Es la confirmación oficial que faltaba para notificar a la ciudadanía, y en particular al Gobierno, de que, efectivamente, Chile ya no es el mismo, y ello porque no volverá a vivir en paz. El país ha sido formalmente notificado por la guerrilla urbana que no se detendrá.

“No volveremos atrás” anunció el sociólogo Giorgio Boccardo, directivo de la Fundación NODO 21, uno de los entes que estuvo detrás de la sublevación extremista del 18/OC y que coordina las acciones de las “pacíficas” manifestaciones callejeras en protesta por “la criminal represión de Carabineros”. “No vamos a parar ni a retroceder” advirtió, asegurando que “luego del 18 de octubre no hay marcha atrás”, en respuesta a un llamado del ministro del Interior, Gonzalo Blumel Mac-Iver, en cuanto a que “sin paz social será difícil cumplir con las demandas sociales y con el plebiscito constituyente”.

NODO 21 es una Fundación (?) creada e integrada por miembros de la Izquierda Autónoma y de la ex Surda, entre ellos el diputado, hoy de Convergencia Social, Gabriel Boric. Aun que lo niega y dice “condenar la violencia”, el parlamentario magallánico observaba las acciones de las huestes dirigidas por NODO 21 en las cercanías de Plaza Baquedano cuando fue increpado “por traidor”.

Increíblemente, el ministro del Interior esbozo “condicionar” la materialización de las demandas sociales y de una nueva Constitución a “una necesaria paz social”, lo que, en boca de este sociólogo frenteamplista, es imposible de lograr, “porque no vamos a detener nuestra acciones”.

Todo cuanto, hasta la fecha, se ha dicho en torno a recuperar la normalidad ciudadana y poner fin a la violencia política, no es más que un discurso que se lo lleva el viento. Ha sido demasiado evidente la bajada del escenario de Mario Desbordes, el ex oficial de Carabineros que cambió su uniforme por la política en el convencimiento de que tendría mayor lucimiento. Fue ‘el’ oficialista que salvó al Presidente de la renuncia, al pactar con la izquierda un salvavidas que resultó ser de acero: la firma del ficticio y mal llamado Acuerdo de Paz.

Con el ego hasta más arriba de su estatura, anunció que “con el proyecto de nueva Constitución hemos derrotado a los violentistas” … Hoy, en un segundo plano, el presidente de RN y diputado, se tragar sus palabras: los carabineros, incluso, en una actitud inédita deben huir de las hordas y hasta resultaron impotentes para impedir el incendio de su templo institucional, San Francisco de Borja.

El propio Gonzalo Blumel (41, talquino) en las puertas de la antiquísima parroquia a medio destruir, dio un “espaldarazo” a Carabineros, no obstante ser uno de los máximos responsables en quitarle poder e inhibir a dicha institución.

Ante la fantasmal existencia del Presidente, este ingeniero medioambiental se transformó en ‘la voz’ del Gobierno, pero todas las esperanzas que se construyeron en torno suyo que por su prestigio de dialogante pondría término a la progresiva crispación política, se esfumaron por completo. Con una candidez impropia de su edad, llegó a decir que “al cumplir nuestro compromiso de satisfacer las demandas sociales y una nueva Constitución, esperábamos que la violencia iba a terminar, pero ello no ha ocurrido” …

Por años, mano derecha de Cristián Larroulet en Libertad y Desarrollo y en el ministerio SEGPRES, cuando el amo del segundo piso de La Moneda fuera su titular, Blumel Mac-Iver asumió la cartera de Interior en medio de una polémica, porque la UDI la quería para sí ante la pérdida de Andrés Chadwick. Aunque ahora en EVOPOLI, prevaleció la total confianza en él de parte de Larroulet, un gremialista.

Los bonos ganados por este exalumno del Inmaculada Concepción de Vitacura y del SS. CC. de Manquehue por su manejo en la SEGPRES hasta el 18/O, los perdió rápidamente en Interior, al transformarse en un predicador en el desierto.

