Carlos Basso Prieto, Unidad de Investigación de El Mostrador
El Mostrador, 20/09/2023
En su peculiar respuesta a la Corte de Apelaciones de Arica, el magistrado aseveró que al entregar las identidades que el Ministerio Público mantenía en secreto, en la investigación sobre el Tren de Aragua, había una colisión de derechos, frente a la cual optó por los de los imputados, en función de lo que señalaban sus defensas, pero nada menciona respecto de la amenaza a la integridad física que quienes cooperaron con la investigación.
Aseverando que la decisión del Ministerio Público de Arica de mantener en secreto los nombres de los testigos protegidos y los agentes encubiertos que han intervenido en la investigación en contra de “Los Gallegos” (como se denomina a la facción del Tren de Aragua que actúa en esa ciudad) amenazaba “el derecho constitucional a un debido proceso” de los imputados, el cuestionado juez de garantía de Arica Héctor Barraza se defendió del recurso de protección que fue interpuesto en su contra por la fiscalía y el Ministerio del Interior, luego de que el miércoles pasado decidiera levantar dicho secreto.
En su respuesta al informe que le solicitó la Corte de Apelaciones de Arica, el juez citó varios fallos en los cuales se ha levantado la reserva de las identidades de testigos protegidos, entre ellos el proceso en contra de Aniceto Norín Catrimán, en el cual la Corte Interamericana de DD. HH. condenó al fisco de Chile, aunque en realidad se trata de cuerpos legales distintas, dado que en dicho caso la reserva de identidad se fundó en la Ley antiterrorista y, en el de Arica, en la ley antidrogas.
Según argumentó, “nos encontrábamos en una clara colisión de derechos, entre las garantías de protección a víctimas y testigos de la causa y el derecho al debido proceso respecto a los imputados, quienes independientemente de los delitos por los cuales fueron acusados, eran personas sujetos de derechos”, sin mencionar la vulneración de los derechos de los testigos y de los agentes policiales que infiltraron a la organización criminal a riesgo de sus vidas.
Asimismo, frente a la acusación de haber desconocido el acuerdo del comité de jueces de su propio tribunal, en orden a permitir que el fiscal titular de la causa participara en las audiencias del caso vía zoom “se le indicó (a este) que revisado el sistema no había observado tal autorización, pero que por lo extensa de la causa pudo no haberse advertido por el tribunal, por lo cual le solicité si podía indicar la fecha o derechamente exhibirla”.
Pese a ello, no menciona otros episodios de la audiencia, como cuando dijo que “el comité de jueces no es un órgano jurisdiccional” o cuando señaló “ya me cansé” o “no voy a volver atrás”, ante la insistencia de los asistentes de fiscal que llegaron a la audiencia, en orden a que era necesaria la comparecencia del titular de la investigación, debido a la complejidad y volumen del mismo.
Cabe mencionar que, además, del recurso de protección, el juez Barraza enfrenta una investigación interna, ordenada por la misma corte, y también una posible medida disciplinaria por parte del gobierno.
Además, la semana pasada, el Ministerio Público inició una investigación penal relativa a los delitos que a juicio del órgano persecutor se cometieron al momento de entregar dicha información.
Esta mañana, en tanto, el Juzgado de Garantía de Arica negó la petición formulada por la fiscalía y el Ministerio del Interior, que solicitaron al nulidad de la audiencia en la que el juez Barraza determinó entregar las identidades de testigos protegidos y agentes encubiertos.