Columna de Opinión

EL INDIGENISMO DE LA PRESIDENTA DEL TC SE PONDRÁ A PRUEBA CON VOTACIÓN SOBRE LA CAM

El Líbero, Actualidad, 19/07/2022

Mañana miércoles será el bautismo de fuego de la nueva presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Nancy Yáñez Fuenzalida, elegida hace una semana.

Como directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho (CDH) de la Universidad de Chile; ha sido una férrea defensora de los pueblos indígenas.

Mañana, sin embargo, Yáñez deberá tomar dos decisiones clave en su incipiente carrera como jueza constitucional, respecto de miembros de la etnia mapuche.

La compleja decisión de la presidenta del TC. Ello, porque la Segunda Sala del TC verá el recurso de inconstitucionalidad presentado en contra de movimientos que ejercen la violencia en La Araucanía y Biobío.

“La declaración de inconstitucionalidad de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Wichan Auka Mapu, Resistencia Mapuche Malleco y Resistencia Mapuche Lafkenche es justa, necesaria e indispensable para nuestro Estado Democrático de Derecho. Y, en especial, para las familias mapuche y no mapuche que viven en las regiones de la Macrozona Sur”, dice el texto de 70 páginas presentado por el abogado Pablo Urquízar.

Nancy Yáñez, por tanto, deberá decidir si se inhabilitará en la votación, como han pedido la diputada Gloria Naveillán y la presidenta de Mujeres por La Araucanía y exconstituyente, Ruth Hurtado. O si votará a favor o en contra de la admisibilidad del recurso.

Qué dice el recurso de inconstitucionalidad contra la CAM y otros grupos violentos. En el escrito ante el TC, Pablo Urquízar expone todos los antecedentes que acreditan la participación de dichos grupos en graves hechos de violencia; autoría reconocida por ellos mismos, así como el gran perjuicio a la seguridad de la población.

Desde 2014 a la fecha, solo la CAM ha reivindicado 156 atentados en el sur del país.

“Los objetivos de ‘autonomía’ y ‘liberación’ se materializan a través de tres acciones prácticas; que se traducen en la recuperación de tierras, acciones de defensa y acciones de resistencia territorial. Las cuales, tal como lo ha reconocido la propia CAM, utilizan y validan la violencia como método de acción política legítimo para recuperar la ‘nación Mapuche’. En el mismo sentido la WAM, la RMM y la RML”, sostiene el documento.

A su vez, denuncia que la CAM, la WAM, la RMM y la RML “utilizan métodos evidentemente ilícitos y antidemocráticos para la consecución de sus objetivos políticos. Por lo que se tratan de formas de organización política que no se ajustan a la Constitución y corresponde sea sancionada”.

La ministra Nancy Yáñez, nombrada por el Presidente Boric, defiende el Estado plurinacional, la autodeterminación y justicia indígena. Además, sostiene que en Chile hay “líderes mapuches presos en función del contexto político”. Mañana se vota en el Tribunal Constitucional la admisibilidad de un recurso que declara inconstitucional a grupos violentistas de la Araucanía y Biobío.

La inhabilidad que le piden a la presidenta del TC. Quienes alegan que la presidenta del TC debe inhabilitarse hacen mención al artículo 22 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.

“Será motivo de implicancia respecto de los asuntos a que se refieren los números 1° a 16°, inclusive, del artículo 93 de la Constitución, el hecho de haber emitido opinión con publicidad o dictamen sobre el asunto concreto actualmente sometido a conocimiento del Tribunal”.

“Una persona que tiene una opinión formada y, además, la ha hecho pública, y que preside un tribunal como este, por transparencia debe inhabilitarse”, señaló a El Mercurio la diputada Naveillán.

El fuerte indigenismo de la presidenta del TC. Durante varios años, Nancy Yáñez ha dado cátedra y diversas charlas y entrevistas sobre los temas indígenas.

Ella cree en el Estado plurinacional, la autodeterminación y en un sistema propio de justicia para las etnias originarias.

También es muy crítica del “modelo extractivista y de consumo” que impera en Chile. En contraposición, pone como ejemplo el modo armónico con la naturaleza de las actividades indígenas.

