CÓMO UN EVENTUAL CIERRE DE PUNTA PEUCO SE INSTALÓ EN TORNO A LA CONMEMORACIÓN DE LOS 50 AÑOS
La Tercera, 05/09/2023
Tanto el Presidente Boric, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, han intervenido en el debate sobre el futuro del penal. Si bien aún no hay una decisión en la materia, en La Moneda, no han sido tajantes en que no habrá novedades sobre el quehacer de los 134 reclusos que cumplen allí condenas por delitos de derechos humanos. En el horizonte, además, se esperan fallos desfavorables para más de 30 imputados.
Fue al fin de su mandato que la expresidenta Michelle Bachelet, en marzo del 2018, pidió al ministro de Justicia, Jaime Campos, cerrar Punta Peuco. El entonces secretario de Estado se negó y, desde entonces que esa puerta no volvió a tocarse tan directamente. Hasta hoy, a seis días de la conmemoración de los 50 años del golpe.
El Presidente Gabriel Boric dijo el domingo que “hay distintas alternativas sobre Punta Peuco”, palabras que fueron reforzadas al día siguiente por la vocera de gobierno Camila Vallejo, quien agregó que en la cárcel que cuenta con 134 reos encausados por violaciones a los derechos humanos se mantienen “privilegios intolerables”.
Pero aunque desde que el Mandatario llegó a La Moneda sus equipos han analizado opciones, en ninguna de eluciones de las autoridades de Palacio hubo detalles sobre las fórmulas que se barajan.
Eso sí, ambas sirvieron para reafirmar la intención de esta administración de generar cambios profundos en el penal y, de paso, reinstalaron el debate constante que hay en torno a esas dependencias. Sobre todo, a días de que se conmemoren 50 años del Golpe de Estado.
Sin embargo, pese a que la convicción está, fuentes consultadas por La Tercera son claras en indicar en que aún el Ejecutivo no tiene ultimados los detalles del plan que permitiría concretar una modificación o redestinación de esa cárcel ubicada en la comuna de Tiltil.
Por lo que con miras al 11 de septiembre, según los mismos personeros, lo que el Presidente podría anunciar sería sólo la intención formal de concretar su adecuación, por ejemplo, para albergar población penal común o internos de otras características especiales.
Aquello, además, porque para el Ejecutivo -aunque hicieron las evaluaciones- ya está descartado el cierre de Punta Peuco, en atención a la sobreocupación de las dependencias penitenciarias a nivel nacional. Y es que actualmente, de acuerdo con datos de Gendarmería, la capacidad a nivel país está sobrepasada en 21,4 %, pues hay cupo para 41.631 personas en régimen de 24 horas y en realidad hay un total de 50.522 internos.
Así, de hecho, lo evidenció el ministro de Justicia, Luis Cordero, que en T13 Radio también confirmó que no es posible cerrar penales. “Hace algunos años sí estábamos en condiciones de cerrar cárceles, pero como en los últimos 16 o 17 meses hemos tenido un aumento muy significativo de privados de libertad, no estamos en esa condición”, señaló.
Por lo mismo, de acuerdo con lo expuesto por personas consultados por este medio, el gobierno no se puede dar el lujo de perder plazas y, por ello, la opción más viable que divisan es optimizar las citadas dependencias, aunque ello tiene sus propias complejidades.
Las trabas. Punta Peuco, concebida como una cárcel especial de acuerdo con un decreto supremo firmado de 1995, tiene una capacidad para albergar a 112 personas, por lo que hoy está copado.
Es un penal pequeño, y para que su readecuación tenga un impacto significativo para el sistema penitenciario, tendría que ampliarse, comentan fuentes de gobierno.
Pero eso hoy no es nada de simple, porque el plan regulador de la Región Metropolitana impide que se pueda construir un centímetro más de cárcel, lo que hace necesario modificarlo.
Eso ya está en marcha, y fue uno de los motivos por los cuales, en junio pasado, se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca que Justicia pueda solicitar a Vivienda la modificación de los planos reguladores para la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios existentes.
Otra opción, en línea con lo que plantean diputados oficialistas, sería simplemente trasladar a los actuales internos a otros penales y ubicar en el lugar, por ejemplo, a reclusas embarazadas o que tengan hijos. Sin embargo, hoy no hay dependencias habilitadas en otros penales para albergar a 134 condenados por violaciones a los derechos humanos, quienes en su mayoría son adultos mayores.
La población penal de Punta Peuco, insisten voces oficialistas, requiere de ciertas condiciones. Por ejemplo, no pueden utilizar catres o literas normales, por la avanzada edad que tienen o sus patologías. No hay factibilidad técnica para instalarlos en otras zonas, se reitera en Palacio.
En Colina 1, donde también está dispuesto un módulo especial para este tipo de condenados, tampoco hay espacio, y por lo mismo, nuevos reclusos han debido ir ingresando a otras dependencias, junto a población penal de bajo riesgo o de características similares.
Se proyecta, por las mismas razones, que los entre 30 y 70 nuevos condenados por DD. HH. que podrían ser notificados hasta fin de año ingresen a los recintos de Puente Alto o Colina 1, vía modificaciones menores que se están realizando a las dependencias.
Así las cosas, fuentes de gobierno insisten en que mientras no se pueda ampliar significativamente los recintos de la RM, las opciones para cambiar la destinación de Punta Peuco son más que escasas, y que por ende, falta trabajo por realizar para concretarlo.