Orlando Sáenz: La ingenuidad como política

Mi curioso destino de Testigo Privilegiado culminó una cálida noche habanera, entre el 18 y el 19 de diciembre de mediados de los años 80, con una conversación de toda una noche con Fidel Castro. Las circunstancias que hicieron posible ese descomunal diálogo ya las recogí en un capitulo del libro que titulé como tal, pero ahora lo evoco en una parte que es atingente a lo que esta ocurriendo en nuestro país.

Esto, porque en un momento dado le pregunté al carismático líder cubano si no lo alteraba lo que se decía de él fuera de Cuba. Tras encogerse de hombros, aludiendo a lo que calificó de “gajes del oficio”, pensativamente agregó: “Lo que sí me molesta es cuando dicen que soy tonto”. Sorprendido, le dije que yo jamás había sabido de alguien que lo calificara así, pero, sonriendo, me contestó: “La prensa de tu país lo hace diariamente cuando me acusa de estar tratando de fomentar una lucha armada contra el régimen militar chileno”. Cuando, todavía mas sorprendido, le dije que no entendía por qué acusarlo de eso equivalía a tacharlo de tonto, agregó en tono terminante: “Porque solo un estúpido podría ignorar que en América Latina solo hay dos países en que las Fuerzas Armadas controlan hasta el último metro cuadrado de territorio nacional, y esos países son Cuba y Chile. Si alguna vez observas que en tu país se mantiene una actividad violentista encubierta, ten por seguro que es porque el gobierno la tolera”.

Este diálogo se me vino a la memoria cuando escuché, hace poco, que un ministro del actual gobierno calificaba de simple delictualidad lo que está ocurriendo en la Araucanía, de modo que se controlaría como siempre se ha hecho con ese tipo de delitos. Cuando se escucha a una de las máximas autoridades calificar en forma tan candorosa –por no decir bobalicona– al hondo, complejo, ancestral y enconado conflicto mapuche, no solo se comprende porque se agudiza éste cada día, si no que se asume, además, que la política de la ingenuidad se ha convertido en razón de estado y que, por eso, nuestra democracia acelera su tranco hacia el ocaso. Y ello, porque la ingenuidad es lo políticamente correcto, se diagnostican con liviandad y ligereza los grandes problemas nacionales, se tratan con medidas de parche e insuficientes y, por consiguiente, se agudizan en forma constante. Es lo que ocurre con el obvio mal funcionamiento de todos los poderes del estado, con la brutal pérdida de calidad de la educación, con la acumulación de un subtrato social sumido en la miseria, los vicios y la ociosidad, y como tantos otros que no se enfrentan porque trascienden los estrechos términos de cortos períodos gubernamentales. En suma, la ingenuidad es el disfraz del inmediatismo, de la improvisación, de la evasión de hondas responsabilidades. Es la forma bonachona de jugar al “después de mí, el diluvio” y de volver a la vida privada sin posibles represalias.

En una reflexión inmediatamente anterior, analizamos el conflicto mapuche en su verdadera dimensión histórica y de ello rescatamos las formas de solucionarlo y de enfrentarlo correctamente.  Advertimos, sin embargo, que antes de poder implementar la receta que nos entrega ese análisis, es imprescindible eliminar la contaminación política subversiva que utiliza al conflicto mapuche como camuflaje y como pretexto. Llegado a este punto, me hago cargo de la objeción que alguien podría plantear en el sentido de que ese secuestro de la causa mapuche por parte de un proyecto de guerrilla subversiva es una presunción sin una base real que la sustente. Pero a ese imaginario escéptico basta con enfrentarlo con las pruebas contundentes que permiten asumir ese secuestro como un postulado. Son ya antiguas y sobradamente reiteradas las revelaciones sobre las maniobras de personeros del MIR y del PC para poner en contacto a mapuches radicalizados con líderes y adiestradores de las FARC colombianas (recomiendo este reportaje de El Líbero y este de El Tiempo de Colombia), y hasta existe un reputado reportaje sobre esa materia que hace poco tiempo difundió un muy conocido comentarista radial y televisivo. En ese revelador y contundente análisis radial, que nadie objetó, se señalaron fechas, nombres y circunstancias que son más que suficientes para que un estado democrático medianamente precavido hubiera actuado en consecuencia. Hoy, cuando la actividad guerrillera trastorna la vida de una región cada vez más extensa, se redoblan los trascendidos en el sentido de que los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas conocen perfectamente quiénes son, dónde están y cómo reciben sus recursos y sus armas los todavía solo cientos de individuos que están tratando de provocar en Chile una zona de guerra, esa inacción del estado se ha trasformado en una imperdonable irresponsabilidad.

Es necesario advertir que, para un gobierno como el nuestro actual, es muy difícil reconocer la verdadera dimensión de lo que está ocurriendo en la Araucanía. Hacerlo significaría abandonar definitivamente la política de la ingenuidad tras la que esconde sus complejos y sus temores. Significaría tornar inadmisible la irresponsabilidad de no actuar en consecuencia. Significaría reconocerle a todos los chilenos la penosa realidad de que, a todas sus actuales desgracias, hay que sumar la necesidad de iniciar una “guerra sucia” en que inevitablemente habrá víctimas y cuya duración y resultado son inciertos. Porque siempre han sido esas las consecuencias de las operaciones a que se ve obligado un estado cuando asume la necesidad de extirpar este tipo de insurrecciones cuando están bien preparadas para actuar. No podemos pedirle eso al Piñera II, de modo que, mientras termina su infortunado período, tendremos que resignarnos a escuchar que lo que ocurre en la Araucanía es apenas algo más que los portonazos endémicos de la región Metropolitana.

Por otra parte, justo es reconocer que no fue Piñera II el inventor de la ingenuidad en la política, a pesar de que la ha llevado a su cumbre. El vicio de no llamar a las cosas por su nombre y de esconder las realidades incómodas bajo frases de cliché –como “las instituciones funcionan”, o como “la justicia tarda, pero llega”, o como “nadie esta por encima de la ley”– es antigua en la política chilena. Pero nunca como ahora habíamos llegado al extremo de llamar “legítimo ejercicio del derecho a manifestarse” para referirse a la organizada asonada para derrocar un gobierno como la de octubre pasado, o llamar “simple delincuencia común” a la guerrilla que convulsiona cada día más a la Araucanía.