El mantener a este personal en el sistema procesal penal antiguo, más la aplicación de leyes con efecto retroactivo y el uso de ficciones jurídicas, produce una situación de denegación de un debido proceso y de desigualdad ante la ley. La columna de opinión “Caso Frei y doble justicia penal” de Hernán Corral, publicada en “El Mercurio” de 7 de febrero de 2019, describe claramente esta falta de justicia, destacando, entre otros conceptos, la siguiente falencia: “Estamos ante un proceso en que la misma persona que investiga y acusa luego juzga y falla, con total desconocimiento del principio de imparcialidad”.
Viernes, 15 de febrero de 2019
La temprana consolidación de una robusta e impersonal institucionalidad republicana hizo de Chile un ejemplo de estabilidad democrática en América Latina, permitiéndole alcanzar importantes logros a nivel nacional e internacional. Las instituciones han sido, son y serán los pilares fundamentales de la República. Cuando este andamiaje ha sido seriamente desafiado, el país ha entrado en crisis, pagando los costos de superar conflictos políticos extremos. Sin embargo, la República ha recuperado siempre su fortaleza para retomar la democracia, como ocurrió a partir de 1990.
El país llevó adelante una transición consensuada y gradual, hasta alcanzar su plena normalidad democrática, proceso mayoritariamente apoyado en Chile y ampliamente ponderado en el extranjero. En dicho contexto, se hizo énfasis en la profesionalización y reequipamiento de las FF.AA., así como en modificar las normativas constitucional, legal y administrativa, para alcanzar estándares democráticos en la Defensa Nacional.
En lo que a derechos humanos se refiere, desde el primer gobierno de la Concertación ha habido una especial preocupación, llevándose adelante diferentes iniciativas, comisiones y leyes tendientes a obtener verdad, justicia, reparación y no repetición. Todas ellas han contado con el apoyo de las FF.AA. y Carabineros, con el espíritu de sanar las heridas del pasado y alcanzar la reconciliación, así como con la aspiración de enfrentar procesos que ponderen todos los elementos de juicio y hagan verdaderamente justicia.
En los últimos años, sectores políticos que no concuerdan con la transición realizada y que ambicionan cambios más radicales en el país, sumado a determinados medios de comunicación poco objetivos, han impulsado una campaña para amplificar y endurecer las causas de derechos humanos, acción a la que lamentablemente algunos ministros con dedicación exclusiva a estos procesos han adherido, aumentando con ello las injusticias con el personal investigado. La asimetría entre el acusado y el tribunal, con todos los organismos de apoyo y financiamiento del Estado, más los entes estatales y privados que se hacen parte, es gigantesca.
El mantener a este personal en el sistema procesal penal antiguo, más la aplicación de leyes con efecto retroactivo y el uso de ficciones jurídicas, produce una situación de denegación de un debido proceso y de desigualdad ante la ley. La columna de opinión “Caso Frei y doble justicia penal” de Hernán Corral, publicada en “El Mercurio” de 7 de febrero de 2019, describe claramente esta falta de justicia, destacando, entre otros conceptos, la siguiente falencia: “Estamos ante un proceso en que la misma persona que investiga y acusa luego juzga y falla, con total desconocimiento del principio de imparcialidad”.
Muchos de los uniformados condenados o procesados lo han sido solo por presunciones, sin que haya sido posible acreditar efectivamente su participación en los ilícitos investigados. Probablemente, muy pocos de ellos hubiera seguido igual destino en el nuevo sistema procesal penal. Un ejemplo paradigmático de lo descrito es la arbitrariedad con que se ha juzgado y se sigue juzgando al general Juan Emilio Cheyre, ahora por hechos prácticamente imposibles de acreditar 45 años después de su eventual ocurrencia.
El doble estándar y la injusticia que afecta a personal que perteneció a instituciones fundamentales se ha denunciado reiteradamente, pero frente a ello no hay receptividad en parte importante del mundo político, comunicacional y judicial. Aquí están fallando las principales instancias que le dan sustento a la institucionalidad de la República. Ello no es positivo para la imagen del país, para su convivencia interna ni para la seguridad de Chile.
Hacemos un ferviente llamado a las instituciones políticas del Estado a reflexionar sobre esta injusticia y a tomar las medidas remediales pertinentes. En el intertanto, depositamos nuestra esperanza en los tribunales superiores de justicia, en el entendido de que darán “a cada cual lo suyo, sin más”, con absoluta independencia, sin sesgo político y con espíritu republicano.
Chile no debe debilitar su convivencia, ya que afecta a su estabilidad democrática. La justicia, institución fundamental, debe ser un ejemplo de rectitud, imparcialidad y de igualdad ante la ley. La República es el bien mayor a proteger y, con ello, a las instituciones que la hacen posible
Óscar Izurieta Ferrer
Ex comandante en jefe del Ejército
Miguel Ángel Vergara Villalobos
Ex comandante en jefe de la Armada
Ricardo Ortega Perrier
Ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea
Fernando Cordero Rusque
Ex general director de Carabineros
