Orgullo de ser chileno por Adolfo Paúl Latorre — Una acusación sin fundamento legal (El Mercurio)—- Pandemia y Crimen Organizado. CIEE “Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos”—
LAS OPINIONES DE ESTA SECCIÓN .SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE LA UNIÓN
Al ver un video de la Escuela Naval “Arturo Prat” desfilando y escuchar las marchas militares interpretadas por sus bandas instrumental y de guerra, y al observar la marcialidad y la gallardía de los cadetes, me invadió un sentimiento de emoción, orgullo y satisfacción por ser chileno y por haber seguido la hermosa y honrosa carrera militar en las filas de nuestra gloriosa Armada de Chile.
Señor Director:
Al ver un video de la Escuela Naval “Arturo Prat” desfilando y escuchar las marchas militares interpretadas por sus bandas instrumental y de guerra, y al observar la marcialidad y la gallardía de los cadetes, me invadió un sentimiento de emoción, orgullo y satisfacción por ser chileno y por haber seguido la hermosa y honrosa carrera militar en las filas de nuestra gloriosa Armada de Chile.
Lamentablemente este orgullo se ha visto afectado al constatar como está siendo minada la unidad nacional —de la nación chilena; una nación mestiza que hemos construido entre todos a lo largo de casi cinco siglos y que está constituida por descendientes de los habitantes de los pueblos originarios; de los españoles que a mediados del siglo XVI trajeron desde Europa su civilización, su cultura y su religión; y de los inmigrantes llegados posteriormente a nuestra tierra desde diversas latitudes—; ultrajados los símbolos patrios y los monumentos a nuestros héroes; desmoronadas nuestra cultura, costumbres, forma de ser, virtudes morales y la pureza de nuestro idioma; tergiversada nuestra historia; debilitadas nuestras Fuerzas Armadas y de Orden; amparada la violencia delincuencial, guerrillera y terrorista; resistida la aplicación de la violencia física legítima del Estado —cuando ello es preciso para la conservación del orden público, el resguardo del Estado de Derecho y del orden institucional de la República y la defensa de intereses vitales— y desvirtuadas nuestras tradiciones y la noción de patria; todo ello promovido por sectores políticos cuya finalidad es la de destruir al Chile que conocemos y refundarlo desde sus cenizas, olvidando quienes somos, de dónde hemos venido y lo que hemos sido.
Adolfo Paúl Latorre
UNA ACUSACIÓN SIN FUNDAMENTO LEGAL. El Mercurio, Editorial, 26/07/2021
Las relaciones entre el Ejecutivo y la oposición han sido extraordinariamente complejas. Ninguna parte está exenta de responsabilidades, pero la segunda ha usado sus mayorías legislativas para tensionar en exceso las relaciones políticas. Esto es particularmente cierto en la Cámara.
Es verdad que la política tiene una dimensión en que se agudizan las diferencias, pero si ello se extrema, solo contribuye a desprestigiar a los propios políticos. Es difícil no concluirlo después de estudiar la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa.
En ninguna de sus 142 páginas se prueba una ilegalidad de la autoridad. El documento sí abunda en críticas políticas, pero eso no significa que existan violaciones a la Constitución o a las leyes.
La acusación se estructura en torno a tres capítulos: no haber asegurado el derecho a la educación a propósito de la regulación y financiamiento del sistema educativo; vulneración de los derechos de trabajadores de la educación, y amenaza a la vida, integridad física y psíquica de las comunidades.
En el primer caso se argumenta, por ejemplo, que en lugar de agregar nuevos recursos se asignaron dineros de otras partidas para financiar apoyos a las escuelas, pero ese es un principio de sana administración si precisamente, por la pandemia, esos fondos no se iban a ocupar en plenitud.
Se argumenta, adicionalmente, que se habría asignado menos subvención de la debida, pero ninguno de los cuadros que se ofrecen en el documento acusatorio permite comprobarlo o bien corresponden a ejemplos con disminución en matrícula.
Se cuestiona que no se haya aprobado una nueva reglamentación para clases presenciales y se entremezcla esto con la falta de criterio de algunos planteles escolares, pero poco se dice sobre las normas que se dictaron para velar por el mejor desarrollo de las clases remotas, a pesar de todas las dificultades que se han enfrentado en esta pandemia no solo en Chile, sino en el mundo.
