CONTROL TERRITORIAL DEPREDATORIO: QUEDAN LIBRES
IMPUTADOS POR LOTEOS BRUJOS, GOLPIZAS Y AMENAZAS
Carlos Basso Prieto, Unidad de Investigación de El Mostrador – El Mostrador, 09/08/2025.
Un nuevo ejemplo de lo que es el control territorial depredatorio quedó de manifiesto en un operativo realizado el jueves en un sector de la megatoma “La Mula”, en Alto Hospicio, donde la Fiscalía y la PDI detuvieron –previa orden judicial– a cinco personas, acusadas no solo de vender lotes de terrenos de propiedad fiscal o privada, sino además de proveer a sus “clientes” –en forma ilegal– de electricidad, así como de amenazar y golpear a los que no pagaban.
| Cinco imputados que fueron acusados de al menos 12 hechos por la Fiscalía fueron devueltos a sus casas –en la misma toma donde viven los vecinos que los denunciaron–, porque a juicio de la jueza de garantía y de la Corte no están acreditados los delitos. |
En síntesis, se trata del mismo modus operandi que ya se había observado en el campamento El Boro, en el sector “Fortaleza Unida”, que quedó al desnudo a fines del año pasado, cuando el Ministerio Público encabezó un operativo en contra de la organización criminal transnacional de origen colombiano conocida como “Los Shottas”, que se habían tomado dicho sector, lo mismo que este grupo había realizado también en el campamento Génesis II de Antofagasta, lo que resultó en otro operativo de la PDI y el Ministerio Público, que culminó con la detención de nueve integrantes de dicha banda, que están próximos a ir a juicio, acusados de una serie de delitos que incluyen homicidio, secuestros y tráfico de droga.
Por cierto, igual situación se ha observado en muchos otros puntos del país: es lo que hacían “Los Gallegos” en Cerro Chuño de Arica; el Tren de Aragua en edificios que se tomaron en Villa Alemana y Talca; y lo que hacen “Los Pulpos” (de origen peruano) en numerosos cités de Santiago, Independencia, Recoleta, Estación Central y Quinta Normal, por nombrar solo algunos ejemplos de lugares que son tomados a la fuerza, luego de lo cual son “arrendados” o “vendidos” a nuevos propietarios, a quienes se ofrecen servicios como agua y luz, al tiempo que los cités, rucos o departamentos que van quedando vacíos son también ocupados como centros de acopio y venta de drogas, prostitución y, en no pocos casos, como centros de tortura y sicariato.
Quizá el ejemplo más patente de todo lo anterior es lo que hicieron “Los Trinitarios” (banda de origen dominicano), que llegaron a dominar buena parte de una de las tomas grandes del país, “Nuevo Amanecer”, ubicada en Cerrillos, donde la organización criminal no solo “arrendaba” sitios y proveía de servicios básicos, sino que además mantenía discotecas, restaurantes e, incluso, casas de giro de dinero al exterior, cobrando además una “vacuna” (impuesto) a quienes tenían almacenes u otros negocios al interior.
El comité. Los casos anteriores, sin embargo, presentan dos grandes diferencias con este. La primera de ellas es que en “La Mula” existía un supuesto comité de pobladores llamado “los 18”; y la segunda es que quien presidía dicho comité y ejercía como líder de la toma y las actividades ilícitas es una chilena, secundada por otras cinco personas –tres mujeres (dos de ellas peruanas) y dos hombres: su pareja, un chileno que se encuentra prófugo, y un brasileño–.
Estos –según los testimonios de los vecinos– ejercían como una suerte de guardaespaldas de ella. El brasileño, además, estaba a cargo de efectuar las conexiones brujas a la red de electricidad.
Trinidad Steinert, Fiscal Regional de Tarapacá, explicó que “la denuncia partió debido a que uno de los afectados la realiza, en atención a que se ve vulnerado e intimidado, más que por la compra del terreno mismo, por las extorsiones y amenazas que sufrían después por el incumplimiento de los pagos de luz, agua y los servicios que esta organización proponía”.
