Frente al juicio ante la Corte Internacional se ha mantenido, como en tantos casos anteriores, una tradición de “política de Estado”, es decir, que una vez discutida en las instancias pertinentes, todas las fuerzas públicas apoyan las posiciones del Gobierno, y solo después de emitido el fallo comienzan las críticas, cuando las hay. Laguna del Desierto fue uno de estos casos porque Chile perdió en toda la línea. Desde que el Perú inició la presentación ante La Haya se ha mantenido la misma actitud.
No obstante, en algunos internacionalistas ligados a la oposición ha emergido un matiz distinto. No se basa ni en el objeto mismo -el límite marítimo- ni en la estrategia jurídica, en sus grandes rasgos ya diseñada durante el gobierno de Michelle Bachelet, y los equipos son prácticamente los mismos. En lo que se pone énfasis ahora es en el carácter de las relaciones bilaterales. El año 2008 el gobierno de Michelle Bachelet enfrió las relaciones generales con el Perú, en señal de disgusto y para indicar que el acto de Lima era “inamistoso”, ya que desconocía un tratado y práctica de muchas décadas. Quizás tuvo que ser así. Por demasiadas razones de peso no se podía sostener una actitud de este tipo en el tiempo.
Chile había comenzado mucho antes a tener relaciones económicas muy estrechas con Lima, algo inédito en siglo y medio. No solo eso, sino que la articulación con la Alianza del Pacífico -algo tenue pero de gran proyección- iniciada bajo Michelle Bachelet aunque sin mayor entusiasmo, fue asumida con bríos por la administración de Sebastián Piñera.
Desde estas páginas he criticado el apocamiento chileno ante la transformación de varias repúblicas democráticas en sistemas políticos caracterizados por caciquismos populistas, con matonaje internacional para atemorizar a los gobiernos que no comulgan con sus ruedas de carreta, y capaces de convertir a la democracia en caricatura, cercando a la oposición y a la prensa independiente.
Hay que destacar, por el contrario, el acuerdo con varios países ribereños del Pacífico, que tiene la mayor relevancia. Evita el ser arrinconado por las mareas populistas, que quieren arrastrar consigo a la Concertación o Nueva Mayoría, y otorga un marco de sentido común en las relaciones internacionales de la región. Ofrece una vía para encauzar las relaciones vecinales, tema complicado para Chile, en especial con Perú. En cambio, un paulatino aprendizaje en tareas comunes llevará no solo a una mayor integración, sino a crear una armazón que pueda desalentar tentaciones de rivalidad geopolítica, y que las emociones profundas originadas en el remoto pasado se vayan transmutando con el paso de las décadas. Un gran programa.
Las críticas mencionadas se originan en la batalla presidencial que se avecina. Se acotan al terreno político, sin mucha sabiduría por lo demás. Se da el temor -debido al atraso en pronunciar el fallo- a que el resultado final no sea todo lo perfecto que sueñan algunos, y habría que hallar culpables. En realidad nadie sabe. Al tribunal, como a todo jurado, le gusta sentirse tal, y es imposible adivinar su decisión en todas sus implicancias. Hablaría muy mal de un tribunal el que castigara en sus fallos a un país por las buenas relaciones con su vecino, olvidando la cuestión jurídica envuelta. Esta es muy sencilla: hay un tratado y una práctica de 60 años. Es de esperar que las críticas hacia la política del Gobierno ante el Perú no constituyan una coartada para politizar la posición chilena en La Haya. Gran ironía: a la derecha siempre se le ha reprochado el no darles suficiente atención a las relaciones con los países latinoamericanos.