DEUDA HISTÓRICA: NO EXISTE Joaquín Fermandois VivaChile.org, Política, 03/06/2022 — HACIA UNA ESTRUCTURA SUPERIOR DE SEGURIDAD Y DEFENSA Miguel Navarro Meza, Profesor ANEPE, 10/06/2022
Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión
El diagnóstico, en buena medida compartido, es el siguiente: actualmente no existe en Chile una estructura superior, una arquitectura funcional y permanente de seguridad y defensa en el nivel superior de conducción del Estado. Es efectivo que existe el Consejo de Seguridad Nacional, contemplado en el Capítulo XII de la Constitución, pero este adolece de graves deficiencias y anomalías en su funcionamiento y composición. Además, luego de la reforma constitucional de 2005 –por lo demás, muy necesaria y oportuna en este como en otros aspectos–, el Consejo quedó tan desprovisto de facultades que varios tratadistas se preguntaron, con buena razón, si no hubiese sido mejor eliminarlo del todo. Todo esto, por cierto, se vio confirmado por el resultado de sus últimas convocatorias, ocurridas durante la administración anterior.
De ninguna manera se puede asumir una “deuda histórica”, nada más que no sea una referencia muy metafórica, desprovista de toda pretensión empírica ni menos de cualquier pretensión de adquirir fuerza de ley.
¿Por qué?
Muy sencillo, porque es ontológicamente imposible. No se puede recrear fácticamente el pasado, es decir, lo sucedido ayer o hace 5 siglos.
Ni tras la expulsión se puede regresar al Paraíso por secretaría, creencia que se propaga y fomenta por estos pagos. Incluso el mejor historiador solo tiene una aproximación un tanto hipotética al pasado.
Así como el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, el propósito de mejorar el resultado de hechos del pasado, próximo o remoto, se transforma en utopías de pasado, retrospectivas, las más catastróficas de la historia moderna, como fueron las del comunismo y del nazismo, las más simbólicas y representativas, si bien no las únicas. Entonces, ¿es que no hay remedio a situaciones de grupos humanos desaventajados?
Sí lo hay. En efecto, la sociedad humana por sí misma jamás regresará al paraíso perdido. Sin embargo, no se trata de un callejón sin salida: su situación es mejorable como tanto se ha probado a lo largo de la historia (los humanos tienden a olvidarla, es parte del problema), y nunca dejará de ser cierto.
Es el arreglo posible del presente, si se adoptan medidas persistentes, con autodisciplina. Esto último, el tesoro escondido entre nosotros es lo más arduo en nuestros países latinoamericanos.
Es lo que sucede con la plurinacionalidad, la autonomía territorial y la restitución de tierras, amén de gobiernos regionales que pondrán en tensión las finanzas del país y tendrá personal mal pagado en huelga permanente.
Si se toman en serio estas palabras y conceptos, ello resultaría al menos en retroceder hasta la batalla de Curalaba, en 1598; Chile llegaría hasta el Bío-Bío, y eso.
Se nos dice que esas referencias no son más que un “reconocimiento”, un cariñito. Entonces, ¿para qué están en una Carta? ¿Para qué no las tomemos en serio y para que la Cámara de Diputados y Diputadas afine día a día lo que vaya siendo Chile según el humor del día? Un país así se escurre por un abismo.
Todo ello por un problema sobredimensionado, animado por una ideología muy moderna que se vincula a la contracultura; una victimización estratégica en consonancia con el grito del momento; y sumada a una organización, quizás con múltiples centros, pero que en todo caso tomaron en serio la teoría del foco de Guevara y de Abimael Guzmán, de crear un núcleo de mentalización para después pasar paulatinamente a la acción directa. Ahora estamos en eso, hasta el cuello.
Seguimos exaltando al problema indígena como si el ser de Chile girara en torno suyo. El único problema real es el conflicto mapuche. Ninguna bagatela desde luego. Salvo pequeños núcleos en el norte, se trata de un mundo mestizo, donde ni siquiera la pobreza es la causa original.
Reventó en el país cuando este dio un brinco material importante, y quizás fue uno de sus motivos; también porque ya se está lejos de una pureza original y lo mestizo es tan fuerte como el rasgo propiamente mapuche. Fuera de esa zona, salvo el apellido, poco lo diferencia del resto de sus compatriotas en un país que, comparando con la región, es bastante homogéneo, teniendo en cuenta que jamás hay una realidad pura.
