Diputados preocupados por el derecho internacional
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTA COLUMNA DE OPINIÓN SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE LA UNIÓN
Si la preocupación de los diputados es velar por el cumplimiento del derecho internacional en materia de delitos de lesa humanidad, más les conviene notar que el tratado de la ONU contra las desapariciones forzadas recalca que los investigados por estos crímenes deben contar con “garantías de un trato justo en todas las fases del procedimiento”. Esto es atingente, porque los acusados por estos delitos son juzgados en Chile
Diputados preocupados por el derecho internacional.
SAB 11 AGO 2018 | 12:48 AM
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Álvaro Paúl
Profesor de Derecho Internacional y DD.HH. PUC
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Varios diputados buscan acusar constitucionalmente a ministros de la Corte Suprema por “notable abandono de sus deberes”, por haber concedido libertades condicionales a condenados por delitos de lesa humanidad que habían cumplido ya más de la mitad de su pena. Este es un tema humanamente difícil, pues es doloroso para los familiares de las víctimas que la ley conceda beneficios carcelarios a criminales. No obstante, es necesario discutir este asunto en forma responsable, dando argumentos reales y no mal utilizando mecanismos extremos como la acusación constitucional.
Algunos argumentan que la Corte Suprema no habría considerado el derecho internacional, pero esto no es efectivo, pues todas las sentencias aluden a instrumentos internacionales. Lo que ocurre es que el derecho internacional no prohíbe la misericordia; los tratados aplicables permiten otorgar la libertad condicional en iguales condiciones que al resto de los presos por graves crímenes comunes. Esto explica que quienes se oponen al uso de la libertad condicional no puedan indicar normas que la Corte Suprema haya vulnerado. Un breve análisis puede confirmarlo.
Sin tocar el tema de la fecha de su entrada en vigencia, los tratados más relevantes a los crímenes de lesa humanidad de la reciente dictadura son aquellos sobre desapariciones forzosas y tortura. En el primer tema, hay dos tratados vigentes y aplicables en Chile: las convenciones interamericana y de Naciones Unidas sobre desaparición forzada. Ambos tienen normas similares, aunque el segundo -de 2006- es más detallado, y tiene un régimen más permisivo para la aplicación de la prescripción. Estos dos tratados exigen que se establezcan penas apropiadas, pero no regulan la concesión de libertades provisionales. Algo similar ocurre con los tratados contra la tortura. La convención interamericana contra la tortura solo exige establecer “sanciones severas que tengan en cuenta [la] gravedad” de este crimen. Lo mismo dispone el tratado del sistema de la ONU.
Atendida la inexistencia de normas que prohíban las libertades condicionales para autores de crímenes de lesa humanidad, quienes se oponen a estos beneficios recurren al concepto de “estándares internacionales”. Frecuentemente, este concepto se usa para dar una falsa apariencia de legalidad a un argumento, pues quienes se refieren a ellos están pensando solo en tratados inaplicables, sentencias internacionales referentes a otros Estados, meras recomendaciones de organismos internacionales o hasta legislación extranjera; en definitiva, instrumentos que no generan obligaciones para Chile en la materia discutida. Por ejemplo, ahora se cita el Estatuto de Roma, que se refiere a la libertad condicional, pero solo en cuanto a su aplicación por el Tribunal Penal Internacional.
Si la preocupación de los diputados es velar por el cumplimiento del derecho internacional en materia de delitos de lesa humanidad, más les conviene notar que el tratado de la ONU contra las desapariciones forzadas recalca que los investigados por estos crímenes deben contar con “garantías de un trato justo en todas las fases del procedimiento”. Esto es atingente, porque los acusados por estos delitos son juzgados en Chile según el procedimiento penal antiguo, uno que institucionaliza la parcialidad del juzgador y desconoce las garantías mínimas de los procesados. En efecto, en palabras del entonces Presidente Frei, dicho proceso “posee una estructura inquisitiva, absolutista y secreta, que despersonaliza al inculpado y que no se corresponde con la noción de ciudadanía propia de un Estado Democrático”. Por eso, su mantenimiento puede afectar el prestigio de los procesos por las violaciones de la Dictadura. Esta realidad es preocupante, y debiera ser el foco de atención de los parlamentarios, que son los únicos que pueden mejorarla. Si no lo hacen, ellos estarán abandonando notablemente sus deberes.
