Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
Es imposible no preguntarnos cuanto habría durado en Buenos Aires un militar chileno cuya extradición hubiera sido solicitada por las mismas vías y motivos que Apablaza,
Durante estos últimos días los medios de comunicación han cubierto con notable amplitud la grotesca bofetada en la cara que nos ha dado el gobierno argentino al dar asilo político a Galvarino Apablaza, negando así un requerimiento de extradición tramitado por Chile a solicitud de sus tribunales de Justicia, solicitud que había sido respaldada por la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en virtud de los argumentos planteados.
Lo primero que ha llamado la atención, es que una solicitud aprobada y apoyada por los dos más altos tribunales de justicia de ambos países, que deben de haber considerado el mérito de los fundamentos esgrimidos sea descartada por un organismo administrativo, integrado, mayoritariamente por funcionarios del gobierno trasandino que cuestionó la valía jurídica de dichos argumentos. ¡Notable!
Lo segundo que llama la atención es la sorpresa con que esta determinación ha sido recibida en nuestro país, cuando era un hecho cantado a voces que aquello ocurriría, ¿o es que alguien medianamente informado esperaba algo distinto por parte del matrimonio gobernante en la hermana república?
Y lo tercero, es la forma cuidada con que se ha movido nuestro gobierno para salvar la situación en el frente interno con algún grado de dignidad, pero evitando a toda costa, un escalamiento del conflicto generado por el insulto recibido. En este caso, me hago cargo que otra cosa es con guitarra, pero, por favor, tengamos claro que este tema lo queremos superar lo antes posible y punto.
Estas consideraciones anteriores, nos llevan de vuelta al tema de la justicia nacional, internacional o por donde se la quiera ver y, cualquiera sea la perspectiva que se adopte, el resultado es lamentable y la evaluación que las personas hacen de este bien fundamental, habla a las claras de la pésima opinión que sobre ella se tiene.
Las razones son muchas, como por ejemplo, que ella se aplica distinto a pobres que a ricos, siendo más duramente sancionado quien se roba una gallina que quien es condenado por defraudar al Fisco en miles de millones de pesos; situaciones estas últimas, que se han visto confirmadas en los reiterados casos de corrupción de los gobiernos de la Concertación y las penas otorgadas a sus más destacados próceres.
Lo mismo ocurre, con la respuesta que tienen los delitos si estos son cometidos por personeros de la izquierda política, en cualquiera de sus facciones y mejor, si son del ala progresista o más extrema, pues en este caso, no solo se mueven los equipos de abogados bien remunerados que tienen, sino que, en de ser necesario, se hecha a andar la maquinaria internacional con su avasallador poder económico y comunicacional para rescatar al imputado.
Pero para terminar esta columna, es imposible no preguntarnos cuanto habría durado en Buenos Aires un militar chileno cuya extradición hubiera sido solicitada por las mismas vías y motivos que Apablaza, ¿cuánto habría durado? y pese a que, allende los Andes, se sabe que en nuestro país se han dejado de respetar normas del debido proceso como son la amnistía, la prescripción o la cosa juzgada y donde impera la aberración jurídica del secuestro delito permanente. ¿Cuánto se habrían demorado en extraditarlo?