“Los pueblos son naciones preexistentes a la conformación de los estados republicanos y mantienen sus instituciones. Por eso, el derecho internacional les ha reconocido el derecho a la libre determinación”, señaló a la radio Duna en marzo pasado.

Respecto de la justicia indígena plantea que “se puede definir por competencia territorial, personal o por ambas. Si fuera territorial, cualquiera que ingrese ahí se vería sometido a esta justicia, pero habría que demarcar ese territorio”.

Presidenta del TC afirma que hay “líderes mapuches presos en función del contexto político”. La jurista ha emitido polémicas declaraciones, que ahora relucen a raíz del fallo que deberá emitir.

“No cabe ninguna duda que los líderes mapuche están presos en función del contexto político en el que han sido sistemáticamente vulnerados los derechos del pueblo mapuche”, dijo en una entrevista a Radioanalisis de la Universidad de Chile.

En su argumentación, agregó que “si para cualquier persona del pueblo mapuche, en particular para un líder religioso, una condena que lo aleja de su cultura, de su tierra, que lo mete en cárceles hacinadas, imagínate eso respecto de una autoridad que necesita restablecer de su energía día a día en su rehue, donde, además, provee de estos servicios a toda su comunidad”.

Yáñez es defensora de “los derechos de la naturaleza”. En una exposición ante la Gran Logia de Chile el pasado 19 de octubre, Nancy Yáñez expuso su pensamiento político sobre diversos temas relacionados con el mundo indígena.

La abogada defiende la “necesidad de que el acuerdo constitucional reconozca los derechos de la naturaleza, de las aguas, de las tierras de los territorios y del mar; de cada uno de los elementos que componen la naturaleza y de las personas y pueblos como parte integral de estos espacios; donde se encuentran los cerros, montañas, los ríos, lagos”.

La jurista dijo que “la protección del derecho indígena de establecer sus prioridades, en materia de desarrollo, hace parte central del reconocimiento de esta comprensión indígena respecto a la naturaleza; porque concibe el desarrollo en una relación armónica, con el ecosistema”.

La abogada agregó que dicho ecosistema está “amenazado por las actividades industriales en que se centra nuestro modelo de desarrollo, fundado en el extractivismo minero, la energía, la pesca industrial, las actividades acuícolas, la agricultura industrial, la silvicultura, e incluso el turismo a gran escala; que no tiene en definitiva una perspectiva armónica con el entorno”.

En contraposición, afirmó ante la Gran Logia que “el derecho a la subsistencia por medio de las actividades tradicionales de los pueblos indígenas nos muestra una forma distinta de proveernos del sustento, de lo que se llama la soberanía alimentaria. Ello, de acuerdo con el sistema de vida y costumbres de los pueblos indígenas”.

“Hablar de territorios indígenas implica hablar de la protección de la totalidad del hábitat. Por lo mismo, de la protección del medio ambiente”, señala Yáñez.

“Si nos vamos al norte no cabe ninguna duda de que la minería amenaza los territorios de los pueblos indígenas”, agrega la abogada.

Presidenta del TC calificó de “oscuros hechos” la “anexión” de territorios en la Guerra del Pacífico. En su charla, Nancy Yáñez afirmó que “la ocupación militar de la Araucanía a fines del siglo XIX, la anexión de los territorios del norte del país por medio de la guerra del Pacífico y la anexión del territorio insular de Rapa Nui por medio de un acuerdo de voluntades, que finalmente no fue respetado en su integridad por el Estado de Chile, o la ocupación de los territorios indígenas en el extremo austral que implicaron el genocidio de esos pueblos en la primera mitad del siglo XX, son algo de los oscuros hechos que han enlutado nuestra historia republicana, y que han sido invisibilizados, siendo el momento de traerlos a la luz”.

Por lo tanto, plantea que “es una demanda que implica un cambio en un tipo de Estado; cuya comunidad política asume que no solo está integrada por personas individuos; sino por pueblos y que se debe una nueva relación fundada en reconstruir nuestra historia republicana, haciéndonos cargo de la violación sistemática de los derechos a los pueblos indígenas”.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión

INTERVENCIONITIS AGUDITIS. Francisco Orrego. El Líbero, Opinión, 13/07/2022

INTERVENCIONITIS AGUDITIS. 

