Con ocasión de la muerte del suboficial Mayor de Ejército Sr. Héctor Omar Vallejos Birtiola en el hospital de la Penitenciaría de Santiago. Preso político uniformado, sin piernas hace años por una dura enfermedad y en la miseria e indigencia provocada por el aislamiento sin cuidados, me viene a la memoria el caso del jerarca alemán Hoeneker al cual, después de la caída del muro de Berlín, el gobierno de Chile ( de la concertación) realizó extraordinarios esfuerzos para evitar su procesamiento logrando, finalmente, que no fuera llevado a juicio por razones humanitarias ya que padecía de un cáncer terminal y logró su deportación a Chile, donde recibió las atenciones del gobierno de turno. El S.O M. Vallejos Birtiola, acusado y condenado a 5 años de cárcel por la muerte en la cordillera de la IV Región de un matrimonio extranjero que trataba de salir del país por un paso no habilitado, fue detenido en la Serena casi treinta años después de los hechos investigados (causa por homicidio prescrita) cuando se encontraba postrado y se le había amputado una pierna a causa de una avanzada diabetes. Los policías a cargo de la detención y después la cárcel de Serena hicieron presente el precario estado de salud del detenido, logrando como única atención “ humanitaria” su traslado a Punta Peuco luego hubo que amputarle la otra pierna y se le detectó un cáncer . Durante el Gobierno de la Presidenta Bachelett no se dio curso a una solicitud de indulto por razones humanitarias y el gobierno del Presidente Piñera tampoco hizo nada para darle la oportunidad de morir junto a sus familiares en La Serena. Volviendo al doble estándar y la situación alemana, no he escuchado que después de la caída de muro se haya procesado por crímenes de “lesa humanidad” a algún policía o soldado que haya disparado y dado muerte a uno de los miles de alemanes que cayeron tratando de escapar del paraíso comunista, en tanto en Chile se procesa y condena después de 30 años a soldados marineros o conscriptos por el solo hecho de formar parte de una patrulla que detuvo y entregó en una repartición o centro de detención a una persona que hoy figura en la lista de detenidos desaparecidos.¿No será que el llamado Derecho Internacional Humanitario es una arbitrariedad que solo se aplica a los sudamericanos que lucharon contra la guerrilla izquierdista de los años 70 y mañana contra policías y militares colombianos que hoy combaten a las FARC?
Enrique Maldonado Roi
27 de mayo de 2010
LA VENGANZA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Sin que la sociedad chilena lo haya notado, en forma discreta y sin mayor difusión, en la noche del 25 de Mayo de 2010 se ha producido en el Hospital de Gendarmería el primer fallecimiento de un PRESO POLITICO MILITAR. Se trata del Suboficial Mayor de Ejército ( R ) don Héctor Vallejos Birtiola (Q.E.P.D.), quien cumplía condena de 5 años en el Penal de Punta Peuco, por hechos ocurridos hace 37 años. El cáncer y la diabetes lo derrotaron finalmente a la edad de 71 años, encontrándolo encarcelado y lejos de sus seres queridos.
Se trata del primer militar que fallece en cautiverio, formando parte de una larga lista de Presos Políticos, condenados en razón a su participación no buscada en el hecho más relevante ocurrido en nuestro país durante el siglo XX, cuando se evitó la imposición de un modelo revolucionario rechazado por la inmensa mayoría de los chilenos.
Nadie puede asombrarse por el uso del concepto de “preso político”, calificación que merece cualquier ciudadano que sea perseguido por actuaciones vinculadas a sus ideas, en este caso muy distintas a las de una ideología política, de las que se diferenciaron por corresponder a un ideal patriótico, materializadas en el cumplimiento del deber militar.
Si a lo anterior agregamos que a dicho ciudadano se le aplica una legislación diferente y principios legales muy distintos a los que tiene derecho el común de los mortales, entonces nadie puede discutir que en el Chile del siglo XXI, tenemos PRESOS POLITICOS.
Confirma lo anterior el somero análisis del caso del fallecido Suboficial Mayor Vallejos:
1. Los hechos por los cuales fue condenado ocurrieron en el año 1973, como parte de las acciones desarrolladas para impedir el escape de terroristas extranjeros que se encontraban infiltrados en nuestro territorio nacional.