Algunos argumentan que la Corte Suprema no habría considerado el derecho internacional, pero esto no es efectivo, pues todas las sentencias aluden a instrumentos internacionales. Lo que ocurre es que el derecho internacional no prohíbe la misericordia; los tratados aplicables permiten otorgar la libertad condicional en iguales condiciones que al resto de los presos por graves crímenes comunes. Esto explica que quienes se oponen al uso de la libertad condicional no puedan indicar normas que la Corte Suprema haya vulnerado. Un breve análisis puede confirmarlo.
Sin tocar el tema de la fecha de su entrada en vigencia, los tratados más relevantes a los crímenes de lesa humanidad de la reciente dictadura son aquellos sobre desapariciones forzosas y tortura. En el primer tema, hay dos tratados vigentes y aplicables en Chile: las convenciones interamericana y de Naciones Unidas sobre desaparición forzada. Ambos tienen normas similares, aunque el segundo -de 2006- es más detallado, y tiene un régimen más permisivo para la aplicación de la prescripción. Estos dos tratados exigen que se establezcan penas apropiadas, pero no regulan la concesión de libertades provisionales. Algo similar ocurre con los tratados contra la tortura. La convención interamericana contra la tortura solo exige establecer “sanciones severas que tengan en cuenta [la] gravedad” de este crimen. Lo mismo dispone el tratado del sistema de la ONU.
Atendida la inexistencia de normas que prohíban las libertades condicionales para autores de crímenes de lesa humanidad, quienes se oponen a estos beneficios recurren al concepto de “estándares internacionales”. Frecuentemente, este concepto se usa para dar una falsa apariencia de legalidad a un argumento, pues quienes se refieren a ellos están pensando solo en tratados inaplicables, sentencias internacionales referentes a otros Estados, meras recomendaciones de organismos internacionales o hasta legislación extranjera; en definitiva, instrumentos que no generan obligaciones para Chile en la materia discutida. Por ejemplo, ahora se cita el Estatuto de Roma, que se refiere a la libertad condicional, pero solo en cuanto a su aplicación por el Tribunal Penal Internacional.
Si la preocupación de los diputados es velar por el cumplimiento del derecho internacional en materia de delitos de lesa humanidad, más les conviene notar que el tratado de la ONU contra las desapariciones forzadas recalca que los investigados por estos crímenes deben contar con “garantías de un trato justo en todas las fases del procedimiento”. Esto es atingente, porque los acusados por estos delitos son juzgados en Chile según el procedimiento penal antiguo, uno que institucionaliza la parcialidad del juzgador y desconoce las garantías mínimas de los procesados. En efecto, en palabras del entonces Presidente Frei, dicho proceso “posee una estructura inquisitiva, absolutista y secreta, que despersonaliza al inculpado y que no se corresponde con la noción de ciudadanía propia de un Estado Democrático”. Por eso, su mantenimiento puede afectar el prestigio de los procesos por las violaciones de la Dictadura. Esta realidad es preocupante, y debiera ser el foco de atención de los parlamentarios, que son los únicos que pueden mejorarla. Si no lo hacen, ellos estarán abandonando notablemente sus deberes.
Fernando Montes, S.J.:“Que una persona haya sido inhumana no puede deshumanizarnos a nosotros”
El religioso valoró que se otorguen permisos a los internos de Punta Peuco. “Hay que tener cuidado de meter en el mismo saco a todas las personas”, aseguró el sacerdote.
