El objetivo inicial era obtener dinero para financiar las defensas de los ex uniformados procesados, para lo que abrieron tres cuentas corrientes en bancos diferentes. En ellas, hasta hoy reciben aportes de, entre otros, el Centro de Generales en Retiro del Ejército y de la Unión de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas (UNOFAR), agrupaciones que a su vez reciben dinero que Capredena reúne mediante el descuento de cuotas sociales en pensiones para apoyar a círculos militares. El presidente de UNOFAR, general (R) Humberto Julio, señaló que hace algunos meses aumentaron sus aportes, “incluyendo un ítem especial a la ONG en nuestra cuota social”, pero no especificó montos.
Semanas antes de que nueve de los 10 militares que cumplían condena en el penal Cordillera fueran trasladados a la cárcel de Punta Peuco, lo que finalmente ocurrió la última semana de septiembre, un reclamo se había generalizado entre los ex uniformados: sentían que sus abogados los habían abandonado. El comentario, que fue presenciado por algunos de los gendarmes que los custodiaban, apuntaba en parte al círculo de juristas que durante los últimos seis años y bajo el financiamiento de la ONG Desarrollo, Justicia y Reconciliación (Jure) han concentrado la defensa en el 70% de las causas por violaciones a los
DD.HH. que involucran a personal del Ejército.
El reclamo de los reos de Cordillera también ha tenido eco al interior de otros círculos de apoyo a ex militares, quienes en privado cuestionan la calidad de la defensa jurídica que la entidad ha proporcionado a los condenados.
La agrupación, que hasta ahora sólo era públicamente conocida por pagar la televisión satelital con la que contaban los recluidos en Cordillera, fue creada el 2007 por el general (R) José Gaete Paredes, con la ayuda del ex auditor del Ejército Guido Poli Garaycochea, luego de que el Ejército pusiera fin al sistema de descuentos por planilla para pagar la defensa de los militares
procesados.
Hoy, entre la treintena de socios de la agrupación, hay ex autoridades del gobierno militar y algunos ex
miembros de la Dina y la CNI.
Para conocer sobre su funcionamiento, de sus principales líderes, así como de las fuentes de financiamiento de la entidad, Reportajes solicitó por medio de la Ley de Transparencia al Ministerio de Justicia las memorias y los balances que anualmente la ONG Jure debe entregar a la repartición pública. En los documentos se da cuenta de algunas actividades de los socios de la
agrupación, así como también que desde su creación Jure ha recibido $ 1.300 millones en donaciones, en su mayoría aportes anónimos que se han destinado a la defensa jurídica y ayuda social para los ex uniformados.
El cronograma de donaciones: Durante el 2008, la organización envió por primera vez información a Justicia. En ella, la ONG relata que entre sus socios fundadores están el abogado Mario Correa Bascuñán (actual secretario general de la Universidad Católica), el brigadier (R) Hernán Chacón Soto (jefe de seguridad del Estadio Nacional luego del Golpe de 1973), Héctor Riesle
Contreras (ex embajador de Chile en el Vaticano), el general (R) Sergio Urrutia Francke (jefe de Estado Mayor de la CNI entre 1981 y 1983), el coronel (R) Marco Sáez Saavedra (miembro de la Brigada Purén de la Dina), el brigadier (R) Enrique
Gilmore Callejas y Carlos Garrido Táraba (ex directivo de Quiñenco).
Desde agosto de 2007, fecha en la que obtuvo su personalidad jurídica, y hasta fines de 2010, Jure operó en una oficina ubicada en Nueva Providencia 1363, que la organización le arrendó al ex general del Ejército Emilio Timmermann. Hoy arriendan una
oficina en Vitacura 3568.
Según consta en las memorias de la institución, en esa oficina y en los salones del Club Militar de Lo Curro se organizaron las primeras acciones de la institución, que incluyeron reuniones con grupos de apoyo en Madrid y Buenos Aires.
