Chile indefenso
Viña del Mar, 30 de agosto de 2022.
Señor Director:
El día 30 de agosto fueron publicadas en El Líbero dos columnas, de Magdalena Olea y de Vanessa Kaiser tituladas, respectivamente, “Mauricio Rojas: El Presidente tendría que romper con el Partido Comunista para encabezar la reconciliación post plebiscito” y “Chile de rodillas”.
Vanessa Kaiser dice: ¿Cómo llegamos al punto de plebiscitar el fin de la integridad territorial del país, de la democracia, del Estado de Derecho y de la igualdad política entre los ciudadanos? Estando de rodillas frente a un grupo llamado Primera Línea y de sus comparsas terroristas. La señal más clara de la genuflexión nacional ha sido nuestra incapacidad de llamar por su nombre los sucesos del 18-O. Llaman ‘estallido social’ a la quema de iglesias y de estaciones de metro al unísono. Evidentemente, en cualquier país del mundo desarrollado eso se llama terrorismo. Fue la genuflexión de las autoridades la que impidió que se diera el tratamiento que correspondía al terrorismo, primero, y a las agrupaciones violentas, después.
En el contexto descrito, las FF.AA. y de Orden han tenido que hacerse cargo de la falta de voluntad política para poner un límite a la violencia en las calles y al avance del narcoterrorismo, al punto que peligra la supervivencia de Carabineros; el Ejército se defiende de ataques a sus regimientos con chorros de agua y la Armada permanece en silencio sepulcral frente al retiro de la estatua de José Toribio Merino y los ataques políticos y judiciales a varios de sus miembros.
La ciudadanía también está de rodillas. No alcanza a ver que la destrucción de Carabineros es siempre un objetivo del marxismo, que la plurinacionalidad es una estrategia del socialismo bolivariano para transformar a Chile en tierra del narcotráfico y abrir posibilidades a la recuperación de los territorios perdidos en la Guerra del Pacífico, ni que la “sodomización” de la bandera es un acto de pornoterrorismo.
Mauricio Rojas, por su parte, ha declarado estar convencido de una victoria contundente del “rechazo” y planteó que la izquierda dura no va a aceptar la derrota en el plebiscito lo que será un retorno al camino insurreccional, combinado con la violencia en la Macrozona sur. Declaró, además, que tenemos sectores del Partido Comunista y extremistas que no van a renunciar a la vía insurreccional revolucionaria, a crear una situación de inestabilidad y violencia y que el presidente Boric va a tener que elegir: si defiende la institucionalidad y trata de controlar la violencia, o si se deja llevar por esta ola de guerrilla. El Presidente debe entender que está poniendo en juego al país si permite que la violencia se siga generalizando.
Respecto a todo lo antedicho vengo en comentar que la violencia ilegítima —sea esta revolucionaria, guerrillera o terrorista— no puede ser controlada, anulada o aniquilada con buenas palabras: ello solo puede ser logrado utilizando la violencia física legítima del Estado, de la cual este tiene el monopolio. No existe otra forma eficaz para enfrentar a grupos armados radicalizados, ideologizados y violentos que, sin Dios ni ley, no atienden razones y que están dispuestos a destruirlo y a quemarlo todo.
Mi gran preocupación es que si bien el Estado cuenta teóricamente con esa fuerza legítima dudo si la tiene verdaderamente, en la práctica, puesto que: a) los carabineros y militares están sometidos a unas reglas de uso de la fuerza absurdamente restrictivas, que prácticamente les impide utilizar sus armas letales; b) la casi absoluta indefensión jurídica de éstos si las usan; c) los jueces no les aplican las normas que los protegen (p. ej. los artículos 6, 208, 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar); d) la lenidad de las autoridades de gobierno para ordenar la aplicación de la fuerza a fin de mantener el orden público —su obligación esencial— y resguardar el Estado de Derecho, inhibidas por el “discurso de los derechos humanos”; que es un arma estratégica del comunismo para quitar legitimidad al uso de la fuerza y para desarmar psicológica y moralmente a los gobernantes que, por deber de autoridad, están obligados en justicia a aplicarla para reprimir a quienes subvierten el orden social; e) la inhibición de policías y militares para usar sus armas —incluso en defensa propia— porque saben que si lo hicieren perderían sus empleos y serían condenados por “abuso de la fuerza” o por “violar los derechos humanos”; f) la actuación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que persigue implacablemente a carabineros y militares y solo se preocupa de registrar sus acciones —o reacciones— y no las de quienes los atacan.
Si nuestros gobernantes no hicieren uso de la fuerza con el rigor requerido, Chile quedará absolutamente indefenso y condenado a caer en manos de personas o grupos que están promoviendo la anarquía, el caos, la disolución social y la insurrección revolucionaria a fin de hacerse con el poder total e instaurar una tiranía totalitaria que ahogaría la vida, la libertad, la propiedad y los demás derechos humanos de los ciudadanos.
Atentamente le saluda.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magister en ciencia política
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