Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión.
El alcalde de Recoleta está participando de la Cumbre Internacional Contra el Fascismo, desde donde aseguró que «combatir a la ultraderecha requiere de recuperar las banderas de la izquierda y desinstitucionalizarnos».
El martes 12 abril de esta semana, el alcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista, Daniel Jadue, llegó hasta Venezuela en el marco de la Cumbre Internacional contra el Fascismo.
En ese contexto, uno de los presidentes parcialmente reconocido, Nicolás Maduro, lideró la junta internacional durante la cual el ex precandidato presidencial aplaudió la situación en su país, indicando estar muy “bien impresionado de Venezuela” tras la visita.
Además, el jefe comunal se desempeñó como uno de los expositores principales en un foro, situación en la cual criticó a la izquierda en Latinoamérica por estar “permeada por el neoliberalismo”, según consignó El Mercurio.
De esta forma, aseguró que “combatir a la ultraderecha requiere de recuperar las banderas de la izquierda y desinstitucionalizarnos, porque en 100 años la izquierda pasó de estar en las instituciones y fuera de la calle”.
Finalmente, Jadue reiteró que en Chile el “socialismo democrático dice que apoyó el golpe de Estado acá (en Venezuela)”, pero “no tocó el modelo ni a las Fuerzas Armadas”.
| El alcalde de Recoleta está participando de la Cumbre Internacional Contra el Fascismo, desde donde aseguró que «combatir a la ultraderecha requiere de recuperar las banderas de la izquierda y desinstitucionalizarnos». |
“No representa el gobierno”. Las declaraciones del alcalde de Recoleta el pasado martes, en las cuales también aplaudió a los militares del país caribeño que, a su juicio, son “incapaces de asesinar a su pueblo”, no estuvieron exentas de críticas en nuestro país.
La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, respondió a las declaraciones del jefe comunal y aseguró que “desde Cancillería puedo señalar (que) el alcalde Jadue es un alcalde, y como tal, puede opinar lo que él estime conveniente”.
Sin embargo, aseveró que “no representa al gobierno. En materia de la representación del gobierno creo que el presidente (Gabriel) Boric ha sido bastante claro respecto de Venezuela”.
Fuente:JADUE CRITICA A LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA DESDE VENEZUELA: “ESTÁ PERMEADA POR EL NEOLIBERALISMO” CHV Noticias, 16/04/2022
EL ALCALDE Y VENEZUELA /El Mercurio, Editorial, 16/04/2022
No debiera sorprender que el alcalde y ex precandidato presidencial Daniel Jadue manifestara orgullo de estar presente en Caracas en el “Encuentro Internacional contra el Fascismo”, para conmemorar los 20 años del intento de golpe de Estado para derrocar a Hugo Chávez.
Tampoco debe sorprender la “vergüenza y pena” que dijo sentir al recordar que el gobierno chileno de la época le diera apoyo al gobierno interino, que apenas duró 48 horas.
El Partido Comunista, al que Jadue pertenece, ha mantenido un respaldo incondicional al régimen de Chávez y al de Nicolás Maduro, ignorando las innumerables evidencias de que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos, y que la población padece la represión y el hambre, como lo muestra el que seis millones hayan emigrado en los últimos años.
El edil recibió los elogios de Maduro por su gestión y resultados electorales en Recoleta. Jadue, a su vez, manifestó estar “muy bien impresionado por la situación de los derechos humanos en Venezuela”, cuyas Fuerzas Armadas “son incapaces de ponerse contra su propio pueblo”, haciendo una comparación con las chilenas, que “se han puesto al servicio de países extranjeros”, y porque allá hay militares acusados de violaciones de DD.HH., mientras que en Chile “no hay militares encarcelados”.
| El apoyo del exabanderado PC a la dictadura chavista es inquietante pero no sorpresivo. |
El alcalde comunista parece no saber que muchos de los militares presos lo están por oponerse a la dictadura chavista y que Venezuela es motivo de una investigación formal de la Corte Penal Internacional.
Fue abierta en septiembre, luego de que el fiscal Karim Khan encontrara que “tiene elementos para pensar que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad”, como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, durante y después de las protestas de 2017. La Fiscalía de la CPI anunció que abrirá una oficina en Caracas para investigar los casos.