Pobreza, factores culturales, integración paulatina al mundo moderno son problemas para enfrentarse. No podemos retornar al pasado (de cajón, supongo), sino que le somos fiel en la medida que sigamos alistando al país para el futuro, obviamente sin destruirlo.
Fuente: DEUDA HISTÓRICA: NO EXISTE Joaquín Fermandois VivaChile.org, Política, 03/06/2022
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago, el 31/05/2022
HACIA UNA ESTRUCTURA SUPERIOR DE SEGURIDAD Y DEFENSA
[1]
Miguel Navarro Meza, Profesor
ANEPE, 10/06/2022
Entre el 23 y el 25 de mayo se desarrolló el Primer Congreso Chileno de Seguridad y Defensa, iniciativa conjunta de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica.
Durante tres días, poco más de 100 panelistas –un alto porcentaje de una renovada Comunidad de la Defensa– y un número similar de asistentes, expusieron y debatieron sobre diversos asuntos de seguridad y defensa, así como materias vinculadas, tales como relaciones internacionales, seguridad nacional e internacional, inteligencia, fuerzas armadas, relaciones político-militares y varios otros.
Según es natural en eventos de este tipo, surgieron y se discutieron varios temas trasversales. Sobresalió, entre estos, y con especial énfasis, la necesidad de una genuina arquitectura de seguridad y defensa en el país.
En síntesis, el diagnóstico, en buena medida compartido, es el siguiente: actualmente no existe en Chile una estructura superior, una arquitectura funcional y permanente de seguridad y defensa en el nivel superior de conducción del Estado.
Es efectivo que existe el Consejo de Seguridad Nacional, contemplado en el Capítulo XII de la Constitución, pero este adolece de graves deficiencias y anomalías en su funcionamiento y composición. Además, luego de la reforma constitucional de 2005 –por lo demás, muy necesaria y oportuna en este como en otros aspectos–, el Consejo quedó tan desprovisto de facultades que varios tratadistas se preguntaron, con buena razón, si no hubiese sido mejor eliminarlo del todo. Todo esto, por cierto, se vio confirmado por el resultado de sus últimas convocatorias, ocurridas durante la administración anterior.
En este tema la experiencia comparada es muy valiosa. En la actualidad, más de 60 países disponen de consejos de seguridad nacional, en la mayoría de los casos bajo ese nombre o uno muy similar.
Estados tan distintos como Irán, Indonesia, Grecia, Angola, el Reino Unido, México, Venezuela o Japón incluyen un cuerpo colegiado de este tipo en su institucionalidad superior de seguridad y defensa nacional, además por cierto del National Security Council de Estado Unidos que, en cierto modo, es el prototipo moderno de estas organizaciones.
La mayoría es de aparición comparativamente reciente, aunque, en muchos casos, dichos consejos son sucesores políticos y/o legales de entes preexistentes, cuya creación correspondió a otras circunstancias históricas y políticas de sus países, especialmente en el siglo XIX, pero que se han revalidado en la actualidad.
| El diagnóstico, en buena medida compartido, es el siguiente: actualmente no existe en Chile una estructura superior, una arquitectura funcional y permanente de seguridad y defensa en el nivel superior de conducción del Estado. Es efectivo que existe el Consejo de Seguridad Nacional, contemplado en el Capítulo XII de la Constitución, pero este adolece de graves deficiencias y anomalías en su funcionamiento y composición. Además, luego de la reforma constitucional de 2005 –por lo demás, muy necesaria y oportuna en este como en otros aspectos–, el Consejo quedó tan desprovisto de facultades que varios tratadistas se preguntaron, con buena razón, si no hubiese sido mejor eliminarlo del todo. Todo esto, por cierto, se vio confirmado por el resultado de sus últimas convocatorias, ocurridas durante la administración anterior. |
La abundancia de consejos de seguridad nacional y equivalentes se condice de alguna manera con los inicios de la idea: la necesidad de los países de responder a escenarios de seguridad más complejos y a nuevas amenazas, que requieren una visión holística de la seguridad y la necesidad de involucrar a la totalidad de las agencias públicas responsables y/o relacionadas con la seguridad exterior e interior del Estado.
