Viña del Mar, 14 de febrero. 2012
Sra. Carla Rubilar
Cámara de Diputados
Valparaíso
Señora diputada
Con asombro he tomado conocimiento de sus declaraciones respecto del monumento al Almirante Don José Toribio Merino y algunos juicios sobre su persona. Después de releer dicho texto pienso que Ud. está muy desinformada, y no quiero suponer que sus dichos son un acto de mala fe, faltando a la verdad con propósitos políticos.
Respecto de la gestión del almirante Merino al servicio de Chile, le informo que luego de la elección de Salvador Allende, el almirante se reunió privadamente con él antes que fuera ratificado por el Congreso Nacional y le aseguró que la Armada de Chile respetaría la Constitución política. Esto que hoy parece un asunto obvio e innecesario, en esos días era conveniente como también lo fue la firma del Estatuto de Garantías que exigió el Partido Democratacristiano. Así también, pocos días antes del 11 de septiembre (11 S), cuando el país estaba prácticamente paralizado y la Corte Suprema, el Congreso Nacional y el Episcopado formularon declaraciones denunciando que el Presidente de la República estaba actuando al margen de la Constitución, una vez más el almirante se reunió con Salvador Allende para exponerle la situación que se vivía al interior de la Armada. Y sólo después de conocida la infiltración política en la Armada por agentes del MIR y un destemplado discurso de Carlos Altamirano, el almirante tomó la decisión de alzarse contra el poder ejecutivo y convocó a los otros Comandantes en Jefe para actuar el 11 S.
Durante el Gobierno Militar el almirante asumió la conducción de la Junta de Gobierno, entidad que actuó ejerciendo funciones de poder Legislativo
Si Ud. se tomara la molestia de leer las actas de la Junta de Gobierno, conocerá la acuciosidad con la que se legisló durante esos años, promulgando una infinidad de leyes las cuales aún se mantienen vigentes salvo algunas derogadas o modificada después de 1990. Respecto de la producción legislativa de la Junta, especial mención merece la Constitución de 1980 que con modificaciones y cambio del píe de firma se mantiene hasta nuestros días; hoy muchos podrán decir que es una constitución autoritaria, pero es bueno recordar que con ocho años de anticipación estableció en sus artículos transitorios el procedimiento de transición al poder civil. En ella se incluyó el plebiscito del “Sí” y el “No” y la elección presidencial, en la cual fue votado el Presidente Patricio Aylwin, dando paso a una transición que en su momento fue reconocida como la más exitosa de Latinoamérica.
En relación a la Armada, el almirante supo mantener una clara distancia entre sus labores de gobierno y la conducción institucional y tal vez lo más destacado es la firmeza y decisión con que enfrentó la situación creada a raíz del desconocimiento del laudo arbitral del Beagle, por parte de Argentina, manteniendo intransable la posición que el laudo debía cumplirse a toda costa. Es verdad que estuvimos al borde de una guerra que no buscamos y que no estábamos dispuestos a perder y hoy se debe reconocer que la decisión de las FF. AA. chilenas y el incondicional apoyo de la ciudadanía en las zonas más amenazadas, fue determinante para que Argentina aceptara la mediación de su Santidad Juan Pablo II.
Finalmente una muestra más del espíritu cívico del Almirante es el hecho que en diciembre de 1989, pronto a iniciarse el traspaso del poder a la sociedad civil, se acogió a retiro alejándose totalmente de la vida pública
Respecto de los Derechos Humanos sus dichos, en mi opinión más que desinformación denotan ingenuidad. No deja de llamarme la atención que Ud. una persona instruida se haga parte del discurso revanchista de los grupos de odio, que se hacen llamar progresistas, afirmando que en Chile durante el gobierno militar hubo un genocidio y que las violaciones a los derechos humanos eran política de Estado. Señora Rubilar, con un mínimo de sentido común podemos deducir que esos argumentos magnificando las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar obedecen a tres objetivos:
Primero. Justificar ante las jerarquías de las organizaciones y países que apoyaron y financiaron la subversión armada en Chile el profundo fracaso en el plano militar.
