EL VÍA CRUCIS DE NICARAGUA
El Mercurio, Editorial, 07/04/2023
Semana Santa se vive en todo el mundo cristiano como una oportunidad de paz y reconciliación. Las ceremonias conmemorando la muerte y resurrección de Cristo son un momento de oración y recogimiento.
No en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega mantiene una relación antagónica con la Iglesia Católica, a la que el dictador tiene en la mira como una amenaza a su supervivencia.
Ha prohibido las procesiones, y el Vía Crucis deberá realizarse dentro de los recintos de los templos. La represión contra cualquier manifestación pública se ha extendido así a los oficios religiosos.
Después del desmantelamiento de toda la oposición, con la detención y posterior expulsión de los líderes políticos, estudiantiles y de asociaciones civiles, Ortega lanza su ataque a la Iglesia que ha sido un refugio de la sociedad.
La represión contra cualquier manifestación pública se ha extendido incluso a los oficios religiosos.
Desde las protestas de 2018, que dejaron más de 350 muertos, dos mil heridos y 100 mil exiliados, obispos y sacerdotes han denunciado los crímenes de la dictadura y no han temido a las sanciones gubernamentales.
Ocho radioemisoras católicas fueron clausuradas, así como tres canales de televisión. Decenas de curas y monjas han huido o han sido expulsados, como las de la congregación de sor Teresa de Calcuta, que escaparon tras serle retirada su personalidad jurídica.
Los problemas con la Iglesia, en realidad, vienen de mucho antes de las protestas de 2018. Ya en los años ochenta, cuando los sandinistas llegaron al poder, la Iglesia denunció sus arbitrariedades.
Y estas revelaciones no han cesado, culminando con las recientes declaraciones del Papa Francisco, que calificó al régimen nicaragüense de una “dictadura grosera”, comparándola con la de Hitler o la de Lenin. Dos días después de estas palabras, Managua suspendió relaciones con el Vaticano.
Las palabras del Pontífice, que antes no había condenado al régimen, fueron motivadas por la sentencia a 26 años del obispo Rolando Álvarez, quien fuera parte de los 220 presos políticos liberados y desterrados, privándolos de su nacionalidad, en febrero pasado.
Álvarez se negó a viajar, y fue sometido a un juicio exprés por traición a la patria y otros delitos. Ortega ha acusado al clero de ser “una organización terrorista”, además de retrucar que no pueden hablar de democracia, porque “el pueblo debería elegir a sus curas, obispos y hasta el Papa por voto directo y no por la mafia del Vaticano”.
En una reciente votación en la ONU, se aprobó extender el mandato de una comisión investigadora de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, la que en su informe preliminar asegura que “las violaciones a los derechos humanos y los abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática”, y que “hay motivos razonables para pensar que las más altas autoridades”, incluidos “Ortega y su mujer, Rosario Murillo… participaron en la comisión de los delitos”.
A pesar de las evidencias, la pareja presidencial todavía tiene algunos apoyos, como los de Bolivia, Cuba y Honduras, que votaron en contra de la resolución.
Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
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