Resulta irónico que se pretenda que la justicia chilena, que ha perseguido eficazmente a quienes tuvieron que enfrentar al terrorismo, no ofrezca garantías de juicio justo para alguien que tuvo activa participación en actos terroristas.
Sorprendente hubiera sido que se concediera la extradición del frentista Galvarino Apablaza.
La negativa de las autoridades administrativas argentinas, a pesar del dictamen de su propia Corte Suprema que consideraba que no procedía conceder el solicitado refugio político, sólo pone en evidencia lo que muchos sostenemos invariablemente:
La solidaridad ideológica de la izquierda tiene absoluta prioridad por sobre cualquier otra consideración.
Es lo que algunos llaman “consecuencia”.
Resulta irónico que se pretenda que la justicia chilena, que ha perseguido eficazmente a quienes tuvieron que enfrentar al terrorismo, no ofrezca garantías de juicio justo para alguien que tuvo activa participación en actos terroristas.
Casi se podría anticipar que, de haber sido sometido a proceso en Chile, se le habrían aplicado todas las figuras jurídicas que son desconocidas cuando de juzgar uniformados se trata y pronto estaría libre de polvo y paja.
En este caso no sólo ha operado la solidaridad ideológica para frustrar el tardío intento de aclarar un crimen alevoso, sino que también un desconocimiento de la realidad nacional que llega al absurdo.
Pero, lamentablemente, debemos reconocer que en este tema, así como en muchos otros, han terminado por imponerse las sesgadas versiones de la izquierda más dura.
Pese a que recientemente la Corte Suprema de Justicia pronunció su centésima condena en causas referidas a la represión del extremismo, se sigue sosteniendo majaderamente que en nuestro país ha existido impunidad para los uniformados, ocultando que ella se ha aplicado a los terroristas, todos amnistiados, indultados y en libertad, situación que les ha permitido volver a delinquir, ahora sin el pretexto de “combatir a la dictadura”.
Pero lo más triste y vergonzoso quizás ha sido la justificación del asesinato (“ajusticiamiento” para sus verdugos) del Senador Jaime Guzmán Errázuriz (QEPD), por tratarse de un “ideólogo de la dictadura”.
Él, para la izquierda, no tenía derechos humanos. Eso es “consecuencia”.
2010-10-02