Francisco Orrego. El Líbero, Opinión, 13/07/2022

La descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado” (Montesquieu)

En términos médicos, el sufijo “itis” nos indica que existe una inflamación o infección en algún órgano o parte del cuerpo humano, mientras que en términos políticos también nos indica algo de índole patológico. Y eso es lo que pasa precisamente en el gobierno.

Jugado por completo por la opción Apruebo, las principales autoridades del país ven con angustia las diversas encuestas que, semanalmente, dan al Rechazo como la opción ganadora en el plebiscito de salida. Y ello lo está obligando a reaccionar, aunque sea de mala fe.

Sólo en ese contexto pueden entenderse las diversas expresiones de intervencionismo electoral que, ante la total pasividad de la Contraloría General de la República, se ven diariamente desde La Moneda.

El instructivo sobre probidad y prescindencia electoral emanado del órgano contralor ha sido sobrepasado, una y otra vez, por un gobierno temeroso de perder su lucha revolucionaria a través de un nuevo texto constitucional, totalmente ideológico, revanchista y partisano.

Con el comando central del Apruebo instalado en el palacio de gobierno, éste resolvió intervenir directa y activamente en la campaña electoral. Ya no es necesario disimularlo. Sólo se esfuerzan por desmentirlo, sin mayor éxito.

Bajo la fachada de la campaña “Hagamos Historia”, el gobierno ha concentrado parte importante de sus esfuerzos para desplegar territorialmente la campaña a favor del Apruebo.

A estas alturas, y frente a actos de incuestionable intervencionismo electoral, nuestro órgano fiscalizador debería dar señales claras y categóricas de su compromiso efectivo con la prescindencia y abstención electoral.

De la mano de las Secretarías Regionales de Gobierno y de los alcaldes afines al gobierno, han comenzado en todo el país a vociferar la necesidad de cambiar la Constitución de 1980 o de Pinochet, según me informaron asistentes encubiertos a uno de esos encuentros.

Cuál será el verdadero alcance y éxito de esta campaña está por verse, pero harían bien en hacerle seguimiento y eventualmente presentar todos los elementos a la Contraloría.

El episodio ocurrido la semana pasada en La Moneda superó todos los límites. El diputado socialista Leonardo Soto subió un video a las redes sociales dando cuenta de la realización de una reunión de coordinación en la sede de gobierno para la campaña del Apruebo. De poco sirvió darlo de baja ni menos pedir disculpas. Los tapones ya habían saltado en todas partes, menos en la Contraloría.

Con chapita apruebista en la solapa, la Ministra Vallejo salió a justificar el error del parlamentario, sumándose así este incidente a la larga lista de eventos donde el gobierno declara o hace algo y luego sale a desmentirlo o a disculparse, ejercitando descaradamente la estrategia del “miente, miente, que algo queda”.

Aunque todos los ojos apuntan al gobierno, no desatendamos la pasividad con que ha actuado la Contraloría en esta materia. A estas alturas, y frente a actos de incuestionable intervencionismo electoral, nuestro órgano fiscalizador debería dar señales claras y categóricas de su compromiso efectivo con la prescindencia y abstención electoral.

Aunque esta semana envió un oficio al Ministro Jackson solicitando un informe sobre la reunión -a raíz de la denuncia presentada por diputados de Chile Vamos-, existen serias dudas sobre si realmente reprochará o no al gobierno.

La Contraloría quedará deslegitimada si no adopta una actitud proactiva en cuanto a investigar y sancionar de manera prolija, expedita y ejemplar esta denuncia, marcando los límites de la campaña, pues de nada servirá su pronunciamiento después del 4 de septiembre.

Diagnosticado con “intervencionitis aguditis”, el gobierno necesitará hacer más que simple trampa para evitar que gane la opción Rechazo en el plebiscito de salida y con ello desafectar los resultados electorales con la baja evaluación presidencial.

Aunque nadie está libre de cometer errores, en el caso de un gobierno estos “errores” patológicos se pagan caro en términos políticos y comunicacionales.

Van minando la confianza y apoyo ciudadano e incubando un sentimiento generalizado de rechazo a la gestión gubernamental y al texto constitucional, que se mostrará con fuerza el próximo 4 de septiembre.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de