Día: 9 Agosto 2020

Señor Director:

Vistos de manera objetiva los actos terroristas y de violencia vandálica que acompañan a la insurrección revolucionaria en curso y el recrudecimiento de las acciones terroristas ejecutadas por fuerzas paramilitares en las regiones de La Araucanía y del Biobío, es posible afirmar que Chile está inmerso en un ambiente o en un escenario de guerra civil y que está ad portas de un conflicto o enfrentamiento armado entre miembros o bandos de un mismo país.

Aún estamos a tiempo para conjurar esta trágica amenaza. Para ello es condición sine qua non que el Gobierno resguarde el Estado de Derecho y el orden público, para lo cual cuenta con el monopolio de la violencia física legítima —representada por la espada en la tradicional imagen de la justicia—; violencia que, por deber de autoridad, está obligado a aplicar para contener la violencia ilegítima y lograr mediante ella la restitución del orden social exigido por el bien común.

El Estado tiene la obligación de defenderse con todos los medios de los que dispone, aunque para ello sea preciso adoptar medidas de fuerza extremas.

Salus populi suprema lex est —la salvación del pueblo es ley suprema— era el primer principio del Derecho Público Romano. “El que tolera el desorden para evitar la guerra, tendrá primero el desorden y después la guerra” (Maquiavelo).

La historia solo condena a los pueblos que renuncian a defenderse.

Atentamente le saluda.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Señor Director:

Vistos de manera objetiva los actos terroristas y de violencia vandálica que acompañan a la insurrección revolucionaria en curso y el recrudecimiento de las acciones terroristas ejecutadas por fuerzas paramilitares en las regiones de La Araucanía y del Biobío, es posible afirmar que Chile está inmerso en un ambiente o en un escenario de guerra civil y que está ad portas de un conflicto o enfrentamiento armado entre miembros o bandos de un mismo país.

Aún estamos a tiempo para conjurar esta trágica amenaza. Para ello es condición sine qua non que el Gobierno resguarde el Estado de Derecho y el orden público, para lo cual cuenta con el monopolio de la violencia física legítima —representada por la espada en la tradicional imagen de la justicia—; violencia que, por deber de autoridad, está obligado a aplicar para contener la violencia ilegítima y lograr mediante ella la restitución del orden social exigido por el bien común.

El Estado tiene la obligación de defenderse con todos los medios de los que dispone, aunque para ello sea preciso adoptar medidas de fuerza extremas.

Salus populi suprema lex est —la salvación del pueblo es ley suprema— era el primer principio del Derecho Público Romano. “El que tolera el desorden para evitar la guerra, tendrá primero el desorden y después la guerra” (Maquiavelo).

La historia solo condena a los pueblos que renuncian a defenderse.

Atentamente le saluda.

Señor Director:

Los actos terroristas y de violencia vandálica a lo largo y ancho del territorio nacional son las expresiones más patentes de la insurrección revolucionaria. Sin embargo, hay otros elementos que no son tan evidentes, tales como las acusaciones constitucionales contra el Presidente de la República y ministros de Estado, la tramitación de proyectos de ley presentados por senadores o diputados sobre materias que son de iniciativa legislativa exclusiva del Presidente o el proceso constituyente en curso; proceso que es jurídicamente nulo porque el acto jurídico que le dio origen adolece de un vicio del consentimiento, ya que fue impuesto por la fuerza y producto de un verdadero chantaje, cuando el país estaba invadido por una extrema violencia (amparada por quienes la utilizaban para lograr lo que no obtenían con los votos).

Atentamente le saluda.