Segundo. Ocultar ante la opinión publica nacional la ineficacia y mediocridad de los gobiernos de la concertación y
Tercero. Justificar la cuantiosa cantidad de dineros públicos comprometidos en beneficios para simpatizantes de izquierda registrados como victimas de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar.
La seguridad interna no fue tema fácil para el gobierno militar, ya antes del Pronunciamiento y aun semanas después, los presidentes del Senado (Frei) y de la Cámara de Diputados (Aylwin), en mi opinión, autores intelectuales del golpe, sostenían que el régimen de Allende estaba al margen de la Constitución y que en Chile había un ejército clandestino de más de 20.000 guerrilleros.
En estas circunstancias, con el propósito de neutralizar esta organización clandestina asociada a los llamados cordones industriales se efectuaron arrestos masivos y allanamientos en busca de depósitos de armas, medidas contempladas durante estados de excepción sea este “Guerra Interna” o “Estado de Sitio”. Como consecuencia de estas acciones se detuvo a los lideres políticos de la UP que no alcanzaron a refugiarse en embajadas o abandonar el país. Después de esta etapa inicial caracterizada por emboscadas a la patrullas militares y francotiradores, la subversión se replegó e inició un proceso de actos terroristas selectivos, atentados contra torres de alta tensión, puentes y ferrocarriles, asalto a bancos, bombas en lugares públicos y asesinatos selectivos, calificados como propaganda armada, expropiaciones o ejecuciones. En esta segunda etapa para neutralizar el accionar terrorista se crea la DINA, después CNI, y se inicia lo que se podría llamar la guerra sucia entre el terrorismo y los organismos de seguridad.
Como ha sucedido históricamente cuando grupos de odio pretenden alterar la institucionalidad usando la vía armada para imponer por la fuerza su ideología política, los organismos de seguridad recurren a operaciones encubiertas, y en ocasiones se cometen actos reñidos con las legislaciones vigentes e incomprensibles en tiempos normales, pero ello no justifica calificarlos de genocidio o sostener que las violaciones a los derechos humanos representaron una situación institucionalizada durante el gobierno militar en Chile entre 1973 y 1990.
La prudencia en el actuar del gobierno militar respecto del orden público y combate a la subversión armada se refleja en numerosos hechos, entre los cuales puedo mencionar que a los jerarcas políticos del gobierno de la UP se les mantuvo prisioneros en isla Dawson y en 1990, muchos de ellos reconocieron que si bien estaban en un campo de detenidos se les trató con dignidad, aun cuando después han surgido otras versiones, que al Secretario General del partido comunista Luís Corvalán se le canjeo por un disidente ruso, los campos de detenidos cumplían las normas de la Convención de Ginebra y el gobierno en más de una oportunidad aceptó la visita de comisiones de la Cruz Roja Internacional y de la ONU. Muchos simpatizantes de la UP abandonaron voluntariamente el país sin restricciones de parte de la autoridad. Finalmente, como un gesto de reconciliación se dictó la ley de amnistía que hasta ahora se ha aplicado irrestrictamente a los terroristas y se ha negado su aplicación a los militares.
Para terminar quisiera recordarle que el informe Rettig, único que hasta ahora se ha realizado con una metodología seria y objetiva, estableció que durante el gobierno militar hubo cerca de 3.000 muertos, la mayoría entre los años 73 y 74; este reducido número de bajas si bien son lamentables y hubiéramos deseado que no se hubieran producido, no se condicen con la afirmación de que fue “política del régimen la violación sistemática de los derechos humanos”, este tema da para mucho más. pero solo le quiero reiterar que estas situaciones bajo ninguna circunstancia justifican una condena a la persona del Almirante Merino y el desconocimiento de la vocación de servicio y amor a Chile que caracterizaron su gestión pública,
Atentamente,
Enrique Maldonado Roi