Según informó la Fiscalía, a las víctimas, todas personas en situación de vulnerabilidad, se les vendían terrenos por precios que oscilaban entre 100 mil y 400 mil pesos (a lo que se suman 150 mil pesos adicionales por la “inscripción” del terreno a nombre de las víctimas), ofreciendo además “servicios” adicionales como la instalación de rejas perimetrales, electricidad y cámaras de seguridad.
Por la electricidad, por ejemplo, cobraban 50 mil pesos mensuales. A fin de darles visos de una supuesta legalidad a sus actos, el comité entregaba “vales” por los pagos que se les realizaban, como se ve en la foto principal.
En caso de no pagar, las víctimas eran amenazadas, agredidas o directamente desalojadas de forma violenta, incluso cuando cumplían con lo pactado, para luego revender los terrenos a nuevas víctimas. La foto inferior muestra el resultado de algunas de las agresiones que sufrieron los bienes materiales de quienes se atrasaron con los pagos.
En libertad. Al respecto, Steinert detalló que “aprovechándose de personas vulnerables en el sentido socioeconómico, les ofrecían terrenos de 10×22, para poder realizar su casa habitación en los inmuebles referidos. En ese sentido, vendían estos terrenos sin tener las autorizaciones ni la propiedad de los mismos, en una suma bastante considerable para el espacio mismo”.
Y agregó la fiscal: “Luego de venderlos, sin tener derecho para ello, porque no eran dueños de estos inmuebles, empezaban a amenazar (a las víctimas) y a extorsionarlas a través de distintas formas. Por ejemplo, les exigían pagos de luz, también les exigían pagar supuestos gastos comunes, y los extorsionaban para que ello ocurriera”.
La investigación fue encabezada por la fiscal jefe de Alto Hospicio, Jocelyn Pacheco, junto a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI, por hechos ocurridos entre 2020 y 2023.
En la audiencia de formalización se presentaron antecedentes como declaraciones de las víctimas, comprobantes de pago, registros fotográficos de daños en viviendas, así como imágenes de las lesiones sufridas por algunos de los pobladores que se habían atrasado en el pago de los cobros mensuales.
También se dieron a conocer capturas de conversaciones del grupo de WhatsApp del supuesto comité y material audiovisual en que se observan amenazas directas, además de peritajes técnicos que indican que los terrenos no son aptos para uso habitacional, por riesgos geográficos.
En el caso de la líder del grupo, esta fue formalizada por doce delitos de loteos irregulares, doce delitos de estafa, ocho amenazas condicionales, dos delitos de lesiones menos graves, daños calificados y asociación ilícita. Tanto esta acusación como la relativa a los loteos y las estafas, fue común a las cinco personas imputadas. El brasileño también fue acusado de cuatro delitos de amenazas.
Sin embargo, pese a la gravedad de las imputaciones y la cantidad de ilícitos, el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio negó la petición de prisión preventiva para los imputados, dejándolos solo con arraigo nacional y firma mensual.
A juicio de la magistrada Paulina Valenzuela, “lo que acontece en este caso es que un grupo de personas se tomaron un terreno de manera irregular y procedieron a habitar en ese terreno y obviamente que, con el correr del tiempo, mantienen problemas de convivencia por las características propias de la organización. Sin embargo, que exista una estructura que actúa en desmedro de otros pobladores, lo cierto es que no resulta acreditado en esta instancia procesal al menos”.
Asimismo, según la jueza, “a juicio del tribunal, no existen presunciones fundadas para establecer los delitos de loteo irregular, estafa y asociación ilícita, porque los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público son insuficientes para tal efecto, por lo que se resuelve no ha lugar a decretar la prisión preventiva. Con el objeto de asegurar la comparecencia de los imputados a los actos del procedimiento se decretan las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual”.
Ante ello, la fiscal apeló verbalmente, por lo cual quedaron detenidos a la espera de lo que decidiera la Corte de Apelaciones de Iquique, la cual –ayer en la mañana– decidió refrendar el parecer del tribunal de primera instancia en un fallo dividido, pues mientras el ministro Andrés Provoste Valenzuela y el fiscal judicial Jorge Araya Leyton fueron de la misma opinión de la jueza de primera instancia, la ministra Marilyn Fredes Araya estuvo en la posición de que la medida cautelar que correspondía era la prisión preventiva.
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