REGISTRO DE VÁNDALOS:
“HABRÁ RESTRICCIONES COMO PROHIBIR RENOVAR LICENCIA DE CONDUCIR O PASAPORTE”
Jéssica Henríquez D. – La Segunda, 04/06/2026
“No basta con combatir el crimen organizado y la delincuencia (…) En los próximos días ingresaremos un proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades. Nadie quiere que le rayen su casa, nadie quiere que le rayen una escuela, que le destruyan un tribunal, que destruyan una iglesia”, dijo el presidente Kast en la Cuenta Pública.
Y agregó: “Eso de que no hay responsables se va a terminar, y quienes cometan algunas de estas conductas, perderán beneficios sociales”.
Ocho horas después, firmó el proyecto en Cerro Castillo señalando que “tenemos que ordenar la vida en sociedad (…) Tendrá que pensarlo dos veces alguien que quiera ir a rayar o destruir un monumento nacional”. Materializaba así su promesa de campaña entonces “Rol Único de Vándalos”.
La iniciativa consiguió amplio respaldo ciudadano. Según Cadem, un 87 % está de acuerdo en quitar beneficios sociales a quienes cometan ciertos delitos o incivilidades.
Pasados tres días del anuncio, la iniciativa no tiene fecha oficial de ingreso al Congreso, pese a que se publicitó su firma. Tampoco hay claridad aún sobre la urgencia que se le va a poner o por qué comisión ingresará (Constitución y Seguridad aparecen como las más probables).
“Los tiempos en política son fundamentales. Y esta semana es una semana en la cual se expuso la Agenda de Seguridad, se aprobó Escuelas Protegidas y comenzó la discusión de la mega reforma, además de la Cuenta Pública. El proyecto, que está listo, va a ser ingresado cuando la agenda permita la discusión en él”, señaló el subsecretario del Interior Max Pavéz, en cuya cartera está radicada la iniciativa.
Cinco años por delitos. El proyecto busca crear un catastro de personas condenadas o sancionadas por hechos que afecten la convivencia ciudadana, la infraestructura pública o el patrimonio nacional, ya sean estos delitos o incivilidades.
Entre los delitos figuran agresiones contra Carabineros y personal de los servicios de Salud, retención o quema del transporte público, instalación de barricadas, tráfico de estupefacientes y daño a monumentos nacionales.
Y entre las incivilidades se contempla la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública y privada, los rayados sin autorización de la propiedad pública y privada, y la destrucción de equipamiento comunitario.
Los infractores por delitos estarán cinco años en los registros mientras que los que lleguen por incivilidades sería por un año… pero si reincide, se sumaría un año más.
“Lo esencial para entender la lógica de este registro es que va a tener un efecto similar al que ya tienen otros registros que nuestro ordenamiento jurídico contempla, como el Registro de Evasores del Transantiago o del Registro de Deudores de Alimentos” dice Pavez.
Por ello, sostuvo, mientras la persona permanezca en el registro “habrá prestaciones que se van a suspender en su entrega como puede ser la gratuidad universitaria o la Pensión Garantizada Universal (PGU)”.
También se contempla en esto subsidios de arriendo y becas estudiantiles. Pero además, señaló, “habrá restricciones administrativas como la prohibición de obtener o renovar la licencia de conducir y pasaporte, o la imposibilidad de acceder al Registro de Vehículos para hacer transferencias o inscripciones de vehículos y propiedades. Esto ya existe en la legislación y lo estamos incorporando en este nuevo registro”.
- ¿Quién definirá las sanciones?
- Todas las sanciones que el proyecto contempla deben ser aplicadas por Juzgados de Garantía o Juzgado de Policía Local. No hay espacio para arbitrariedades administrativas. Lo que se plantea es incorporar al registro solo a personas que han sido sancionadas por un tribunal.
Debate por los límites de la iniciativa. Y pese a que aún no se conoce el articulado del proyecto, ya instaló un debate en cuanto a cuáles son sus límites.
Desde parte de la oposición se ha criticado que tendría un sesgo socioeconómico, ya que los beneficios sociales normalmente los reciben las familias más vulnerables. “Estamos abiertos a corregir si es que hubiera inequidades” aseguró el ministro García Ruminot.
Los principales reparos se centran en una eventual inconstitucionalidad de retirar beneficios sociales, lo que fue advertido -entre otros- por el exministro Luis Cordero.
Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel