían luchado por su patria. Con esa inspiración, en 1931, siendo vicepresidente don Juan Esteban Montero, se dio solemne sepultura a aquel soldado anónimo en su identidad, pero por fin reconocido en su gloria.

Habían pasado treinta años y Phillips Huneeus conseguía su propósito, convirtiendo a la plaza Baquedano en un verdadero panteón de la patria.

El soldado desconocido quedó allí enterrado, bajo una austera lápida en la que se puede leer este sencillo epitafio: “Aquí descansa uno de los soldados con que el general Baquedano forjó los triunfos del heroísmo chileno”. La lápida es creación del escultor Guillermo Córdoba, y las palabras son del capellán Bernardino Abarzúa.

Fueron miles los soldados chilenos que pelearon en la Guerra del Pacífico. Cientos de ellos no volverían nunca a la patria: sus restos quedarían para siempre en los campos de batalla, en recónditos lugares de la sierra peruana o en el abismo de los mares.

De muchos de ellos no se sabría ni siquiera el nombre. Sus cadáveres quedarían sepultados en fosas comunes o en improvisadas tumbas. Otros cuerpos quedarían cubiertos por la misma tierra que levantaban las explosiones enemigas. Todos esos héroes chilenos que quedaron perdidos en extrañas tierras por fin encontraron sepultura en la Tumba del Soldado Desconocido.

Bastaría con las glorias por ellos conquistadas, pero, además, debemos a ellos las riquezas de las regiones de Tarapacá y Antofagasta (por años, buena parte de nuestro PGB).

Respecto de lo que ha ocurrido en la plaza Baquedano en las últimas semanas, nos da vergüenza escribir.

Mañana, cuando se conmemora un nuevo aniversario de la victoria de Chorrillos y cuando se celebra el Día del Veterano, junto a muchísimos chilenos, solo nos cabe decir a nuestros héroes: perdón, mil veces perdón.

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La preservación del patrimonio cultural constituye una acción crucial para los pueblos, por ser una forma de mantener su legado y reconocer su pasado histórico como aporte a su propia identidad.

De allí los significativos esfuerzos desplegados por los estados y los organismos internacionales para procurar la mantención de obras arquitectónicas y expresiones artísticas permitiendo a las nuevas generaciones, conocer, apreciar y valorar el mundo pretérito.

Ello explica el cuidado patrimonial que asumen quienes tienen responsabilidades políticas y el reproche global que surge ante la destrucción deliberada, por parte de grupos extremistas radicalizados, de obras irrecuperables, como los casos emblemáticos de Palmira, en Siria; las estatuas de Buda, en Afganistán o los templos de Tombuctú, en Mali, privando no solo a la humanidad, sino a cada una de esas naciones, del testimonio de su pasado.

Esta valoración patrimonial parece seriamente afectada en nuestro país al evidenciarse la repetitiva práctica de dañar y destruir obras de alto sentido simbólico. Alrededor de 230 monumentos, iglesias, esculturas, y edificios han sido incendiados, destruidos o vandalizados; entre ellos, el monumento al general Baquedano, en Santiago, convertido en un símbolo.

Ubicada al centro de la plaza que lleva su nombre -el que se ha propuesto cambiar-, la figura conformada por el jinete y el caballo ha resistido, incluso, intentos de ser derribada, en una acción que denota no solo el desconocimiento de su relevancia histórica, sino también el rechazo a cualquier simbolismo histórico.

Las esculturas que la acompañan, como aquella que representa al soldado desconocido, han debido ser retiradas y lo mismo se hará con los bajorrelieves conmemorativos de las batallas de Chorrillos y Miraflores.

La estatua, aparentemente bien anclada, quedará en su lugar, según reciente acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales, manteniendo la importancia de quién fuera determinante en la historia de Chile.

La lentitud en abordar el grave deterioro patrimonial ha costado al organismo, sin embargo, críticas y la demanda de prontas acciones de resguardo y reparación.

No parece aceptable tolerar el estado en que se encuentra la escultura, cubierta de pintura, banderas y otros elementos, así como su entorno.

Convertido en el punto de confluencia de las manifestaciones y las protestas, sus alrededores han sido afectados por acciones de vandalismo y destrucción, alterando gravemente la cotidianidad de quienes viven o transitan por el lugar.

La percepción de abandono debido a los grafitis, letreros y escasez de luminarias y semáforos se agrava con el armado de carpas, el comercio ambulante y diversas instalaciones de muy disímil sentido estético.

Recuperar los espacios urbanos para la ciudadanía es una tarea prioritaria, y ello implica rescatar el valor de las obras que enriquecen y dan significado al acervo cultural de cada ciudad.

La alta demanda por mayor calidad de vida conlleva un ambiente urbano no solo seguro, sino también con capacidad para acoger las necesidades de esparcimiento, circulación, vida cultural y convivencia de sus habitantes. Ello es, en definitiva, una expresión concreta de dignidad.

 

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