Precisamente por esto, todos los organismos internacionales expertos han recomendado no cejar en intentar las clases presenciales. La autoridad educacional pudo hacerlo mejor o peor que en otras latitudes, pero no hay nada en el documento que sugiera en este capítulo ilegalidad o abandono de deberes.
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Un libelo como este pone en duda la seriedad con que hoy se está haciendo política.
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En el segundo capítulo, los argumentos para sostener que se habrían vulnerado los derechos de trabajadores de la educación descansan en que no se habría presentado una legislación específica para regularlos en pandemia.
Tal crítica se sostiene en argumentos puramente especulativos; en cualquier caso, difícilmente podría haber aquí alguna ilegalidad.
También resulta artificial la acusación de que se habría incumplido el pago de bonos de retiro, pasaje en el que se reiteran una y otra vez los cuerpos legales que han establecido estos bonos, pero no se ofrece evidencia de un mal actuar.
El libelo llega a ser risible en su último capítulo, donde, rayando en la truculencia, se intenta alegar indiferencia moral frente a los fallecidos por el covid-19 y se arguye una supuesta actitud de poner en riesgo la vida y estabilidad de las comunidades.
En fin, es una acusación que pone en duda la seriedad con la que se está haciendo política en la actualidad.
Un aporte de nuestro Director Antonio Varas C.
Pandemia e impunidad del Crimen Organizado. CIEE ANEPE Newletter
Diferentes medios de comunicación, en la cotidianidad de la pandemia, han avanzado en abordar investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas y el crimen organizado y, lamentablemente, los datos no son muy auspiciosos.
En efecto, la astucia de las bandas criminales para soslayar las restricciones en las rutas aéreas para trasladar su “apreciada carga” a los potenciales compradores, no ha dejado de sorprender y, para ello, los ámbitos terrestre y marítimo se han constituido como los de mayor valor. Así, los territorios ubicados en las Costas del Pacífico han sido revalorizados para este propósito.
En Ecuador han aumentado los decomisos de hasta tres toneladas en embarcaciones que tenían otros fines para sus cargas, obligando a incrementar la seguridad de sus puertos. Del mismo modo, se ha observado un aumento de bandas criminales como la organización de origen brasileño “Primeiro Comando da Capital” (PCC), que ha acrecentado sus redes de influencia en la región. Este grupo no solo posee una referencia en el narcotráfico, sino además como una banda criminal que gestiona diferentes tipos de ilícitos.
Pero PCC tiene conexiones más allá de Brasil, estimándose que hay nexos en Perú, en específico con Sendero Luminoso, y con otros grupos en Bolivia, donde una investigación del diario El Deber, de dicho país altiplánico, logró establecer que las nuevas rutas y estaciones de droga se encuentran en comunidades aisladas y protegidas, dificultando su ingreso. En este mismo sentido, Chile no está exento de estos movimientos. Durante el año 2020 se realizó por medio de la Policía de Investigaciones, Aduanas y la Armada, la “Operación Azteca”, que logró desbaratar en el puerto de San Antonio la llegada de tres toneladas y media de marihuana que iba a ser distribuida en las fiestas de fin de año. Hoy la atención está en lograr desbaratar las bandas que utilizan los medios marítimos por medio de contenedores para lograr transportar las drogas.
Por otra parte, Naciones Unidas ha comenzado a alertar a la comunidad internacional, sobre el incremento del tráfico de drogas utilizando el ámbito marítimo, el que a pesar de las múltiples restricciones por el COVID-19, no se ha detenido. Además, ha enfatizado sobre la amenaza que reviste para la seguridad global, luego de que algunos países hayan comenzado a regularizar el uso de criptomonedas, ya que en la dark web, estas se utilizan como plataforma de transacción de drogas.
En este complejo escenario, el CIEE pone a disposición de nuestros lectores una serie de análisis relacionados con las nuevas rutas de la droga y su vinculación con el narcotráfico y el crimen organizado, fenómenos que, a pesar de la pandemia, han incrementado su esfera de influencia. De hecho, países como Turquía se han convertido en un punto estratégico para el acceso a Europa, cuyos tentáculos se entrelazan con el Cartel de Sinaloa (México). Si bien, diferentes administraciones han logrado imponer mayores controles para desincentivar el flujo de drogas, de alguna forma los carteles continúan traspasando fronteras y controles terrestres, aéreos y marítimos.
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