Creyó, como toda La Moneda, que la enfermedad, aguda y casi terminal, se atenuaría con la consabida aspirina del diálogo y los acuerdos, sin medir ni dimensionar en lo más mínimo que lo ocurrido fue un intento de derrocamiento del Gobierno y no un ‘estallido social’, del cual sus más altos funcionarios, e incluso el Presidente, se hicieron eco.

Nadie del oficialismo, hasta el minuto, ha querido reconocer formalmente que lo que se desató en el país fue una gigantesca crisis política originada por el Golpe extremista, y fruto de esa acción es que devino una crisis social por el abrupto e impensado derrumbe de la economía y, consecuencialmente, por el disparo del desempleo. Fueron el Ejecutivo en conjunto con un sector de sus parlamentarios, quienes no advirtieron lo que se venía y, luego, apagaron el fuego a puros soplidos.

Nunca, nadie del oficialismo puso el pecho a las balas ni se acogió al respaldo de la Constitución, como se debería haber procedido de acuerdo con la magnitud del atentado. Faltó valentía y el coraje de hacer respetar las leyes, reestableciendo el orden, como lo hubiera hecho cualquier otro país consciente de la realidad que se estaba viviendo.

De parte del Gobierno estaba la institucionalidad toda y la mayoría de una población que el 2017 lo votó favorablemente. Pero sus encargados de tomar decisiones fallaron en todo y la prueba está a la vista: la izquierda hizo ver y creer a la ciudadanía que la Constitución y las leyes están de su lado.

En una postura de un simple comentarista de lo que está pasando, el Presidente reapareció el 2020 para denunciar, como si fuese un simple espectador, que los violentistas (políticos) “están debilitando el Estado de Derecho y la paz social”, como si ésta se hubiera logrado en algún minuto después del 18/OC. Insólito: es él el encargado de cautelar la democracia y de preservar la normalidad ciudadana.

Es tarde, demasiado tarde, para llorar sobre la leche derramada y es un espectáculo grotesco tomar nota, recién ahora, de las consecuencias de los errores cometidos, como el miedo y la carencia de decisión

Los nombres de los responsables de haber cedido tan mansamente frente a la izquierda, ya están anotados, entre ellos el del ‘gran negociador’ Mario Desbordes y el del otrora niño maravilla ministro del Interior, al margen, obviamente, del Presidente de la República.

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión.

Señor Director:

En carta de ayer, el señor Rodrigo Frías hace una comparación entre el respeto a los monumentos que existe en el Perú y en nuestro país. Veamos algunos ejemplos del caso chileno:

El año 2012, para graficar la cantidad de basura que produce la comuna de Santiago, alguien tuvo la idea de tapar con bolsas de basura el monumento a Pedro de Valdivia.

Poco después, el 2013, Greenpeace realizó una protesta rodeando de témpanos simulados el monumento al general Baquedano y la tumba del Soldado Desconocido.

En el año 2014, los partidos del Mundial de Fútbol Calle se jugaron sobre la cripta subterránea que guarda los restos del general O’Higgins (imagínese la reacción si el sepultado allí hubiese sido un lonko).

El 2015, una creativa intervención cubrió de franjas blancas las estatuas de todos los próceres a lo largo de la Alameda.

Todo esto ocurrió frente a las ventanas de las principales autoridades de la nación. No es tan extraño que ahora se haya elegido ultrajar los monumentos como expresión de la ira social.

En Chile había precedentes que contemplamos impasibles —y algunos con beneplácito—

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Señor director

La crisis social y de seguridad pública que afecta a Chile no deja a nadie indiferente.

Como agrupación, lamentamos la situación de confrontación y sistemática alteración del orden público, al que hemos sido llevados como país, provocada por intervenciones violentas junto con una notoria complicidad nacional.

Al mismo tiempo, estamos consternados por el escaso liderazgo demostrado por nuestros representantes políticos, que, siendo elegidos para conducir nuestro país, y que, en esta situación de excepción, lo están haciendo deficientemente.

En este contexto, nos preocupan y condenamos especialmente los ataques deliberados a algunos de nuestros símbolos patrios, ya que ellos representan el alma y la historia de nuestro país y no merecen más que respeto.

Así como la acción desarrollada por ciertas organizaciones estudiantiles, que sin consideración y respeto alguno pisotearon los sueños de muchos jóvenes de esfuerzo al tratar de imponerles su propia y particular voluntad respecto a la PSU.

