Analizados por la Contraloría General de la República los antecedentes presentados entre años 2005 y 2011 por 9.145 postulantes, determinó que al menos 3.000 (33 %) de los requerientes presentaron solicitudes falsas. Sin embargo, el IPS les pagó $29.616 millones en forma ilícita. Proyectando este 33% al total de 74.423 solicitudes presentadas, cabría considerar que 24.500 de ellas podrían ser falsas.
La ley 19.234-1993 estableció múltiples beneficios para ex funcionarios de la Administración Pública exonerados de sus empleos entre 11 Septiembre 1973 y 10 Marzo 1990. Por ley 19.852-1998 se incluyó también a personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. Estos beneficios por vía fácil incluyeron abonos de tiempo, pensiones de gracia vitalicias, becas de educación para hijos, atención gratuita de salud, exención del servicio militar, incorporación a Cajas de Previsión, asignación por muerte, fondo solidario de crédito universitario y otros. Los beneficios fueron tan atractivos que, sólo durante el año 2011, fueron 74.423 los solicitantes de pensiones.
Analizados por la Contraloría General de la República los antecedentes presentados entre años 2005 y 2011 por 9.145 postulantes, determinó que al menos 3.000 (33 %) de los requerientes presentaron solicitudes falsas. Sin embargo, el IPS les pagó $29.616 millones en forma ilícita. Proyectando este 33% al total de 74.423 solicitudes presentadas, cabría considerar que 24.500 de ellas podrían ser falsas.
Contribuyó a este fraude la displicencia de 54 diputados de la Concertación (activos entre 1996 y 2007) que firmaron 2.705 documentos certificando que el solicitante era un exonerado político, omitiendo verificar si realmente lo era. La jueza que lleva el “caso exonerados” sobreseyó a esos 54 parlamentarios, criticando su “laxitud”, o sea, su moral relajada, corrupta. (RAE).
Como nadie se ha hecho responsable de este ilícito, todos continuamos aún pagando cerca de 1000 millones de pesos mensuales a más de 3.000 aprovechadores, esperando que la Sra. Bachelet disponga el cese de esos pagos. ¿Se atreverá? ¿Cuándo?
Adolfo Carrasco Lagos.