Protestas Estudiantiles
El Mercurio, Editorial, 09/03/2023
Buscando tener el protagonismo que en la década pasada consiguiera el movimiento estudiantil y sus líderes al enarbolar las banderas de la calidad y de la gratuidad, los estudiantes vuelven a las calles anunciando movilizaciones a pocos días de iniciado el año escolar, amenazando con causar —una vez más— un impacto negativo en el normal desarrollo de la actividad académica y en el orden público, sin atender a los verdaderos desafíos que enfrenta el sistema educativo en su conjunto y respondiendo más bien a un discurso ideológico anarquista.
Cuando aún no logran superarse los perjudiciales efectos de la pandemia, con cifras que denotan una grave crisis de asistencia y alta deserción escolar, además de una pérdida difícil de reparar en los niveles de aprendizaje, resulta inaceptable que un grupo de secundarios apele —nuevamente— a las marchas como método de presión.
Elocuente ha sido el daño provocado por la violencia y la sistémica interrupción de las clases en varios de los liceos públicos hoy han perdido la excelencia que los caracterizaba y la elegibilidad por parte de los mejores alumnos, sin poder llenar sus vacantes.
No se entiende que, amparándose en un discurso de demanda por calidad, se justifiquen acciones que van en detrimento de la actividad académica, profundizando las dificultades que hoy enfrenta el sistema educativo.
Sin una agenda definida y sin una clara voluntad de la autoridad sectorial por enfrentar con decisión los problemas que afectan a la enseñanza pública, el Gobierno no le ha otorgado la prioridad que merece la educación como herramienta de progreso y cohesión social. Tampoco lo ha hecho el Colegio de Profesores.
Por el contrario, la autoridad ha recurrido a algunas medidas que han sido fuente de críticas por parte de los expertos, como el cuestionamiento a la efectividad de las pruebas estandarizadas en la detección de los avances y retrocesos en el proceso de aprendizaje, poniendo el énfasis en aspectos como la formación sexual, descuidando problemas de fondo que están afectando a la educación de las nuevas generaciones, como el grave déficit de profesores y la tensión administrativa que ha significado el traspaso de los colegios públicos desde los municipios a los servicios locales de educación.
Elocuente ha sido el daño provocado por la violencia y la sistémica interrupción de las clases.
En la educación superior, el comportamiento de ciertos dirigentes tampoco parece responder a los desafíos de las comunidades estudiantiles cuando, recién iniciadas las actividades, optan —en procesos de cuestionable participación democrática— por la paralización de las actividades, aduciendo motivos muchas veces poco representativos de los intereses del estudiantado.
Cuando el país ha hecho un importante esfuerzo en recursos fiscales para solventar la gratuidad, preocupa que las sucesivas interrupciones afecten el normal desarrollo de los procesos de formación académica.
La crisis en el sistema escolar necesita de medidas eficaces que apunten al fortalecimiento de las comunidades educativas, erradicando la violencia. Ello requiere de autoridades decididas a velar por la continuidad de la actividad educativa, y de profesores y apoderados que reconozcan el valor de la enseñanza, condenando cualquier forma de violencia que impida su normal continuidad.
Las largas filas de los padres esperando lograr una vacante en aquellos establecimientos de reconocida calidad demuestran que la educación de excelencia sigue ubicándose entre las principales preocupaciones y expectativas de la ciudadanía.
Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
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