2. En la época de los acontecimientos, el Suboficial Mayor Vallejos ostentaba un grado jerárquico claramente subalterno, estando obligado por Ley y por los Reglamentos a cumplir sin cuestionarla toda misión que le fuese impuesta, en especial al encontrarse vigente el “estado de sitio”.
3. Durante el proceso que culminó con su condena se hizo caso omiso a su derecho a la prescripción, pese a encontrarse ampliamente cumplidos los plazos que extinguían el delito del que se le acusaba y siendo su aplicación una obligación ineludible para el Juez.
4. Igualmente, se le negó el derecho a beneficiarse con la Ley de Amnistía, dictada para promover la paz social y el reencuentro entre los chilenos y que fuera ampliamente usada para favorecer a terroristas y delincuentes subversivos.
5. Los fundamentos esgrimidos por el Juez para desconocer la validez innegable de la prescripción y la amnistía, se basaron en que se trataba de “delitos de lesa humanidad”, concepto que recién en el año 2009 fuera validado por el gobierno de Chile, sin que pueda ser aplicado sobre hechos ocurridos con anterioridad.
Todo lo anterior, demuestra que la Justicia chilena no solo renegó de sus propios principios de legalidad, irretroactividad y otros, sino que utilizó en contra de este distinguido Suboficial Mayor, como de muchos otros militares, criterios
discriminatorios e inconstitucionales, alentados por una campaña de venganza política que nace del odio que caracteriza a sus gestores.
Se suma a ello, la falta de humanidad con la que el gobierno de Bachelet rechazó de plano la humilde solicitud de indulto formulada por el moribundo Suboficial Mayor, quien solo pretendía terminar sus días junto a su familia. Pudo más el odio acumulado por quienes propugnan el “ni perdón ni olvido”, con lo que prolongan indefinidamente en la gente el recuerdo de la violencia de las hordas marxistas del pasado.
Vemos con pena que nuestros soldados comienzan a morir en la cárcel. Pena por ellos, por sus familiares y por Chile, cuyos ciudadanos parecen haberse doblegado ante la campaña de desinformación desatada para ocultar las verdaderas causas del 11 de Septiembre de 1973 y que con su silencio culpable permiten que se siga abusando de un sector de la sociedad, tradicionalmente digno, disciplinado y de correcto proceder, pese a lo cual hoy es denostado por haber alguna vez defendido los derechos de todos, a costa de arriesgar sus propias vidas y comprometer gratuitamente su futuro.
La cobardía y el odio de quienes detentaron el poder por los últimos veinte años puede ser justificada por la falta de valores morales inherente a su añeja ideología rectora. Sin embargo, no es comprensible el desinterés mostrado por quienes declaran cultivar los valores y principios propios del humanismo cristiano. Por desgracia, los hechos demuestran que el nuevo gobierno desea evitar a toda costa involucrarse en el tema de la venganza de los derechos humanos, dejando que sus impulsores sigan actuando libremente, algunos de ellos incluso cómodamente infiltrados dentro del propio gobierno.
Mientras los militares comienzan a morir en la cárcel, nos preguntamos ¿Hasta cuándo durará el abuso y la discriminación? ¿Qué reacciones podemos esperar en los años venideros? ¿Llegará el día en que la comunidad nacional comience a cansarse de ello? ¿Llegará el momento en que el mundo comience a preguntar por qué hay presos políticos en Chile? ¿Veremos comenzar una nueva ola de juicios y demandas contra quienes como Garzón se consideran judicialmente intocables?
Todo esto y quizás que otra cosa podría llegar a pasar cuando el abuso sature la capacidad de aguante, puesto que la historia ha probado con creces que cuando ello sucede, la reacción del ser humano desesperado y sin nada que perder puede alcanzar niveles insólitos e inesperados. Ojala que antes que ello ocurra, las bien intencionadas declaraciones de unidad nacional de los nuevos gobernantes se transformen en hechos concretos y que a partir de ello nuestra sociedad sea capaz de mostrar un grado de mayor madurez, dejando las odiosidades definitivamente atrás.
En este triste momento, formulamos votos por la difícil resignación que esperamos llegue prontamente a la querida familia militar del Suboficial Mayor Vallejos (Q.E.P.D.), esperando que su sacrificio injusto sirva para hacer reaccionar a las autoridades, para que se decidan de una vez por todas a poner término a la vergonzosa discriminación que afecta a nuestros PRESOS POLITICOS MILITARES.
Patricio Quilhot P