El escenario se ve hasta ahora poco auspicioso.

Llamamos a la necesaria capacidad de diálogo entre nuestros compatriotas, ya que, sin ella, solo estamos recorriendo un camino de mayor confrontación, sin esperanza alguna de entendimiento, paz y verdadero progreso.

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El abogado y exdirector de la ANI durante el primer mandato de Sebastián Piñera, Gonzalo Yuseff, hace un duro análisis de cómo el gobierno ha manejado los temas de inteligencia a raíz del informe Big Data. Y apunta particularmente al ahora exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

 “El subsecretario Ubilla es quien tenía a cargo las policías, y los servicios de inteligencia fueron reestructurados bajo su administración en este período. Creo que los resultados fueron desastrosos, tanto en el trato que se le dio a Carabineros y la falta de apoyo que hemos notado estos días, como el descalabro que se ocasionó en los servicios de inteligencia”, comenta Yuseff.

¿Cuál es su evaluación hoy sobre la inteligencia y cómo se ha manejado desde el gobierno el tema de seguridad y violencia? Creo que, en principio, sin duda hubo una falencia de inteligencia en cuanto a que no se dimensionó lo que estaba pasando. Primero se subestimó el primer día, las primeras horas, y luego nadie sabía qué estaba pasando. Cuando se queman las estaciones de Metro no había ni una referencia.

Pero podemos decir que esa reacción sorpresiva, esa reacción inicial, está en cierta medida justificada por la magnitud y lo inesperado de los eventos que se estaban viviendo. Pero lo que se puede criticar, y ahí entramos al tema de la inteligencia, es discutible si es que era previsible algo así teniendo el control del Estado. Lo que pasó era un fenómeno inesperado.

¿Se podía prever con la inteligencia que tenemos hoy en Chile? Creo que las revoluciones nunca se han podido prever. Y ese es el primer error. Esto, en cierto modo, es una revolución, es un estallido social. Tiene un componente que se puede anticipar: a lo mejor, el grado de organización, el grado de armamento, el grado de influencia extranjera que hay en un país, pero que salga un millón de personas a la calle, que el gobierno tambalee, que exista una ruptura importante de personas que creen que el gobierno tiene que terminar antes de cumplir su mandato, era algo totalmente inesperado. Cualquiera que hubiese ido a prever, hubiera sido tomado por loco.

Pero, al parecer, por lo que se vio en los días siguientes, el gobierno no tuvo esa prevención ni la información de lo que podía ocurrir ese día… No lo tuvo, pero como te digo, prever eso no es algo que se le pueda imputar directamente al gobierno. Cualquier otro gobierno se hubiese visto sorprendido por esta circunstancia. Pero lo que no se puede justificar es la falta de previsión de lo que iba a pasar y el haber tomado un camino que fue el equivocado, que es sumarse a los que reclamaban.

¿Cómo evalúa, en términos de inteligencia, el manejo de la crisis y que hoy se intenta dar cuenta de que la inteligencia podría solucionar temas políticos? Eso es un error absoluto y eso lo hemos visto ya por años. Cada vez que se presenta un problema político, es culpa de una pequeña agencia que se llama Agencia Nacional de Inteligencia. Cuando fueron las protestas estudiantiles de 2011, también era un problema de inteligencia, supuestamente. Cuando pasa lo de La Araucanía, era un problema de inteligencia.

Obvio que se puede hacer mejoras desde el punto de vista operativo, de la inteligencia policial, pero esos son problemas políticos que se resuelven de manera política. Lo mismo ocurre ahora. El desconocimiento de las autoridades de cómo funcionan los organismos de seguridad interna es parte del problema. Suponer que estos son problemas de inteligencia es absurdo.

¿Qué estándar tiene la inteligencia en Chile en términos generales? No es peor ni mejor que los demás organismos que tenemos en el Estado. Obviamente que hay inteligencias mayores y mejores, pero también con unos presupuestos mucho más elevados y con adversarios mucho más formidables, porque la inteligencia está hecha para combatir el terrorismo, no los conflictos sociales, y eso es parte de la gran confusión. Los conflictos sociales se resuelven con política, el terrorismo se soluciona con inteligencia.