En algunos casos, dichos consejos también obedecen a la necesidad de fortalecer un genuino liderazgo civil en defensa, lo que repite el ciclo de su incepción original en el siglo XIX.
La experiencia comparada evidencia varias cosas. Desde luego, todos los concejos de seguridad nacional están ubicado en la cúspide de la institucionalidad política de sus respectivos países, de hecho, es el Jefe del Estado y/o de gobierno quien lo preside y normalmente lo convoca. De igual modo, son instituciones que son propias del Ejecutivo, sin integración o representación de la Función Legislativa. Esto último refleja que es la Función Ejecutiva la directamente encargada de la seguridad del Estado, eso sí, con el concurso de la Función Legislativa, y su institucionalidad evidencia esta realidad.
Otra cuestión relevante, en la institucionalidad comparada. es que la presencia militar es comparativamente menor, usualmente en un cometido de asesoría al consejo, mas no de plena titularidad. Nuevamente, esto refleja una realidad en las relaciones político-militares en los sistemas democráticos: la subordinación de los uniformados a las autoridades civiles.
Siempre el ministro de Defensa será integrante de su respectivo consejo, lo que es natural, dada la naturaleza y fines del mismo, pero los militares tienen posiciones más bien de asesoría y coordinación y no de plena integración.
No menos importante en la institucionalidad de la seguridad y la defensa comparadas es la existencia, en muchos países (de hecho, en casi todos los que tienen consejos de seguridad y/o de defensa), de un asesor de seguridad nacional.
Aunque su título y sus cometidos y responsabilidades varían ligeramente de caso a caso, el consejero siempre está ubicado en el nivel más alto del gobierno, junto al Jefe del Estado y/o de gobierno y asesora, informa y coordina en temas de seguridad nacional, política de defensa, política exterior e inteligencia. Además, suele ser independiente de los intereses corporativos de las agencias gubernamentales encargadas de la defensa y la política exterior y sus burocracias, lo que facilita su gestión.
Considerando lo expuesto, resulta claro que el diagnóstico ponderado en el Congreso de Seguridad y Defensa es correcto. En Chile no existe una institucionalidad superior de la seguridad y la defensa, pero existe la necesidad de desarrollar una. En realidad, este asunto se había discutido antes, en varias instancias. Sin embargo, en esta ocasión el tema tenía nuevas urgencias.
Desde luego, lo más evidente es la constatación, una vez más, de un escenario internacional de seguridad complejo, en acelerada desregulación y con un considerable aumento de tensiones.
Este diagnóstico no es nuevo, pero la Guerra de Ucrania lo ha perfilado conjuntamente con el surgimiento de nuevos focos de tensión, especialmente en Asia Oriental. Paralelamente, en una perspectiva más políticamente cercana, es posible constatar que la propuesta de nueva Constitución no contempla alusión alguna a una arquitectura de seguridad, o al menos de defensa, ya que también excluye el concepto de seguridad nacional, no obstante, la evidente necesidad de incorporar un concepto similar, con una perspectiva desideologizada y realista.
Durante el desarrollo de los debates en el Congreso de Seguridad y Defensa, se ponderaron varias alternativas, ninguna muy alejada de las experiencias comparadas. De igual modo, se analizaron las alternativas normativas para su implementación. Asimismo, se analizó la composición de este nuevo organismo, propia de una relación político-militar madura.
Las opciones son varias, así como las vías legales apropiadas. Lo relevante, y respecto de lo cual hubo amplio acuerdo, es la necesidad de implementar definitivamente una estructura superior de seguridad y defensa –cualquiera sea su designación– con potestades suficientes y capacidades materiales adecuadas para generar las estrategias y políticas relacionadas con la seguridad y defensa del país, para coordinar sus elementos correspondientes y, en términos más generales, para integrar las factores políticos y estratégicos que inciden en el posicionamiento internacional del país.
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Profesor Miguel Navarro Meza, ANEPE, Abogado y Cientista Político, Universidad de Chile. Master en Philosophy en War Studies Kings Collage. Magíster en Derecho con mención en Derecho Administrativo, Universidad de Chile. Diplomado en Derecho Aeronáutico y del Espacio, Universidad de Chile. Diplomado del Center for Hemispheric Studies, Senior Leadership Program, Estados Unidos. UDD, Facultad de Gobierno.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas C.