El objetivo inicial era obtener dinero para financiar las defensas de los ex uniformados procesados, para lo que abrieron tres cuentas corrientes en bancos diferentes.
En ellas, hasta hoy reciben aportes de, entre otros, el Centro de Generales en Retiro del Ejército y de la Unión de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas (UNOFAR), agrupaciones que a su vez reciben dinero que
Capredena reúne mediante el descuento de cuotas sociales en pensiones para apoyar a círculos militares.
El presidente de UNOFAR, general (R) Humberto Julio, señaló que hace algunos meses aumentaron sus aportes, “incluyendo un ítem especial a la ONG en nuestra cuota social”, pero no especificó montos.
El resto de los mecenas corresponde a “grupos informales de amigos y organizaciones sociales”, sobre los que no hay información de su identidad.
Según consta en la contabilidad del 2008, ese año los aportes llegaron a $ 320 millones, de los cuales
$ 232 millones se gastaron en honorarios de los abogados y $ 33 millones en honorarios administrativos. En sus inicios, Jure formó un grupo de 16 abogados, entre los que hoy se mantienen Jorge Balmaceda, Carlos Portales, Juan Carlos Mans y Enrique Ibarra. Dicen haber representado a 300 personas ese año.
La baja en los recursos: Durante el 2009, las cuentas se estrecharon y la ONG terminó el período con una pérdida de $ 10millones. Ese año recibieron donaciones por $ 304 millones, de los cuales $ 275 millones se ocuparon en pagar a abogados y $ 30 millones en honorarios administrativos. Además, en los documentos que el 2009 entregó a Justicia, Jure da cuenta de la “ayuda social” entregada a los reos: en el listado destacan la suscripción a canales Premium de deportes para Cordillera y Punta Peuco, la compra de electrodomésticos y calefonts, y la mejora de los jardines de Punta Peuco.
Un año más tarde, la agrupación declaró haber recibido $ 239 millones, de los cuales $ 155 millones fueron a honorarios judiciales y $ 34 millones a honorarios administrativos. En la memoria de 2010, la ONG da cuenta de que su staff de abogados se redujo a seis juristas y se muestra preocupación por la baja en los ingresos.
“Se han obtenido resultados, si bien no de la dimensión del apoyo esperado”, señalan sobre la llegada de nuevos socios. Además, se consigna que durante ese año tuvieron reuniones con Clara Szczaranski, Hernán Felipe Errázuriz y Miguel Alex Schweitzer, a quienes plantearon un proyecto de ley para unificar las penas con un máximo de 10 años de condena.
El 2011, la situación financiera se mantuvo estable, con la recepción de $ 233 millones ($ 135 millones gastados en honorarios de abogados y $ 30 millones en honorarios administrativos).
La última información entregada a Justicia es del período 2012, donde se detalla que se recibieron aportes por $ 194 millones ($ 137 millones fueron a honorarios jurídicos y $ 31 millones a honorarios administrativos). Durante este año se comenzó a solicitar a los procesados “el compromiso de aportar a la organización como requisito para ser apoyados”.
El anonimato de los aportes: Consultados por Reportajes, ni el actual presidente de la ONG Jure, Marco Sáez, ni los socios contactados quisieron entregar información sobre el origen de las donaciones. Sólo un miembro del directorio aseguró
que aún reciben aporte voluntario de personal en servicio activo del Ejército y que “siempre hemos actuado en silencio y no recibimos dineros del Estado”.
Para Eduardo Contreras, uno de los abogados en causas de DD.HH., los montos involucrados son “sorprendentes”. “Creo que esto debiera ser objeto de una rigurosa investigación en Justicia y en Contraloría. Esto es absolutamente irregular y no sabemos si el Ejército está aportando recursos”, señala.
Desde el Ejército, por su parte, aseguraron que el 2007 se puso fin al descuento voluntario por planillas para aportar a las defensas y que hoy la institución no entrega ningún tipo de aporte ni dinero a la ONG.