Corría diciembre de 2016, cuando el sacerdote Fernando Montes se mostró a favor de permitir la libertad de aquellos internos condenados por delitos de derechos humanos que padecen enfermedades terminales.
Sus declaraciones ocurrieron en el contexto de la misa del perdón realizada en Punta Peuco, a la cual fue invitado. En ese momento, sus palabras tuvieron un alto impacto en la discusión sobre beneficios a este tipo de reos. Hoy vuelve a conversar con La Tercera sobre el significado de los 38 permisos carcelarios otorgados a estas personas, tanto por el gobierno de Michelle Bachelet como en el actual mandato del Presidente Piñera.
¿Qué le parece que se entreguen beneficios a condenados por delitos de derechos humanos?
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La visión general que tengo, primero que nada, es que se deben clarificar muy bien los hechos y las responsabilidades. Hay que tener cuidado de meter en el mismo saco a todas las personas. Hay distintas responsabilidad en los hechos. Eso no se manifiesta en las condenas. Hay condenados con penas similares, siendo personas con bajos grados en las Fuerzas Armadas, que han seguido órdenes, a veces estando aterradas.
¿Cree que ello debe ser un aspecto a evaluar para entregar beneficios?
Hay que tener en cuenta que en los servicios de inteligencia y en los grupos subversivos suele parcializarse la información. No todos tienen los mismos datos ni todos toman las decisiones. Es importante hacer muy bien las distinciones. Hay gente que ha entregado la información que posee, a veces tarde. Sin embargo, espero que, por el bien del país, entreguen toda la información que tienen.
¿Cómo responde a quienes critican este tipo de permisos?
Si a una persona se le muere su esposa, su hijo, se le deben conceder. Es de humanidad; si no hay riesgo de que esta persona se arranque, que pueda asistir. Que una persona haya sido inhumana no puede deshumanizarnos a nosotros.
¿Debe seguir exigiéndose colaboración a la hora de entregar estos permisos?
Me parece que es un elemento. Eso sí, es muy distinto un general a un cabo segundo. Es muy distinto quien organiza todo a un chofer. El sentido común nos dice que es así. Aquel que siendo responsable en su medida, si esa medida es más pequeña, debe tenerse alguna consideración. Hay un elemento extra, porque en la misma línea de la humanidad, hay que tener en cuenta la situación del estado de salud de algunas personas. Me consta de personas que están mentalmente incapacitadas, que tienen que ser vestidas por otros y alimentadas por compañeros, y que tampoco tienen clara conciencia de dónde están.
¿Qué opina sobre los beneficios otorgados por el gobierno de la expresidenta Bachelet? ¿Cree que ha existido una apertura desde este sector político?
No haría un juicio. Muchas veces carezco de la información. Me manifiesto en términos generales. En ese sentido, si el gobierno de la presidenta Bachelet consideró las leyes y el nivel de responsabilidad e información por motivos humanitarios, no destruye un Estado de derecho. Eso debe cuidarse, que quien es responsable pague su culpa. Pero que no nos deshumanice como sociedad.
¿Cree que influyó su llamado a respetar los derechos de los internos de Punta Peuco formulado en 2016?
No creo. Es algo que debería preguntárselo a quienes tomaron las decisiones. Ellos nunca me dijeron que tomaron una decisión por lo dicho. Si lo que dije tenía algo de humanidad, celebro que sea así. Pero, sinceramente, no lo sé.
¿Qué le parece la discusión que se ha generado a partir de las libertades condicionales otorgadas por la Corte Suprema?
Pido que la justicia pueda actuar con mucha objetividad e independencia, teniendo en cuenta y ateniéndose a la ley, conforme a los criterios que existen. Pediría mucha objetividad a la justicia, como siempre lo he hecho; dar las penas que se merecen y aplicar aquellas cosas que la ley actual autoriza. Si la ley es mala, debe cambiarse