También debiera recordársele a Jadue que la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, mandatada por el Consejo de DD. HH. de la ONU, emitió un informe en 2020 en que se vincula al régimen de Maduro con las violaciones a derechos humanos desde 2014.
Ahí se señala que se tienen “bases razonables para creer que tanto el Presidente como los ministros de Interior y Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en el informe”.
La Misión analizó 223 casos y revisó tres mil denuncias, para concluir que “las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y de recursos humanos, necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en los crímenes”. Incluso el vocero de la Misión señaló que habría habido “una intervención de Maduro, a través de la cadena de mando, y en ocasiones evadiéndola, dando una orden directa”.
El Gobierno chileno tomó distancia de los dichos de Jadue, que se apartan de la crítica posición manifestada por el Presidente Boric frente a la dictadura venezolana.
Con todo, es inquietante que el exabanderado de un partido eje del oficialismo aplauda sin reservas a un régimen que se aferra al poder, aun al costo de los sufrimientos de su población.
DELIBERADA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA El Mercurio, Editorial, 17/04/2022
Para aprobar la propuesta constitucional en materias de justicia será necesario compartir una serie de visiones en asuntos altamente controversiales e incluso estéticos.
Por ejemplo, que “las juezas o jueces no recibirán tratamiento honorífico alguno”; que las cortes de Apelaciones y Suprema no podrán corregir resoluciones abusivas cuando no existan recursos ordinarios especialmente previstos en la ley; que cada cinco años los tribunales serán sometidos a una “revisión integral” por un ente de integración política, la cual, se dice, de ninguna manera se extendería a los fallos; que el sistema de justicia debe adoptar una perspectiva de género y un enfoque interseccional, materias en las cuales todos los funcionarios estarían obligados a capacitarse.
Además, tendría que convenir en que el Consejo de la Justicia, órgano con integración mayoritariamente política y donde los pueblos indígenas aparecen sobrerrepresentados, sea quien realice todos los nombramientos de jueces y funcionarios, y pueda resolver sobre su promoción y remoción.
| Está en juego el deterioro o pérdida de lo que constituye la garantía democrática esencial. |
Y tendría que aceptar también que la Constitución establezca un sistema de justicia indígena, sin consagrar el derecho de todo ciudadano para ser juzgado por el sistema nacional.
Todo lo anterior, junto con reglas sobre jubilación de los jueces, que conducen al cese de los miembros más experimentados del Poder Judicial, responde a una voluntad de transformar radicalmente las formas en las que se administra la justicia en Chile.
Esta transformación no apunta, sin embargo, a una mayor profesionalización de la función jurisdiccional y a la primacía de los argumentos basados en las leyes, sino a una mayor injerencia de la política en el quehacer judicial.
Tras las normas propuestas y ya aprobadas por el pleno subyace una concepción de la administración de justicia concentrada en las lógicas del poder. Esto explica, por ejemplo, la necesidad de que en el Consejo de la Justicia existan dos representantes de los pueblos indígenas, pero también el reiterado énfasis en el enfoque interseccional como criterio fundamental, cuando no supremo, al momento de interpretar y aplicar el derecho.
Esto es muy problemático, porque no existe una visión compartida acerca del contenido y alcance de la interseccionalidad, la que puede ser llenada con diversos contenidos definidos por visiones políticas e ideológicas.
Este giro hacia una consciente y deliberada politización de la actividad jurisdiccional es altamente peligroso, porque elimina la judicatura como factor de equilibrio y contrapeso frente a las mayorías circunstanciales de la política contingente; por eso es perfectamente consistente con que se deje de hablar de un “Poder Judicial”.
Subordinados los jueces a esas mayorías en sus nombramientos, su carrera y hasta en los criterios de interpretación y aplicación del derecho, se deteriora o se pierde el rendimiento central e indispensable de cualquier Estado de Derecho: el sometimiento de todos los que ejercen el poder y de los ciudadanos a unas mismas leyes, cuyo sentido no se acomoda o tuerce según las pulsiones o la temperatura política del momento.
Se trata de la garantía democrática esencial, conforme a la cual solo el cambio legislativo como producto de la deliberación democrática, y no las preferencias de un grupo que en un momento determinado ostente preeminencia, puede modificar las definiciones ya adoptadas.
Así, más que obtener una ansiada refundación, el proyecto de la Convención en materias de justicia podría terminar arriesgando lo mejor de la herencia de la Modernidad.