Humberto Julio Reyes – 06/12/2024
A raíz de la inminente creación de un nuevo ministerio, el de seguridad, se nos ha recordado que la función de proteger a sus ciudadanos es una responsabilidad básica del Estado. Pero ocurre que, desde hace años, el Estado de Chile ha entablado una desigual lucha en contra de algunos, a título de obtener justicia verdad y reparación.
Procuraré respaldar este juicio.
El poder ejecutivo, sin importar el gobierno, ha llevado adelante por años una serie de acciones tendientes, no sólo a que se cumplan esos deseables propósitos, sino que paralelamente, rechazar toda proposición tendiente a apaciguar los ánimos, tratar con una mirada humanitaria a ancianos y enfermos condenados o negarles, por vía administrativa, los derechos que el ordenamiento legal les concede.
Todo aniversario que permite reabrir heridas del pasado, es ocasión para pedir más, a título de una supuesta impunidad que las propias estadísticas del poder judicial no confirman.
Es la ideología.
El poder judicial, por su parte, es el agente más activo en la persecución implacable de los supuestos culpables de delitos cometidos hace ya medio siglo o más, atropellando flagrantemente la ley vigente en esos años al objeto de condenar a toda costa a durísimas penas a quienes, a estas alturas, poca o ninguna responsabilidad tuvieron en los hechos investigados.
Trabajo frustrante para los abogados defensores que rara vez obtienen sentencia favorable para sus defendidos y que los ha llevado a intentar, sin éxito, que el colegio respectivo se pronuncie frente a la incapacidad práctica de ejercer su profesión cuando todo recurso es rechazado.
Ni qué decir del mantenimiento de dos sistemas procesales distintos, aplicando el que ya no debiera existir, a pesar de todas las razones esgrimidas para eliminarlo, solamente a las causas llamadas genéricamente de derechos humanos. Digno de Ripley.
Es el Lawfare, todo vale para reivindicarse de pasadas inacciones, menos la ley.
Por su parte el poder legislativo, cada vez que debe votar algún proyecto referido al tema, termina sometido a los que se alinean bajo el lema“Ni perdón ni olvido”.
Es aritmética. No están los votos.
Vemos entonces, bajo ese peso incontrarrestable de los tres poderes del Estado, a un grupo de particulares que, en forma individual o colectiva, más o menos organizados, intenta defender los derechos atropellados de quienes merecen justicia justa y ser tratados igual que todos los ciudadanos de nuestro país.
Entre ellos los abogados defensores que rara vez son exitosos, algunas ONG’s que aportan con recursos privados e ideas, las organizaciones de personal en retiro, creadas con otro propósito pero que, por compañerismo y elemental solidaridad con quien está en desgracia, también procuran ayudar o mitigar los efectos de los habituales malos resultados.
A veces alguien consigue que su carta se publique en algún medio de comunicación pero, salvo recordar que existe un problema que no ha sido resuelto satisfactoriamente, todo sigue igual. Incluso fallos judiciales favorables, contados con los dedos de la mano, logran ser burlados por la burocracia estatal, especialmente en los referidos al actual hacinamiento en los penales especiales y la situación de ancianos aquejados por graves situaciones de salud.
Todos entendemos que enfrenta nuestro país problemas más graves, ya que afectan a un universo mucho mayor de personas y que debieran ser prioritarios, pero justamente por ello son de mayor complejidad y requieren para su solución ingentes recursos.
No es el caso de lo reseñado. Aquí el tema es sólo de voluntad, ya que se ha impuesto la de quienes han sido exitosos en prolongar indefinidamente la búsqueda y castigo de culpables, junto con reclamar cuantiosas reparaciones, frente a quienes han optado por desentenderse de un tema incómodo o, peor aún, sumarse a ella para no ser considerados “cómplices pasivos”.
Casi dejaba en el tintero al Consejo de Defensa del Estado que no defiende a quienes actuaron como funcionarios del Estado, los que por triquiñuela consentida son tratados como simples particulares. Pero, su condena da pie para demandar al Estado en la parte civil, donde, después de una defensa de este organismo“por cumplir”, se otorgan subidas reparaciones sin límite alguno, incentivo perverso para abrir nuevas causas o reabrir las ya falladas.
La lucha es desigual, qué duda cabe.