EL DURO INFORME DE LA U CATÓLICA DEL NORTE CONTRA INDULTO A DETENIDOS DEL ESTALLIDO SOCIAL, por Hernán Claro

Con un duro informe la Universidad Católica del Norte (UCN) respondió a la solicitud de parlamentarios de oposición en la Comisión de Constitución del Senado, respecto a abordar el proyecto de ley que se tramita en el Congreso para entregar un indulto a los detenidos tras el estallido social de octubre del 2019.

A nombre de la casa de estudios, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Humberto Carrasco, señaló en el documento -al que EL DÍNAMO accedió íntegramente- que la normativa no respeta la independencia de los poderes del Estado, utiliza de mala manera los conceptos “indulto” y “amnistía” y justifica los delitos cometidos por los imputados, al decir que ocurrieron bajo la “protesta social” y una fuerte represión por parte de agentes del Estado.

Puntos en contra del proyecto de ley que, según evidenció la UCN, podrían trabar su discusión en el Congreso y, posteriormente, darán paso a un requerimiento al Tribunal Constitucional por parte del Gobierno.

Los legisladores, según explicó la U. Católica del Norte, también deben observar las normas de convivencia básicas que inspiran el régimen democrático chileno.

Principalmente, porque en nuestro país, no se puede “invadir esferas competenciales de otros órganos del Estado, ni tampoco legitimar hechos que quebranten la convivencia democrática”.

Uso de la fuerza para alcanzar propósitos. Dentro de los cuestionamientos contra el proyecto de indulto general a los detenidos del estallido social, la Universidad Católica del Norte precisó que no corresponde el argumento usado por la oposición, respecto a que los delitos fueron cometidos bajo un contexto de protesta para dar paso al proceso constituyente.

La casa de estudios explicó al Senado que no se puede dar un indulto mientras los imputados no sean condenados. En el caso de una eventual amnistía, acusaron que se daría una señal de impunidad poco recomendable. El documento fue solicitado por parlamentarios de oposición de la Comisión de Constitución.

Esto porque, según el decano Humberto Carrasco, la democracia no militante chile acepta todo tipo de “propósitos políticos y da garantía de un pluralismo ideológico”, sin embargo, en este caso “no es aceptable, pues constituye un ilícito constitucional, el empleo de la violencia como método de acción para alcanzar tales propósitos”.

“Cuestión que también inhabilitaría justificar estos hechos como causas legitimantes del proceso constituyente en curso, toda vez que la legitimidad democrática que fundamenta el cometido de la Convención Constitucional no podría, en ningún caso, tener su raíz en hechos de tales características”, recalcó Carrasco.

Conceptos “indulto” no es aplicable. En la respuesta de la Universidad Católica del Norte entregada durante la quincena de julio al Senado, también se explicó que el proyecto presentado por la oposición para indultar a los imputados tras el estallido social se equivoca al hablar de “indulto general” en su artículo número uno.

La casa de estudios explicó que a diferencia de la “amnistía”, los indultos se pueden dictar exclusivamente “después del pronunciamiento de una sentencia de condena”, ya que, “sólo desde la dictación de la sentencia ejecutoriada existe una pena que pueda remitirse o conmutarse”, como propone la iniciativa.

El decano Humberto Carrasco dijo que es complejo concebir un indulto bajo estas circunstancias, porque “se requiere, precisamente, de una sentencia condenatoria”.

“De dictarse un indulto general antes de la sentencia de término, el legislador estaría ejerciendo de facto funciones judiciales. Este antecedente hace recomendable, por tanto, que el proyecto aborde la situación a través de la institución jurídica que permite, precisamente por presentar un fundamento diferente, según se verá, extinguir la responsabilidad penal antes de la dictación de una sentencia de condena, esto es, la amnistía”, profundizó la UCN.

UCN afirma que amnistía incentivaría delitos. En relación a una amnistía, la UCN precisó que corresponde esta figura sólo cuando se busca “renunciar a punir un cierto número de delitos”, en un determinado periodo de tiempo. Sin embargo, conociendo los delitos que se les imputan a los detenidos del estallido social, “no es una acción recomendable”.

En primer lugar, porque se cuestionaría la “majestad absoluta de la ley y la independencia del Poder Judicial”, pero, además, debilitará las “resoluciones de la autoridad”.

“Se suele sostener que los ciudadanos se verían seducidos por la expectativa de impunidad, lo cual fomentaría los delitos en lugar de prevenirlos”, agregaron.

Por este motivo, la materialización jurídica de la amnistía está sujeta a exigencias, como, por ejemplo, que sea concedida “única y exclusivamente cuando se trate de delitos políticos”, lo que no ocurre en los relacionados al estallido social, donde los detenidos fueron imputados por delitos comunes como incendio y robo en lugar no habitado, entre otros.