¿Leyó el informe de Big Data? Lo he visto por encima en la prensa y he seguido un poco la polémica que se ha generado.

¿Lo calificaría como un insumo importante para la inteligencia? Creo que el problema con Big Data es lo que hacen las autoridades con el informe. Cuando uno está a cargo de un organismo de inteligencia, es mucha la gente que se acerca bien intencionadamente a aportar información, pero es el servicio de inteligencia el que tiene que ponderar su valor y, en definitiva, es la autoridad la que tiene que decidir qué hace con esa información.

El gran error que se comete es aportarlo como prueba o como gran demostración de la injerencia extranjera. Es una cosa absurda. Pensemos en Estados Unidos, en que se acusa a la inteligencia rusa de haber interferido en las elecciones que salió elegido Donald Trump. Esa situación está siendo todavía investigada por el FBI, y todavía no hay claridad.

Cómo voy a suponer yo que va a aparecer una empresa que me aportó información y que eso va a ser una prueba definitiva. Además, qué pretendo yo aportando una causa judicial. Yo no sé si pretendían que mandaran una orden de detención en contra de Serguéi Lavrov o contra el mismo Putin. No sé, es una cosa absurda haberlo presentado al Ministerio Público. Demuestra el desconocimiento total de las autoridades que están a cargo de la seguridad interior.

¿No cree que tenga una connotación de inteligencia? La influencia a través de las redes sociales en los conflictos sociales es algo que se estudia en los servicios de inteligencia, pero en ningún país se presentan los informes a los tribunales. Se crean infraestructuras para contrarrestarlos, si es que son importantes. Se cuantifica qué tan importante es, pero nada más.

Lo que está en duda todavía respecto al informe Big Data es quién lo pagó… Da lo mismo quién lo pago. Eso es lo más absurdo. Como si fuera importante quién lo pagó. Si para eso existen los gastos reservados, para pagar cosas como esa.

¿Cómo calificas, entonces, el informe Big Data? Ni siquiera conozco el detalle. Yo he visto la prensa y lo que te digo que es un despropósito haber pensado que es un antecedente que podía, no sé, comprobar la injerencia extranjera o pensar que ese dato, que es un dato, pudiese ser algo importante en las causas judiciales. Eso es un desconocimiento grotesco.

¿Es normal que empresarios se acerquen a la ANI a entregar información? Se lo pregunto por la reunión que habría tenido el exministro y ahora gerente legal de Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter, en las oficinas de la ANI… No solo empresarios, mucha gente se acerca con las grandes novedades o que ellos conocen a alguien o que en la plaza de tal lugar pasa esto. Eso es la labor habitual de los servicios inteligentes, y me parece que los servicios de inteligencia tienen que estar estructurados de tal manera para poder filtrar esa información.

En esa reunión, también habría participado el exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, ¿cuál es su visión de esa gestión? El subsecretario Ubilla es quien tenía a cargo las policías, y los servicios de inteligencia fueron reestructurados bajo su administración en este período. Creo que los resultados fueron desastrosos, tanto en el trato que se le dio a Carabineros y la falta de apoyo que hemos notado estos días, como el descalabro que se ocasionó en los servicios de inteligencia.

¿En qué sentido fueron desastrosos? En primer lugar, en relación con las policías, digamos, surgió el discurso fácil de que todo esto era problema de Carabineros, que Carabineros parece que tenía una especie de impericia para lidiar con este problema. Y eso es lo más injusto que hay, porque Carabineros ha debido combatir a hordas de espartanos que se protegen con escudo y que arrojan piedras con gran poder de fuego, por decirlo de algún modo, y que, además, utilizan elementos incendiarios.

Y Carabineros se ha tenido que defender con métodos rudimentarios y sin las posibilidades de contar con un equipo adecuado. Entonces, lo que demandaba la situación en la actual crisis era un apoyo irrestricto a Carabineros.

