Sabemos que la razón del pronunciamiento militar se produjo por incompetencia política de todos los sectores quedando sobrepasados por los sucesos, y ninguno de ellos asume su responsabilidad penal, política o moral; sabiendo que ha transcurrido casi medio siglo de la suscitación de los hechos no seamos capaces de darnos la mano y perdonarnos por el bien de la patria. Creo que el nuevo Gobierno que inicia funciones en marzo, debería buscar los mecanismos necesarios para una solución integral lo más pronto posible que no sea cortar el hilo por lo más delgado, esto es que paguen personas muy subalternas, sin ninguna capacidad de decisión en la época. Un ejemplo admirable fueron las cuatro leyes de amnistía dictadas post Revolución de 1891, en donde la división de los chilenos y atrocidades cometidas contra los DD.HH.
Sabemos que la mayoría de los militares y policías presos y procesados involucrados en situaciones de derechos humanos en tiempo del Gobierno Militar, cumplieron órdenes siendo muy jóvenes, e integrando instituciones del Estado regidos por el Código de Justicia Militar:
“De la desobediencia” (Arts. 334 y 335) que sanciona drásticamente este delito, especialmente en estado de sitio; sabiendo que la mayoría de los oficiales y suboficiales condenados o procesados eran en esa época subtenientes y clases (cabos/sargentos), incluso conscriptos – menores de edad- que cumplían con su servicio militar obligatorio (SMO); sabiendo que si desea buscar responsabilidades en el mando militar, éstos fueron condenados, están fallecidos o con enfermedades propias de la avanzada edad; sabiendo que por lamentable y trágicos que hayan sido los acontecimientos, que existen distintas miradas al pasado reciente, estos delitos están prescritos, amnistiados, causas juzgadas y reabiertas; sabiendo que no existe ningún militar o policía que haya cometido un “delito de lesa humanidad”, pues el tratado internacional (Estatuto de Roma) que lo rige entró en vigencia en Chile en el año 2009, o sea no estaba tipificado como delito y no es retroactivo, lo dice el propio Estatuto (Arts. 23 “Nulla poena sine lege” y 24 “Irretroactividad ratione personae”); sabemos que la razón del pronunciamiento militar se produjo por incompetencia política de todos los sectores quedando sobrepasados por los sucesos, y ninguno de ellos asume su responsabilidad penal, política o moral; sabiendo que ha transcurrido casi medio siglo de la suscitación de los hechos no seamos capaces de darnos la mano y perdonarnos por el bien de la patria. Creo que el nuevo Gobierno que inicia funciones en marzo, debería buscar los mecanismos necesarios para una solución integral lo más pronto posible que no sea cortar el hilo por lo más delgado, esto es que paguen personas muy subalternas, sin ninguna capacidad de decisión en la época. Un ejemplo admirable fueron las cuatro leyes de amnistía dictadas post Revolución de 1891, en donde la división de los chilenos y atrocidades cometidas contra los DD.HH. fueron horribles.
Tengo familiares de apellidos Balmaceda Montt, que sirve como patrón de unidad. Recuerden al Papa Juan Pablo II gritando en el Parque O’Higgins “El amor es más fuerte”.
Gabriel Fuentes Campusano
Abogado