NO NOS PASEMOS PELÍCULAS
Jorge Correa Sutil
El Mercurio, Columnistas, 04/02/2023
El nuevo proceso constituyente se ha iniciado con un intenso debate acerca de las alianzas electorales que se formarán para la elección de los consejeros constitucionales. Si bien es enorme la importancia que tiene la conformación de esas coaliciones, no debe pasarse por alto que ese intenso debate electoral no ha tenido relación alguna con la Constitución que se quiere.
No son posiciones acerca de la Constitución las que han determinado o siquiera influido en la decisión de conformar una o dos listas entre la centroizquierda y la izquierda para elegir constituyentes. ¿Será que los actores políticos dan por sentado el texto que saldrá de este proceso? ¿Será que los partidos no tienen proyectos constitucionales que debatir?
En las pocas oportunidades que las vocerías políticas hablan de la Constitución, el discurso es vago y lleno de lugares comunes. Derecha, centro e izquierda dicen querer una buena y nueva, sin definir cuál sería una buena; todos proclaman la necesidad de una Constitución para el siglo XXI, como si la apelación a lo contemporáneo pudiera determinar algún contenido y como si las que han sobrevivido siglos carecieran de valor y vigencia.
La expresidenta Bachelet, en cambio, en la clausura del Congreso del Futuro, fue un poco más allá e hizo ver la dificultad que tenemos de alcanzar un texto que nos una: “Yo comparto —sostuvo— que una Constitución nueva tiene que ser la casa común. Sin embargo, no estoy segura que pueda ser la casa común de todos, porque no todos creemos lo mismo sobre el modelo de sociedad, el modelo económico, qué sé yo”. Luego agregó: “Hay que hacer el mayor esfuerzo por tener la mayor casa común posible, pero no nos pasemos películas, porque hay diferencias. Estas son válidas, porque estamos en una democracia”.
¿Será que los actores políticos dan por sentado el texto que saldrá de este proceso? ¿Será que los partidos no tienen proyectos constitucionales que debatir?”
Ciertamente que no es bueno pasarse películas en el plano político o en el constitucional. También es evidente que tenemos legítimas diferencias acerca del modelo económico y social que queremos, diferencias que la democracia debe tolerar. Entonces, ¿es forzoso concluir que nos pasamos películas cuando pensamos que una misma Constitución nos interprete y cobije a todos?
Es difícil discernir cuán vastas y profundas son las grietas que nos dividen. A juzgar por el ambiente político actual, no parecieran enormes. Este no es un país a punto de irse a las manos.
Sin embargo, hace tres años, un porcentaje significativo de la población justificaba, cuando no celebraba, el uso de la violencia. Recién ayer, mayorías eran atraídas por ideas refundacionales que proponían barrer con el orden establecido. En septiembre pasado, esas mismas ideas resultaron rechazadas.
Constatar aquello y las elecciones consecutivas de Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, Boric no muestra tanto un país dividido, como uno que cambia de opinión constantemente acerca del modelo que quiere y que, rápidamente, se muestra insatisfecho de lo que elige.
¿Cómo hacer una Constitución adecuada para una población en momentos de constante mutación? ¿Cómo acertar en un texto adecuado para los próximos 40 años, si difícilmente podemos atisbar los próximos cuatro?
La expresidenta tiene razón: Nos pasaríamos películas si pretendiéramos que un modelo económico y social nos dejara satisfechos a todos. Y aunque un proyecto así pudiera ser aprobado en un plebiscito de salida, ¿cómo podría durar, si el país elige periódicamente autoridades que le prometen modelos económico-sociales distintos?
La solución para lograr una Constitución duradera que nos una es otra, y consiste en expurgar del debate constitucional la cuestión de los modelos económicos y sociales y concentrarnos en la pregunta de cuál es la democracia que necesitamos. ¿Cuáles son las reglas electorales, la arquitectura del poder, la distribución de competencias, los procesos de toma de decisiones, las medidas de participación y transparencia que nos pueden permitir encauzar de una manera legítima y eficiente nuestras diferencias sobre modelos económicos y sociales?
No desconozco que la Constitución algo tendrá que decir acerca de lo que el Estado no puede hacer y sobre los fines que les son obligatorios. Esto, sin embargo, puede mantenerse en un nivel mínimo y general, como para que prosiga libremente el legítimo debate acerca de los modelos económicos y sociales.
Pero claro, si en la campaña los candidatos prometen solucionar problemas sociales concretos en el texto constitucional, como son definir el sistema de pensiones, de salud o de seguridad ciudadana, volveremos inevitablemente a pasarnos películas.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
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