Haber insinuado que podían venir policías de afuera a capacitarlos es lo más absurdo que se puede haber hecho. Es una humillación para Carabineros y es un despropósito. No hay ninguna policía del mundo que haya tenido que enfrentar estas hordas de milicianos que tenemos en las calles de Santiago. 600 milicianos secundarios para el primero de mayo. Y qué decir ahora, 2000, 5000. Los policías españoles, franceses, jamás han tenido que lidiar con gente así. Qué decir de lo que pasa en Hong Kong.

En otros lados, las manifestaciones a propósito de los conflictos sociales son infinitamente menos violentas. Entonces, suponer que iban a venir policías extranjeros y que la impericia de Carabineros era uno de los problemas, es simplemente el primer gran y garrafal error que se comete en esta materia.

¿Y ahí responsabiliza directamente al exsubsecretario Ubilla? Él estaba a cargo de las policías y él fue el que sugirió aquello. Qué decir de los cambios que se hicieron en la Agencia de Inteligencia. Se suprimieron departamentos completos. Se trajo policías en retiro y fiscales a hacer el trabajo de analista de inteligencia. Se convirtió una agencia que por ley debe desarrollar funciones de estrategia de inteligencia estratégica en una agencia policial más, y los costos son los que estamos viendo.

¿Usted cree que Ubilla tiene una responsabilidad política por haber cambiado el tipo de inteligencia? Primero, él es el que está a cargo. Él es el responsable civil, la autoridad política civil a cargo. Entonces, de ahí ya deriva una responsabilidad.

¿Y cuál es? No sé. A lo mejor él obedecía a lo que le decía el ministro del Interior o lo que le decía el Presidente. Yo no sé, pero él es la persona que tiene ese cargo. Y conociendo, digamos, la personalidad avasalladora de Ubilla, yo creo que él es el gran responsable del descalabro que hemos vivido en este último tiempo en términos de seguridad e inteligencia.

¿Y a qué atribuye eso? Yo creo que el gran problema es que las actuales autoridades no comprenden la dimensión profunda que tiene el Estado. El Estado tiene una dimensión de política exterior, de seguridad interior y de inteligencia que las autoridades que están a cargo nunca han logrado comprender.

¿Y qué autocrítica hace? Estuve los cuatro años y creo que lo hice bien. El problema fue que Ubilla y Andrés Chadwick nunca entendieron la diferencia entre la función policial y la inteligencia. No quiero ser autocomplaciente pero mis problemas fueron oponerme a los cambios que la dupla Ubilla y Chadwick quisieron implementar.

¿Cree usted que la ANI ha perdido este rol de desarrollar inteligencia estratégica y no estar metida en temas de investigación que pueden recaer en las policías? Que es como está estructurado el sistema en la ley. Y eso efectivamente es así, digamos, si uno ve la gente que se fue y la gente que llegó, evidentemente hubo un giro policial a una actividad de inteligencia que debió haber sido estratégica.

Y militar, ¿no? Hoy día se dio un giro hacia la inteligencia militar y es un poco lo mismo. La autoridad parece entender, que lo que tiene que hacer la inteligencia es avisarle eventos concretos, anticipar eventos concretos. Eso lo tiene que hacer evidentemente alguien en el Estado, pero no la agencia civil que desarrolla inteligencia estratégica. Lo tienen que hacer la policía, si es que una amenaza externa y si es externa, lo tienen que hacer la inteligencia de las ramas de las Fuerzas Armadas.

¿Es bueno que sean exmilitares quienes están al mando de la ANI? ¿No genera un conflicto al haber una sentencia mayor de defensa? Es un despropósito mayor y también demuestra el desconocimiento de esta autoridad. La agencia tiene que responder al Gobierno, tiene que ser una persona leal al Gobierno, que sea un civil y tiene que ser una agencia con analistas civiles con profesionales vinculados a las humanidades, sociólogos.

Personas que estudian los fenómenos sociales, que tienen experiencia, que conocen los nombres de los grupos que se mueven en la marginalidad, no uniformados, si los servicios uniformados de inteligencia también existen, pero cumplen otras funciones.

Y las personas a cargo de ellos tampoco tienen la sutileza para captar los matices del mundo marginal. Para un uniformado es muy difícil distinguir el comunista y un anarquista, y dentro de los anarquistas hay diez tipos. Entonces eso lo entiende mejor un sociólogo y no un militar.

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