Nuestra Independencia

En 1808 Napoleón Bonaparte invadió España y tomó cautivo al rey Fernando VII, poniendo en su lugar a José Bonaparte, conocido como «Pepe Botella». Para resistir a los franceses fue organizada en España una Junta Central con asiento en Sevilla, posteriormente reemplazada por el «Consejo de Regencia», que tenía entre sus funciones gobernar a las colonias americanas.

La reacción inmediata de la población chilena a las noticias de la Metrópoli fue de absoluta lealtad hacia el monarca preso. Sin embargo, hacia 1809, el dilema de la legitimidad del gobierno del pueblo español sobre un territorio que tenía una vinculación directa con la persona del rey había encontrado dos respuestas entre los habitantes de Chile.

Por un lado, estaban los realistas, quienes reconocían la soberanía de las instituciones españolas en reemplazo del rey y condenaban todo intento de formar un gobierno autónomo, aunque fuese en su nombre. Por otro lado, estaban los patriotas, quienes aun siendo fieles al monarca, creían en la retroversión hacia el pueblo de la soberanía regia, admitiendo la necesidad de formar una junta de gobierno propia. Esta tensión llegó a su punto álgido durante el gobierno del despótico gobernador García Carrasco, quién decretó la injusta captura y exilio de tres connotados vecinos. El ambiente comenzaba a inquietarse, y el surgimiento de un opúsculo con el nombre de Catecismo Político-Cristiano que llamaba a los criollos a asumir el control de su propio futuro debido a la ausencia del Rey, caldeó más aún los ánimos de la aristocracia local. Las gestiones del Cabildo de Santiago y la intervención de la Real Audiencia, deseosa de evitar la concreción de los planes juntistas del Cabildo, consiguieron en julio de 1810, la dimisión de García Carrasco en favor del militar de más alta graduación, a la sazón, Mateo de Toro y Zambrano. Antes de que llegara el nuevo gobernador, el Cabildo de Santiago consiguió autorización de su presidente para hacer un cabildo abierto, cursando la invitación correspondiente a los vecinos.

El 18 de septiembre de 1810 a las nueve de la mañana, con la presencia de unos cuatrocientos ciudadanos, comenzó el cabildo abierto. Cada intervención, cada gesto dentro de esta jornada estuvo marcado por la lealtad de los cabildantes hacia Fernando VII, tal como lo muestran los discursos de José Gregorio Argomedo y José Miguel Infante. Los posibles miembros de la junta habían sido elegidos cuidadosamente por los integrantes del Cabildo de Santiago, con el fin de representar en la persona de cada uno de ellos a cada sector de la sociedad, asegurando así la mantención de un cierto equilibrio. Todos ellos fueron aceptados por aclamación por los vecinos presentes. La fusión entre tradición y reforma estuvo presente en este primer Cabildo, que fue el episodio que dio inicio al proceso de la Independencia; aun cuando continuaba primando el deseo de los ciudadanos de conservar la soberanía del Rey. El Cabildo de 1810 fue la primera vez en que la aristocracia criolla tomaba el control de su propio país, experiencia que derivaría con el tiempo en una afirmación de sus propios derechos frente a la monarquía española. En ese sentido, no pasó mucho tiempo hasta que sonaran de manera ya decidida arengas patrióticas que incitaran a una radicalización del proceso y una ruptura definitiva con la metrópolis hispana. El llamado a elecciones para un Congreso Nacional, la creación del primer periódico nacional, La Aurora de Chile, y el apoyo de otros movimientos juntistas, como el argentino, iniciarían una marcha que sólo se detendría una década después con la formación de una entidad nacional independiente y soberana.

Chile se independizó oficialmente de España el 12 de febrero de 1818. Sin embargo, el proceso independentista completo se prolongó más o menos entre los años 1808–1810, y 1818–1826, según qué hitos históricos se elijan para señalar su comienzo y final. Tradicionalmente se la divide en tres etapas: Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva.

Real Audiencia: Tras la conquista del continente americano, llevada a cabo por iniciativa privada de soldados castellanos, la monarquía hispana tuvo que consolidar su poder sobre las nuevas colonias desarrollando para ello una nueva institucionalidad. El mando superior sobre los distintos territorios quedó radicado desde un principio en virreyes y gobernadores, pero fue la institución de las Reales Audiencias el principal mecanismo para reafirmar el poder real sobre la élite conquistadora y vigilar el comportamiento de los gobernadores y autoridades locales. Representantes directos de la monarquía hispana en las Indias, las Audiencias americanas fueron los máximos tribunales reales de justicia, al mismo tiempo que ejercían funciones políticas y administrativas en el territorio de su jurisdicción. Entre sus atribuciones gubernativas estuvieron el tomar el mando del país a falta de gobernador, funcionar como órgano consultivo de gobierno y vigilar la conducta de los corregidores a través de las visitas de tierra, por medio de las cuales los oidores debían hacer informes periódicos al rey sobre el cumplimiento de las órdenes reales y los abusos de las autoridades. En el ámbito administrativo, su función fue velar por el buen trato a los indígenas, así como recibir y ejecutar las órdenes reales, pudiendo suspender su aplicación y apelarlas mediante el recurso de suplicación. En materia eclesiástica, la Real Audiencia estuvo encargada de velar por el derecho de Patronato que ejercía el monarca sobre la Iglesia, así como acoger las apelaciones que sacerdotes podían hacer frente a un dictamen negativo de un tribunal eclesiástico. La creación de la primera Audiencia en Chile estuvo ligada al interés de la corona en regular la guerra de Arauco y hacer cumplir el Derecho indiano. Fundada en 1567, la Real Audiencia de Concepción ejerció por un breve período funciones de gobierno, hasta que las necesidades militares del reino obligaron a suprimirla. Restablecida en 1609 con sede en Santiago, pasó a convertirse en una de las más importantes instituciones coloniales. En cuanto representante por antonomasia del poder real, la Real Audiencia fue suprimida en 1811, siendo reemplazada por un sistema judicial republicano.